Judiciales ⚖️
Milei vetó el pliego de una candidata a jueza por ser cuñada de un periodista que lo investiga
El Gobierno retiró del Senado el pliego de María Verónica Michelli cuando ya contaba con las firmas necesarias para avanzar a votación, en una decisión sin precedentes que el propio periodista denunció públicamente como represalia política por sus investigaciones sobre la causa $Libra y el patrimonio de Manuel Adorni.
Libertad de prensa en jaque: Milei veta a una jueza federal para castigar a un periodista que lo investiga
★ El Gobierno de Javier Milei envió el miércoles 27 de mayo al Senado de la Nación el pedido formal de retiro del pliego de María Verónica Michelli, quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata. La decisión se tomó cuando la postulación ya contaba con las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen y avanzar hacia una votación en el recinto. El motivo, según confirmó el propio afectado, fue exclusivamente político: Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, autor de investigaciones que comprometieron a figuras centrales de la administración libertaria.
La nota formal remitida al Senado lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y no consigna ningún fundamento. La orden provino directamente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Una carrera de 32 años truncada por orden presidencial
María Verónica Michelli cuenta con 32 años de trayectoria en la justicia federal. Ingresó al Poder Judicial en octubre de 1994 como auxiliar administrativa y desde entonces escaló posiciones hasta ocupar, hace 16 años, el cargo de secretaria del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, una de las instancias más relevantes del sistema judicial federal. Durante la audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, la candidata señaló que el TOF 1 lleva más de 15 años funcionando con jueces subrogantes, sin titulares permanentes.
Su pliego había reunido las nueve firmas necesarias entre los 17 integrantes de la comisión. Sin embargo, el presidente de esa comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se negó a presentar el despacho, en una maniobra que contraría los usos reglamentarios de la Cámara alta. El retiro formal llegó horas después.
El periodista que incomoda al poder
El periodista Hugo Alconada Mon estuvo a cargo de las pesquisas periodísticas sobre la criptoestafa $Libra, la evolución patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los vínculos entre el ex diputado José Luis Espert y Fred Machado, quien firmó en Texas un acuerdo de culpabilidad por lavado de dinero. Alconada Mon confirmó públicamente la razón del veto: «Para quienes me preguntan: sí, esto es verdad. El Gobierno veta la designación de una candidata a jueza federal por ser la cuñada de un periodista que investiga al oficialismo.»
La decisión de la Casa Rosada fue interpretada como un mecanismo de disciplinamiento hacia el periodismo crítico: una señal de que el parentesco con un periodista que investiga al oficialismo es causa suficiente para truncar una carrera judicial de tres décadas, sin importar los méritos ni el proceso institucional ya cumplido.
La grieta con los bloques dialoguistas
La medida generó una fractura visible con los sectores que habían firmado el dictamen. El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, uno de los firmantes del despacho, anunció que su espacio no abandonará la postulación: «Desde el PRO sostenemos su postulación», señaló el senador. Goerling argumentó que «la idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional» y calificó de «desprolijidad institucional» frenar el proceso después de que cumpliera todas las instancias previstas, sin impugnaciones de ningún tipo.
La ruptura expone una contradicción en la estrategia del Ejecutivo: por un lado, retira el pliego de una candidata con amplio respaldo en la comisión; por el otro, el Gobierno levantó sus objeciones a los pliegos de los jueces Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, quienes habían sido cuestionados por sus vínculos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia. El veto original sobre estos magistrados se levantó tras negociaciones reservadas con representantes de la ministra Patricia Bullrich y sectores de la conducción libertaria. La lógica resulta transparente: hay pliegos que se frenan y pliegos que se habilitan, no en función de la idoneidad de los candidatos, sino de la conveniencia política del momento.
Un patrón de represalia contra la prensa crítica
El caso Michelli no es un episodio aislado. La administración libertaria lleva un historial documentado de tensiones y acciones contra periodistas y comunicadores que cubrieron casos incómodos para el oficialismo. Vetar a la cuñada de un periodista como forma de presión representa una escalada de esa lógica: ya no se confronta al periodista en el espacio público, sino que se afecta a su entorno familiar para enviar una advertencia. El mensaje implícito es claro e inquietante: investigar al poder tiene costos que van más allá del propio periodista.
Puntos clave
- El Gobierno retiró el pliego de María Verónica Michelli del Senado cuando ya contaba con las firmas necesarias para avanzar a votación en el recinto.
- La única razón documentada es su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó la causa $Libra y el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
- La nota de retiro fue firmada por Javier Milei y el ministro Juan Bautista Mahiques, sin expresar fundamentos; la orden provino de Karina Milei.
- El bloque del PRO, con Martín Goerling a la cabeza, anunció que sostendrá la postulación pese a la decisión del Ejecutivo.
- En paralelo, el Gobierno levantó sus objeciones a los pliegos de Galván Greenway y Catania (cuestionados por vínculos con la AFA) tras negociaciones reservadas.
Defensa
Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.
Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.
La ingeniería del fraude
Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.
Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.
Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones
La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.
En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.
La respuesta institucional y sus límites
El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.
El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.
Lo que tenés que saber
- Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
- La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
- La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
- El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
- La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
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