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Palantir, la empresa de la CIA que Milei quiere en la Argentina: opera en guerras y contra migrantes
Un análisis de la BBC revela que es la empresa de análisis de datos más poderosa del mundo, creada con fondos de la CIA, es utilizada para identificar y localizar personas.
Palantir: la empresa de la CIA detrás de Peter Thiel
★ La visita del magnate Peter Thiel a Buenos Aires y su reunión con Javier Milei reavivaron las versiones sobre un posible contrato de Palantir Technologies con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Pero, ¿qué es exactamente Palantir? Un análisis de la BBC News Mundo revela que se trata de la empresa de análisis de datos más poderosa del mundo, creada con fondos de la CIA, usada para identificar y deportar migrantes en EEUU, para localizar objetivos militares en Irán y para el sistema de misiles «Domo Dorado» de Donald Trump.
Cuando se conoció que Javier Milei recibiría este jueves en la Casa Rosada al magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, el nombre de la compañía ya circulaba en los pasillos del poder con una pregunta que nadie respondió oficialmente: ¿está el Gobierno argentino negociando contratar los servicios de vigilancia masiva de Palantir para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)?
La versión fue publicada por la periodista Mara Pedrazzoli, quien informó que durante la semana Thiel también se reunió con autoridades del organismo de inteligencia argentino. Ninguna fuente oficial confirmó ni desmintió el dato. Pero para entender el alcance de lo que esa posibilidad implicaría, basta con revisar qué es y qué hace Palantir en el mundo.
Nacida de la CIA, alimentada por el 11-S
Según un análisis publicado esta semana por BBC News Mundo, el consenso entre la mayoría de expertos en ciberseguridad es que no existe un software de análisis de datos en el mundo comparable, en complejidad y alcance, con el de Palantir; especialmente en lo que refiere a seguridad e inteligencia militar.
La compañía nació en 2003, directamente de la experiencia de Peter Thiel con PayPal y del impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según el columnista del New York Times Michael Steinberger, autor del libro «El filósofo en el Valle: Alex Karp, Palantir y el auge de la vigilancia estatal», el punto de inflexión fue el acceso que la empresa obtuvo a los ingenieros de la CIA a través de In-Q-Tel, el brazo de inversión de capital de la agencia de inteligencia estadounidense.
«Los ingenieros de Palantir tuvieron acceso a los analistas de la CIA, por lo que pudieron desarrollar el software de la mano de estos analistas», explicó Steinberger a la BBC. Ese origen explica todo: Palantir no es una empresa tecnológica convencional. Es, desde su nacimiento, una herramienta del aparato de inteligencia y defensa de Estados Unidos.
Las guerras que Palantir pelea
El catálogo de operaciones en las que participó Palantir habla por sí solo. La empresa desarrolló las herramientas que condujeron a la muerte de Osama Bin Laden en 2011 y fueron clave en la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021. Su sistema de integración de datos Maven se usa actualmente para identificar objetivos militares en Irán y para operar los drones que EE.UU. desplegó en la región.
Además, Palantir es la empresa encargada de desarrollar el software del «Domo Dorado», uno de los proyectos insignia de la segunda administración Trump: un sistema de misiles antiaéreos con capacidad para interceptar cualquier amenaza, incluidos misiles nucleares.
El propio CEO de Palantir, Alex Karp, fue explícito en un foro en Washington al referirse al ataque estadounidense a la infraestructura nuclear iraní en 2025: «Si miras la operación ‘Martillo de medianoche’, la operación en Venezuela para capturar a Maduro o la operación que estamos viendo en Irán, ves una sociedad dominando totalmente, y esa sociedad es la nuestra», afirmó.

El ICE, los migrantes y la maquinaria de deportación
Pero el alcance de Palantir no se limita al campo de batalla. En Estados Unidos, la empresa provee herramientas al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para identificar, localizar y deportar migrantes. La vinculación comenzó en 2014 y se profundizó durante la segunda administración Trump, contexto en que la empresa obtuvo en 2025 un contrato de 10.000 millones de dólares con el Ejército estadounidense para centralizar el manejo de software y datos durante la próxima década.
Para Steinberger, la pregunta sobre la responsabilidad de la empresa en los abusos cometidos con esas herramientas es una de las más urgentes del momento: «¿Tiene Palantir alguna responsabilidad en los abusos que se están cometiendo? Si se han perpetrado crímenes de guerra con esa tecnología, ¿tiene Palantir alguna responsabilidad?», planteó.
La empresa responde siempre lo mismo: son los entes reguladores gubernamentales, y no la compañía, quienes deben poner límites al uso de su tecnología. El director de Palantir en Reino Unido y Europa, Louis Mosley, lo dijo sin vueltas: «Son ellos quienes deciden el marco normativo que determina quién puede tomar qué decisión».
El «manifiesto» que alarmó al mundo
En las últimas semanas, Palantir publicó en redes sociales un resumen de 22 puntos de las ideas que Karp planteó en su libro «La república tecnológica», y que fue descripto por muchos como el manifiesto ideológico de la compañía.
Entre los puntos más polémicos figuran la afirmación de que «algunas culturas han producido avances vitales, otras siguen siendo disfuncionales y regresivas», y el llamado a «resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco». La legisladora británica Victoria Collins dijo públicamente que el listado parecía fruto de «los desvaríos de un supervillano».
Estos postulados no son ajenos a las ideas del propio Thiel, quien en 2009 declaró que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles, y cuya filosofía, según Steinberger, fue calando cada vez más en Karp: «Habla cada vez menos de defender la democracia liberal y habla más de defender a Occidente como una entidad cultural, lo que siempre ha sido la controvertida postura de Thiel», señaló el columnista.
¿Qué haría Palantir en la Argentina?
La pregunta que flota sobre la visita de Thiel es qué implicaría para la Argentina un eventual contrato con Palantir. La empresa ofrece sus servicios exclusivamente a países alineados con las políticas de Estados Unidos; así lo dejó claro desde sus inicios al negarse a vender tecnología a China o Rusia. Sus clientes actuales incluyen, además de agencias del Gobierno estadounidense, a Israel (donde el Mossad es cliente desde mediados de los 2000), Reino Unido, Ucrania, Francia, Canadá, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Que una empresa con esas características y esos clientes esté en conversaciones con la SIDE del Gobierno de Milei no es un dato menor. Significaría la integración del aparato de inteligencia argentino a una red de vigilancia masiva de alcance global, bajo criterios fijados por una empresa privada con sede en Estados Unidos y con una ideología que sus propios fundadores definieron como incompatible con la democracia. De ahí, nada bueno puede resultar.
Puntos clave
- Palantir Technologies fue creada en 2003 con fondos y acceso directo de la CIA, y es considerada el software de análisis de datos más poderoso del mundo en materia de seguridad e inteligencia, según expertos consultados por BBC News Mundo.
- La empresa opera para el ICE en la identificación y deportación de migrantes en EE.UU., desarrolla el sistema de misiles antiaéreos «Domo Dorado» de Trump y su tecnología fue usada para el ataque a la infraestructura nuclear iraní en 2025.
- Versiones periodísticas sostienen que Thiel ya se reunió con autoridades de la SIDE durante su visita a Buenos Aires, lo que generó especulaciones sobre un posible contrato con el organismo de inteligencia argentino.
- El CEO de Palantir, Alex Karp, publicó un manifiesto de 22 puntos que fue calificado por la legisladora británica Victoria Collins como «los desvaríos de un supervillano».
- La empresa solo vende sus servicios a países alineados con la política exterior de Estados Unidos; sus actuales clientes incluyen a Israel, Reino Unido, Ucrania, Francia y Arabia Saudita, entre otros.
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Casación absolvió a cinco mujeres mapuches por Villa Mascardi y fijó doctrina sobre derechos indígenas
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó por unanimidad la condena dictada contra las cinco imputadas en la causa por el conflicto territorial en Villa Mascardi, Río Negro, al detectar deficiencias graves en la valoración de la prueba y una aplicación incorrecta del derecho constitucional e internacional que protege a los pueblos originarios.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Ángela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, hizo lugar por unanimidad a los recursos presentados por las defensas de las cinco mujeres mapuches imputadas en la causa vinculada al conflicto territorial de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, y dispuso su absolución. El tribunal concluyó que la sentencia recurrida presentaba deficiencias centrales en la valoración del caso y que el derecho constitucional e internacional aplicable a los pueblos indígenas no había sido correctamente considerado.
El voto del juez Yacobucci identificó en la fundamentación del tribunal de juicio una «contradicción interna insalvable»: la solución adoptada por esa instancia no resultaba compatible con la propia caracterización del delito que el pronunciamiento reconocía. En términos jurídicos, el razonamiento condenatorio se desmoronaba sobre sus propias bases.
La Constitución y el derecho internacional, en el centro del debate
El voto del juez Slokar, al que adhirió la jueza Ledesma, fue más explícito en el anclaje normativo. Recordó que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecen criterios de observancia obligatoria para resolver conflictos que involucren a integrantes de comunidades indígenas. Esos criterios, señaló el fallo, debieron haber guiado el análisis desde el principio y no fueron tenidos en cuenta.
El tribunal también destacó que la CIDH ya había advertido al Estado argentino sobre la insuficiencia de la normativa vigente en materia de procedimientos de reclamación de la propiedad indígena, y cuestionó que esas consideraciones, junto con los acuerdos alcanzados entre la comunidad y distintos poderes del Estado, hubieran sido descartadas por el tribunal de juicio sin mayor fundamentación.
El operativo de desalojo, bajo la lupa
La sentencia de Casación incluyó una referencia explícita al contexto del desalojo que precedió a las imputaciones. Los jueces calificaron ese escenario como uno atravesado por hechos de represión y violencia contra mujeres y niños de la comunidad, entre los cuales figuran menores que permanecieron perdidos en el bosque durante el operativo policial y una de las imputadas que dio a luz mientras permanecía detenida. En ese marco, el tribunal entendió que el conflicto excedía con creces una controversia patrimonial ordinaria y respondía a una problemática estructural vinculada con reclamos territoriales e identidad cultural.
Ese encuadre no es menor. Significa que Casación rechazó la reducción del caso a un simple delito contra la propiedad y exigió que la conflictividad territorial mapuche sea leída desde el prisma de los derechos colectivos y la historia de despojo que lo precede.
Un límite también establecido: la protección no ampara la violencia
El mismo fallo se encargó de trazar un límite que el tribunal consideró necesario explicitar. En referencia a otra causa vinculada con una comunidad mapuche en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Casación ratificó parcialmente por unanimidad condenas por incendio y vandalismo, al señalar que el marco constitucional de protección de los pueblos indígenas no ampara actos de violencia ni daños a la propiedad. La distinción es relevante: el reconocimiento de derechos colectivos no opera como una inmunidad genérica, sino como un parámetro de análisis que exige considerar el contexto histórico y estructural de cada conflicto.
Antecedentes: Villa Mascardi y la criminalización de la protesta indígena
El conflicto de Villa Mascardi tiene una larga historia de tensión entre el Estado y la Comunidad Lafken Winkul Mapu, que reclama territorios en las inmediaciones del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los desalojos ejecutados en 2022, con fuerte despliegue de fuerzas federales durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, desembocaron en la detención y posterior procesamiento de varias integrantes de la comunidad, incluyendo a mujeres que se encontraban con sus hijos durante los operativos. El caso concentró la atención de organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho indígena, que cuestionaron desde el inicio la proporcionalidad del accionar estatal y la pertinencia del encuadre penal elegido por la acusación.
El fallo de Casación representa ahora un punto de inflexión: no solo absuelve a las cinco mujeres, sino que fija criterios doctrinarios que deberán ser aplicados en futuros conflictos de similar naturaleza. La señal institucional es clara: el sistema judicial no puede ignorar el bloque de constitucionalidad y convencionalidad que protege a los pueblos originarios cuando se trata de enjuiciar a sus integrantes por disputas que tienen raíz territorial y cultural.
Puntos clave
- La Sala II de Casación absolvió por unanimidad a las cinco mujeres mapuches imputadas en la causa Villa Mascardi, Río Negro.
- El tribunal detectó una «contradicción interna insalvable» en la sentencia del juicio y deficiencias graves en la valoración de la prueba.
- El fallo ordenó aplicar el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la CIDH como parámetros obligatorios.
- Casación encuadró el desalojo de 2022 como un escenario de represión y violencia contra mujeres, niños y niñas de la comunidad.
- En paralelo, el tribunal ratificó condenas por incendio en otra causa mapuche en Chubut, dejando en claro que la protección constitucional no ampara actos de violencia.
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