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Entra en vigencia la nueva Ley de Alquileres con amplios cambios en contratos y beneficios fiscales

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A partir de mañana entra en vigencia la nueva Ley de Alquileres, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados y promulgada hoy según el Boletín Oficial. La normativa establece contratos de alquiler con una duración mínima de tres años y actualizaciones semestrales basadas en el índice denominado Casa Propia, utilizado para créditos.

La ley prohíbe la fijación de alquileres en monedas extranjeras y aplica ajustes cada seis meses, utilizando un coeficiente que considera la variación salarial y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Además, la legislación otorga beneficios fiscales, eximiendo del pago del monotributo a ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles, y eximiendo también del Impuesto de Bienes Personales e Impuesto a los Débitos y Créditos para operaciones vinculadas a los contratos.

La ley, que invita a las jurisdicciones provinciales a aprobar otros beneficios tributarios, permite a propietarios e inquilinos descontar del Impuesto a las Ganancias el 10% del valor total del alquiler anual.

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Nuevo insuficiente bono de $70.000 para jubilados

De esta forma la jubilación mínima quedaría en torno a la miseria de $277.000.

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El Gobierno confirmó que en junio se otorgará un bono adicional a los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo de $70.000. Con este bono, la jubilación mínima se elevaría a alrededor de $277.000. En mayo, la jubilación mínima fue de $190.141, que con un incremento del 8,8% por inflación se eleva a $207.000, y con el bono adicional, se alcanzaría la cifra de $277.000, valores ínfimos que no alcanzan ni para sobrevivir 15 días en esta Argentina de tarifazos y aumentos de precios galopantes.

Por otro lado, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) se incrementaría hasta los $235.000. El Gobierno sigue con su política de aumentar los haberes mínimos a través de un bono, pero al no actualizarlos, se está produciendo una licuación.

El principal desafío a esta política podría surgir del Congreso, ya que los dictámenes de la oposición para modificar la fórmula y ajustar la actualización por el bimestre enero/diciembre que el Gobierno había establecido en 12,5% están avanzando. Esto podría complicar la situación de las cuentas fiscales y reducir el falso superávit fiscal dibujado por el Gobierno.

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