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“El mal existe y debe ser sometido por la fuerza”: Milei reivindicó la represión y negó los crímenes de la dictadura en el acto por San Martín

En la ceremonia por el 176° aniversario de la muerte del Libertador, el presidente ensayó un discurso negacionista sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, ponderó el rol represivo de las fuerzas de seguridad y llamó a «someter por la fuerza» a quienes «eligen el mal», sin mencionar las reiteradas represiones a jubilados y organizaciones sociales que ocurren cada miércoles bajo su propio gobierno.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
Del prócer al garrote: cómo Milei convirtió el homenaje a San Martín en una reivindicación de la represión y el negacionismo.

Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Junto a él, la cúpula de su gabinete y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Lo que comenzó como una ceremonia de homenaje al prócer fundacional de la Nación derivó en uno de los discursos más reveladores, y más inquietantes, de su gestión.

Negacionismo en el Monumento al Libertador

El punto más grave del discurso presidencial fue el que pasó más inadvertido en la cobertura oficial. Milei aseguró que el «instrumento militar» del país «fue demonizado y desfinanciado por demasiado tiempo» y afirmó que ese «camino fue equivocado». La declaración, pronunciada frente a la plana mayor de las Fuerzas Armadas, no contiene ningún matiz ni contexto: borra de un plumazo los 30.000 detenidos desaparecidos, los vuelos de la muerte, los centros clandestinos de detención y los bebés robados que motivaron precisamente ese proceso de revisión crítica sobre el rol militar. Los juicios por crímenes de lesa humanidad, que continúan siendo sustanciados en los tribunales federales de todo el país, no merecieron ni una mención.

En ese mismo marco, el presidente reclamó «unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas», en sintonía con la política de rearmado y rejerarquización castrense que su gobierno viene impulsando desde el primer día de gestión, incluyendo decretos de aumento salarial diferencial para las fuerzas y la firma de acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos.

«El mal existe y debe ser sometido por la fuerza»

Hacia el cierre de su alocución, Milei pronunció la frase que sintetiza su visión sobre el orden público: «Un pueblo libre también requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos, pues el mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza.» La formulación no es casual ni inocente: coloca a las fuerzas de seguridad como árbitras del bien y el mal, y habilita la fuerza como respuesta legítima ante cualquier conducta que el poder de turno clasifique como transgresora.

El presidente completó ese razonamiento con una equiparación que merece ser leída con atención: «El ladrón es también un tirano del prójimo y defender la libertad de Argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales.» En un gobierno que ha aplicado gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones a jubilados que reclaman por sus haberes frente al Congreso, la retórica sobre «criminales» y «fuerza pública» adquiere un significado político concreto y documentado.

El silencio sobre los miércoles de represión

Milei no hizo ninguna referencia a las represiones sistemáticas que las fuerzas de seguridad llevan a cabo cada miércoles frente al Congreso Nacional, donde jubilados, pensionados y organizaciones sociales protestan por el ajuste previsional y la destrucción del poder adquisitivo de sus haberes. Esos episodios, documentados semana a semana con imágenes de personas mayores siendo derribadas por policías con escudos, forman parte del registro público y periodístico de su gestión. Pedir más capacitación y herramientas para las fuerzas de seguridad, mientras esas mismas fuerzas reprimen a jubilados, configura una contradicción que el discurso presidencial ni siquiera intenta resolver.

La «batalla cultural» como sustituto de la política económica

En el único pasaje en que Milei reconoció la existencia de malestar social, lo hizo para instrumentalizarlo políticamente. «Internamente, la libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante, pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar la llama de la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden», sostuvo. El reconocimiento implícito de que su gobierno no resolvió la pobreza ni el descontento no derivó en ningún anuncio de medidas concretas. Milei convocó, en cambio, a «dar la batalla cultural para explicar, una y otra vez, cómo esta prosperidad está basada y depende de los valores que nos hicieron grandes.»

También dejó en claro que para su visión política la necesidad económica del trabajador o del Estado no justifica ningún tipo de reclamo redistributivo: «Ellos nos quieren hacer creer que el pecado es justo y la justicia es pecado, y que el robo está justificado si es por un supuesto bien superior, sea este la necesidad económica del pobre o la necesidad fiscal del Estado.» En esa lógica, cualquier reclamo social queda subsumido en la categoría de amenaza a la libertad, habilitando la respuesta represiva que el propio discurso reivindicó minutos después.

Geopolítica, fronteras y el silencio sobre Huawei

El presidente también anunció la necesidad de «retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia.» Las palabras llegaron en un momento en que Milei mantiene un llamativo silencio sobre las presiones ejercidas por funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina para que una cooperativa neuquina deje de contratar servicios de la empresa china Huawei, una señal que compromete la soberanía tecnológica y las capacidades industriales del país. El «buen posicionamiento geopolítico» que pregona el discurso y la subordinación a los intereses norteamericanos en materia de telecomunicaciones plantean, al menos, una pregunta incómoda.

Puntos clave

  • Milei afirmó que las Fuerzas Armadas fueron «demonizadas» por «demasiado tiempo», sin mencionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
  • Llamó a «someter por la fuerza» a quienes «eligen el mal», en un discurso que pondera la represión como herramienta de gobierno.
  • No hizo ninguna referencia a las represiones semanales a jubilados frente al Congreso, documentadas a lo largo de toda su gestión.
  • Presentó la «batalla cultural» como respuesta al descontento social, sin anunciar medidas económicas concretas para revertir la pobreza y la caída del poder adquisitivo.
  • Guardó silencio sobre las presiones de la Embajada de Estados Unidos contra la contratación de Huawei por parte de una cooperativa neuquina.

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La Justicia suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires

Un juzgado de Lomas de Zamora frenó por 60 días la aplicación de la ley que reduce a 14 años la edad de imputabilidad. La jueza advirtió sobre una posible vulneración de derechos y cuestionó si el Estado cuenta con recursos suficientes para implementar el nuevo sistema.

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La Justicia bonaerense suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que interrumpió por 60 días la entrada en vigencia de la normativa que establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años.

La resolución fue firmada por la jueza Marta Elba Pascual, quien planteó que la implementación inmediata del nuevo sistema podría generar una afectación grave de derechos fundamentales de adolescentes privados de su libertad.

El fallo puso el foco en una cuestión central: si el Estado cuenta actualmente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal sin vulnerar los estándares constitucionales y convencionales vigentes.

La advertencia de la Justicia

La magistrada señaló que antes de aplicar el nuevo régimen resulta necesario determinar si existen condiciones objetivas que permitan garantizar los derechos de los adolescentes alcanzados por la normativa.

En particular, advirtió sobre la posibilidad de que el Estado no cuente con suficientes recursos ni establecimientos adecuados para alojar a los jóvenes que eventualmente sean privados de su libertad.

El fallo también alertó sobre el posible incremento de la población adolescente detenida. Según la jueza, aunque el aumento podría producirse de manera progresiva, algunos cambios en los parámetros para disponer detenciones y prisiones preventivas podrían generar un impacto inmediato.

La suspensión tendrá una duración de 60 días.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La nueva normativa establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos.

La edad mínima de imputabilidad fue establecida por el Congreso mediante la Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma fijó un plazo de 180 días para su entrada en vigencia.

Posteriormente, el Gobierno reglamentó el régimen mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.

Entre sus funciones se encuentran la implementación del régimen, el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la articulación con las distintas jurisdicciones.

El régimen contempla distintas medidas según la gravedad del hecho y las características de cada caso. Entre ellas se encuentran:

  • Amonestaciones.
  • Restricciones de contacto o circulación.
  • Trabajos comunitarios.
  • Reparación del daño.
  • Monitoreo electrónico.
  • Penas privativas de la libertad.

La normativa establece que, en los casos en los que corresponda una pena de prisión, no podrá aplicarse prisión o reclusión perpetua. El máximo previsto para adolescentes es de 15 años.

Supervisores para controlar a los adolescentes

Uno de los principales cambios previstos por el nuevo sistema es la incorporación de supervisores especializados.

Estos profesionales deberán acompañar y controlar a los adolescentes cuando un juez determine determinadas medidas o sanciones. Entre sus obligaciones estará mantener entrevistas semanales y elaborar informes mensuales sobre la evolución del joven.

Los informes deberán contemplar aspectos vinculados con la educación, la formación, la conducta y el proceso de reinserción social.

Para integrar el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil será necesario contar con formación terciaria o universitaria en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, o acreditar preparación específica en adicciones.

Además, los postulantes deberán contar con al menos dos años de experiencia profesional y aprobar una capacitación obligatoria sobre justicia penal juvenil y derechos de niños y adolescentes.

También deberán realizar instancias de formación continua todos los años.

Una implementación que queda bajo la lupa

La reglamentación establece restricciones para quienes pretendan desempeñarse como supervisores. Quedarán excluidas determinadas personas con antecedentes de procesamientos o condenas penales y quienes figuren en registros vinculados con hechos de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes.

Mientras se conforma el registro definitivo, el Ministerio de Justicia elaborará una nómina provisoria.

La primera convocatoria pública deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto.

En los procesos de competencia nacional y federal, los jueces seleccionarán a los supervisores entre los profesionales habilitados. En las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, cada jurisdicción deberá establecer sus propios mecanismos de designación, remoción y sanción, respetando los lineamientos generales establecidos por la Ley 27.801.

La decisión adoptada en Lomas de Zamora introduce así un freno a la implementación del nuevo régimen en territorio bonaerense y pone en el centro del debate una cuestión clave: si la ampliación del sistema penal hacia adolescentes de menor edad puede concretarse sin contar previamente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para garantizar sus derechos.

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