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Lawfare

La Corte Suprema de Brasil ratificó la anulación de condenas contra Lula y podrá ser candidato

El fallo, que ratifica una decisión de marzo, considera que las causas contra Lula en el juzgado de Curitiba, llevadas adelante por el ex juez Sérgio Moro, en la tristemente célebre operación Lava Jato, no tenían vínculos con los desvíos de fondos en la empresa estatal Petrobras.

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El fallo, que ratifica una decisión de marzo, considera que las causas contra Lula en el juzgado de Curitiba, llevadas adelante por el ex juez Sérgio Moro, en la tristemente célebre operación Lava Jato, no tenían vínculos con los desvíos de fondos en la empresa estatal Petrobras.

El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, quedó en condiciones de ser candidato en los comicios del 2022, al ratificar este jueves por mayoría el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, la anulación de todas las condenas y causas de la operación Lava Jato en su contra, procesos que lo mantuvieron preso 580 días.

Por ocho votos a tres, el STF votó a favor de ratificar la anulación de dos condenas por corrupción y otros dos procesos abiertos, por considerar que el exjuez Sérgio Moro, de la ciudad de Curitiba, era incompetente por jurisdicción para tratar los temas del expresidente.

El fallo ratifica lo determinado el 8 de marzo por el juez de la corte Edson Fachin, quien hizo lugar a un hábeas corpus de 2015 contra la competencia de Moro, ya que considera que los delitos por los que se acusaba a Lula no tienen vinculación con los desvíos de corrupción de Petrobras.

Esta votación obliga a que los procesos se cambien a San Pablo o Brasilia, pero le dan una dura derrota a la operación Lava Jato y a Moro.

Si el fallo del 23 de marzo ya fue histórico para Lula porque ese día el STF reconoció por tres a dos la “parcialidad” y la persecución política de Moro en su contra, la ratificación de este jueves constituye otro paso clave porque lo deja a las puertas de volver a aspirar al Palacio del Planalto, una posibilidad con la que el exsindicalista coquetea pero aún no confirmó.

La Sala II de la corte, el 9 de marzo, declaró a Moro parcial, pero esta situación puede ser revisada por el pleno el próximo jueves.

«La decisión no destruye la operación Lava Jato; es algo concreto con este caso», dijo a los gritos Luis Fux, quien votó en contra de la anulación, un voto esperado porque siempre fue considerado un aliado férreo de Moro y de la cadena de notícias Globo, editorialmente a favor de que el proceso continuara.

Fux votó en contra al lado de Marco Aurelio Mello, el decano, y Kassio Nunes Marques, el juez puesto por Bolsonaro. Mientras que Fachin, considerado un lavajatista, anuló las causas por jurisdicción para intentar salvar a Moro del delito de parcialidad y lawfare.

Votaron a favor de la anulación Fachin, Carmen Lúcia Antunes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowksi, Alexandre de Moraes, Antonio Dias Toffoli, Luis Roberto Barroso y Rosa Weber.

La anulación de las sentencias dejó en evidencia que la jurisdicción de Curitiba de la operación Lava Jato en 2014 no tenía potestad para investigar a Lula.

El expresidente pasó un año y medio preso por una condena a ocho años de cárcel que lo inhabilitó en 2018 a participar de las elecciones para las cuales era amplio favorito y que ganó el ahora mandatario, Jair Bolsonaro.

Esta condena anulada indicaba que Lula recibió un departamento en la ciudad de Guarujá, San Pablo, como parte de una coima del a empresa OAS, contratista de Petrobras.

La segunda condena a 15 años de prisión vinculaba a Lula con las reformas pagadas por la empresa Odebrecht en una casaquinta en Atibaia, en el interior de San Pablo, frecuentada por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y propiedad de un sindicalista amigo.

Los procesos de Lula, sin vinculación con Petrobras, pueden prescribir o ser blanco de alguna acusación de improbidad administrativa.

El fallo se conoció cuando una encuesta de DataPoder del portal político Poder360 le adjudica 12 puntos de ventaja a Lula contra Bolsonaro en un eventual balotaje, de cara a los comicios del próximo año.

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Desde los fallos de marzo, Lula inició un raid por los medios clamando por la vacunación contra el coronavirus y a favor de las cuarentenas, otro punto de enfrentamiento con el modelo elegido por Bolsonaro para hacer frente al colapso hospitalario.

«Lo que yo busco es un juicio justo; ellos sostuvieron una mentira todo el tiempo y en algún momento yo pensaba que iba a tener un juicio justo», dijo Lula antes del fallo a Radio do Povo.

Tanto la votación del 23 de marzo como la de este jueves representan hitos sobre lawfare y una derrota política para la operación Lava Jato y para el bolsonarismo, que apostaba al rechazo al hábeas corpus presentado por Lula en 2018 y que recién ahora tiene un desenlace.

Filtraciones hechas por un hacker mostraron el complot de Moro y el equipo de fiscales de Lava Jato dirigida por Deltan Dallagnol, en la que lanzaban acciones de persecución contra dirigentes del PT y la familia de Lula, a quien llamaban «Nine», burlándose de la pérdida de un dedo del ex presidente cuando era un tornero mecánico.

Moro se convirtió luego en ministro de Justicia de Bolsonaro y antes de las elecciones que ganó el mandatario filtró a la prensa una delación premiada del exministro de Economía Antonio Palocci supuestamente perjudicando al PT.

Moro renunció por una discusión en mayo del año pasado y ahora es socio de Alvarez & Marsal, un estudio jurídico estadounidense que administra la quiebra de Odebrecht, empresa eje de la operación Lava Jato con 78 exejecutivos convertidos en delatores premiados.

«STF confirma los derechos de Lula! Día histórico. Tardó, pero llegó! Todavía hay muchas cosas para poner en su lugar, pero la incompetencia de Moro era el paso fundamental para eso, el primer pedido de la defensa», escribió en su cuenta de la red Twitter la titular del PT, Glesi Hoffmann.

Si Lula finalmente decide ser candidato el año próximo, existen chances de que no solo enfrente a Bolsonaro, sino también que compita con el mismo Moro.

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Argentina

Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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