#Sin prueba de vida: Argentina mira para otro lado mientras dos connacionales permanecen retenidos en Libia

Pasaron cinco días desde que fuerzas del este de Libia, controladas por el mariscal Jalifa Haftar, detuvieron a diez integrantes de la misión humanitaria internacional del Convoy Terrestre Global Sumud Maghreb en las inmediaciones de la ciudad de Sirte, mientras se dirigían hacia la Franja de Gaza con ambulancias, insumos médicos y asistencia humanitaria.

Entre los retenidos se encuentran los ciudadanos argentinos Paula Giménez, psicóloga, y Lucas Aguilera, médico veterinario, ambos directores de investigación del medio de comunicación latinoamericano NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe). Hasta este jueves no existe ninguna prueba de vida de los dos argentinos, no hay comunicación directa con sus familias y la Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, no emitió ninguna declaración oficial sobre el caso.

El operativo y la detención

Según informó la organización del convoy, el domingo 24 de mayo un grupo de diez integrantes de la delegación internacional se adelantó al resto de la caravana con el objetivo de negociar el paso por el puesto de control militar 5+5, en el acceso al territorio controlado por las fuerzas de Haftar. En ese punto fueron interceptados y retenidos por las autoridades del este de Libia.

El convoy transportaba más de 300 participantes de 25 países, entre médicos, periodistas, ingenieros, psicólogos, veterinarios, trabajadores humanitarios, parlamentarios y académicos, con asistencia destinada a la población palestina.

La delegación argentina era la más grande de toda Latinoamérica en este operativo humanitario. Además de Giménez y Aguilera, otros seis argentinos que participaban de la Flotilla Marítima Global Sumud, la rama naval de la misma misión internacional, ya regresaron al país después de ser interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales del Mediterráneo y trasladados a un barco prisión donde, según denunciaron al regresar, recibieron golpizas, torturas con pistolas taser y quemaduras. El contexto es de una gravedad que no admite minimización.

Italia visitó a los suyos; Argentina, en silencio

La primera confirmación pública de acceso consular llegó desde Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó oficialmente que el Cónsul General de Italia en Bengasi, Filippo Colombo, realizó una visita a dos ciudadanos italianos integrantes del grupo retenido, quienes se encuentran bajo custodia en una dependencia policial de Libia oriental. La propia Cancillería italiana reconoció haber solicitado mejoras en las condiciones de detención de los visitados y reclamó que esas mejoras se extendieran al resto del grupo de distintas nacionalidades. La visita confirma que las personas permanecen privadas de su libertad.

Sin embargo, el comunicado italiano no incluyó un listado completo de los detenidos, no informó sobre el paradero ni el estado de salud del conjunto del grupo internacional y no aportó confirmación alguna sobre la situación específica de Giménez y Aguilera. Mientras tanto, la Cancillería argentina no realizó ninguna gestión equivalente. No hubo reacción desde la Casa Rosada ni desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La madre de Paula Giménez, Nora Ortín, declaró públicamente que la familia se encuentra sin información: «No sabemos dónde están, ni en qué condiciones físicas», según consignó el diario mexicano La Jornada. Por su parte, Adalberto Aguilera, hermano de Lucas, fue categórico al calificar la situación: «Es un secuestro por motivos políticos. No cometieron ningún delito, fue un acto puramente solidario».

La voz de la oposición frente al silencio del Gobierno

La ausencia del Gobierno nacional en la gestión del caso generó una ola de reclamos de dirigentes políticos, gremiales y de derechos humanos. Roberto Baradel, secretario general adjunto de la CTERA, exigió «información y la liberación inmediata de los integrantes del convoy». Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, señaló que «el gobierno argentino tiene la responsabilidad de reclamar de manera inmediata por la libertad de Lucas y de Paula, y de todos los que están detenidos y de garantizar su libertad, su integridad física y su salud».

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reclamó al Ministerio de Relaciones Exteriores «las gestiones necesarias para garantizar la protección consular de ambos ciudadanos, en cumplimiento del derecho que los ampara y de obligaciones del Estado nacional, de manera coordinada, activando todos los mecanismos multilaterales pertinentes ante la desaparición forzada y la privación ilegítima de la libertad de ambos ciudadanos». El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también manifestó su preocupación y pidió por la repatriación de ambos.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, publicó: «¡Libertad para Paula Giménez y Lucas Aguilera! Periodistas argentinos de NODAL que llevaban ayuda humanitaria a Gaza, están retenidos en Libia con paradero desconocido. Exigimos que el Estado nacional cumpla su obligación e intervenga de forma urgente». El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se sumó al pedido.

En el plano parlamentario, diputadas y diputados nacionales impulsaron un proyecto de resolución en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación exigiendo información, garantías y resguardo para ambos ciudadanos. La Comisión de Derechos Humanos del Parlasur presentó reclamos formales ante la Cancillería argentina. Y desde NODAL se presentó una nota formal ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertando sobre el secuestro e incomunicación de los diez integrantes de la misión.

El contexto: una misión solidaria en la ruta de los bloqueos

La detención en Libia se produce en un marco de escalada de violencia institucional contra las misiones humanitarias internacionales con destino a Gaza. Días antes de la interceptación terrestre, la Flotilla Marítima Global Sumud fue detenida por fuerzas israelíes en aguas internacionales del Mediterráneo. Ese operativo generó un fuerte repudio internacional tras la difusión de imágenes y videos que mostraron el hostigamiento y maltrato ejercido por el entonces ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, contra los activistas humanitarios detenidos. Detenciones ilegales, agresiones físicas y tratos degradantes quedaron documentados públicamente.

El silencio de la Cancillería argentina frente a ambos episodios no es un dato menor: el gobierno de Javier Milei ha mantenido una posición de alineamiento con Israel desde el inicio de su gestión, lo que alimenta las críticas de quienes señalan que ese posicionamiento ideológico condiciona la capacidad del Estado argentino de defender a sus propios ciudadanos cuando estos participan de misiones de solidaridad con el pueblo palestino.