Judiciales ⚖️
Milei vetó el pliego de una candidata a jueza por ser cuñada de un periodista que lo investiga
El Gobierno retiró del Senado el pliego de María Verónica Michelli cuando ya contaba con las firmas necesarias para avanzar a votación, en una decisión sin precedentes que el propio periodista denunció públicamente como represalia política por sus investigaciones sobre la causa $Libra y el patrimonio de Manuel Adorni.
Libertad de prensa en jaque: Milei veta a una jueza federal para castigar a un periodista que lo investiga
★ El Gobierno de Javier Milei envió el miércoles 27 de mayo al Senado de la Nación el pedido formal de retiro del pliego de María Verónica Michelli, quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata. La decisión se tomó cuando la postulación ya contaba con las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen y avanzar hacia una votación en el recinto. El motivo, según confirmó el propio afectado, fue exclusivamente político: Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, autor de investigaciones que comprometieron a figuras centrales de la administración libertaria.
La nota formal remitida al Senado lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y no consigna ningún fundamento. La orden provino directamente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Una carrera de 32 años truncada por orden presidencial
María Verónica Michelli cuenta con 32 años de trayectoria en la justicia federal. Ingresó al Poder Judicial en octubre de 1994 como auxiliar administrativa y desde entonces escaló posiciones hasta ocupar, hace 16 años, el cargo de secretaria del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, una de las instancias más relevantes del sistema judicial federal. Durante la audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, la candidata señaló que el TOF 1 lleva más de 15 años funcionando con jueces subrogantes, sin titulares permanentes.
Su pliego había reunido las nueve firmas necesarias entre los 17 integrantes de la comisión. Sin embargo, el presidente de esa comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se negó a presentar el despacho, en una maniobra que contraría los usos reglamentarios de la Cámara alta. El retiro formal llegó horas después.
El periodista que incomoda al poder
El periodista Hugo Alconada Mon estuvo a cargo de las pesquisas periodísticas sobre la criptoestafa $Libra, la evolución patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los vínculos entre el ex diputado José Luis Espert y Fred Machado, quien firmó en Texas un acuerdo de culpabilidad por lavado de dinero. Alconada Mon confirmó públicamente la razón del veto: «Para quienes me preguntan: sí, esto es verdad. El Gobierno veta la designación de una candidata a jueza federal por ser la cuñada de un periodista que investiga al oficialismo.»
La decisión de la Casa Rosada fue interpretada como un mecanismo de disciplinamiento hacia el periodismo crítico: una señal de que el parentesco con un periodista que investiga al oficialismo es causa suficiente para truncar una carrera judicial de tres décadas, sin importar los méritos ni el proceso institucional ya cumplido.
La grieta con los bloques dialoguistas
La medida generó una fractura visible con los sectores que habían firmado el dictamen. El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, uno de los firmantes del despacho, anunció que su espacio no abandonará la postulación: «Desde el PRO sostenemos su postulación», señaló el senador. Goerling argumentó que «la idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional» y calificó de «desprolijidad institucional» frenar el proceso después de que cumpliera todas las instancias previstas, sin impugnaciones de ningún tipo.
La ruptura expone una contradicción en la estrategia del Ejecutivo: por un lado, retira el pliego de una candidata con amplio respaldo en la comisión; por el otro, el Gobierno levantó sus objeciones a los pliegos de los jueces Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, quienes habían sido cuestionados por sus vínculos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia. El veto original sobre estos magistrados se levantó tras negociaciones reservadas con representantes de la ministra Patricia Bullrich y sectores de la conducción libertaria. La lógica resulta transparente: hay pliegos que se frenan y pliegos que se habilitan, no en función de la idoneidad de los candidatos, sino de la conveniencia política del momento.
Un patrón de represalia contra la prensa crítica
El caso Michelli no es un episodio aislado. La administración libertaria lleva un historial documentado de tensiones y acciones contra periodistas y comunicadores que cubrieron casos incómodos para el oficialismo. Vetar a la cuñada de un periodista como forma de presión representa una escalada de esa lógica: ya no se confronta al periodista en el espacio público, sino que se afecta a su entorno familiar para enviar una advertencia. El mensaje implícito es claro e inquietante: investigar al poder tiene costos que van más allá del propio periodista.
Puntos clave
- El Gobierno retiró el pliego de María Verónica Michelli del Senado cuando ya contaba con las firmas necesarias para avanzar a votación en el recinto.
- La única razón documentada es su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó la causa $Libra y el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
- La nota de retiro fue firmada por Javier Milei y el ministro Juan Bautista Mahiques, sin expresar fundamentos; la orden provino de Karina Milei.
- El bloque del PRO, con Martín Goerling a la cabeza, anunció que sostendrá la postulación pese a la decisión del Ejecutivo.
- En paralelo, el Gobierno levantó sus objeciones a los pliegos de Galván Greenway y Catania (cuestionados por vínculos con la AFA) tras negociaciones reservadas.
Economía 💲
Otro alivio judicial para Caputo: la Cámara frenó la causa por los fondos viales
La Cámara Federal sacó de la causa a la diputada Victoria Tolosa Paz y al gobernador Ricardo Quintela y suspendió los pedidos de informes ordenados por Lijo sobre un fideicomiso vial con 73,8% de subejecución. El fallo respaldó el planteo del fiscal Stornelli, en una investigación que apunta al Ministerio de Economía de Luis Caputo.
La Cámara Federal sacó de la causa a quienes pedían investigar el destino de los fondos de las rutas y dejó sin efecto las medidas de prueba que había ordenado el juez Ariel Lijo. El fallo llegó después de que el fiscal Carlos Stornelli, que había dictaminado desestimar la denuncia, apelara por vía de queja y se quejara de que el magistrado avanzó con pedidos de informes cuando él ya había planteado cerrar el expediente.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Bertuzzi y Yadarola, firmaron la resolución el miércoles en la causa por la supuesta malversación del fideicomiso Sistema Vial Integrado (SisVial). La investigación apunta al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, a quien el Poder Judicial volvió a darle un respiro en un expediente incómodo para el Gobierno de Javier Milei.
Qué resolvió la Cámara
Los camaristas revocaron el punto de una resolución de Lijo que había aceptado como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Además, dejaron sin efecto las medidas ordenadas el 28 de agosto “al menos hasta tanto lo decidido adquiera firmeza”.
Ese día, Lijo había pedido informes al Ministerio de Economía sobre la gestión del fideicomiso, a Vialidad Nacional sobre distintas obras y rutas nacionales, y a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación para saber si hubo trabajos de auditoría sobre el fideicomiso vial. Esa información, que podía aportar datos concretos al expediente, queda ahora en suspenso.
El argumento de Stornelli: los fondos se podían invertir
Stornelli sostuvo que el Gobierno gestionó los fondos conforme a las pautas del Decreto 976/2001, que creó el fideicomiso. Según el fiscal, el artículo 21 de esa norma habilita al fiduciario, en este caso el Banco Nación, a invertir los recursos en títulos públicos o plazos fijos. Agregó que un decreto posterior, firmado por Milei en 2025, dejó vía libre para colocar los excedentes en instrumentos públicos.
Sobre esa base pidió la desestimación de la denuncia y reclamó ante la Cámara por la incorporación de los querellantes y por las medidas que dispuso Lijo después de su dictamen. La Cámara le dio la razón en ambos planteos.
Por qué rechazaron a Tolosa Paz y a Quintela
Tras escuchar a las partes durante semanas, Bertuzzi y Yadarola coincidieron en que ni la diputada de Unión por la Patria y ex ministra de Desarrollo Social ni el gobernador riojano reúnen los requisitos para ser parte. Tolosa Paz había invocado su condición de usuaria de las rutas nacionales 3 y 5. Los jueces respondieron que su calidad de legisladora y de usuaria “pueden demostrar un eventual interés en denunciar, pero no una lesión personal”, y que los hechos denunciados no la tienen como particularmente ofendida ni siquiera de manera hipotética.
Quintela, por su parte, había argumentado que varias rutas nacionales atraviesan La Rioja y que la decisión de colocar los fondos del SisVial en inversiones afectó económicamente a la provincia. Para los camaristas, no se advierte de qué modo los actos denunciados pudieron afectar a la provincia de forma “directa, singular y diferenciada”. Agregaron que el hecho de que las rutas crucen el territorio provincial, o de que la provincia haya costeado gastos puntuales en alguna de ellas, no la convierte en particularmente ofendida.
Los fundamentos conocidos del fallo giran en torno a quién puede ser parte de la causa y no despejan si la colocación de los fondos viales en instrumentos financieros fue la decisión correcta.
El origen de la denuncia: una subejecución del 73,8%
La denuncia penal nació de una investigación periodística del diario La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, que señaló que la tasa de subejecución del fideicomiso alcanzó el 73,8% durante la administración libertaria. Según esos datos, se ejecutó el 11,3% de lo recaudado en 2024, el 39% de lo recaudado en 2025 y el 18,5% de los fondos obtenidos entre enero y mayo de 2026.
Los recursos del SisVial tienen afectación específica para obras viales y provienen de una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Es decir que el dinero que se cobra a quienes cargan nafta tiene un destino fijado: mantener y mejorar las rutas del país. El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de esos impuestos la dispone el Ministerio de Economía, y no precisó cuánto corresponde a cada destino.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de la Cámara Federal revocó la aceptación de Victoria Tolosa Paz y Ricardo Quintela como querellantes en la causa por el fideicomiso SisVial.
- Los camaristas dejaron sin efecto las medidas que Lijo ordenó el 28 de agosto, al menos hasta que lo resuelto adquiera firmeza.
- Stornelli había dictaminado la desestimación de la denuncia y sostuvo que el Decreto 976/2001 permite invertir los fondos en títulos públicos o plazos fijos.
- Los jueces consideraron que ni la diputada ni el gobernador acreditaron una afectación directa por la forma en que se administraron los fondos.
- La denuncia se basó en una subejecución del 73,8% del fideicomiso durante la gestión libertaria, según una investigación periodística.
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