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El Gobierno imputó a 95 empresas por incluir tasas municipales en sus facturas

La medida del gobierno de Javier Milei ahoga las finanzas de municipios y provincias, e intenta ocultar tarifazos en los servicios de luz y gas. Sin embargo, la Justicia habilitó a algunos municipios a incluir tasas locales en las boletas.

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La Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, imputó este lunes a 95 empresas distribuidoras de electricidad y gas por la inclusión de tasas municipales y provinciales en sus facturas, cargos ajenos al contrato entre proveedor y consumidor. La medida es parte de la estrategia del gobierno de Javier Milei para disminuir la carga fiscal en las boletas, ahogando financieramente a las provincias y municipios, mientras intenta ocultar los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

La decisión fue amparada bajo la Resolución 267/2024, que prohíbe a las empresas incluir en sus facturas conceptos como impuestos y tasas locales desde el 11 de octubre. Sin embargo, varios municipios, entre ellos Morón y La Matanza, han acudido a la justicia para habilitar la inclusión de las tasas, reconociendo que la medida complica la recaudación local y afecta la financiación de servicios públicos.

Hay 244 imputaciones y multas millonarias

Las imputaciones comprenden un total de 244 expedientes, abriendo uno por cada localidad donde las empresas vulneraron la normativa. Según la Ley de Defensa del Consumidor (artículo 47, inciso b), las distribuidoras enfrentan posibles multas de hasta 2.130 millones de pesos. Las empresas imputadas, que operan en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, entre otras, disponen de cinco días hábiles para presentar sus descargos.

El secretario de Industria y Comercio manifestó que la medida responde a reiteradas denuncias sobre la inclusión indebida de tasas municipales en las facturas de servicios esenciales. Hasta la fecha, el correo habilitado para denuncias (denunciatufactura@comercio.gob.ar) ha recibido 2.705 reclamos.

Resolución 267/2024: recortes y aumento en las tarifas

La resolución publicada en septiembre dio un plazo de 30 días a las empresas de servicios públicos de todo el país para ajustarse a la normativa, lo que implica que solo podrán incluir en sus facturas el costo específico del servicio prestado. Esta decisión, promovida como una forma de “transparentar” los costos de servicios, ha sido criticada como una maniobra para disimular los tarifazos y recargar la presión financiera sobre provincias y municipios. La reducción de tasas en las facturas intenta, en términos del gobierno, aminorar el impacto de los aumentos tarifarios, pero a costa de fondos clave para los gobiernos locales.

El impacto sobre las arcas municipales es innegable, con efectos que ponen en riesgo servicios fundamentales que dependen de estos recursos. Municipios como Morón y La Matanza han conseguido, hasta el momento, respaldo judicial para continuar incluyendo tasas locales en las facturas, reflejando el rechazo de comunidades locales que ven en la medida una amenaza a su autonomía y a la capacidad de sostener el sistema de servicios públicos.

Economía 💲

Milei le da carta blanca a Caputo para tocar las facturas del gas

La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita al Palacio de Hacienda a aumentar o disminuir ese cargo hasta en un 50% sin necesidad de intervención directa del Poder Ejecutivo.

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El Argentino Diario-Toto Caputo-Javier Milei.

Milei delega en Caputo el poder de subir las facturas de gas

★ Javier Milei firmó el Decreto 266/2026 y delegó en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo la facultad de modificar discrecionalmente el recargo que financia los subsidios al gas en zonas frías. La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita al Palacio de Hacienda a aumentar o disminuir ese cargo hasta en un 50% sin necesidad de intervención directa del Poder Ejecutivo, lo que en la práctica significa que el techo actual del 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) podría escalar hasta el 11,25%.

Un fondo que financia el gas en las zonas más frías del país

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565, se nutre de un recargo aplicado sobre cada metro cúbico de gas consumido en todo el territorio nacional, cualquiera sea el uso final. Con esos recursos se financian las tarifas diferenciales del régimen de Zona Fría, que beneficia a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y Malargüe, donde el consumo energético es estructuralmente más elevado por las condiciones climáticas. La normativa vigente garantiza la existencia de este esquema hasta el 31 de diciembre de 2031.

Hasta la publicación del Decreto 266/2026, la facultad de tocar ese recargo residía formalmente en el Presidente de la Nación. Con la firma de Milei, esa potestad pasó al Ministerio de Economía, que ahora podrá operar los ajustes «con las modalidades que considere pertinentes», según el texto oficial.

La justificación oficial y lo que no dice

El decreto argumenta que la delegación responde a la necesidad de una «mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas» y que el ejercicio de esa facultad por parte de Economía «resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno».

En paralelo, fuentes oficiales reconocieron que el fondo es actualmente deficitario: con el tope del 7,5%, los ingresos no alcanzan para cubrir la demanda del régimen de Zona Fría. «Está la facultad de aumentar el recargo, pero todavía no es claro cuándo se va a aplicar. No quiere decir que el mes que viene se aplique un aumento, pero está la facultad de hacerlo», admitió la misma fuente.

Lo que el Gobierno no dice es que el recargo lo pagan todos los usuarios del país, no solo los beneficiarios de Zona Fría. Cualquier suba impactará en las facturas de millones de hogares en todo el territorio nacional, en un contexto en que el poder adquisitivo ya acumula meses de deterioro y la inflación del primer trimestre de 2026 rondó el 9%, según proyecciones privadas.

Una curiosa excepción en la política de fondos fiduciarios

El dato no es menor: según fuentes oficiales, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas es el único fondo fiduciario que el Gobierno se comprometió a no disolver en 2026 durante la primera revisión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras la administración Milei liquidó decenas de fondos fiduciarios como parte del ajuste fiscal, este sobrevivió por el peso del lobby de las provincias patagónicas y la sensibilidad política que implica tocar el calefón en el invierno del sur.

La paradoja es elocuente: un gobierno que se presenta como el mayor enemigo del Estado interventor mantiene uno de los subsidios energéticos más concretos del sistema tarifario argentino, aunque ahora con la llave en manos de Caputo para ajustar el costo que paga el conjunto de los usuarios.

La recaudación y el control de los fondos quedan bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico en el ámbito del propio Ministerio de Economía.

Puntos clave:

  • El Decreto 266/2026, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial, delega en el Ministerio de Economía la facultad de modificar el recargo del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
  • El recargo actual es de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el PIST; con la nueva norma, podría llegar al 11,25%.
  • El fondo es deficitario, según reconocieron fuentes oficiales: los ingresos actuales no cubren la demanda del régimen de Zona Fría.
  • El impacto de cualquier suba recaería sobre todos los usuarios del país, no solo los de zonas frías.
  • Este es el único fondo fiduciario que el Gobierno se comprometió a preservar ante el FMI en 2026.
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