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Belliboni: “La Justicia es funcional al poder”

El dirigente del Polo Obrero se refirió al fallo que lo procesó por presunta administración fraudulenta por parte del juez Sebastián Casanello.

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El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni aseguró que “la Justicia es funcional al poder”, a la vez que consideró que hay “una campaña de criminalización de las organizaciones sociales» y acusó al Gobierno de “estar detrás de todo esto”.

Belliboni salió al cruce tras conocerse el fallo del juez Sebastián Casanello que lo procesó por administración fraudulenta del dinero entregado por el Estado para el programa Potenciar Trabajo y que, según el fallo, los fondos fueron desviados para fines partidarios.

«Es absolutamente falso. El Polo Obrero puso mucha más de esa plata, que fue parte del Estado para proyectos productivos y capacitación. El dinero está rendido en su totalidad y estuvo absolutamente aprobado. Vamos a apelar, porque no se tuvo en cuenta nada de lo que se presentó y hay prueba que no fue periciada”, dijo en declaraciones a la prensa.

Además, expresó: «No hay división de poderes en Argentina, la Justicia es funcional al poder y el Gobierno de Javier Milei está detrás de todo esto. Estamos frente a una campaña de criminalización de las organizaciones sociales. Hay una intencionalidad política. Hace tres meses que estamos en una etapa de allanamientos a organizaciones sociales».

“En Argentina hubo 100 allanamientos a todas las organizaciones sociales, de 3 jueces federales, (Ariel) Lijo, Casanello y (Luis) Armella. Parece que el delito en Argentina pasa por los comedores populares y no por los bunkers de narcos o la trata. Hace dos meses que hay un secuestro y no hay una sola pista ni allanamiento por el caso Loan, hay una desesperación de todo un pueblo. No pasa absolutamente nada con la Justicia», añadió

El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni fue indagado el pasado 25 de junio en los tribunales federales de Comodoro Py por la causa donde se lo investiga por presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo para financiar a su fuerza política.

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La Corte Suprema de EEUU ratificó la condena a Trump por abuso sexual: Carroll cobró u$s 5,6 millones

El máximo tribunal estadounidense rechazó por segunda vez el pedido del presidente Donald Trump para reabrir el fallo civil que lo declaró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll. La condena de u$s 5,6 millones quedó firme y ya fue cobrada. Resta aún una segunda sentencia pendiente por u$s 83 millones.

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La Corte Suprema de EEUU le cerró definitivamente la puerta a Donald Trump en el caso más emblemático de violencia sexual de su historial judicial. Este lunes, el máximo tribunal del país rechazó por segunda vez el pedido del presidente para reabrir el fallo civil que lo encontró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora y excolumnista E. Jean Carroll. La condena de u$s 5,6 millones quedó ratificada y el dinero ya fue cobrado por Carroll, según confirmaron los registros judiciales.

El tribunal no emitió ningún fundamento para su decisión, ni se registraron votos en disidencia. La resolución es la derivación lógica de una acumulación de reveses legales que Trump no pudo revertir pese a ocupar la presidencia por segunda vez: primero fue un jurado, luego la justicia de apelaciones, luego la propia Corte Suprema en junio de 2026, y ahora nuevamente el mismo tribunal que rechazó su pedido de reconsideración.

Una historia de agresión que Trump nunca pudo desmentir

Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en el probador de una tienda de lujo en la Quinta Avenida de Manhattan, a mediados de la década de 1990. Según su testimonio ante el Tribunal de Nueva York en abril de 2023, Trump la reconoció como la columnista del segmento «Pregúntale a E. Jean» de la revista Elle y la invitó en tono amistoso a que lo ayudara a elegir un regalo. Lo que comenzó como una situación descripta como «jocosa» derivó en una agresión en el probador: «Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena», declaró Carroll ante el jurado, que la escuchó referir los detalles de la penetración forzada. «Fue muy doloroso; todavía sentada aquí lo puedo sentir», afirmó.

Carroll llevó adelante dos demandas civiles separadas. La primera, presentada en 2022 bajo una ley de Nueva York que habilitó a víctimas de abuso sexual a reclamar por hechos del pasado, fue a juicio primero y culminó en mayo de 2023 con un jurado que declaró a Trump responsable de abuso sexual y difamación, y ordenó el pago de u$s 5 millones. La segunda demanda, presentada en 2019 por difamación, llegó a juicio en 2024 y el jurado ordenó una reparación adicional de u$s 83,3 millones.

La estrategia de Trump: la «persecución política» como escudo

La defensa de Trump construyó su estrategia sobre dos ejes: la negación de los hechos y la caracterización del proceso como un ataque de origen político. Sus abogados argumentaron ante la Corte Suprema que Carroll esperó más de veinte años para hacer pública la acusación, que no existieron testigos ni evidencia material, y que la demanda buscaba «maximizar el daño político» al entonces candidato. Trump describió en reiteradas oportunidades el caso como una «persecución», una «estafa» y una «cacería de brujas» financiada por sus adversarios demócratas.

Esa narrativa, sin embargo, no encontró eco en ninguna instancia judicial. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el veredicto de los u$s 5 millones, rechazó luego una revisión ampliada por el pleno de esa corte, y la Corte Suprema reiteró en agosto de 2026 lo que ya había decidido en junio: no hay nada que revisar. Un mes después de ese primer rechazo, según los registros judiciales, Carroll cobró el dinero depositado en una cuenta de fideicomiso judicial.

Una deuda mayor todavía pendiente: los u$s 83 millones

La partida judicial entre Trump y Carroll no concluye aquí. Aún resta definir la suerte del segundo veredicto, el de u$s 83,3 millones por difamación, que siguió una ruta procesal distinta y está en una etapa diferente. En mayo de 2026, un tribunal autorizó a Trump a retrasar ese pago mientras continúa su intento de llevar ese expediente ante la Corte Suprema. El 28 de julio, Trump formalizó esa petición y el máximo tribunal aún no resolvió si la acepta; la respuesta de Carroll tiene plazo hasta el 31 de agosto.

La distinción entre los dos casos es relevante: el de u$s 5,6 millones, hoy firme, corresponde al juicio iniciado en 2022 por la agresión física. El de u$s 83,3 millones corresponde al juicio de 2019 por las declaraciones públicas con las que Trump desmintió a Carroll y la trató de mentirosa. En ambos, Carroll demostró que la maquinaria del poder no alcanza para borrar la verdad de una agresión sexual.

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