Por Jorge Elbaum

La justicia argentina carece de credibilidad.

Sus máximas autoridades exhiben, sin vergüenza, vínculos cercanos sórdidos con las grandes corporaciones empresariales, embajadas extranjeras y actores protagónicos de la derecha local.

Cuando los tribunales no brindan seguridad o son una garantía de parcialidad el sistema de derechos se resquebraja.

Los actuales cortesanos apañaron, fueron indiferentes y/o impulsaron la red de espionaje institucionalizado más grave que existió en democracia.

Su apatía respecto a la persecución contra dirigentes sociales, referentes sindicales o líderes de la oposición durante el gobierno macrista los transforma en auténticos cómplices de un sistema delictivo de control político.

Dos de ellos aceptaron ser nombrados por un decreto de Mauricio Macri, violando la constitución.

En 2016 Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti quebrantaron el mandato que los obliga a ser elegidos por el Senado de la Nación.

Accedieron a ser nominados por la suma del poder público de Macri cual si fuese un autócrata golpista.

Luego, aprovechando el impulso y la presión de sus nominaciones, lograron que el Senado tratara sus pliegos.

Esta segunda nominación la vivieron como un trámite. Ya habían asumido y el poder corporativo –acostumbrado a la impunidad– nunca le teme a las consecuencias.

Luego de ingresar por la ventana, ya instalados en el Palacio de Tribunales, accedieron a las irrisorias formalidades constitucionales.

Frente a tamaño atropello, el resto de los cortesanos permaneció en silencio: omitieron repudiar esa arbitrariedad.

Se convirtieron en partícipes necesarios de una maniobra delictiva. Aceptaron su juramento de rigor sin denunciarlos ante el poder legislativo ni los foros internacionales.

Esa génesis que profanó el orden jurídico explica por qué un año después Rosenkrantz y Rosatti promovieron prerrogativas para los genocidas: buscaban concederles ventajas carcelarias a los asesinos seriales de la dictadura como si fuesen simples presos comunes.

Intentaron otorgarle el beneficio del 2×1 a los torturadores y asesinos en el mismo lapso de tiempo que se multiplicaban los mecanismos de criminalización de la política destinados a fragmentar a las grandes mayorías sociales.

Pero una gigantesca marcha, liderada por los organismos de Derechos Humanos, el 10 de mayo de 2017, impidió que esa ofensa se haga realidad. La manifestación acompañó a la consigna que rezaba: «Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes».

Una década antes de esa intentona pro-genocida, en 2007, Rosenkrantz había cuestionado la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Ley de Punto Final, promovida por Néstor Kirchner. En un artículo titulado “Advertencias a un internacionalista”.

Ese antecedente, lejos de desprestigiarlo, engalanaba su trayectoria al servicio de los poderes concentrados.

Rosenkrantz nunca trabajó en la justicia. Se desempeñó como abogado del Grupo Clarín, América TV, Cablevisión, La Nación, el Predio Ferial de Palermo (La Rural), McDonald’s, Quilmes e IRSA. Un seleccionado de las empresas que más injerencia tienen en las decisiones político-económicas del país.

En la investigación realizada por la jueza María Romilda Servini de Cubría, vinculada a la persecución de los dueños de C5N, quedó en evidencia los vínculos entre el actual prófugo Fabián Pepín Simón y quien presidía la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Entre enero de 2016 y agosto de 2018 el actual prófugo habló 59 veces con el cortesano máximo. Además se contactó 38 veces con su socio –en el estudio jurídico– Gabriel Bouzat.

La derecha argentina se vanagloria de defender valores republicanos mientras ensucia con entenados y prebendas todas las instituciones que toca.

El primero de Febrero puede volver a repetirse un escenario similar al del 10 de mayo de 2017: la democracia se construye también en la calle con la participación popular.

Si la cabeza de la justicia está pútrida, el resto deberemos desafiar a sus gusanos.