Análisis
Luto mundial ¡Por Salvador Allende!
A 50 años del golpe de Estado en Chile, perpetrado por el dictador Augusto Pinochet.
Por Alejo Brignole
Hoy se cumplen 50 años de la muerte y derrocamiento de Salvador Allende. Y este es el orden en que deben enunciarse los eventos históricos: primero muerte y luego derrocamiento, porque Allende jamás rindió su posición de presidente legítimo elegido por el pueblo. Antes muerto que entregado a las indignas mafias mercenarias en que los ejércitos latinoamericanos se habían convertido por obra e injerencia del Pentágono estadounidense.
Convencido de que el socialismo era la vía necesaria y útil para cristalizar las reivindicaciones históricas de la sociedad chilena, Allende había sido candidato a presidente en cuatro ocasiones antes de ser electo en 1970. Si bien en las otras elecciones (en 1952, 1958 y 1964) tuvo suerte diversa, en los comicios de 1970 accedió a la presidencia obteniendo la primera mayoría simple -con un 36, 6 % del sufragio- como candidato de Unidad Popular, que era una coalición de partidos de izquierda. Mediante este triunfo, Allende se convirtió en el primer presidente de extracción marxista elegido en un sistema republicano.
Coherente con su ideario, intentó realizar una “vía chilena al socialismo” utilizando los mecanismos y herramientas del sistema democrático para crear un Estado Socialista. Algo que se adelantó en tres décadas al otro gran experimento democrático-socialista que fue el proyecto bolivariano de Hugo Chávez. Sin embargo el contexto internacional era otro, sobre todo en América Latina, en donde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 desató un conjunto de estrategias intervencionistas estadounidenses, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Washington no estaba dispuesto a que otro experimento socialista posibilitara a una nación latinoamericana la vía del desarrollo y el progreso fuera de la órbita hegemónica estadounidense. El presidente por entonces, el republicano Richard Nixon, había dado órdenes expresas de disponer todos los recursos para evitar la victoria de Allende, que competía con el derechista Jorge Alessandri, que además recibía apoyo financiero de la CIA y de la trasnacional norteamericana ITT (International Telephone & Telegraph).



Investido presidente el 3 de noviembre de 1970, Allende buscó afanosamente dotar a Chile de un marco legal y económico soberano, nacionalizando recursos estratégicos como el cobre -Ley N° 17.450 aprobada por el congreso- y cuya nacionalización afectó a empresas estadounidenses como la Anaconda Copper Mining Company, propiedad del clan Rockefeller, y la Kennecott Copper Corporation.
Antes del gobierno de Unidad Popular, las empresas norteamericanas controlaban el 80 por ciento de la producción nacional de cobre, que en 1970 suponía el 80 por ciento de las divisas ingresadas por exportaciones.
Salvador Allede y sus allegados defendieron el palacio de la Moneda hasta que resultó imposible contener el fuego de artillería y los incendios que el ejército ocasionó para forzar el desalojo y concretar el Golpe de Estado. Poco después, Allende se quitaba la vida con ese mismo fusil AK 47 que aparece empuñando en la fotografía.
Allende también estaba decidido a encarar una reforma agraria y una reforma constitucional que posibilitara realizar la transición de una economía capitalista sustentada en unas minorías concentradoras de la riqueza, hacia la estructuración del Estado que integrara y beneficiara a todas las clases populares.

Al igual que hoy sucede con los gobiernos bolivarianos, la prensa subsidiaria de los intereses de Washington le declaró la guerra al nuevo gobierno popular, contaminando a la opinión pública con la idea de que Chile se acercaba hacia dictadura protocomunista, cuando en realidad jamás la democracia había sido celebrada en ese país con tanto ahínco y tanta legitimidad institucional. Las alegorías con el Perú actual de Pedro Castillo resultan peligrosamente evidentes.
El diario El Mercurio, propiedad de la familia Edwards, históricamente vinculada a las oligarquías, dueñas de los recursos, del suelo y las finanzas, fue el principal vocero de estos intereses. También se aliaron los periódicos La Tribuna y La Prensa entre muchos otros.
Años más tarde, una comisión investigadora del senado norteamericano presidida por el senador norteamericano Frank Church, sacó a la luz las intensas relaciones entre varias Administraciones norteamericanas y los golpes de Estado, el financiamiento a la prensa y las operaciones desestabilizadoras en América Latina. El Comité Church o Select Comitee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities (su nombre oficial en inglés) analizó los sobornos y las planificaciones destinados a debilitar el gobierno de Allende. Incluso los intentos para evitar que ganara las elecciones en los años previos.
En uno de los apartados del informe, titulado: “Alcances De La Acción Encubierta En Chile – Apoyo a medios de comunicación” se señala: “Desde 1953 hasta 1970 la CIA en Chile subvencionó empresas de radio, revistas escritas por círculos intelectuales, y un periódico derechista semanal”. Y añade “Con mucho, el mayor –y probablemente el más significativo– caso de apoyo a organizaciones de comunicación fue el dinero suministrado a El Mercurio (…) Un memorándum de la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios de comunicación apoyados por la agencia habían jugado un papel importante en la puesta en marcha del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó a Allende.” El denominado Proyecto FUBELT era el nombre clave de las operaciones que la CIA ejecutaba en Chile para la caída del gobierno. Fue el general Augusto Pinochet, en el que Allende más confiaba, el que encabezó un golpe que fue cruento.
Las profundas reformas y el criterio redistributivo del período socialista de Chile fueron utilizadas como excusa para justificar un deterioro económico creciente. Esta desestabilización económica inducida -tal como hoy sucede en Venezuela- resultó un arma útil para lograr que los resultados políticos favorecieran las protestas de unas clases medias carentes de visión estratégica y manipuladas mediáticamente.




Resultaría imposible en este espacio enumerar las batallas políticas que debió atravesar el presidente Allende y la Unidad Popular en sus tres años de compleja gestión, en donde el desafío era cambiar las estructuras burguesas de un país, utilizando las mismas herramientas que la democracia burguesa posibilitaba. Anatema que fue central y produjo tensos debates dentro de las formaciones de la Unidad Popular, integrada por partidos con diferente extracción ideológica y metodológica. Baste decir que su proyecto no conoció tregua para poder llevarlo hasta una victoria social definitiva y perdurable. Diversas crisis institucionales –con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas, y una creciente y artificial violencia política en las calles propiciada por operaciones de la CIA– completaron el escenario para que el 11 de septiembre de 1973 se produjera la asonada militar que derrocaría al mayor experimento revolucionario democrático de América Latina y acaso del mundo.



Fiel al mandato de su pueblo, Allende jamás se rindió o entregó el gobierno a los emisarios del imperialismo. La casa de gobierno –el palacio de La Moneda– fue bombardeado e incendiado, pero Allende resistió con sus funcionarios más cercanos y fieles. Finalmente a las 14:20 de ese nefasto día para América Latina y para Chile, Allende ordena deponer las armas, aunque él no lo hará jamás, pues en la intimidad de su despacho se disparará en el mentón con el mismo fusil AK-47 con que defendió la constitucionalidad de su país. Horas antes había dirigido unas palabras a la sociedad chilena y entre ellas, sentenció: “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
En mayo de 1971, poco después del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia de Chile, Salvador Allende, ya por entonces objeto de una campaña mediática de desprestigio orquestada por la CIA y la aristocracia chilena, daba a conocer su proyecto democrático. De visita en Sudamérica, Rossellini realizó este documental-entrevista, en el que se retrata un apasionado diálogo en torno a la agitada política de la época:
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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