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Espionaje

Procesan por espionaje ilegal a ex jefes de la AFI del gobierno de Macri

Es en el marco de la causa en la que se investigan las escuchas ilegales a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

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El-Argentino- ARA San Juan

Dos ex jefes de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri fueron procesados Este martes en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, los procesó como responsables de la «realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios» y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos, según surge del fallo de 98 páginas.

Con la resolución de este mediodía ya son 11 los exfuncionarios de la AFI y exagentes de la casa de espías por el supuesto seguimiento ilegal a los allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque «El Repunte» y del buque “Rigel”; mientras aún resta resolverse la situación procesal del expresidente Macri.

Macri fue indagado por el juez Bava por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan.

El magistrado entendió que Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, quienes fueron Directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado, posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran desarrollándose durante al menos un año.

El juez Bava recordó en su fallo que el llamado a indagatoria de los ex directores de Contrainteligencia de la AFI fue motivado por la referencia efectuada por el imputado extitular de esa agencia Gustavo Arribas -en su indagatoria- cuando dijo que los imputados debieron controlar las acciones ilegales llevadas adelante desde la Delegación Mar del Plata.

«Fueron deliberadamente estériles los mecanismos de control internos que dispuso la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante la investigación de las conductas ilícitas en las que tomaron participación activa las máximas autoridades de la Agencia», sostuvo el juez Bava.

«Lo dicho no absuelve a los imputados de su responsabilidad de velar por legalidad del trabajo llevado adelante por las dependencias que estuvieran a su cargo. Por el contrario, a raíz de la información incorporada en esta investigación, no quedan dudas de que los imputados permitieron que se continuaran realizando las conductas ilícitas investigadas en autos por el lapso, por lo menos, de un año», agregó sin embargo.

Bava responsabilizó principalmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su exsubdirectora Silvia Majdalani y remarcó que Dalmau Pereyra y Coste «permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

“Otro aspecto que corresponde poner de resalto en el marco del análisis de responsabilidad de los imputados guarda relación con la ausencia de medidas de contrainteligencia llevadas adelante por ambos imputados en relación a la denuncia pública de las víctimas en la época de los hechos”, sostuvo el juez.

Finalmente, el magistrado se preguntó: “¿Cómo puede ser que en un tema de la enorme importancia institucional como el hundimiento del ARA San Juan, hayan tenido lugar estos sucesos y que la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia lo desconociera?” y se respondió: “Es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno nacional hayan estado al margen de estos sucesos”.

En esta causa se investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.

De acuerdo con la acusación, con el espionaje ilegal se buscaba “influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”.

Todas estas tareas de inteligencia ilegal “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba”, según surge del expediente.

En tanto, la querella de familiares de tripulantes del submarino San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, destacó los nuevos procesamientos de dos imputados en la causa y sostuvo que «el juez logra probar en esta etapa que el gobierno de ese momento no podía desconocer las tareas de espionaje ilegal».

«Justamente es la tarea incansable de esta querella la que cita la primera denuncia de pinchadura de teléfonos realizada por este puñado de mujeres en absoluta soledad fue el 25/4/2018. Pero va más allá y describe el accionar del ex ministro de defensa (Oscar Aguad) que detrás de esta querella realiza denuncia en idénticos términos», sostuvo Carreras.

«También queda demostrado que uno de los procesados explicó que era imposible denunciar nada, pues en la agencia y el gobierno los más altos cargos eran parientes entre sí o amigos íntimos», afirmó la abogada que, desde la querella, vaticinó que «falta un procesamiento más, el del expresidente Macri quien se benefició al menos con esta información e hizo uso de ella».

DDHH

Palantir, la empresa de la CIA que Milei quiere en la Argentina: opera en guerras y contra migrantes

Un análisis de la BBC revela que es la empresa de análisis de datos más poderosa del mundo, creada con fondos de la CIA, es utilizada para identificar y localizar personas.

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Javier Milei, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a Peter Thiel.

Palantir: la empresa de la CIA detrás de Peter Thiel

La visita del magnate Peter Thiel a Buenos Aires y su reunión con Javier Milei reavivaron las versiones sobre un posible contrato de Palantir Technologies con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Pero, ¿qué es exactamente Palantir? Un análisis de la BBC News Mundo revela que se trata de la empresa de análisis de datos más poderosa del mundo, creada con fondos de la CIA, usada para identificar y deportar migrantes en EEUU, para localizar objetivos militares en Irán y para el sistema de misiles «Domo Dorado» de Donald Trump.

Cuando se conoció que Javier Milei recibiría este jueves en la Casa Rosada al magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, el nombre de la compañía ya circulaba en los pasillos del poder con una pregunta que nadie respondió oficialmente: ¿está el Gobierno argentino negociando contratar los servicios de vigilancia masiva de Palantir para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)?

La versión fue publicada por la periodista Mara Pedrazzoli, quien informó que durante la semana Thiel también se reunió con autoridades del organismo de inteligencia argentino. Ninguna fuente oficial confirmó ni desmintió el dato. Pero para entender el alcance de lo que esa posibilidad implicaría, basta con revisar qué es y qué hace Palantir en el mundo.

Nacida de la CIA, alimentada por el 11-S

Según un análisis publicado esta semana por BBC News Mundo, el consenso entre la mayoría de expertos en ciberseguridad es que no existe un software de análisis de datos en el mundo comparable, en complejidad y alcance, con el de Palantir; especialmente en lo que refiere a seguridad e inteligencia militar.

La compañía nació en 2003, directamente de la experiencia de Peter Thiel con PayPal y del impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según el columnista del New York Times Michael Steinberger, autor del libro «El filósofo en el Valle: Alex Karp, Palantir y el auge de la vigilancia estatal», el punto de inflexión fue el acceso que la empresa obtuvo a los ingenieros de la CIA a través de In-Q-Tel, el brazo de inversión de capital de la agencia de inteligencia estadounidense.

«Los ingenieros de Palantir tuvieron acceso a los analistas de la CIA, por lo que pudieron desarrollar el software de la mano de estos analistas», explicó Steinberger a la BBC. Ese origen explica todo: Palantir no es una empresa tecnológica convencional. Es, desde su nacimiento, una herramienta del aparato de inteligencia y defensa de Estados Unidos.

Las guerras que Palantir pelea

El catálogo de operaciones en las que participó Palantir habla por sí solo. La empresa desarrolló las herramientas que condujeron a la muerte de Osama Bin Laden en 2011 y fueron clave en la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021. Su sistema de integración de datos Maven se usa actualmente para identificar objetivos militares en Irán y para operar los drones que EE.UU. desplegó en la región.

Además, Palantir es la empresa encargada de desarrollar el software del «Domo Dorado», uno de los proyectos insignia de la segunda administración Trump: un sistema de misiles antiaéreos con capacidad para interceptar cualquier amenaza, incluidos misiles nucleares.

El propio CEO de Palantir, Alex Karp, fue explícito en un foro en Washington al referirse al ataque estadounidense a la infraestructura nuclear iraní en 2025: «Si miras la operación ‘Martillo de medianoche’, la operación en Venezuela para capturar a Maduro o la operación que estamos viendo en Irán, ves una sociedad dominando totalmente, y esa sociedad es la nuestra», afirmó.

El ICE, los migrantes y la maquinaria de deportación

Pero el alcance de Palantir no se limita al campo de batalla. En Estados Unidos, la empresa provee herramientas al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para identificar, localizar y deportar migrantes. La vinculación comenzó en 2014 y se profundizó durante la segunda administración Trump, contexto en que la empresa obtuvo en 2025 un contrato de 10.000 millones de dólares con el Ejército estadounidense para centralizar el manejo de software y datos durante la próxima década.

Para Steinberger, la pregunta sobre la responsabilidad de la empresa en los abusos cometidos con esas herramientas es una de las más urgentes del momento: «¿Tiene Palantir alguna responsabilidad en los abusos que se están cometiendo? Si se han perpetrado crímenes de guerra con esa tecnología, ¿tiene Palantir alguna responsabilidad?», planteó.

La empresa responde siempre lo mismo: son los entes reguladores gubernamentales, y no la compañía, quienes deben poner límites al uso de su tecnología. El director de Palantir en Reino Unido y Europa, Louis Mosley, lo dijo sin vueltas: «Son ellos quienes deciden el marco normativo que determina quién puede tomar qué decisión».

El «manifiesto» que alarmó al mundo

En las últimas semanas, Palantir publicó en redes sociales un resumen de 22 puntos de las ideas que Karp planteó en su libro «La república tecnológica», y que fue descripto por muchos como el manifiesto ideológico de la compañía.

Entre los puntos más polémicos figuran la afirmación de que «algunas culturas han producido avances vitales, otras siguen siendo disfuncionales y regresivas», y el llamado a «resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco». La legisladora británica Victoria Collins dijo públicamente que el listado parecía fruto de «los desvaríos de un supervillano».

Estos postulados no son ajenos a las ideas del propio Thiel, quien en 2009 declaró que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles, y cuya filosofía, según Steinberger, fue calando cada vez más en Karp: «Habla cada vez menos de defender la democracia liberal y habla más de defender a Occidente como una entidad cultural, lo que siempre ha sido la controvertida postura de Thiel», señaló el columnista.

¿Qué haría Palantir en la Argentina?

La pregunta que flota sobre la visita de Thiel es qué implicaría para la Argentina un eventual contrato con Palantir. La empresa ofrece sus servicios exclusivamente a países alineados con las políticas de Estados Unidos; así lo dejó claro desde sus inicios al negarse a vender tecnología a China o Rusia. Sus clientes actuales incluyen, además de agencias del Gobierno estadounidense, a Israel (donde el Mossad es cliente desde mediados de los 2000), Reino Unido, Ucrania, Francia, Canadá, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Que una empresa con esas características y esos clientes esté en conversaciones con la SIDE del Gobierno de Milei no es un dato menor. Significaría la integración del aparato de inteligencia argentino a una red de vigilancia masiva de alcance global, bajo criterios fijados por una empresa privada con sede en Estados Unidos y con una ideología que sus propios fundadores definieron como incompatible con la democracia. De ahí, nada bueno puede resultar.

Puntos clave

  • Palantir Technologies fue creada en 2003 con fondos y acceso directo de la CIA, y es considerada el software de análisis de datos más poderoso del mundo en materia de seguridad e inteligencia, según expertos consultados por BBC News Mundo.
  • La empresa opera para el ICE en la identificación y deportación de migrantes en EE.UU., desarrolla el sistema de misiles antiaéreos «Domo Dorado» de Trump y su tecnología fue usada para el ataque a la infraestructura nuclear iraní en 2025.
  • Versiones periodísticas sostienen que Thiel ya se reunió con autoridades de la SIDE durante su visita a Buenos Aires, lo que generó especulaciones sobre un posible contrato con el organismo de inteligencia argentino.
  • El CEO de Palantir, Alex Karp, publicó un manifiesto de 22 puntos que fue calificado por la legisladora británica Victoria Collins como «los desvaríos de un supervillano».
  • La empresa solo vende sus servicios a países alineados con la política exterior de Estados Unidos; sus actuales clientes incluyen a Israel, Reino Unido, Ucrania, Francia y Arabia Saudita, entre otros.
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