Restos de sangre y elementos calcinados fueron hallados este jueves en una casaquinta que pertenece al comisario mayor de la Policía bonaerense Francisco Centurión, padre y tío de los dos detenidos por el crimen de Lautaro Morello, el joven hallado asesinado tras desaparecer en diciembre pasado en el partido de Florencio Varela junto a su amigo Lucas Escalante, de quien nunca más se supo nada, informaron este martes fuentes judiciales.

En tanto, el fiscal de la causa, Daniel Ichazo, le tomó hoy declaración testimonial al jefe de la Policía bonaerense, comisario general Daniel «Fino» García, quien describió el accionar policial en los primeros momentos de la investigación.

Fuentes judiciales informaron que durante la mañana se realizó un allanamiento en una casaquinta que pertenece al comisario mayor de la Policía bonaerense Francisco Centurión, padre y tío de los dos detenidos por el crimen de Lautaro Morello, en busca de evidencias.

Allí, los pesquisas hallaron rastros de sangre a través del procedimiento conocido como Luminol y también secuestraron elementos calcinados en una parrilla en la cual, según los testigos, se realizó una fogata el día que desaparecieron Morello y Escalante.

El objetivo de los investigadores es determinar si ese lugar fue el principio de donde comenzó la ejecución del hecho, por lo que el fiscal Ichazo dispuso que todas esas pruebas sean ahora sometidas a peritajes en los próximos días.

El operativo fue realizado en un predio de aproximadamente una hectárea que posee en su interior siete construcciones, situado en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, que pertenece al comisario mayor de la delegación Drogas Ilícitas de Quilmes, quien es padre de Cristian Centurión y tío de Maximiliano Centurión, detenidos en la causa por el crimen de Morello (18) y la desaparición de Escalante (26), añadieron los voceros.

En el marco del mismo expediente fueron apresados el comisario Sergio Enrique Argañaraz, acusado del encubrimiento del hecho, y el oficial Ramiro Yair Forchinito, por falso testimonio.

Según detallaron las fuentes, el operativo fue encomendado a efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) por el fiscal Ichazo, en el lugar se inspeccionó una pequeña construcción y un galpón que no habían sido allanados durante el primer procedimiento en el lugar realizado el 14 de diciembre pasado, luego de la detención de los Centurión y a cargo de Argarañaz, titular de la comisaría 4ta. de Bosques.

El procedimiento fue presenciado por Romina Escalante, hermana de Lucas, quien contó que «dentro de la casaquinta había siete construcciones, que son la casa donde vive Centurión, otras casas abandonadas, depósitos y galpones».

La mujer aseguró que algunas de esas edificaciones fueron realizadas hace pocos meses, aunque no precisó con certeza si fueron antes o después de la desaparición de su hermano y de Morello en diciembre último.

Para el abogado de la familia Morello, Diego Dieguez, en los allanamientos de ayer «se levantaron pruebas de mucho interés». «Estamos frente a una banda mixta integrada por policías y civiles e investigando un delito complejo», afirmó el letrado en declaraciones televisivas.

En tanto, esta mañana, el jefe de la policía bonaerense declaró ante el fiscal Ichazo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Berazategui.

García sostuvo que el crimen de Morello pudo haber sido en el marco de un tema «pasional», al tener en cuenta la forma de estrangulamiento de la víctima, mientras que deslizó algunas dudas respecto al entorno de Escalante.

Sin embargo, un vocero dijo que ambas hipótesis no tienen «asidero» ni sustentación en las pruebas recogidas en el expediente, por lo que en ese sentido fueron tomados como «conjeturas».

Los últimos arrestos que se realizaron en el marco de la pesquisa fueron los de los policías Argañaraz y Forchinito.

El comisario Agañaraz, titular de la comisaría 4ta. de Bosques, está acusado por «encubrimiento calificado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Ichazo pidió la detención del jefe policial al establecer que en primer lugar se negó el 10 de diciembre de 2022 a recibirle la denuncia por «averiguación de paradero» a la madre de Escalante, quien en ese momento era buscado junto a Morello.

Además, el fiscal lo acusó de haber ayudado a Cristian y Maximiliano Centurión al eludir la investigación del homicidio, ya que la familia le aseguró que uno de ellos había estado el día anterior con ambos jóvenes.

Por su parte, el oficial Forchinito, quien era parte de la fuerza bonaerense desde fines de 2017 y desempeñaba tareas en un área de enlace con Interpol, fue acusado de «falso testimonio» porque cuando la Justicia le pidió que entregara su teléfono celular entregó otro que no le pertenecía.

Fuentes policiales confirmaron que la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación de la fuerza para Argarañaz y Forchinito.

La cronología de la desaparición de Lucas

Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del 15 de diciembre a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante.

Los Centurión fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular, ya que en una grabación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

En tanto, en marzo último el Gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan dar con el paradero del joven.