Corrupción, coimas y abusos: la casta judicial que el Consejo de la Magistratura no puede ignorar

★ Desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió la conducción del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces federales registra un balance que mezcla avances concretos con una pregunta incómoda: ¿cuántos de estos procesos terminan en verdadera remoción y cuántos son frustrados en el camino?

El relevamiento confirma que en el período actual fueron removidos los jueces Walter Ricardo Bento y Martín Luciano Poderti, ambos por causales de mal desempeño. Sin embargo, el caso del juez federal rosarino Marcelo Martín Bailaque volvió a exponer una práctica conocida: la renuncia a tiempo como mecanismo para acceder a la jubilación de privilegio y eludir el juicio político.

Bento, Poderti y el caso Bailaque: cuando la renuncia es el camino de escape

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó a Martín Luciano Poderti, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, el 18 de diciembre de 2025 por la causal de mal desempeño. El tribunal, presidido por el camarista José María Escobar Cello, concluyó que «quien fue secretario infiel no puede ejercer la magistratura», en una resolución adoptada por mayoría con dos disidencias.

El caso Bailaque, en cambio, siguió el libreto clásico. Investigado por haber obstaculizado el avance de una causa penal contra un líder narco rosarino y por extorsión a un empresario a cambio de beneficios procesales, con una prisión preventiva domiciliaria dictada por la Justicia de Rosario, el magistrado presentó su renuncia el 11 de junio de 2025, antes de que el Plenario del Consejo pudiera votar su jury. El presidente Javier Milei aceptó la dimisión mediante el Decreto N° 443/2025, desactivando de hecho el proceso disciplinario y habilitando al magistrado a acceder a sus beneficios jubilatorios.

La decisión fue resistida por organizaciones de la sociedad civil. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) solicitaron públicamente al Ejecutivo que rechazara la renuncia para impedir que los expedientes disciplinarios se archivaran automáticamente. El reclamo fue ignorado. La consecuencia fue inmediata: la aceptación de la renuncia dejó dos nuevas vacantes en los juzgados federales de Santa Fe, donde la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ya advertía que seis de los once juzgados de esa jurisdicción carecen de magistrado titular.

Salmain: un paso del jury, con antecedentes ocultos desde 2002

El hecho de mayor relevancia de la semana fue la aprobación, el 28 de mayo de 2026, del dictamen que propone la apertura del procedimiento de remoción del juez federal Gastón Alberto Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. La decisión fue tomada por unanimidad en la Comisión de Acusación, con los votos de su titular, el abogado Alberto Maques, junto a los consejeros Luis Juez, Gonzalo Roca, Álvaro González, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y César Grau.

El caso de Salmain combina dos tipos de irregularidades de distinta naturaleza pero igual gravedad. Por un lado, está procesado por los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita, en el marco de una causa donde está acusado de manipular un expediente para favorecer la salida de diez millones de dólares hacia cuentas en el exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de doscientos mil dólares. La prisión preventiva dictada en su contra no se efectivizó por su inmunidad de arresto como magistrado; la resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario y luego por la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otro lado, el Consejo documentó una maniobra que se extiende por décadas. Desde 2016, Salmain concursó ante el organismo en treinta y tres oportunidades sin consignar en ninguna de ellas que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002 siendo empleado, precisamente por haber ofrecido una coima. En las entrevistas personales, al ser consultado sobre ese período, respondió que había trabajado «solo como auxiliar, hace muchos años», y la conversación avanzó sin mayores indagaciones. En 2023 fue designado juez titular. La acumulación de omisiones deliberadas frente al Consejo fue uno de los argumentos centrales del dictamen aprobado esta semana.

El expediente ahora debe ser ratificado por el Plenario del Consejo de la Magistratura, donde se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes para que el magistrado enfrente el Jurado de Enjuiciamiento. En la sesión del miércoles, el consejero Álvaro González trazó la comparación con el antecedente de Bailaque y planteó en voz alta la pregunta que el sistema institucional no puede eludir: «Si un juez que está procesado con prisión preventiva está en condiciones de ser juez».

Maraniello: el juez que blindó a Karina Milei, acusado de abuso sexual

Inmediatamente después del dictamen sobre Salmain, la Comisión de Acusación resolvió avanzar con la citación formal del juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual, violencia de género y maltrato laboral por empleados y ex empleados de su juzgado.

Las denuncias se iniciaron en 2024 a través del sindicato Asociación de Judiciales y la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal. En noviembre de 2025 el Consejo decidió trasladar el caso de la Comisión de Disciplina a la Comisión de Acusación, instancia que habilita sanciones más graves y puede derivar en la apertura de un juicio político. En aquella sesión, el entonces presidente de Acusación, el senador Luis Juez, advirtió que no había en todo el Consejo un caso que acumulara la cantidad de prueba que se había reunido contra Maraniello.

Los testimonios colectados durante 2026 describieron un patrón de conducta sistemático. El ex camarista Guillermo Antelo declaró que el magistrado exigía a sus empleadas cumplir un código de vestimenta con tacos y minifalda, lo que llevaba a que en los pasillos de Tribunales se las llamara «las azafatas de Maraniello». La secretaria privada María Francos afirmó que el juez desvió personal y fondos del Estado hacia la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), entidad que él mismo preside, y describió su conducta como la de «un violento, un maltratador. Se sacaba y no tenía límites».

Lo que añade una dimensión política al expediente es que Maraniello fue el magistrado que, en 2025, dictó una medida cautelar que benefició a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, prohibiendo la difusión de audios atribuidos a su voz en el marco del escándalo por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La celeridad con que actuó en beneficio del entorno presidencial generó críticas generalizadas en el ámbito judicial y periodístico. Hoy, ese mismo magistrado acumula más de nueve expedientes en su contra ante el organismo que, ahora, avanza para citarlo.

Sanciones disciplinarias y causas en trámite

El relevamiento completa el mapa con una serie de sanciones disciplinarias aplicadas durante el período. En octubre de 2023, los jueces Javier Anzoategui y Luis María Rizzi fueron sancionados con multas pecuniarias por consideraciones vertidas en una sentencia evaluadas como ofensivas para el decoro de la función judicial y los derechos humanos; además, se les exigió completar capacitaciones en la Ley Micaela y perspectiva de género. En mayo de 2024 fue apercibido el juez laboral Alberto Alejandro Calandrino por demoras en el trámite de expedientes y en julio de ese año recibió una multa el juez federal de Eldorado Miguel Ángel Guerrero por denuncias de maltrato laboral formuladas por empleados y funcionarios de su juzgado.

Los procesos en curso ante el Jurado de Enjuiciamiento incluyen las acusaciones contra los magistrados Alfredo Eugenio López y Pablo Ramiro Díaz Lacava.

El balance del período muestra que el Consejo de la Magistratura, bajo la conducción de la Corte Suprema, ha logrado avances concretos en materia disciplinaria. Sin embargo, la aceptación de la renuncia de Bailaque por parte del Ejecutivo Nacional volvió a evidenciar que el sistema mantiene una grieta estructural que permite a los magistrados con causas abiertas escapar del jury mediante la dimisión oportuna, acceder a sus haberes jubilatorios y dejar vacantes que agravan el colapso del fuero federal en el interior del país.

Puntos clave

• Los jueces Walter Ricardo Bento y Martín Luciano Poderti fueron removidos por el Jurado de Enjuiciamiento durante el período actual.
• El juez Marcelo Bailaque renunció antes del jury y accedió a la jubilación de privilegio; Milei aceptó la renuncia pese a los reclamos de organizaciones civiles.
• La Comisión de Acusación aprobó por unanimidad el 28 de mayo de 2026 el dictamen para iniciar el proceso de remoción del juez Gastón Salmain, procesado por corrupción y con antecedentes ocultos desde 2002.
• El juez Alejandro Maraniello, acusado de abuso sexual y maltrato laboral, fue el mismo magistrado que dictó la cautelar que benefició a Karina Milei en el caso ANDIS.
• El mecanismo de la renuncia como vía de escape al juicio político sigue siendo una herramienta que el sistema institucional no ha logrado clausurar.