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Arrancó la búsqueda de fosas con restos de desaparecidos en Campo de Mayo
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició este lunes los trabajos de relevamiento aéreo sobre el destacamento militar en el que funcionaron cuatro centros clandestinos de detención.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició este lunes los trabajos de relevamiento aéreo sobre el destacamento militar en el que durante la última dictadura funcionaron cuatro centros clandestinos de detención.
El EAAF inició este lunes los trabajos de relevamiento aéreo sobre la guarnición militar de Campo de Mayo para identificar enterramientos ilegales de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
El vuelo de los antropólogos sobre las 5.000 hectáreas del territorio militar, que albergó cuatro centros clandestinos de detención, llegó precedido de un trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, a cargo de la investigación.
El EAAF inició en 2006 la etapa de “investigación preliminar” para poder entender acabadamente el funcionamiento en los centros clandestinos y así determinar, a priori, los posibles lugares de enterramientos.
Los científicos argentinos, referencia mundial en la búsqueda e identificación de desaparecidos, realizaron esta investigación histórica en estrecha colaboración con el sobreviviente Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quién logró fugar de Campo de Mayo para dar testimonio de los horrores que allí ocurrían.
El coordinador de la “Unidad de Búsquedas” del EAAF, Marcelo Castillo, explicó que “en el terreno hay una variedad grande de edificios, vegetación y demás, definimos utilizar, por primera vez en la Argentina, la tecnología LIDAR en un vuelo aerotransportado para determinar zonas de interés”.
El vuelo con este sistema de escaneo láser, partió este lunes a la mañana de la base aérea de Morón y cubrió en unas cinco horas la superficie de Campo de Mayo, tomando los registros que, luego del análisis conjunto con expertos de la Universidad de La Plata, determinará “anomalías” bajo superficie que podrían indicar que allí se encuentran personas inhumadas por los represores.
Campo de Mayo.
No obstante la expectativa de funcionarios y familiares, desde el EAAF y las querellas se advirtió que ya hubo cuatro excavaciones con resultado negativo y que está probado que el principal sistema de exterminio en los centros clandestinos de la guarnición del Ejército fueron los llamados “vuelos de la muerte”.
Pablo Llonto, uno de los abogados en el gigantesco proceso judicial que se tramita por los delitos de lesa humanidad allí cometidos, señaló a Télam que “hay varios indicios, por testigos, colimbas, o por gente que escuchó que alguien les comentó, que en Campo de Mayo hubo enterramientos”.
El abogado y periodista se refirió así a un soldado y a un suboficial, entre otros testigos, que señalaron la zona del aljibe, dentro del lugar conocido como “El Campito”, como factible de haberse usado para la deposición final de los “subversivos”.
Con el mapeo del LIDAR terminado, el EAAF iniciará la etapa de excavación, aplicando técnicas de arqueología tradicional en la búsqueda de restos, como hicieron por primera vez en junio de 1984 en el cementerio de Boulogne, buscando a una desaparecida que no encontraron pero que selló su compromiso con los principios memoria, verdad y justicia.
El EAAF, a lo largo de sus más de 35 años de vida, participó en misiones en más de 55 países, le devolvió la identidad a cerca de un millar de desaparecidos argentinos y se ganó el respeto de la comunidad científica mundial y de organizaciones de Derechos Humanos después de encontrar e identificar al Che Guevara, demostrar la ejecución sumaria de civiles en El Mozote y desmontar la versión oficial sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, entre otras muchas intervenciones.
El equipo fue nominado al Premio Nobel de la Paz el año pasado por varias instituciones académicas y científicas.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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