Judiciales ⚖️
La guerra de pliegos: Bullrich también veta candidatos a jueces y desafía a los Milei
Una nueva fractura sacude al oficialismo: Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó públicamente la decisión presidencial de retirar la candidatura de una jueza y habría objetado personalmente a al menos seis postulantes al Poder Judicial, desatando una pelea interna que expone las contradicciones del proyecto libertario a menos de un año de las elecciones legislativas.
Bullrich vetó a seis candidatos judiciales y desafió a Milei por los pliegos en el Senado
★ Una disputa por los nombramientos judiciales dividió al bloque oficialista en el Senado y puso sobre la mesa las tensiones acumuladas dentro de La Libertad Avanza (LLA). El detonante fue la candidatura de María Verónica Michelli, postulante a integrar el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de La Plata, un tribunal que ni siquiera fue creado. Cuando el Poder Ejecutivo decidió retirar su pliego, la senadora Patricia Bullrich salió a defenderla públicamente y manifestó su «objeción de conciencia», desafiando abiertamente la voluntad del presidente Javier Milei.
La situación escaló hasta el punto en que Bullrich ofreció su renuncia como titular del bloque senatorial, en un gesto que muchos en el oficialismo interpretaron como un movimiento político de cara a las elecciones de 2025.
Por qué Milei objetó a Michelli
Según información difundida en el ámbito legislativo, el problema de Michelli no radica en su trayectoria judicial. La abogada lleva 32 años en el Poder Judicial y es secretaria del TOF 1 de La Plata. El veto presidencial tendría su origen en un vínculo familiar: la hermana de Michelli está casada con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien investigó entre otros casos la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, un asunto que incomoda especialmente al entorno presidencial.
El retiro del pliego de Michelli tuvo derivaciones judiciales inmediatas. El fiscal Guillermo Marijuan solicitó investigar una denuncia presentada por integrantes de Reset Republicano por el veto a la candidata. La presentación tramita en el Juzgado Federal 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien ordenó cotejar si existen denuncias similares y convocó a los denunciantes a ratificar su presentación.
La lista negra y los seis objetados
Mientras el escándalo por Michelli se ventilaba en los medios, desde el oficialismo trascendió que Bullrich tendría su propia lista de candidatos vetados. En el Gobierno hablan de al menos seis postulantes que la senadora habría objetado por razones diversas.
Entre los señalados figuran Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, ambos candidatos a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Desde el entorno de Bullrich les atribuyen vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Catania carga, además, con un antecedente particularmente incómodo para la exministra: es el magistrado que investiga el envío de municiones a Bolivia durante la gestión de Mauricio Macri, expediente en el que Bullrich figura como imputada.
También estaría objetado Juan Mejuto, secretario del TOF 5, a quien se le cuestionan sus vínculos con causas de lesa humanidad y su firma en la solicitada que dio origen a Justicia Legítima. La Oficina de Respuesta Oficial salió a respaldar su candidatura, pero esos argumentos no alcanzaron para despejar los cuestionamientos.
Pablo Matkovic, postulante al TOF de Neuquén, también integra la lista de los objetados. La tensión entre Bullrich y Matkovic tiene historia: en 2017, en su rol de defensor oficial, el abogado presentó un hábeas corpus contra un allanamiento que la entonces ministra de Seguridad ordenó contra la comunidad mapuche en Campo Maripe, en la zona de Vaca Muerta.
El caso más revelador desde el punto de vista ideológico es el de Pablo Rovatti, a quien Bullrich habría vetado por su rol como defensor de la familia de Juan Pablo Kukoc, el joven asesinado por la espalda por el policía Luis Chocobar, figura emblemática de la doctrina de seguridad que Bullrich promovió durante el gobierno de Macri.
Karina y el contraataque
Frente a la rebelión de Bullrich, el denominado «karinismo» prepara su respuesta. La Casa Rosada tiene previsto enviar 45 nuevos pliegos en los próximos días, en un movimiento que busca forzar definiciones y testar el poder real de Bullrich sobre el bloque.
La disputa cobra especial relevancia si se considera que, en más de dos años de gestión, Milei no logró nombrar a ningún juez a través del Senado. Los 149 pliegos enviados hasta la fecha permanecen sin tratamiento en el recinto, con algunos apenas examinados en comisión.
La situación se tensó también en el Colegio de Abogados de la Ciudad, la entidad de la calle Montevideo vinculada a los grandes estudios jurídicos de la City porteña, que salió a defender la candidatura de Michelli. Paradójicamente, ese mismo espacio fue el escenario donde Victoria Villarruel expresó en su momento su rechazo a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, en uno de los primeros quiebres públicos entre la vicepresidenta y el Presidente.
El trasfondo electoral
La crisis de los pliegos no es solo una pelea por nombres: es una batalla por poder dentro de un espacio político que enfrenta su primera prueba electoral seria. Bullrich, que no disimula sus ambiciones para 2025, utiliza cada fricción con los hermanos Milei para construir un perfil propio, diferenciado y con tinte «republicano». Su intervención pública en el caso Michelli, a la que sumó una intimación pública a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada patrimonial, refuerza esa estrategia.
El Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, aliado de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, quedó en el centro de la tormenta. La nómina de candidatos que salió de esa cartera generó rispideces tanto con el sector de Santiago Caputo como con el de Bullrich, lo que revela que la fragmentación interna del oficialismo supera con creces la disputa entre la senadora y los Milei.
Puntos clave
- Patricia Bullrich desafió a Milei al defender públicamente a la candidata a jueza María Verónica Michelli, cuyo pliego fue retirado por el Ejecutivo.
- El veto presidencial a Michelli tendría su origen en el vínculo familiar de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon, investigador de la causa $LIBRA.
- Bullrich habría objetado a al menos seis postulantes judiciales, entre ellos el juez que investiga el envío de municiones a Bolivia, causa en la que ella es imputada.
- El «karinismo» respondió con el anuncio de 45 nuevos pliegos, mientras Milei lleva más de dos años sin lograr nombrar a ningún juez.
- La crisis expone una fragmentación interna que trasciende la figura de Bullrich e involucra a los sectores de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques.
Defensa
Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.
Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.
La ingeniería del fraude
Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.
Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.
Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones
La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.
En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.
La respuesta institucional y sus límites
El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.
El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.
Lo que tenés que saber
- Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
- La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
- La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
- El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
- La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
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