La Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, imputó este lunes a 95 empresas distribuidoras de electricidad y gas por la inclusión de tasas municipales y provinciales en sus facturas, cargos ajenos al contrato entre proveedor y consumidor. La medida es parte de la estrategia del gobierno de Javier Milei para disminuir la carga fiscal en las boletas, ahogando financieramente a las provincias y municipios, mientras intenta ocultar los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

La decisión fue amparada bajo la Resolución 267/2024, que prohíbe a las empresas incluir en sus facturas conceptos como impuestos y tasas locales desde el 11 de octubre. Sin embargo, varios municipios, entre ellos Morón y La Matanza, han acudido a la justicia para habilitar la inclusión de las tasas, reconociendo que la medida complica la recaudación local y afecta la financiación de servicios públicos.

Hay 244 imputaciones y multas millonarias

Las imputaciones comprenden un total de 244 expedientes, abriendo uno por cada localidad donde las empresas vulneraron la normativa. Según la Ley de Defensa del Consumidor (artículo 47, inciso b), las distribuidoras enfrentan posibles multas de hasta 2.130 millones de pesos. Las empresas imputadas, que operan en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, entre otras, disponen de cinco días hábiles para presentar sus descargos.

El secretario de Industria y Comercio manifestó que la medida responde a reiteradas denuncias sobre la inclusión indebida de tasas municipales en las facturas de servicios esenciales. Hasta la fecha, el correo habilitado para denuncias (denunciatufactura@comercio.gob.ar) ha recibido 2.705 reclamos.

Resolución 267/2024: recortes y aumento en las tarifas

La resolución publicada en septiembre dio un plazo de 30 días a las empresas de servicios públicos de todo el país para ajustarse a la normativa, lo que implica que solo podrán incluir en sus facturas el costo específico del servicio prestado. Esta decisión, promovida como una forma de “transparentar” los costos de servicios, ha sido criticada como una maniobra para disimular los tarifazos y recargar la presión financiera sobre provincias y municipios. La reducción de tasas en las facturas intenta, en términos del gobierno, aminorar el impacto de los aumentos tarifarios, pero a costa de fondos clave para los gobiernos locales.

El impacto sobre las arcas municipales es innegable, con efectos que ponen en riesgo servicios fundamentales que dependen de estos recursos. Municipios como Morón y La Matanza han conseguido, hasta el momento, respaldo judicial para continuar incluyendo tasas locales en las facturas, reflejando el rechazo de comunidades locales que ven en la medida una amenaza a su autonomía y a la capacidad de sostener el sistema de servicios públicos.