La responsabilidad penal por el viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales, empresarios de medios y exagentes de inteligencia «debe llegar hasta las empresas involucradas», planteó hoy el diputado Leopoldo Moreau, y recordó que la ley 27.401 establece qué figuras delictivas deberían aplicarse a las personas jurídicas ante hechos como el investigado por el Juzgado Federal de Bariloche.

El legislador del Frente de Todos señaló a las empresas Telecom, Clarín y Hidden Lake S.A. (Lago Escondido) como pasibles de una investigación por los supuestos delitos de «cohecho y tráfico de influencias» a partir de su participación -directa o indirecta- en la organización de la excursión VIP al sur del país.

La ley 27.401 establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, y «prevé sanciones que van desde la suspensión de actividades de 2 a 10 años a la quita de beneficios estatales como la publicidad oficial, y las penas se agravan son permisionarias de servicios públicos», detalló Moreau.

El diputado pidió además la ampliación de la denuncia en el expediente que encabeza la jueza federal subrogante de Bariloche Silvina Domínguez y que investiga la posible comisión de los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas».

Moreau consideró que tanto el viaje a Lago Escondido como los mensajes intercambiados por los participantes del vuelo «son la confirmación de lo que presumimos y sabíamos, la existencia de una mafia mediático-judicial que está operando en el país hace muchos años».

Aseguró asimismo que esa «mafia» cumple «un doble rol», ya que por un lado «tiene un papel fundamental en la persecución al movimiento popular argentino y sus dirigentes más destacados» y por otro «desde 2019 cumple una tarea relevante en garantizar la impunidad respecto a las irregularidades institucionales y económicas que se cometieron durante el macrismo».

Para Moreau, el viaje y los mensajes filtrados de los grupos de Telegram que crearon los viajeros «muestran impúdicamente cómo jueces y fiscales intercambian favores con un Grupo (empresario) cuyas actividades trascienden los medios de comunicación y abarca un monopolio en materia telefónica, de base de datos, de prestación del servicio de internet y de plataformas».

En la causa están imputados los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; el exagente de la AFI Leonardo Bergroth; el empresario Tomás Reinke y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.

La causa judicial se inició a partir de la denuncia efectuada el 24 de octubre por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco ante la fiscalía federal de Bariloche que subroga María Cándida Etchepare.

El abogado basó su presentación en un artículo publicado por Página/12 el 17 de octubre en el que se informó por primera vez sobre la realización de un viaje -efectuado cuatro días antes, el 13 de ese mes- compartido por jueces, fiscales y funcionarios porteños a Bariloche que incluyó una estadía en Lago Escondido, en la estancia de propiedad del magnate británico Joe Lewis.

Luego se filtraron los mensajes de texto y audio que los viajeros más los directivos del Grupo Clarín Casey y Rendo empezaron a enviarse a través de la aplicación Telegram desde el mismo día en que Página/12 publicó la nota.

De esos chats se desprende que los involucrados pergeñaron estrategias para evitar la acusación por el delito de «dádivas»: hablaban de obtener facturas antedatadas, proponían unificar una versión -todo indica que falsa- sobre la razón del viaje, mencionaban que era necesario hablar con periodistas y dueños de medios para frenar o direccionar las repercusiones.

Incluso se ufanaban -en el caso del jefe de los fiscales de CABA, Juan Bautista Mahiques- de haber hablado con la fiscal Etchepare, quien había mostrado «buena predisposición» para aceptar medidas de prueba y habría garantizado que enviaría el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py.

Sobre la labor de la fiscal en la causa, Moreau sostuvo que «su mejor defensa es actuar con transparencia y sin dejarse presionar» pese a la mención que hicieron de ella en los chats que se difundieron por varios medios, y en el mismo sentido destacó que Etchepare «se negó a cambiar algunos párrafos de la imputación, tal como le sugirió el procurador interino Eduardo Casal, quien la mandó a llamar de inmediato a su oficina en Buenos Aires».

Por otro lado, el diputado del FdT cuestionó que durante la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional «ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ni el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, hicieran referencia a este caso, que es el más escandaloso de la historia judicial argentina».

«Ninguno dijo nada, y no me refiero a los chats sino al viaje en sí mismo, que viola las normas básicas de la magistratura», puntualizó Moreau.

El expediente que tramita en el Juzgado Federal de Bariloche contiene hasta el momento una serie de medidas tendientes a determinar quién o quiénes financiaron la escapada VIP de «los huemules», como se llamaban a sí mismos en los chats los participantes del viaje a Lago Escondido.

Para ello, la fiscal Etchepare tomó testimonio al administrador de la estancia Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar, a quien en las fotos y filmaciones del aeropuerto de Bariloche se ve recibiendo a los viajantes, junto a Casey y Rendo.

En el pedido de imputación, la fiscal dejó constancia que tras el requerimiento del ministerio público Van Ditmar presentó «facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados (a excepción de Bergroth y Reinke) por la suma de 605 dólares cada una».

Para Etchepare, «los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28».

El 12 de diciembre último, la jueza Domínguez encabezó un allanamiento en las instalaciones de Lago Escondido que se extendió por más de doce horas y en el que las fuerzas federales secuestraron teléfonos celulares y documentación, tanto administrativa como de la facturación del lugar.

Paralelamente, en la localidad bonaerense de San Fernando se concretó una diligencia similar en las oficinas y el hangar de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA -cuyo nombre de fantasía es Flyzar-, propietaria del avión en el que viajaron hasta Bariloche Ercolini, Bergroth, Reinke, Juan Mahiques, D’Alesandro, Carlos Mahiques, Yadarola y Cayssials.

Flyzar presentó facturas «muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de 120.000 pesos, a excepción de las que corresponden a Bergroth, de fecha 17 y 19 del mismo mes, por la suma de 120.000 y 60.000 pesos, respectivamente».

«Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ‘contado’ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo», advirtió la fiscal sobre este punto.