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El juez Mahiques denuncia “persecución mediática” y amenaza con querellar a periodistas críticos

El padre del ministro de Justicia denunció «acoso y persecución mediática» ante el tribunal de Diego Barroetaveña. Pero el historial del magistrado habla por sí solo: un vuelo privado con directivos del Grupo Clarín a la mansión de Joe Lewis, un operativo de encubrimiento con facturas apócrifas, una cumpleaños en la quinta del tesorero de la AFA mientras tramitaba su causa, y un hijo ministro que le extendió el mandato por cinco años más. El «Partido Judicial» en su versión más cruda.

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El prontuario de Mahiques, desde el vuelo con Clarín hasta la “hegemonía familiar” en la Justicia.

Del avión de Clarín a la quinta de Toviggino: el historial del juez que ahora denuncia “persecución mediática”

★ El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, presentó esta semana ante el tribunal presidido por Diego Barroetaveña un escrito en el que denuncia haber sufrido «acoso y persecución mediática» por parte de colegas del Poder Judicial y de periodistas que trabajan con fuentes reservadas. Calificó ese vínculo como «promiscuidad informativa», lo definió como una práctica «oportunista y mercenaria» y advirtió que podría iniciar acciones penales contra comunicadores que difundan información que considera falsa. La presentación es llamativa en sus términos. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es el contexto que la rodea: el magistrado tiene un prontuario de episodios que ninguna denuncia formal puede borrar.

El vuelo del «lawfare»: Bariloche, Joe Lewis y los directivos de Clarín

El capítulo más documentado del historial de Mahiques es el que hoy los involucrados prefieren no mencionar. El 13 de octubre de 2022, un vuelo privado operado por la empresa Flyzar partió desde el aeropuerto de San Fernando con rumbo a Bariloche. A bordo viajaban, según consta en los registros oficiales incorporados al expediente judicial, el propio Carlos Mahiques, su hijo Juan Bautista Mahiques (entonces Fiscal General de la Ciudad), los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, el exdirector de asuntos jurídicos de la ex SIDE Leonardo Bergroth y el consultor en campañas digitales Tomás Reinke. El destino final era la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, un enclave patagónico cuyo acceso al agua pública lleva años siendo disputado por comunidades locales y organismos estatales.

En el aeropuerto de Bariloche, la comitiva fue recibida por Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino del fundador Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del grupo mediático. Ambos directivos no habrían viajado en el mismo vuelo, pero las imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto los muestran subiendo juntos a los vehículos con el resto del grupo, según describió la fiscal federal María Cándida Etchepare en su requerimiento de instrucción. La financiación del vuelo nunca fue aclarada: los pagos figuraron como efectuados en efectivo y el mismo día del traslado, según el mismo documento judicial.

Chats filtrados y el plan para encubrir la causa

Lo que siguió al viaje fue tan grave como el viaje mismo. Cuando el 17 de octubre de 2022 la prensa reveló el episodio, los participantes crearon grupos de Telegram para coordinar una respuesta. Según informó el sitio Litigio, fue Juan Bautista Mahiques quien ocupó un rol central en el armado de una cobertura documental falsa: los participantes acordaron juntar dinero para respaldar facturas apócrifas preparadas con fecha anterior, que la empresa que los trasladó emitiría comprobantes retroactivos y que el administrador de la estancia, Nicolás Van Ditmar, representante de Joe Lewis, haría una declaración por videoconferencia confirmando los detalles ficticios. La causa, que se había abierto y avanzado en el juzgado federal de Bariloche ante la jueza Silvina Domínguez, fue derivada exactamente a donde el grupo había discutido que convenía: Comodoro Py. Allí fue declarada nula y todos los imputados quedaron sobreseídos.

Mientras tanto, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por escrito a la magistrada de Bariloche que Carlos Mahiques no había informado el viaje, no había pedido autorización, no estaba de licencia los días 13, 14 y 15 de octubre y no había justificado su inasistencia. Ese mismo día, según estableció El Destape, el magistrado firmó 13 resoluciones desde tribunales, lo que generó además una denuncia penal por presunto falseamiento de documento público presentada por una familiar de las víctimas del ARA San Juan.

Macri lo puso «a dedo»: la génesis del problema

El origen del poder institucional de Carlos Mahiques tiene una fecha precisa. En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri lo trasladó a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un mecanismo que el bloque kirchnerista calificó siempre de inconstitucional: sin concurso específico para ese cargo y por decisión directa del Ejecutivo. El senador Martín Soria lo definió en la audiencia de abril de 2026 como parte de «un grupo selecto que fue trasladado sin concursar a la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal», en referencia al conjunto de magistrados que el macrismo posicionó estratégicamente en el fuero que concentra las causas de mayor impacto político del país. La expresión que circula en los pasillos judiciales, «Comodoro Pro», sintetiza ese proceso de colonización sistemática del poder judicial por parte del espacio político que hoy se llama PRO.

El cumpleaños en la quinta de Toviggino y los lazos con la AFA

El segundo frente de exposición de Mahiques es más reciente. En febrero de 2026, la prensa reveló que el magistrado celebró su cumpleaños en una quinta vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio del proceso judicial que avanza sobre las finanzas y la gestión de la entidad. El dato es jurídicamente crítico: un juez con competencia sobre una causa no puede mantener vínculos sociales con personas investigadas o su entorno inmediato sin comprometer la imparcialidad del proceso. Tras la difusión de esas publicaciones, Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I de Casación, el mismo tribunal que tiene pendiente pronunciarse en causas vinculadas a la propiedad de Toviggino, según publicó el portal Política y Medios.

Este diario documentó oportunamente que los lazos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA no se limitan al magistrado. Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación, figura en documentación oficial como vicerrector de la UNAFA (Universidad de Fútbol Argentino), aunque según informó elDiarioAR desistió del cargo. Su hermano Esteban integra el Tribunal de Disciplina de la AFA. El entramado familiar configura una red de conflictos cruzados que ninguno de los tres ha explicado con claridad.

El hijo ministro y la prórroga del mandato paterno

El episodio más reciente y quizás el más ilustrativo de la cultura institucional del clan Mahiques es la extensión del mandato judicial. Carlos Mahiques cumple 75 años el 1° de noviembre próximo, la edad límite para ejercer la magistratura sin renovación expresa. Fue su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien impulsó el pliego para extender ese mandato por cinco años adicionales. El Senado aprobó la prórroga el 14 de mayo de 2026 por 58 votos a favor y 11 en contra, con el apoyo del oficialismo, la UCR, el PRO y sectores del peronismo aliado al Gobierno. El kirchnerismo votó en contra y rechazó el pliego por carecer, según sus propias palabras, de «las condiciones éticas, constitucionales y jurídicas para ocupar una magistratura».

Según publicó la revista Acción, fuentes del Consejo de la Magistratura advirtieron que la suma de la prórroga paterna y el control de 144 vacantes judiciales en manos del ministro podría abrir una nueva «hegemonía» del clan Mahiques sobre los tribunales clave del país, incluyendo la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Federal revisora de Comodoro Py.

La denuncia como operación de presión

Leída en ese contexto, la presentación de Mahiques ante Barroetaveña no puede evaluarse exclusivamente como un reclamo ante el hostigamiento mediático. Sus cuestionamientos a periodistas que trabajan con fuentes reservadas, su propuesta de sancionar ese tipo de relación entre Justicia y prensa, y su amenaza de querellas penales contra comunicadores críticos configuran, en los hechos, una operación de intimidación sobre la cobertura de sus propios conflictos de interés.

La paradoja es transparente y no requiere mayor elaboración: el juez que denuncia «promiscuidad informativa» entre el Poder Judicial y los medios de comunicación es el mismo magistrado que voló en el avión privado de Clarín a la mansión de Joe Lewis, que coordinó con directivos del grupo la estrategia de encubrimiento posterior y que llegó a su cargo gracias a un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri. El «Partido Judicial» no es una metáfora: tiene nombres, vuelos, chats y decretos.

Puntos clave

  • El 13 de octubre de 2022, Carlos Mahiques viajó en un vuelo privado junto a su hijo, otros jueces, funcionarios del macrismo y directivos del Grupo Clarín a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, sin informar ni pedir licencia a su tribunal.
  • Chats filtrados revelaron que Juan Bautista Mahiques coordinó una cobertura documental falsa para encubrir el viaje; la causa fue derivada a Comodoro Py, donde fue anulada y todos los imputados sobreseídos.
  • Carlos Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2018 mediante un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri, sin concurso específico para el cargo.
  • En febrero de 2026 se reveló que el magistrado festejó su cumpleaños en una quinta vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en medio de la investigación judicial sobre la entidad.
  • Su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, impulsó la prórroga del mandato paterno por cinco años, aprobada por el Senado el 14 de mayo de 2026 con 58 votos a favor.

Investigación 🔎

Una manguera desconectada cinco segundos: el origen de 90 muertes por fentanilo contaminado

La hipótesis judicial que investiga la causa del fentanilo adulterado señala que la ruptura de la cadena de esterilización en el Laboratorio Ramallo, un fallo de segundos que operarios reconocieron en mensajes privados, derivó en la contaminación de tres lotes que llegaron a hospitales de todo el país. El juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Rotela avanzan sobre una trama de negligencia, encubrimiento y destrucción de pruebas.

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La manguera desconectada cinco segundos: la hipótesis técnica sobre el origen de las 90 muertes por fentanilo.

La desconexión de una manguera de apenas tres milímetros durante menos de cinco segundos en la planta del Laboratorio Ramallo habría sido el punto de partida de la contaminación masiva que dejó 90 personas fallecidas y otras 44 afectadas en distintos puntos del país. Esa es la hipótesis central que desarrolla la investigación judicial en curso, según información surgida de los peritajes técnicos incorporados a la causa.

El fallo técnico que nadie detuvo

De acuerdo con la reconstrucción pericial, el incidente se produjo en una fase crítica del proceso de fabricación: el sector donde el fentanilo en polvo se disuelve en agua esterilizada para su posterior envasado en ampollas de vidrio. En ese tramo, una manguera de acero quirúrgico transporta la mezcla hacia el área de llenado. El contacto del dispositivo con el aire del recinto rompe la esterilidad absoluta que el proceso exige.

Las Buenas Prácticas de Fabricación vigentes en la industria farmacéutica establecen con claridad el protocolo ante cualquier incidente de este tipo: suspender el procedimiento, limpiar el área y descartar el producto afectado. Nada de eso ocurrió. Según surge de la investigación, los operarios reconectaron la manguera y completaron el llenado de tres lotes adicionales que fueron liberados al mercado y distribuidos a hospitales de todo el país.

Los mensajes que lo prueban: «ese que se desconectó la manguera, ¿te acordás?»

La evidencia más comprometedora para los imputados no provino de los registros de fabricación, sino de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos. En los chats extraídos, empleados del área de control de calidad admitieron las irregularidades con una crudeza que la fiscalía incorporó al expediente. En uno de los intercambios, un trabajador escribió: «Nos agarran por el fentanilo ese de mierda; ese que se desconectó la manguera, ¿te acordás?»

En la misma conversación, los interlocutores reconocían que el producto estaba «re contaminado» y que se habían solicitado muestras nuevas a pesar de que el lote ya había sido comercializado. La fiscal Laura Rotela remarcó que el laboratorio recibió múltiples alertas sobre la peligrosidad de los medicamentos elaborados sin respetar los protocolos de seguridad, y que no se adoptaron medidas preventivas para resguardar la salud pública pese a esas advertencias.

La «re-esterilización» que pudo convertir el fármaco en placebo

Tras reportarse las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata, la firma HLB Pharma intentó una maniobra de emergencia: someter las ampollas ya envasadas a un proceso de calor a 107 grados con el objetivo de «re-esterilizarlas». Según advirtieron especialistas consultados por la investigación, esa intervención pudo haber transformado el medicamento en un placebo al destruir el principio activo y eliminar el efecto analgésico original del fentanilo.

La fiscalía denunció además una presunta «operación limpieza» posterior al estallido del escándalo, que habría incluido la quema de pruebas documentales y la eliminación de registros de fabricación. Esa maniobra se suma a la lista de conductas investigadas como entorpecimiento de la justicia.

La causa avanza: procesados, imputadas y próximos pasos

La causa es conducida por el juez federal Ernesto Kreplak y mantiene detenidos a los responsables de la firma HLB Pharma. En paralelo, la investigación imputó a exfuncionarias de ANMAT e INAME por su rol en el control de la planta. En los próximos días, el Juzgado Federal N° 3 de La Plata definirá la situación procesal de las exfuncionarias involucradas en la fiscalización del laboratorio.

La causa no solo interpela a los laboratorios: pone bajo la lupa al Estado y su capacidad de control sobre la cadena de producción farmacéutica. La pregunta que la investigación judicial deja abierta es si el colapso de los controles fue producto de la negligencia, de la complicidad o de ambas cosas a la vez.

Puntos clave

  • Una desconexión de menos de cinco segundos en una manguera del Laboratorio Ramallo habría desencadenado la contaminación de tres lotes de fentanilo distribuidos a hospitales del país.
  • Los mensajes secuestrados de celulares de empleados prueban que el personal de control de calidad conocía la contaminación del producto y que el lote fue vendido de todas formas.
  • La firma HLB intentó «re-esterilizar» las ampollas a 107 grados, una maniobra que pudo haber convertido el fármaco en un placebo inerte.
  • La fiscal Laura Rotela señaló que el laboratorio recibió alertas previas sobre la peligrosidad de los medicamentos y no adoptó medidas preventivas.
  • El Juzgado Federal N° 3 de La Plata definirá en los próximos días la situación procesal de las exfuncionarias de ANMAT e INAME imputadas en la causa.
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