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Judiciales ⚖️

López se arrepintió de ser arrepentido: “No hubiera declarado”

El ex secretario de Obras Públicas declaró este jueves en el juicio de la Causa Cuadernos y afirmó que nunca integró una estructura delictiv. También cuestionó su propia declaración como arrepentido de 2018, al asegurar que en otras condiciones no la hubiera hecho.

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El giro del principal arrepentido: López negó la asociación ilícita y despegó a Cristina

★ José López, ex secretario de Obras Públicas durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015), declaró este jueves 30 de abril ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 en el edificio de Comodoro Py 2002, en el marco del juicio oral por la Causa Cuadernos. Su testimonio marcó el cierre de la etapa de indagatorias del debate.

El ex funcionario, trasladado desde la cárcel de Ezeiza donde cumple una condena unificada de 13 años por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito, negó de manera terminante haber integrado una asociación ilícita. «No fui invitado a conformar una asociación ilícita, sino a conformar un gobierno legítimo y elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos», afirmó López ante el tribunal.

En el tramo más relevante de su declaración, el ex funcionario despejó cualquier responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex ministro de Planificación Julio De Vido respecto de esa figura penal: «Nunca vi a Cristina Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido».

Se arrepintió de haber sido arrepentido

En uno de los pasajes más significativos de la jornada, López puso en duda el valor de su propia declaración como imputado colaborador realizada en 2018, durante la instrucción que condujeron el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío. «Si me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud, seguramente no hubiera hecho esa declaración como arrepentido», sostuvo.

El ex secretario describió el contexto de presión y vulnerabilidad en el que tomó aquella decisión: señaló que en aquellos días escuchaba que «las sortijas se estaban agotando», en referencia a la dinámica mediante la cual los empresarios debían sumarse al mecanismo de colaboración para evitar la prisión. También recordó que en aquella audiencia de 2018 no estuvo presente ningún secretario del juzgado.

Sobre el temor que había mencionado en declaraciones previas respecto de la ex presidenta, López lo reencuadró: «El miedo que mencioné tenía que ver con la forma de gestionar el poder del Gobierno Nacional. Mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo, que para ese entonces era mi única fuente de ingreso».

El ex funcionario leyó su declaración desde un papel y, al concluir, se negó a responder preguntas de ninguna de las partes, incluida su propia defensa.

Contexto del juicio y próximas etapas

El juicio oral de la Causa Cuadernos arrancó en noviembre de 2025 con 86 acusados e investiga hechos ocurridos entre 2003 y 2015. El proceso se desarrolla bajo modalidad semipresencial en la sala Auditorium de Comodoro Py, con los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli al frente del tribunal.

La declaración de López inició una ronda que también incluyó las indagatorias del empresario Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una «reparación integral» a cambio de su sobreseimiento, pedido rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y del empresario de la construcción Juan José Luciano, quien figura en el expediente como otro de los arrepentidos y reconoció haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para conservar contratos de concesiones viales.

El tribunal rechazó recientemente diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados. A partir de mayo, el proceso ingresará en una etapa de 43 testimonios, con la convocatoria de periodistas que participaron en la investigación original y de ex funcionarios y allegados de los principales imputados, entre ellos la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

La causa y su historia procesal cuestionada

La Causa Cuadernos se originó en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró presuntos movimientos de dinero vinculados a contratos de obra pública. La investigación fue instruida originalmente por Bonadío y Stornelli, y ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y sectores del ámbito jurídico que denunciaron irregularidades en los procedimientos. Como informó este medio en cobertura anterior, varios de los testigos que declararon en el marco del caso cuestionaron las condiciones en las que prestaron sus testimonios originales.

López es el imputado de mayor rango que actuó como colaborador. Su figura cobró notoriedad pública en junio de 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Permanece detenido desde junio de 2025.

Puntos clave:

  • López negó haber integrado una asociación ilícita y afirmó nunca haber sido «invitado» a conformar una.
  • Declaró que nunca vio a Cristina Kirchner ni a Julio De Vido como organizadores de una estructura delictiva.
  • Cuestionó su propia declaración como arrepentido de 2018, señalando que el contexto de presión y vulnerabilidad fue determinante.
  • El tribunal rechazó pedidos de nulidad de las defensas y el juicio avanza hacia la etapa de 43 testimonios en mayo.
  • La causa tiene 86 acusados e investiga hechos de entre 2003 y 2015.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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