Luego de la declaración jurada y la confesión televisiva de haber ocultado más de medio millón de dólares al fisco, la ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió un nuevo nivel de intensidad. Bloques opositores presentaron ante la Cámara de Diputados un pedido de sesión especial para el 23 de junio, con el objetivo explícito de interpelarlo y avanzar en una moción de censura que podría forzar su remoción del cargo. La vicepresidenta Victoria Villarruel lo apremio para que se presente ante el Senado en junio y no en julio, como anunció el propio funcionario. Mientras tanto, la Justicia Federal evaluó ampliar su imputación al delito de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos.

Sesión el 23 de junio: interpelación y moción de censura

Diputados nacionales de un amplio arco opositor presentaron un pedido formal para convocar a una sesión especial el 23 de junio a las 14 horas, con el fin de tratar pedidos de informes, la interpelación del jefe de Gabinete y una moción de censura orientada a su destitución. La iniciativa fue suscripta por el bloque de Unión por la Patria, presidido por Germán Martínez, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, un sector relevante de Provincias Unidas y las diputadas monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

«Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional», sostuvo el bloque de Unión por la Patria mediante un posteo en la red social X. El artículo 101 de la Constitución establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir mensualmente al Congreso a informar sobre la marcha del Gobierno, obligación que Adorni no ha cumplido desde su designación en noviembre de 2025.

El diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulón, afirmó que «no hay más excusas posibles» para el funcionario e instó a sus pares a avanzar sin dilaciones en su remoción. Su colegio de bloque, Pablo Juliano, definió el 23 de junio como «el día de la revelación», porque «ese día se sabrá quiénes son los verdaderos republicanos y quiénes son los que prefieren ser socios de la impunidad».

Sin embargo, la convocatoria no alcanza por sí sola el quórum necesario. El PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, el MID y la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) no sumaron sus firmas al pedido, manteniendo una posición de distancia calculada respecto del Gobierno. Los números legislativos son los que determinan el destino político de esta ofensiva: para alcanzar los 129 votos necesarios, la oposición deberá sumar a parte del PRO y de la UCR, bloques que ya cuestionaron duramente a Adorni pero aún no confirmaron si acompañarán la moción de censura.

Villarruel y el Senado: presencia en junio, no en julio

La presión no llegó solo desde Diputados. La vicepresidenta Victoria Villarruel solicitó en forma «fehaciente y formal» que Adorni se presente ante el Senado de la Nación durante el mes de junio, rechazando el plazo de julio que el propio jefe de Gabinete había anunciado a través de las redes sociales. Villarruel anunció que convocará a los jefes de bloque del Senado para el miércoles 17 de junio con el objeto de instrumentar esa citación. La presidenta del Senado también recordó que el funcionario no ha cumplido con ninguna de sus comparecencias mensuales obligatorias desde que asumió el cargo.

El anuncio de Adorni de concurrir en julio no conformó a ninguno de los sectores del arco político. El PRO, que ya publicó un duro comunicado institucional cuestionando las omisiones patrimoniales del funcionario, también exigió que se presente ante el Congreso durante junio. El frente interno al que se enfrenta Adorni reune, en un gesto sin precedentes en la historia de la coalición libertaria, desde el kirchnerismo hasta sectores de su propia fuerza política.

El archivo lo complica: Adorni contra el bitcoin

A la presión parlamentaria se sumó un dato que circuló con rapidez en medios y redes sociales: la aparición de reportajes y declaraciones previas del propio Adorni en las que desaconsejaba el uso de criptoactivos por su alta volatilidad y su carácter especulativo. Esas declaraciones contradicen directamente la versión que el funcionario ofreció el miércoles al sostener que su fortuna se origina en una inversión temprana en bitcoin realizada entre 2014 y 2018, con la que habría transformado US$200.000 en ganancias de US$300.000 adicionales. El archivo, en periodismo, suele ser implacable.

La Justicia evaluó ampliar la imputación

En el plano judicial, la situación de Adorni se complicó aún más. Según trascendidos de fuentes judiciales consultadas por distintos medios, la Justicia Federal evaluó ampliar la imputación del jefe de Gabinete al delito de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos, en un expediente que ya acumula denuncias por la compra de varias propiedades durante el ejercicio de la función pública, refacciones millonarias pagadas en efectivo y sin factura según declaró el contratista Matías Tabar, el uso del avión presidencial para un viaje privado de su esposa Bettina Angeletti a Nueva York y traslados en jet privado a Punta del Este con toda su familia. La investigación es conducida por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El dato de la posible ampliación de la imputación reviste una gravedad particular: el delito de omisión maliciosa en la presentación de declaraciones juradas contempla, en caso de condena, la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, más allá de las penas privativas de la libertad que pudieran corresponder.

Puntos clave

• Bloques opositores pidieron una sesión especial para el 23 de junio a las 14 horas en Diputados, con interpelación y moción de censura contra Adorni.
• La convocatoria fue firmada por Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
• La vicepresidenta Victoria Villarruel exigió formalmente que Adorni se presente ante el Senado en junio, no en julio.
• Declaraciones previas del propio Adorni desaconsejando el uso de criptomonedas contradicen su versión sobre el origen de su patrimonio en bitcoin.
• La Justicia Federal evaluó ampliar la imputación al delito de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos, que prevee inhabilitación perpetua para cargos públicos.