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Belgrano Cargas: el Gobierno retoca el pliego y posterga la privatización
Con la Resolución 1914/2026, la apertura de ofertas pasó del 11 de noviembre al 21 de diciembre, a pedido de las empresas interesadas. El Gobierno también reescribió exigencias financieras y técnicas del pliego para concesionar por 50 años las vías de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
Las empresas que quieren quedarse con las vías del Belgrano Cargas pidieron más tiempo y el Gobierno se los dio: la apertura de ofertas se corrió del 11 de noviembre al 21 de diciembre, y el pliego cambió reglas en pleno proceso.
Así lo dispuso la Resolución 1914/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que modifica el cronograma de la licitación para la concesión de obra pública de las vías, los inmuebles aledaños y el uso de talleres de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, con opción de compra de material rodante, en el marco de la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. El llamado original se había oficializado el 20 de agosto mediante la Resolución 1350/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, por un plazo de 50 años.
Más plazo a pedido de los interesados
La propia norma explica el cambio: empresas interesadas formularon múltiples consultas y solicitudes, y reclamaron más tiempo para inspeccionar en el lugar la infraestructura y evaluar las inversiones requeridas. En respuesta, se reprogramaron los plazos contractuales.
El nuevo cronograma quedó así: las consultas al pliego se podrán realizar hasta el 3 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas (el plazo original vencía el 28 de octubre); las ofertas se recibirán hasta el 21 de diciembre de 2026 a las 09:59 horas, y la etapa 1 de apertura se realizará ese mismo día a las 10:00 horas.
Reglas nuevas para el peaje, las sociedades y el RIGI
La resolución también introduce precisiones operativas y aclaraciones sobre el procedimiento. La tarifa de peaje máxima que propongan los oferentes podrá expresarse con hasta cinco decimales en dólares por tonelada/kilómetro bruta (US$/TKM). Además, se precisó el marco constitutivo de las Sociedades de Propósito Específico (SPE) que firmarán los contratos de concesión.
El punto más sensible es el vínculo con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Por cada línea, el interesado deberá elegir entre una Oferta A o una Oferta B, sin poder usar ambas, y la alternativa admitida dependerá de si manifiesta o no la intención de solicitar beneficios del régimen. Quien opte por esa variante deberá constituir una segunda garantía de mantenimiento de oferta, igual que la primera. La norma aclaró que manifestar la intención de pedir los beneficios no implica que la adhesión al RIGI sea aprobada.
Exigencias que favorecen a los consorcios
En materia financiera, la solvencia económica podrá acreditarse a través de hasta dos socios financieros, que deberán cumplir individualmente con índices de solvencia y liquidez mayores o iguales a uno. El cambio favorece a las ofertas con varios integrantes. Quien se postule para operar más de una línea deberá acreditar el patrimonio neto correspondiente a cada una, para demostrar que puede afrontar la operación conjunta.
En el plano técnico, el socio técnico deberá mantener una participación accionaria mínima del 10% con derecho a voto durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras obligatorias u optativas. Los Contratistas Nominados, por su parte, asumirían responsabilidad solidaria e ilimitada por idéntico período.
Un pliego que se reescribe sobre la marcha
A menos de tres meses del llamado, el Gobierno ya corrigió el calendario y reformuló condiciones centrales de una concesión por medio siglo sobre una red ferroviaria construida con fondos públicos. El motivo oficial es que los interesados necesitaban más tiempo para evaluar cuánto deberán invertir, y la reprogramación responde a ese reclamo. La segunda ronda de ajustes, además, vuelve más flexible el acceso de grupos con varios socios, y deja abierta la puerta a que cada oferente decida si busca o no los beneficios del RIGI.
Con el nuevo cronograma, la definición de quién administrará las vías de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza quedó para después del 21 de diciembre.
Lo que tenés que saber:
- La Resolución 1914/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, reprogramó la licitación del Belgrano Cargas.
- La presentación de ofertas pasó al 21 de diciembre de 2026 a las 09:59 horas; la apertura de la etapa 1 será a las 10:00 horas.
- Las consultas al pliego podrán hacerse hasta el 3 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas.
- Cada oferente deberá elegir por línea entre una Oferta A o una Oferta B según busque o no beneficios del RIGI, con una segunda garantía en caso de solicitarlos.
- La solvencia podrá acreditarse con hasta dos socios financieros, y el socio técnico deberá mantener al menos el 10% accionario por 180 días.
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ATN: UxP quiere repartir por ley $1,1 billones que Milei retiene mientras avanza El Niño
Germán Martínez y Ariel Rauschenberger proponen distribuir la mitad de los $2,2 billones de Aportes del Tesoro Nacional acumulados, con 25% en partes iguales y 75% por coparticipación. Hoy el reparto depende de la discrecionalidad del Ejecutivo.
Mientras el Paraná crece en Corrientes y Entre Ríos y el Servicio Meteorológico Nacional da por segura la persistencia de El Niño hasta el verano, el Gobierno nacional tiene guardados unos $2,2 billones de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el fondo que existe justamente para asistir a las provincias en emergencias. Unión por la Patria presentó en Diputados un proyecto para liberar la mitad de ese dinero por ley y sacarle al Ejecutivo la llave del reparto.
La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque, Germán Martínez, y del diputado pampeano Ariel Rauschenberger. Propone una asignación “excepcional y única” de $1,1 billones para prevención, respuesta y reconstrucción frente a El Niño 2026-2027 y otras emergencias climáticas. El resto quedaría como reserva del Tesoro para contingencias.
Cómo se repartiría la plata
El 25% se distribuiría en partes iguales entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el 75% según los coeficientes de coparticipación federal vigentes. El proyecto busca “un mecanismo objetivo que permita fortalecer la capacidad de prevención y respuesta del conjunto de los gobiernos provinciales, sin quedar sujeto a decisiones individuales de asignación”.
“Esos 2,2 billones son recursos que por derecho corresponden a las provincias y hoy se encuentran frenados sin uso”, sostuvieron los diputados. El monto surge, según el texto, de estimaciones de septiembre de 2026.
Un fondo que se usa como premio y castigo
Los ATN se integran con el 1% de la masa coparticipable y la ley los reserva para emergencias y desequilibrios financieros de las provincias, pero su distribución queda en manos del Ministerio del Interior. En la práctica, el reparto discrecional se convirtió en una herramienta de negociación política con los gobernadores. Como informó El Argentino el 5 de noviembre, el Gobierno giró apenas $13.500 millones a cuatro provincias y que hasta entonces había repartido solo el 18% del fondo.
La pelea no es nueva. En 2025 los gobernadores impulsaron en el Congreso una ley para distribuir los ATN de manera automática, que Milei vetó. El nuevo proyecto intenta otra vía: una asignación por única vez, atada a la emergencia climática, para sumar apoyos de mandatarios que necesitan fondos para obras hídricas y asistencia.
El Niño, la urgencia que no espera
El texto advierte que los efectos de El Niño ya se ven en Corrientes y Entre Ríos, con crecidas preocupantes del Paraná, y cita a la Organización Meteorológica Mundial, que prevé la máxima intensidad del fenómeno hacia diciembre y su persistencia hasta febrero de 2027. Según el proyecto, el SMN estimó una probabilidad del 100% de que continúe durante el último trimestre de 2026.
El reclamo choca con la lógica fiscal del Gobierno. Según la consultora Analytica, en octubre las transferencias a las provincias cayeron 56,5% real y acumulan un recorte de 61% en el año. Retener los ATN ayuda a sostener el superávit; el costo lo pagan las provincias que deben responder a las inundaciones con recursos propios.
Lo que tenés que saber:
- Germán Martínez y Ariel Rauschenberger presentaron un proyecto para repartir por ley $1,1 billones de los ATN no distribuidos.
- El Gobierno acumula unos $2,2 billones de ATN sin repartir, según estimaciones de septiembre citadas en el proyecto.
- El 25% iría en partes iguales a las provincias y la Ciudad, y el 75% por coeficientes de coparticipación.
- El fondo se destinaría a prevención, respuesta y reconstrucción frente a El Niño 2026-2027.
- Hoy el reparto de los ATN depende de la decisión del Ejecutivo y hasta ahora se repartió solo el 18% del fondo.
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