Dos ex jefes de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri fueron procesados Este martes en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, los procesó como responsables de la «realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios» y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos, según surge del fallo de 98 páginas.

Con la resolución de este mediodía ya son 11 los exfuncionarios de la AFI y exagentes de la casa de espías por el supuesto seguimiento ilegal a los allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque «El Repunte» y del buque “Rigel”; mientras aún resta resolverse la situación procesal del expresidente Macri.

El magistrado entendió que Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, quienes fueron Directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado, posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran desarrollándose durante al menos un año.

El juez Bava recordó en su fallo que el llamado a indagatoria de los ex directores de Contrainteligencia de la AFI fue motivado por la referencia efectuada por el imputado extitular de esa agencia Gustavo Arribas -en su indagatoria- cuando dijo que los imputados debieron controlar las acciones ilegales llevadas adelante desde la Delegación Mar del Plata.

«Fueron deliberadamente estériles los mecanismos de control internos que dispuso la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante la investigación de las conductas ilícitas en las que tomaron participación activa las máximas autoridades de la Agencia», sostuvo el juez Bava.

«Lo dicho no absuelve a los imputados de su responsabilidad de velar por legalidad del trabajo llevado adelante por las dependencias que estuvieran a su cargo. Por el contrario, a raíz de la información incorporada en esta investigación, no quedan dudas de que los imputados permitieron que se continuaran realizando las conductas ilícitas investigadas en autos por el lapso, por lo menos, de un año», agregó sin embargo.

Bava responsabilizó principalmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su exsubdirectora Silvia Majdalani y remarcó que Dalmau Pereyra y Coste «permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

“Otro aspecto que corresponde poner de resalto en el marco del análisis de responsabilidad de los imputados guarda relación con la ausencia de medidas de contrainteligencia llevadas adelante por ambos imputados en relación a la denuncia pública de las víctimas en la época de los hechos”, sostuvo el juez.

Finalmente, el magistrado se preguntó: “¿Cómo puede ser que en un tema de la enorme importancia institucional como el hundimiento del ARA San Juan, hayan tenido lugar estos sucesos y que la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia lo desconociera?” y se respondió: “Es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno nacional hayan estado al margen de estos sucesos”.

En esta causa se investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.

De acuerdo con la acusación, con el espionaje ilegal se buscaba “influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”.

Todas estas tareas de inteligencia ilegal “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba”, según surge del expediente.

En tanto, la querella de familiares de tripulantes del submarino San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, destacó los nuevos procesamientos de dos imputados en la causa y sostuvo que «el juez logra probar en esta etapa que el gobierno de ese momento no podía desconocer las tareas de espionaje ilegal».

«Justamente es la tarea incansable de esta querella la que cita la primera denuncia de pinchadura de teléfonos realizada por este puñado de mujeres en absoluta soledad fue el 25/4/2018. Pero va más allá y describe el accionar del ex ministro de defensa (Oscar Aguad) que detrás de esta querella realiza denuncia en idénticos términos», sostuvo Carreras.

«También queda demostrado que uno de los procesados explicó que era imposible denunciar nada, pues en la agencia y el gobierno los más altos cargos eran parientes entre sí o amigos íntimos», afirmó la abogada que, desde la querella, vaticinó que «falta un procesamiento más, el del expresidente Macri quien se benefició al menos con esta información e hizo uso de ella».