Análisis
La ley de la selva avanza sobre los alquileres
Por Mariana Collante
En declaraciones radiales, el presidente electo, Javier Milei, anunció que va a derogar la ley de alquileres para que las partes negocien libremente, inclusive en cualquier moneda.
Estas palabras hoy afectan a quienes deben alquilar una vivienda, o renovar un contrato. Las transacciones del sector están suspendidas hasta que el libertario cumpla con el sueño dorado de las inmobiliarias: suprimir los marcos regulatorios vigentes. Esto implica que el dueño del inmueble decidirá cada cuándo va a aumentar el monto, en qué porcentaje y la moneda en que quiere cobrar la renta.
Para concretar la medida, Milei tendrá que firmar un decreto y luego enviarlo al Congreso para su ratificación. Teniendo en cuenta las discusiones en torno a esta ley desde su aprobación en 2020, creemos que contará con el aval legislativo. Por lo tanto, ocho millones de inquilinos e inquilinas quedarán librados a su suerte. Alquilar en Argentina será la aplicación de la ley de la selva, es decir, solo prevalecerá la voluntad del más poderoso.
Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, dice que “no hubo representación política, ni Estado protector, para la causa inquilina. Hubo pudor y oportunismo de muchos dirigentes. De hecho, la palabra pública fue monopolizada por el mercado inmobiliario y por nosotros”. Muñoz señala que el progresismo, en general, no quiso meterse en la discusión de la renta inmobiliaria.
Las declaraciones de Javier Milei no pueden sorprender a la población, y mucho menos, a sus votantes. En primer lugar, porque el discurso liberal pretende dejar todo en manos del mercado, inclusive algo tan esencial como la vivienda, donde desarrollamos nuestros proyectos de vida. Y en segundo lugar, porque en la plataforma política de La Libertad Avanza está especificada la lógica falaz del “libre acuerdo de partes” en cuanto a plazos, montos y moneda.
Las políticas públicas que pretende aplicar Milei tienen una clara referencia en la década del 90’, es más, incluye a muchos de sus ejecutores. Fernando Muñoz considera que “hay que hacer un curso acelerado sobre lo que pasó del 89 al 91 para entender lo que va a venir. Y hay que desmentir que el único
problema es dictadura o democracia, porque por segunda vez en 40 años podemos pasar por un desguace estatal, un indulto, más desregulaciones, nuevas privatizaciones y viejos colaboradores de la dictadura convertidos en ministros”. Agrega, además, que el marco es el mismo, pero aun así, en los comienzos de Menem se votó una ley de emergencia locativa que congeló la indexación de los contratos por seis meses. “Se duplicó la cantidad de hogares inquilinos, y a pesar de la experiencia kirchnerista la representación legislativa está mucho menos comprometida con el sector que hace 35 años”.
Ante la amenaza de este viejo futuro, las organizaciones inquilinas redoblarán sus esfuerzos para intentar frenar la medida.
Análisis
La hidrovía del rio Paraná: una cuestión geopolítica
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la hidrovia del Paraná. ¿Por qué?
Por Jesús Rivero*
Quizá, porque el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU y aliado de Donald Trump habia enviado una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una “influencia maligna china» en la puja del contrato.
No es casualidad que esa misma semana el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen, director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación explicita mas grande del ejecutivo de Javier Milei, es una cuestión de geopolítica.
La hidrovia del rio Paraná-Paraguay es la principal via navegable de exportación Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Por la hidrovia circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año.
El contrato que se esta licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la via navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dolares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995 compite contra DEME (también belga) que incorporo al fondode inversiones estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge y Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. Aunque el Gobierno excluyó de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejo afuera a las chinas, no le impide la disputa e influencia del gigante asiático.
El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta en primer lugar hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, amigos de Santiago Caputo. A través de su firma Edison Energía fundada apenas un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito (h) y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados.
Pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del pais: generación, transporte y distribución.
¿Los Neuss y Caputo, son familia?
Los Neuss financian la Fundación Faro que conducen Agustín Laje y Francisco Caputo, Hermano de Santiago Caputo. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas para recaudar fondos para La Libertad Avanza. En febrero de 2025 aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria para las elecciones de medio termino. Y, Servimagnus, el socio local de Jan De Nul esta vinculado al Grupo Román, que también aparece en el mapa de subcontratistas junto a los Neuss.
El otro punto de tensión es de escala geopolítica ya que alertaron a EEUU de una presunta influencia China en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME que quedo en segundo lugar en la evaluación técnica traslado a funcionarios de Washington que Servimagnus el socio local de Jan De Nul tendría vinculos con empresas chinas a traves de Agrofina y esa conexión representaria “un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y Estados Unidos”. Eso describe la carta que Mast envió a Rubio, elevando la cuestión al terreno diplomático. Y, temiendo perder el negocio geopolítico en terminos de intereses de Estados Unidos y violando el derecho internacional en relación a la soberania e intereses del Estado-Nación de Argentina.
Jan De Nul y Servimagnus no se responsabilizan de tales acusaciones en un comunicado que explicita “las referencias que buscan instalar un supuesto vinculo de JDN y Servimagnus con capitales chinos son falsas y malintencionadas». Asimismo respondieron que DEME habia integrado un Joint Venture con firmas chinas en la licitación corta de la Hidrovia de 2022 y en proyectos en Ecuador.
En lo que respecta al Gobierno, se defiende y argumenta que la licitación fue auditada por la UNCTAD y que conto con mesas participativas con exportadores, cerealeras y entidades industriales.
¿Y Rafecas, para quien juega?
Las denuncias no llegaron solo desde el frente internacional y la oposición. La semana pasada la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre “serías irregularidades en el proceso”.
El organismo señalo ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas,clausulas restrictivas en las impugnaciones, que exigen una garantía de diez millones de dólares para cuestionar decisiones administrativas y riesgos de direccionamiento del proceso. Fue el tercer informe crítico emitido sobre la licitación.
El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen como base para presentar un nuevo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. “El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento trasparente», afirmó, Taiana.
Sin embargo el juez Rafecas rechazo el pedido de suspensión cautelar el jueves 21 de mayo. Rafecas coincidio con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyo que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. Con este posicionamiento que no es nuevo, esta claro para quien juega Rafecas.
Hoy, como hace decadas la hidrovia más importante de Sudamérica, responde a los intereses del lobby internacional, como Rafecas, y como Santiago Caputo que corre a dar explicaciones a los dueños de todo.
*Escritor y activista político militante de Podemos Argentina. (fundador del Frente de Liberación Socialista en Argentina)
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