El jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente a 2025 y rectificó las de 2023 y 2024, en las que reconoció haber omitido más de medio millón de dólares en ahorros acumulados «en negro» durante años. La justificación oficial, que atribuyó esos fondos a inversiones en bitcoin realizadas antes de asumir el cargo, no alcanzó para calmar la tormenta política: el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) que abra un expediente por presunto lavado de activos, mientras la senadora Patricia Bullrich acusó al funcionario de una «omisión ética» y el PRO emitió un duro comunicado calificando la situación de inaceptable.

La declaración que llegó tarde y lo complicó más

El miércoles 10 de junio, horas antes del inicio del Mundial de Fútbol 2026, Manuel Adorni presentó finalmente ante la Oficina Anticorrupción y ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas correspondientes a los períodos 2023, 2024 y 2025. La presentación se produjo 34 días después de que el presidente Javier Milei afirmara públicamente que la declaración de su jefe de Gabinete estaba «casi lista».

El documento, cuya difusión generó un impacto inmediato en el arco político, refleja un patrimonio final de $944.575.052 al cierre del ejercicio 2025, contra los $662,6 millones consignados al inicio del mismo período. El incremento patrimonial, equivalente a más de $282 millones en el año, quedó explicado en el propio texto de la declaración con una combinación de ingresos laborales, bienes recibidos por herencia o donación y un rubro denominado «ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias» valuado en $270,7 millones.

Antes de presentar la documentación ante los organismos de control, Adorni concedió una extensa entrevista al canal LN+ en la que reconoció por primera vez públicamente que durante años acumuló ahorros fuera de los circuitos formales: «Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar», sostuvo. La frase, que se convirtió de inmediato en el eje del debate político, implicó una confesión directa de que al menos US$500.000 no figuraban en ninguna de sus presentaciones anteriores ante la Oficina Anticorrupción.

Bitcoin, herencia y las cuentas que no cerraban

La versión oficial del origen de esos fondos descansa sobre dos pilares. El primero: inversiones realizadas en bitcoin entre 2013 y 2018, mediante las cuales Adorni habría transformado una tenencia inicial de US$200.000, no declarados, en una ganancia de US$300.000 adicionales. El segundo: una herencia recibida tras el fallecimiento de su padre, por la que declaró $73 millones.

En la declaración jurada 2025, el funcionario consignó al inicio del período una tenencia en efectivo en dólares valuada en $400.241.404, que él mismo vinculó con la venta de esas criptomonedas. Al cierre del ejercicio, esa tenencia se redujo a US$209.961. Las operaciones inmobiliarias que explican esa reducción son las más sensibles del expediente judicial: en noviembre de 2024 adquirió la propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; en noviembre de 2025, compró un departamento con cochera en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, por US$230.000 según la escritura que obra en el expediente.

Para financiar esas operaciones mientras ejercía un cargo público, Adorni declaró deudas hipotecarias con cuatro acreedoras particulares. En total, al cierre del ejercicio 2025, sus deudas ascendían a $317.312.719, contra los $92,4 millones que registraba al inicio del año: un incremento del 243% en doce meses. La Justicia ya había identificado esta red de acreedoras en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el juez federal Ariel Lijo con el impulso del fiscal Gerardo Pollicita.

Inocencia Fiscal como paraguas y la contradicción que lo hundió

El mismo día en que presentó la declaración jurada, Adorni y su esposa Bettina Angeletti se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, un mecanismo cuestionado por especialistas en derecho tributario que permite simplificar la confección de declaraciones ante ARCA. El funcionario aclaró en la entrevista televisiva que esa adhesión no implicaría un blanqueo de activos y que pagaría «todos los impuestos que correspondan».

Sin embargo, la cronología del escándalo lo ubicó en una contradicción difícil de sortear. En reiteradas oportunidades, incluida una comparecencia ante el Congreso de la Nación, Adorni había sostenido públicamente que «todo lo que tenía que estar declarado, estaba declarado» y que «nunca existió ocultación alguna». La admisión televisiva del miércoles demolió esa versión ante el propio electorado que su gobierno viene interpelando con un discurso centrado en la transparencia y la meritocracia.

El CIPCE pide a la UIF que investigue por lavado de dinero

La respuesta institucional fue inmediata. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó ante la Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por Matías Gabriel Álvarez, un pedido formal para que el organismo abra un expediente de inteligencia financiera sobre la evolución patrimonial de Adorni y de Angeletti. La solicitud apunta a que la UIF utilice todas sus facultades legales para monitorear los movimientos patrimoniales del matrimonio, sus operaciones inmobiliarias, sus créditos privados, las sumas en efectivo y los posibles viajes financiados con recursos de origen no acreditado.

El CIPCE argumentó que la adhesión de Adorni a la Ley de Inocencia Fiscal no inhibe las facultades de la UIF y que la normativa vigente exige una debida diligencia reforzada para las Personas Políticamente Expuestas (PEP), categoría en la que el jefe de Gabinete se encuadra por el cargo que ocupa. La admisión pública de haber mantenido fondos fuera del circuito formal constituyó, para el organismo, un elemento probatorio de peso para abrir la investigación por presunto lavado de activos.

Grieta en el oficialismo: Bullrich y el PRO lo cuestionan

La declaración jurada de Adorni abrió el frente político más incómodo de las últimas semanas para el Gobierno. La senadora Patricia Bullrich, que semanas atrás había exigido públicamente la presentación inmediata del documento, fue categórica al valorar el resultado: «Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado», afirmó ante periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, antes de la reunión de la mesa política.

El partido PRO fue aún más contundente mediante un comunicado institucional en el que advirtió que «no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública» y reclamó «actuar con la transparencia que la sociedad exige». El legislador y ex ministro Esteban Bullrich fue la voz más tajante de la alianza: «Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible», escribió.

Desde la Jefatura de Gabinete respondieron que «todo el patrimonio que tienen Adorni y Angeletti es previo a la asunción como funcionario público» y reconocieron que las declaraciones originales de 2023 presentaron fallas porque el propio funcionario las confeccionó sin asistencia profesional. Milei, en tanto, ratificó su respaldo público a Adorni y no realizó declaraciones sobre el fondo del escándalo. El propio jefe de Gabinete anticipó que en julio concurrirá al Senado de la Nación a presentar el informe de gestión del Gobierno.

La causa judicial sigue su curso

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó acceso inmediato a todas las declaraciones rectificativas presentadas para cotejarlas con el análisis patrimonial que desarrolla junto a la Dirección de Análisis Patrimonial. El juez Ariel Lijo, que ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti y ordenado el peritaje de dispositivos del contratista Matías Tabar, deberá ahora incorporar la nueva documentación al expediente.

La investigación judicial continúa enfocada en cinco propiedades vinculadas al matrimonio: el departamento en la calle Asamblea (Parque Chacabuco), actualmente en venta; el departamento en la calle Miró (Caballito); la casa en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz); una propiedad en el partido de Morón que estaría registrada a nombre de Angeletti; y un departamento en La Plata. Tabar declaró ante la Justicia haber cobrado US$245.000 en efectivo y sin factura por las refacciones realizadas en la propiedad de Indio Cuá.

Puntos clave

• Adorni presentó su declaración jurada 2025 ante la Oficina Anticorrupción y rectificó los ejercicios 2023 y 2024, reconociendo más de US$500.000 en ahorros no declarados.
• El patrimonio declarado al cierre de 2025 asciende a $944.575.052, con deudas por $317,3 millones y dinero en efectivo en dólares por más de US$200.000.
• Adorni admitió en televisión haber «ahorrado en negro», contradiciendo sus propias declaraciones previas ante el Congreso y en conferencias de prensa.
• El CIPCE solicitó formalmente a la UIF abrir un expediente de inteligencia financiera por presunto lavado de activos contra el jefe de Gabinete y su esposa.
• Patricia Bullrich y el PRO cuestionaron al funcionario desde dentro del oficialismo, calificando la situación como una «omisión ética» sin justificación posible.