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Buenos Aires

Milei usa una multa trucha por dos locomotoras para asfixiar económicamente a Kicillof

La Provincia de Buenos Aires recurrió a la Corte Suprema para anular una liquidación que ordena pagar más de 5.500 millones de pesos a la Nación por el incumplimiento de un contrato de 1999. La contradicción central del fallo: el tribunal reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero calculó la multa como si nunca hubieran sido devueltas. El gobierno libertario ya intimó el pago bajo apercibimiento de ejecución.

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El Argentino Diario-Locomotoras.
Kicillof va a la Corte para frenar una multa de $5.500 millones por dos locomotoras devueltas en 2017.

Kicillof lleva a la Corte una multa trucha de $5.500 millones por dos locomotoras que PBA devolvió a Nación en 2017

★ Un contrato firmado hace más de veinticinco años, dos locomotoras de trocha media prestadas por un año y una multa que creció durante décadas hasta superar los 5.500 millones de pesos: esa es la causa que hoy enfrenta al gobierno de Axel Kicillof con la Justicia federal y con la administración nacional de Javier Milei, que aprovechó la sentencia para presionar económicamente a la Provincia con una intimación de pago.

El origen: un contrato de 1999 y una deuda que nunca se extinguió

En agosto de 1999, durante la gestión de Eduardo Duhalde en la Provincia de Buenos Aires, la Nación cedió en préstamo por un año dos locomotoras General Motors de trocha media. Al vencimiento del contrato, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no abonó el canon mensual pactado ni devolvió las máquinas. A partir de ese momento comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.

Las locomotoras permanecieron en poder de la Provincia durante casi dos décadas. Recién en diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, las máquinas fueron restituidas a la Nación. Sin embargo, ese hecho, reconocido en la propia sentencia de Cámara, no fue incorporado al mecanismo de conversión monetaria de la multa.

La contradicción que denuncia la Provincia

Ese es el núcleo del planteo que los abogados del Estado bonaerense llevaron a la Corte Suprema de Justicia: el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo reconoció que las locomotoras se devolvieron el 27 de diciembre de 2017 y fijó en esa fecha el corte temporal de la multa, pero al calcular la conversión monetaria utilizó el tipo de cambio de febrero de 2026 (con el dólar a $1.415) en lugar del vigente en 2017. El resultado fue una liquidación que, según la Provincia, no refleja la realidad de los hechos reconocidos por el propio tribunal.

«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», argumentaron los representantes del Estado bonaerense ante el máximo tribunal. La contradicción, denuncian, no es un tecnicismo procesal sino el mecanismo que multiplicó exponencialmente el monto adeudado.

La deuda principal e intereses reconocidos en la causa ascienden a poco más de 3,3 millones de pesos. La cláusula penal, con el mecanismo de conversión cuestionado, supera los 5.500 millones de pesos. La diferencia, de más de 1.600 veces, es la evidencia que la Provincia presenta como prueba de la pérdida total de razonabilidad del fallo.

El argumento jurídico: la Ley de Pesificación

La Provincia también objeta que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar». Si esa norma se hubiera aplicado, el impacto económico habría sido radicalmente distinto al que surge de utilizar el tipo de cambio de 2026. Los abogados bonaerenses califican la omisión como «arbitrariedad de sentencia».

En caso de que la Corte no haga lugar al planteo principal, la Provincia solicita subsidiariamente la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».

Milei presiona: la intimación de pago como herramienta política

El dato que transforma este conflicto judicial en un episodio político de primera línea es la conducta del gobierno nacional frente a la sentencia. Antes de que la Provincia pudiera agotar las instancias recursivas, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación formal para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».

La maniobra no es neutral. En un contexto de creciente conflicto entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires, con disputas abiertas sobre coparticipación federal, financiamiento educativo, seguridad y obra pública, la utilización de una sentencia judicial como palanca de presión fiscal contra el principal distrito gobernado por el peronismo es una decisión política, no solo procesal.

La propia Provincia reconoció en un informe de la Subsecretaría de Hacienda de marzo de 2026 que «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato», lo que convierte la ejecución en una amenaza real sobre las finanzas bonaerenses.

Un proceso judicial de más de dos décadas

El expediente tiene una historia larga y acumulativa. La primera demanda se presentó en 2004. En 2021, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11 dictó sentencia de primera instancia a favor de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), aunque sin fijar monto. En 2022, la Sala III de la Cámara confirmó el fallo y ordenó una nueva liquidación. En 2023, durante la etapa liquidatoria, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó. En febrero de 2026 se dictó la liquidación impugnada, con el tipo de cambio de ese mes. Ahora la Corte Suprema deberá resolver si esa ecuación resiste el escrutinio constitucional.

Puntos clave

  • La Provincia de Buenos Aires recurrió a la Corte Suprema para anular una liquidación de más de $5.500 millones por un contrato de préstamo de locomotoras firmado en 1999.
  • El fallo de Cámara reconoció la devolución de las locomotoras en 2017 pero aplicó el tipo de cambio de febrero de 2026 para calcular la multa, una contradicción que la Provincia califica de arbitraria.
  • La deuda principal es de poco más de 3,3 millones de pesos; la cláusula penal impugnada supera los 5.500 millones, una diferencia de más de 1.600 veces.
  • El gobierno de Milei ya intimó a la Provincia a pagar bajo apercibimiento de ejecución, convirtiendo el litigio en una herramienta de presión política contra el distrito gobernado por Kicillof.
  • La Subsecretaría de Hacienda bonaerense reconoció que no cuenta con partida presupuestaria disponible para afrontar el pago de manera inmediata.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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