Kicillof lleva a la Corte una multa trucha de $5.500 millones por dos locomotoras que PBA devolvió a Nación en 2017

★ Un contrato firmado hace más de veinticinco años, dos locomotoras de trocha media prestadas por un año y una multa que creció durante décadas hasta superar los 5.500 millones de pesos: esa es la causa que hoy enfrenta al gobierno de Axel Kicillof con la Justicia federal y con la administración nacional de Javier Milei, que aprovechó la sentencia para presionar económicamente a la Provincia con una intimación de pago.

El origen: un contrato de 1999 y una deuda que nunca se extinguió

En agosto de 1999, durante la gestión de Eduardo Duhalde en la Provincia de Buenos Aires, la Nación cedió en préstamo por un año dos locomotoras General Motors de trocha media. Al vencimiento del contrato, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no abonó el canon mensual pactado ni devolvió las máquinas. A partir de ese momento comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.

Las locomotoras permanecieron en poder de la Provincia durante casi dos décadas. Recién en diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, las máquinas fueron restituidas a la Nación. Sin embargo, ese hecho, reconocido en la propia sentencia de Cámara, no fue incorporado al mecanismo de conversión monetaria de la multa.

La contradicción que denuncia la Provincia

Ese es el núcleo del planteo que los abogados del Estado bonaerense llevaron a la Corte Suprema de Justicia: el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo reconoció que las locomotoras se devolvieron el 27 de diciembre de 2017 y fijó en esa fecha el corte temporal de la multa, pero al calcular la conversión monetaria utilizó el tipo de cambio de febrero de 2026 (con el dólar a $1.415) en lugar del vigente en 2017. El resultado fue una liquidación que, según la Provincia, no refleja la realidad de los hechos reconocidos por el propio tribunal.

«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», argumentaron los representantes del Estado bonaerense ante el máximo tribunal. La contradicción, denuncian, no es un tecnicismo procesal sino el mecanismo que multiplicó exponencialmente el monto adeudado.

La deuda principal e intereses reconocidos en la causa ascienden a poco más de 3,3 millones de pesos. La cláusula penal, con el mecanismo de conversión cuestionado, supera los 5.500 millones de pesos. La diferencia, de más de 1.600 veces, es la evidencia que la Provincia presenta como prueba de la pérdida total de razonabilidad del fallo.

El argumento jurídico: la Ley de Pesificación

La Provincia también objeta que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar». Si esa norma se hubiera aplicado, el impacto económico habría sido radicalmente distinto al que surge de utilizar el tipo de cambio de 2026. Los abogados bonaerenses califican la omisión como «arbitrariedad de sentencia».

En caso de que la Corte no haga lugar al planteo principal, la Provincia solicita subsidiariamente la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».

Milei presiona: la intimación de pago como herramienta política

El dato que transforma este conflicto judicial en un episodio político de primera línea es la conducta del gobierno nacional frente a la sentencia. Antes de que la Provincia pudiera agotar las instancias recursivas, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación formal para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».

La maniobra no es neutral. En un contexto de creciente conflicto entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires, con disputas abiertas sobre coparticipación federal, financiamiento educativo, seguridad y obra pública, la utilización de una sentencia judicial como palanca de presión fiscal contra el principal distrito gobernado por el peronismo es una decisión política, no solo procesal.

La propia Provincia reconoció en un informe de la Subsecretaría de Hacienda de marzo de 2026 que «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato», lo que convierte la ejecución en una amenaza real sobre las finanzas bonaerenses.

Un proceso judicial de más de dos décadas

El expediente tiene una historia larga y acumulativa. La primera demanda se presentó en 2004. En 2021, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11 dictó sentencia de primera instancia a favor de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), aunque sin fijar monto. En 2022, la Sala III de la Cámara confirmó el fallo y ordenó una nueva liquidación. En 2023, durante la etapa liquidatoria, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó. En febrero de 2026 se dictó la liquidación impugnada, con el tipo de cambio de ese mes. Ahora la Corte Suprema deberá resolver si esa ecuación resiste el escrutinio constitucional.

Puntos clave

• La Provincia de Buenos Aires recurrió a la Corte Suprema para anular una liquidación de más de $5.500 millones por un contrato de préstamo de locomotoras firmado en 1999.
• El fallo de Cámara reconoció la devolución de las locomotoras en 2017 pero aplicó el tipo de cambio de febrero de 2026 para calcular la multa, una contradicción que la Provincia califica de arbitraria.
• La deuda principal es de poco más de 3,3 millones de pesos; la cláusula penal impugnada supera los 5.500 millones, una diferencia de más de 1.600 veces.
• El gobierno de Milei ya intimó a la Provincia a pagar bajo apercibimiento de ejecución, convirtiendo el litigio en una herramienta de presión política contra el distrito gobernado por Kicillof.
• La Subsecretaría de Hacienda bonaerense reconoció que no cuenta con partida presupuestaria disponible para afrontar el pago de manera inmediata.