#El ajuste que amenaza la memoria: Milei desfinancia el ADN de los nietos

La Justicia federal tuvo que intervenir para impedir que el ajuste del gobierno de Javier Milei paralizara al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo que hace casi cuatro décadas trabaja en la identificación de hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar.

El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina, definida en la propia resolución como aplicable solo en «circunstancias graves y objetivamente inaplazables», mediante la cual intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a que garanticen de forma urgente la continuidad operativa del banco.

En paralelo, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, que asegure la continuidad de los cotejos de ADN que él mismo había dispuesto en causas vinculadas al robo de bebés y el tráfico de niños durante el terrorismo de Estado.

Una crisis que no fue sorpresa

La situación no estalló de improviso. El 8 de mayo de 2026, la directora técnica del organismo, Mariana Herrera Piñero, envió notas a los juzgados federales donde se tramitan causas de lesa humanidad para advertir lo que el gobierno nacional se empeñaba en no ver: «No podremos llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias».

La nota describia la crisis como «exclusivamente» producto de la «insuficiencia de crédito presupuestario», que comprometía servicios esenciales como la limpieza, la vigilancia, el mantenimiento edilicio y, lo más grave, la preservación de las muestras biológicas almacenadas.

Según documentación oficial del propio banco, el presupuesto aprobado para 2026 cubre apenas el 55,96% de lo solicitado. Pero el problema no es solo del presente ejercicio: desde la asunción de Milei, el BNDG sufrió un recorte del 57,3% en términos reales, distribuido en una secuencia que el grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano documentó con precisión: 35,1% en 2024, 30,1% en 2025, y una deterioración adicional del 5,8% en lo que va de 2026.

Qué hay en juego

El BNDG fue creado en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, a partir del impulso de Abuelas de Plaza de Mayo, para desarrollar herramientas científicas capaces de identificar a los niños apropiados durante la dictadura. Hoy conserva alrededor de 32.000 muestras genéticas vinculadas a familias que buscan a desaparecidos o a personas que dudan sobre su identidad biológica. Para el juez Ramos Padilla, el organismo constituye un «organismo técnico esencial e irremplazable» para las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad.

Las Abuelas de Plaza de Mayo se presentaron como querellantes para reforzar la urgencia de la medida y advirtieron que «cualquier interrupción del Banco afectaría pruebas irreemplazables y comprometería las obligaciones internacionales de Argentina en materia de verdad, identidad y justicia». La cadena de custodia genética no admite interrupciones: si una muestra se degrada o se pierde, no hay reposición posible.

El Gobierno cedió, pero atacó a la Justicia

Acorralado por los plazos judiciales y la presión pública, el Ejecutivo informó ante el juzgado de Ramos Padilla que otorgará una ampliación presupuestaria de 590 millones de pesos para garantizar la continuidad del BNDG. La decisión, en sí misma, constituye un reconocimiento implícito de que el organismo estaba desfinanciado, exactamente como denunciaron Abuelas y la dirección técnica del banco.

Sin embargo, el gobierno de Milei no cedió sin contraatacar. En su presentación judicial, el Ejecutivo calificó la cautelar de Ramos Padilla como un «alarmante avance» del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, y advirtió que ordenar reasignaciones presupuestarias desde los tribunales podría «desbaratar el sistema republicano» y generar un «desequilibrio en las cuentas fiscales».

Además, sostuvo que las dificultades del organismo respondían a «una gestión ineficiente de los recursos actualmente disponibles» y que «no se observa un impedimento presupuestario» real. Es decir: el mismo gobierno que comprometió 590 millones adicionales afirmó que no había problema de presupuesto.

Esta lógica del doble discurso no es nueva en la gestión libertaria. La misma administración que repite «plata no hay» ante los reclamos de personas con discapacidad, universidades o jubilados, encontró fondos de emergencia solo cuando la Justicia amenazó con señalar su responsabilidad directa en la destrucción de pruebas judiciales irreemplazables.

El Ministerio de Justicia también tomó distancia

En un movimiento que revela la incomodidad política del caso, el Ministerio de Justicia encabezado por Mahiques pidió quedar fuera del expediente judicial y argumentó que el conflicto correspondía «exclusivamente al plano presupuestario de un organismo autárquico». La estrategia de correrse del asunto fracasó: la resolución judicial mantuvo la obligación compartida con la Jefatura de Gabinete.

El marco político: ajuste sobre la memoria

La crisis del BNDG no puede leerse en soledad. Se inscribe en el patrón sistemático de desfinanciamiento de organismos vinculados a la memoria, la verdad y la justicia que caracteriza a la gestión Milei. El recorte del 57,3% sobre un organismo que trabaja con pruebas judiciales en causas por crímenes de lesa humanidad no puede describirse como un error administrativo. Es una política.

Este martes, la Legislatura porteña convocó una reunión de trabajo sobre la situación del BNDG a cargo de Andrés La Blunda, presidente de la comisión de Derechos Humanos y uno de los nietos restituidos por la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, lo que subraya la dimensión política y simbólica del conflicto.