Mientras Pedro Castillo continúa a la cabeza del conteo, solicitan que se revoque la libertad condicional de la que goza la candidata Keiko Fujimori, acusada del delito de lavado de activos.

José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que trabaja en la causa, le pidió al juez Víctor Zúñiga que revoque la libertad condicional de la que goza la candidata presidencial de Fuerza Popular por lavado de activos.

Con el escrutinio del balotaje presidencial de Perú a punto de terminar y con el docente y sindicalista de izquierda Pedro Castillo a la cabeza por estrecho margen, la Fiscalía anticorrupción pidió este jueves la prisión preventiva de la otra candidata, la ex legisladora de derecha Keiko Fujimori, quien pidió anular 200.000 votos ya convalidados en el conteo.

Con muy pocas actas por contabilizar, Castillo se proclamó ganador esta semana y rechazó los intentos del fujimorismo de poner en dudas los resultados, un mensaje que este jueves apoyaron sus aliados, como la excandidata presidencial Veronika Mendoza y figuras de la sociedad, como el cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

«Las fuerzas democráticas debemos rechazar las actitudes antidemocráticas. Necesitamos esperar los resultados finales con responsabilidad y garantizar una transición ordenada y rápida para encarar los problemas de fondo», pidió Mendoza, aliada de Castillo, citada por la agencia de noticias Andina.

El miembro del clero, en tanto, fue más duro con la candidata fujimorista y su partido, Fuerza Popular. “El poner en duda, como se ha escuchado en algún momento de fraude, de golpe de Estado, en fin, de varias cosas más, es irresponsable y que no podemos aceptar; somos un país democrático y la democracia exige que cualquiera de los dos candidatos acepte la voluntad popular”, dijo el obispo a la prensa, tras vacunarse con la segunda dosis contra el coronavirus.

Castillo sigue al frente del conteo por casi 70.000 votos.

Según el último boletín de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), aún quedan por contar cientos de actas. Sin embargo, hace días que Castillo se mantiene primero, con un estrecho margen, pero sin moverse demasiado.

Con 100% de las actas procesadas y 99,255 % computadas, Castillo está a la cabeza con 8.800.486 votos (50.199%) frente a Fujimori, que suma 8.730.712 (49.801%), según la página web de la ONPE.

Frente a lo que parece una tendencia irreversible del escrutinio, Fujimori, quien ya había denunciado «indicios de fraude» al principio de la semana sin presentar pruebas, anunció que impugnaba unos 200.000 votos ya contados.

«Fuerza Popular está presentando acciones de nulidad de 802 mesas a nivel nacional» ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció a última hora de ayer la candidata en una conferencia de prensa.

En la causa, Keiko Fujimori está acusada del delito de lavado de activos.

«Si sumamos 802 mesas en las que se han presentado solicitudes de nulidad, que más o menos representan 200.000 votos, y le agregamos las 1.200 actas observadas, que representan 300.000 votos, aquí todavía están en juego 500.000 votos», agregó.

Mientras Keiko hacía su presentación ante las autoridades electorales, en la que pedía la anulación de 200.000 votos, Castillo ampliaba la diferencia a su favor en el escrutinio oficial, al tiempo que le pedía a sus seguidores «no caer» en las «provocaciones» de su adversaria, e hizo un «llamado de paz y tranquilidad».

Poco después, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas, expresó su sorpresa por la «extraordinaria» solicitud y recordó que en las elecciones de 2016 -en las que la propia Keiko Fujimori perdió por estrecho margen con Pedro Pablo Kuczynski- «solo se presentaron cuestionamientos contra 29 mesas», lo que supone una «diferencia importante» con la situación actual, reportó la agencia de noticias Europa Press.

«El pedido de nulidad se realiza sobre actas ya contabilizadas por los centros de cómputo de la ONPE. Es la primera vez en la historia del país en la que un candidato lleva a cabo un plan de esta naturaleza, con el fin de cambiar el resultado del proceso electoral», publicó el diario La República.

En los últimos días, la tensión ya había empezado a hacerse patente en el escenario poselectoral de Perú: manifestaciones de seguidores de ambos candidatos ante los entes electorales y un comunicado del Ministerio de Defensa ratificando el «rol constitucional de las Fuerzas Armadas».

Pese a que la calma primó este jueves en las calles en Lima, dos anuncios del Poder Judicial sacudieron un poco más el escenario político.

Por un lado, el fiscal anticorrupción de Perú, José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, le pidió hoy al juez Víctor Zúñiga que revoque la libertad condicional a Keiko Fujimori y le imponga prisión preventiva, reportó el diario limeño El Comercio, que publica un facsímil del requerimiento fiscal.

La excongresista está acusada del delito de lavado de activos y, según el fiscal, viene incumpliendo las reglas impuestas por una sala superior, en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas 2011 y 2016.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, sostuvo el requerimiento.

El fiscal utilizó como prueba la conferencia de prensa de anoche en la que la candidata presentó a Torres como abogado y vocero político de la persona jurídica Fuerza Popular, su partido.

Por otro lado, la fuerza de Castillo, Perú Libre (PL), también recibió una buena noticia judicial. El juez Alain Salas Cornejo, del Juzgado de Investigación Preparatoria con Sede en Acobamba, Huancavelica, declaró fundado en parte un hábeas corpus a favor del titular de PL y el candidato a primer vicepresidente que la Justicia electoral le eliminó a Castillo, Vladimir Cerrón, según El Comercio.

Este recurso declaró nulas las sentencias de corrupción contra Cerrón en primera y segunda instancia y ordenó una declaró un nuevo pronunciamiento del juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Especializada en Corrupción de Funcionarios.

Mientras se espera este nuevo pronunciamiento judicial, Cerrón recuperó sus derechos políticos y ya no estará inhabilitado para ocupar cargos públicos, lo que lo había eliminado de la fórmula presidencial con Castillo.