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Palantir, la empresa de la CIA que Milei quiere en la Argentina: opera en guerras y contra migrantes

Un análisis de la BBC revela que es la empresa de análisis de datos más poderosa del mundo, creada con fondos de la CIA, es utilizada para identificar y localizar personas.

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Javier Milei, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a Peter Thiel.

Palantir: la empresa de la CIA detrás de Peter Thiel

★ La visita del magnate Peter Thiel a Buenos Aires y su reunión con Javier Milei reavivaron las versiones sobre un posible contrato de Palantir Technologies con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Pero, ¿qué es exactamente Palantir? Un análisis de la BBC News Mundo revela que se trata de la empresa de análisis de datos más poderosa del mundo, creada con fondos de la CIA, usada para identificar y deportar migrantes en EEUU, para localizar objetivos militares en Irán y para el sistema de misiles «Domo Dorado» de Donald Trump.

Cuando se conoció que Javier Milei recibiría este jueves en la Casa Rosada al magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, el nombre de la compañía ya circulaba en los pasillos del poder con una pregunta que nadie respondió oficialmente: ¿está el Gobierno argentino negociando contratar los servicios de vigilancia masiva de Palantir para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)?

La versión fue publicada por la periodista Mara Pedrazzoli, quien informó que durante la semana Thiel también se reunió con autoridades del organismo de inteligencia argentino. Ninguna fuente oficial confirmó ni desmintió el dato. Pero para entender el alcance de lo que esa posibilidad implicaría, basta con revisar qué es y qué hace Palantir en el mundo.

Nacida de la CIA, alimentada por el 11-S

Según un análisis publicado esta semana por BBC News Mundo, el consenso entre la mayoría de expertos en ciberseguridad es que no existe un software de análisis de datos en el mundo comparable, en complejidad y alcance, con el de Palantir; especialmente en lo que refiere a seguridad e inteligencia militar.

La compañía nació en 2003, directamente de la experiencia de Peter Thiel con PayPal y del impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según el columnista del New York Times Michael Steinberger, autor del libro «El filósofo en el Valle: Alex Karp, Palantir y el auge de la vigilancia estatal», el punto de inflexión fue el acceso que la empresa obtuvo a los ingenieros de la CIA a través de In-Q-Tel, el brazo de inversión de capital de la agencia de inteligencia estadounidense.

«Los ingenieros de Palantir tuvieron acceso a los analistas de la CIA, por lo que pudieron desarrollar el software de la mano de estos analistas», explicó Steinberger a la BBC. Ese origen explica todo: Palantir no es una empresa tecnológica convencional. Es, desde su nacimiento, una herramienta del aparato de inteligencia y defensa de Estados Unidos.

Las guerras que Palantir pelea

El catálogo de operaciones en las que participó Palantir habla por sí solo. La empresa desarrolló las herramientas que condujeron a la muerte de Osama Bin Laden en 2011 y fueron clave en la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021. Su sistema de integración de datos Maven se usa actualmente para identificar objetivos militares en Irán y para operar los drones que EE.UU. desplegó en la región.

Además, Palantir es la empresa encargada de desarrollar el software del «Domo Dorado», uno de los proyectos insignia de la segunda administración Trump: un sistema de misiles antiaéreos con capacidad para interceptar cualquier amenaza, incluidos misiles nucleares.

El propio CEO de Palantir, Alex Karp, fue explícito en un foro en Washington al referirse al ataque estadounidense a la infraestructura nuclear iraní en 2025: «Si miras la operación ‘Martillo de medianoche’, la operación en Venezuela para capturar a Maduro o la operación que estamos viendo en Irán, ves una sociedad dominando totalmente, y esa sociedad es la nuestra», afirmó.

El ICE, los migrantes y la maquinaria de deportación

Pero el alcance de Palantir no se limita al campo de batalla. En Estados Unidos, la empresa provee herramientas al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para identificar, localizar y deportar migrantes. La vinculación comenzó en 2014 y se profundizó durante la segunda administración Trump, contexto en que la empresa obtuvo en 2025 un contrato de 10.000 millones de dólares con el Ejército estadounidense para centralizar el manejo de software y datos durante la próxima década.

Para Steinberger, la pregunta sobre la responsabilidad de la empresa en los abusos cometidos con esas herramientas es una de las más urgentes del momento: «¿Tiene Palantir alguna responsabilidad en los abusos que se están cometiendo? Si se han perpetrado crímenes de guerra con esa tecnología, ¿tiene Palantir alguna responsabilidad?», planteó.

La empresa responde siempre lo mismo: son los entes reguladores gubernamentales, y no la compañía, quienes deben poner límites al uso de su tecnología. El director de Palantir en Reino Unido y Europa, Louis Mosley, lo dijo sin vueltas: «Son ellos quienes deciden el marco normativo que determina quién puede tomar qué decisión».

El «manifiesto» que alarmó al mundo

En las últimas semanas, Palantir publicó en redes sociales un resumen de 22 puntos de las ideas que Karp planteó en su libro «La república tecnológica», y que fue descripto por muchos como el manifiesto ideológico de la compañía.

Entre los puntos más polémicos figuran la afirmación de que «algunas culturas han producido avances vitales, otras siguen siendo disfuncionales y regresivas», y el llamado a «resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco». La legisladora británica Victoria Collins dijo públicamente que el listado parecía fruto de «los desvaríos de un supervillano».

Estos postulados no son ajenos a las ideas del propio Thiel, quien en 2009 declaró que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles, y cuya filosofía, según Steinberger, fue calando cada vez más en Karp: «Habla cada vez menos de defender la democracia liberal y habla más de defender a Occidente como una entidad cultural, lo que siempre ha sido la controvertida postura de Thiel», señaló el columnista.

¿Qué haría Palantir en la Argentina?

La pregunta que flota sobre la visita de Thiel es qué implicaría para la Argentina un eventual contrato con Palantir. La empresa ofrece sus servicios exclusivamente a países alineados con las políticas de Estados Unidos; así lo dejó claro desde sus inicios al negarse a vender tecnología a China o Rusia. Sus clientes actuales incluyen, además de agencias del Gobierno estadounidense, a Israel (donde el Mossad es cliente desde mediados de los 2000), Reino Unido, Ucrania, Francia, Canadá, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Que una empresa con esas características y esos clientes esté en conversaciones con la SIDE del Gobierno de Milei no es un dato menor. Significaría la integración del aparato de inteligencia argentino a una red de vigilancia masiva de alcance global, bajo criterios fijados por una empresa privada con sede en Estados Unidos y con una ideología que sus propios fundadores definieron como incompatible con la democracia. De ahí, nada bueno puede resultar.

Puntos clave

  • Palantir Technologies fue creada en 2003 con fondos y acceso directo de la CIA, y es considerada el software de análisis de datos más poderoso del mundo en materia de seguridad e inteligencia, según expertos consultados por BBC News Mundo.
  • La empresa opera para el ICE en la identificación y deportación de migrantes en EE.UU., desarrolla el sistema de misiles antiaéreos «Domo Dorado» de Trump y su tecnología fue usada para el ataque a la infraestructura nuclear iraní en 2025.
  • Versiones periodísticas sostienen que Thiel ya se reunió con autoridades de la SIDE durante su visita a Buenos Aires, lo que generó especulaciones sobre un posible contrato con el organismo de inteligencia argentino.
  • El CEO de Palantir, Alex Karp, publicó un manifiesto de 22 puntos que fue calificado por la legisladora británica Victoria Collins como «los desvaríos de un supervillano».
  • La empresa solo vende sus servicios a países alineados con la política exterior de Estados Unidos; sus actuales clientes incluyen a Israel, Reino Unido, Ucrania, Francia y Arabia Saudita, entre otros.

CABA

Menos psicopedagogos, más policías: la escuela porteña deja de ser un lugar de cuidado

El protocolo porteño habilita el ingreso de la Policía de la Ciudad a las escuelas a pedido de los directivos, por orden judicial o por fuerza mayor. Ninguna ley lo impedía, pero la comunidad educativa lo defendió como una conquista democrática.

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La Policía de la Ciudad tiene, desde este lunes, una puerta formal para entrar a las escuelas porteñas. El nuevo protocolo del gobierno de Jorge Macri convierte en norma escrita lo que durante décadas la comunidad educativa resistió: la presencia de uniformados dentro de las aulas como respuesta a los conflictos escolares. La intervención policial podrá darse a pedido del propio colegio a través del 911, por orden judicial o por razones de fuerza mayor ante un riesgo inminente.

La habilitación forma parte de la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, publicada en el Boletín Oficial porteño con la firma de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad de la Ciudad y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma adapta las escuelas al nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), vigente desde el 5 de septiembre, e impone a los directivos el deber de denunciar ante la Justicia a estudiantes desde los 14 años por hechos que pudieran constituir delitos, incluso fuera del establecimiento. El documento trascendió el fin de semana, cuando Federico Puy, secretario general adjunto de Ademys, lo difundió en su cuenta de X.

Un límite sin ley, pero con memoria

La frontera entre la escuela y la policía nunca estuvo escrita en una ley para los niveles obligatorios. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo explicó en sus recomendaciones sobre policías en las escuelas: a diferencia de lo que ocurre con las universidades públicas, no existen normas en la Ciudad ni en la provincia de Buenos Aires que impidan a la policía ingresar a un establecimiento escolar, aunque sí hubo proyectos de ley que nunca fueron tratados. La única prohibición expresa es el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, que veda el ingreso de la fuerza pública a las universidades nacionales sin orden judicial o pedido de sus autoridades.

Lo que sostuvo ese límite fue otra cosa: la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 de Protección Integral y un consenso político y pedagógico construido desde 1983. La escuela democrática se pensó como un espacio de cuidado, justamente porque la dictadura la había convertido en territorio de vigilancia. El régimen militar difundió en 1977 el folleto “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”, que ordenaba a docentes y directivos detectar al “enemigo” entre sus alumnos; y en septiembre de 1976, en La Plata, un grupo de estudiantes secundarios que habían reclamado por el boleto estudiantil fue secuestrado en lo que se conoce como la Noche de los Lápices.

La escalada porteña

El protocolo actual no nació de la nada. El 28 de marzo de 2018, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el Ministerio de Seguridad porteño aprobó mediante la Resolución 86/2018 un “Protocolo de Ingreso a los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Buenos Aires”, que nunca se publicó en el Boletín Oficial.

Según el texto filtrado por UTE, su primer artículo establecía que “el personal policial podrá ingresar a los edificios o inmuebles escolares cuando sea requerida su presencia por alguno de los miembros del equipo de conducción del establecimiento”.

Llegó apenas 40 días después del protocolo antitomas impulsado por la entonces ministra de Educación, Soledad Acuña, y el entonces secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, se negó a hacer público su anexo con el argumento de que solo servía a los efectos “de la comunicación interna” de la fuerza.

Ese mismo año, Ademys denunció que, el día previo al tratamiento del aborto legal en Diputados, la policía entró a una escuela secundaria tomada para desalojar a los estudiantes. En 2022, frente a nuevas intervenciones, el secretario adjunto de UTE, Eduardo López, lo resumió en una frase: “La escuela no es un lugar para la Policía”.

El paso siguiente llegó en abril de este año. Tras la ola de amenazas de tiroteos que se multiplicó en todo el país después del ataque en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, el 30 de marzo, el gobierno porteño activó un protocolo que dispuso que, ante una denuncia realizada por la escuela o por un tercero, el equipo directivo deberá permitir el ingreso de la Policía al establecimiento. La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, lo justificó así: “La respuesta tiene que ser, al mismo tiempo, seguridad y formación. Protocolo y acompañamiento. Consecuencia y reparación”. Estudiantes, familias y docentes respondieron entonces con una consigna que hoy vuelve a circular: “No a la policía en las escuelas”.

Qué cambia ahora

La diferencia con los antecedentes es de escala y de lógica. El ingreso policial ya no aparece como una excepción ante un arma o una amenaza puntual, sino como una pieza dentro de un circuito que empieza con la obligación de denunciar a adolescentes de 14 años.

El nuevo texto exige que los efectivos se identifiquen, actúen “respetando los derechos” de niñas, niños y adolescentes y procuren “cesar el riesgo”; también prohíbe a las escuelas interrogar a los alumnos.

Las salvaguardas contrastan con los estándares que organismos de derechos humanos promovieron durante años. El CELS recomendó atender a la policía en la puerta mientras se evalúa la situación, sobre todo si los efectivos están armados y hay chicos en el edificio.

Y recordó una pauta de la guía elaborada por la provincia de Buenos Aires junto a UNICEF: no deben brindarse nombres de estudiantes a ninguna autoridad policial sin un oficio judicial, y la policía no puede tomar contacto con ningún menor de edad, aun cuando se presuma que tiene un arma, hasta que llegue un familiar o adulto responsable.

“Una antesala de las cárceles”

Puy advirtió que el protocolo “obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que ‘podrían estar cometiendo un delito’”, sostuvo que “constituye una clara persecución a los jóvenes” y alertó que busca convertir a las escuelas en una “antesala de las cárceles”. UTE, por su parte, rechazó “que las escuelas se conviertan en puertas de entrada al sistema penal” y advirtió “sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes”; el gremio reclamó equipos especializados, formación y recursos para abordar los conflictos sin judicializarlos.

Ninguna ley impedía que un patrullero estacionara frente a una escuela y sus agentes cruzaran el portón; lo impedía una idea de la democracia sobre qué lugar ocupan los chicos en la sociedad. Con este protocolo, el gobierno porteño elige reemplazar gabinetes, psicopedagogos y equipos de orientación por el 911, y deja la resolución de los conflictos adolescentes en manos de quienes están entrenados para otra cosa.

Lo que tenés que saber del Protocolo

  • La Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26 habilita el ingreso policial a las escuelas porteñas a pedido del colegio, por orden judicial o por fuerza mayor.
  • No existe una ley que prohíba el ingreso policial a escuelas; la única prohibición expresa rige para las universidades nacionales, por el artículo 31 de la Ley de Educación Superior.
  • En 2018, la Resolución 86/2018 del Ministerio de Seguridad porteño aprobó un protocolo de ingreso a escuelas que nunca se publicó en el Boletín Oficial.
  • En abril de 2026, tras las amenazas de tiroteos, la Ciudad ya había dispuesto que los directivos permitieran el ingreso policial ante una denuncia.
  • Ademys y UTE rechazaron el nuevo protocolo por criminalizar a las adolescencias.

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