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Dos matrimonios identificados en La Perla tendrán su despedida en CABA

El EAAF restituirá este viernes los restos de Nélida Moreno, José Luis Goyochea, Rosa Godoy y Carlos Cruspeire, dos parejas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Las familias organizaron un cortejo fúnebre desde la esquina de Perú y Avenida de Mayo y una misa de cuerpo presente en la Basílica Nuestra Señora de la Merced.

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Este viernes, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una ceremonia de memoria y reparación: los restos de Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire, cuatro personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar argentina, recibirán por fin una despedida digna. Los cuatro fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entre los restos hallados en la zona conocida como Loma del Torito, aledaña al ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

Casi 50 años después, el EAAF les devuelve un nombre

Las identificaciones fueron parte de un proceso mayor iniciado por la justicia federal cordobesa. En mayo de 2026, el juez federal Hugo Vaca Narvaja anunció públicamente los nombres de 16 de las 17 personas identificadas por el EAAF en la Loma del Torito, en el marco de excavaciones realizadas entre septiembre y noviembre de 2025 en la Guarnición Militar de La Calera. De esos trabajos se recuperaron unos 1.200 restos pequeños y fragmentados, que el EAAF sometió a análisis antropológicos y genéticos para lograr las identificaciones. Estas se sumaron a las 12 ya anunciadas en marzo de 2026, lo que elevó a 29 el total de víctimas identificadas en ese predio.

Entre los identificados en mayo, tres matrimonios aparecieron en la misma área, lo que para los investigadores sugiere que fueron trasladados juntos desde el centro clandestino. Así lo indicó el propio juez Vaca Narvaja, quien señaló que las personas fueron secuestradas en sus hogares, en presencia de sus hijos, y que es probable que hayan corrido la misma suerte, aunque aclaró que esa hipótesis todavía se investiga.

Quiénes eran Nélida, José Luis, Rosa y Carlos

Nélida Noemí Moreno nació en Córdoba en mayo de 1945. Era psicopedagoga y trabajaba como administrativa en la Policía de la Provincia. Tenía 32 años cuando fue secuestrada en agosto de 1977 junto a su esposo y en presencia de sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. José Luis Goyochea Escudero había nacido en La Rioja y se mudó a Córdoba para estudiar Ciencias Económicas y Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba. Era administrativo del Colegio de Médicos y de la Subsecretaría de Planeamiento provincial.

Rosa Cristina Godoy nació el 5 de octubre de 1953 en Villa Mercedes, San Luis. Trabajaba como ama de casa, integraba un grupo scout vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y desarrollaba trabajo social desde su parroquia. Tenía 23 años cuando fue secuestrada junto a su marido en el barrio de Bella Vista. Su hija pequeña fue entregada a sus abuelos. Carlos Cayetano Cruspeire trabajaba en una compañía de seguros y funeraria, y fue secuestrado en su lugar de trabajo en septiembre de 1977, a los 22 años, para luego ser llevado a su domicilio donde también detuvieron a Rosa.

La restitución de los restos es un acto privado, a pedido de las familias. Sin embargo, las mismas familias organizaron dos instancias públicas para este viernes en CABA. A las 17.30, el cortejo fúnebre partirá desde la esquina de Perú y Avenida de Mayo. Las familias caminarán con las urnas por la Avenida de Mayo, pasando por la Plaza de Mayo y la Catedral, hasta llegar a la Basílica Nuestra Señora de la Merced, en Reconquista 209, CABA. A las 18.00 comenzará allí la misa de cuerpo presente.

Águeda Goyochea, hija de José Luis y Nélida, es una de las impulsoras de estas ceremonias públicas. Como lo indica el sentido de su decisión de abrirlas a la comunidad, se trata de devolver a sus padres un ritual de despedida que la dictadura les negó hace casi medio siglo.

La Perla: el ex centro clandestino que sigue entregando verdad

La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes del país durante el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Por allí pasaron miles de personas secuestradas, torturadas y asesinadas bajo las órdenes del entonces comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Las excavaciones en los predios aledaños, ordenadas por la justicia en el marco del expediente iniciado hace 40 años, continúan aportando pruebas materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos allí. Con cada nombre restituido, se consolida la verdad que el Estado argentino les debe a las víctimas y sus familias.

El trabajo del EAAF en este caso confirma además que los perpetradores intentaron destruir los restos para volverlos inhallables. Sin embargo, casi cinco décadas después, la ciencia y la justicia lograron lo que la impunidad quiso evitar: devolverles la identidad y, ahora, también la despedida.

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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