América Latina
Venezuela: 6.438 muertos por los sismos y 29.521 desaparecidos
En paralelo, en Argentina, un diputado exigió al Ejecutivo que precise el estado de implementación del sistema AlertAR, ante la vulnerabilidad sísmica del país.
La catástrofe sísmica que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio continúa revelando la magnitud de su devastación semanas después. El gobierno presidido de manera interina por Delcy Rodríguez difundió este lunes un nuevo balance oficial que eleva a 6.438 la cantidad de personas fallecidas, 137 más que en el parte anterior. La plataforma Desaparecidos terremoto Venezuela contabilizó, en simultáneo, 29.521 personas aún sin paradero conocido, una cifra que convierte esta tragedia en una de las peores de la historia reciente de América Latina.
La magnitud de la crisis humanitaria
Más allá del número de fallecidos, el informe oficial expone la extensión del daño social y habitacional. Las autoridades venezolanas inspeccionaron 59.109 edificaciones para determinar su habitabilidad. El resultado es alarmante: solo 34.680 resultaron habitables, mientras que 13.733 presentan restricciones y 10.696 fueron declaradas en alto riesgo. Ese dato implica que decenas de miles de familias no pueden regresar a sus hogares, aun cuando sobrevivieron a los sismos.
En el plano sanitario, más de 86.000 personas recibieron atención médica tras los terremotos. La emergencia no se agotó con el rescate de sobrevivientes: entre quienes lograron salir de los edificios colapsados hay personas que requieren intervenciones quirúrgicas, rehabilitación prolongada y dispositivos para recuperar movilidad. La presión sobre un sistema de salud ya deteriorado por años de ajuste y escasez se volvió estructural.
Rodríguez entregó este lunes 48 nuevos apartamentos en Caracas como parte de una política habitacional de emergencia que, según el Ejecutivo, combina construcción de viviendas, alquileres en el mercado secundario, financiamiento y reparaciones de edificaciones para las familias afectadas. La cifra, sin embargo, es apenas simbólica frente a la escala del desplazamiento registrado. En total, el Gobierno venezolano entregó 335 viviendas a las familias afectadas desde que comenzó la crisis.
El interrogante argentino: ¿qué pasaría si el sismo ocurriera aquí?
La tragedia venezolana disparó un debate doméstico en Argentina sobre el nivel de preparación ante riesgos sísmicos. El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno nacional informe el estado de implementación del Sistema de Alerta Temprana AlertAR, los plazos previstos para alcanzar cobertura nacional y las capacidades técnicas disponibles para detectar, medir y alertar a la población frente a terremotos y otras catástrofes.
«Una catástrofe no siempre puede evitarse, pero podemos reducir sus consecuencias si logramos anticiparnos. Argentina necesita un sistema capaz de detectar una amenaza y alertar, en el menor tiempo técnicamente posible, a la mayor cantidad de argentinos que puedan estar en peligro«, sostuvo Gutiérrez. El proyecto busca conocer cuándo AlertAR estará efectivamente operativo y con alcance nacional, qué grado de avance presenta su implementación, qué empresas de telefonía móvil estarán integradas al sistema y cuánto tiempo transcurrirá desde que un organismo detecte una amenaza hasta que el mensaje llegue a los teléfonos en la zona de riesgo.
La iniciativa no es caprichosa. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el país clasifica su territorio en cinco zonas de peligrosidad sísmica, de la 0 a la 4. El sur de San Juan y el norte de Mendoza se ubican en el área de mayor peligrosidad, que alcanza a sectores urbanos densamente poblados. Argentina comparte con Venezuela, Colombia y Chile el riesgo de pertenecer a una de las regiones tectónicamente más activas del planeta.
La pregunta que el legislador formula no es retórica. Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio y el sismo de magnitud 7,4 que golpeó Colombia días después renovaron la urgencia de que los países latinoamericanos cuenten con sistemas de alerta eficaces, con cobertura real y tiempos de respuesta mínimos. En Argentina, esa infraestructura de protección civil sigue siendo una promesa pendiente.
América Latina
Brasil entierra la escala 6×1: Lula firmó el decreto de la jornada 5×2
Desde el 16 de diciembre la carga semanal baja de 44 a 42 horas, con dos días de descanso y sin recorte salarial. En diciembre de 2027 el tope quedará en 40 horas. Es la reforma de la jornada laboral más profunda desde la Constitución de 1988.
A partir del 16 de diciembre, ningún trabajador formal brasileño podrá superar las 42 horas semanales y todos tendrán garantizados dos días de descanso remunerado, sin que les toquen el salario. Brasil empezó a desmontar la escala 6×1, seis días de trabajo por uno de descanso, y lo hizo por la vía de ampliar derechos.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó este jueves, en una ceremonia en el Palacio del Planalto con presencia de las centrales sindicales, el decreto que reglamenta la Enmienda Constitucional 141. El texto fija las pautas para que empresas y trabajadores apliquen la transición hacia la jornada 5×2.
Un cronograma de 14 meses
La reforma se aplicará de manera escalonada. En la primera etapa, desde el 16 de diciembre de 2026, el tope semanal baja de 44 a 42 horas y entra en vigencia el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso. En diciembre de 2027, la jornada máxima quedará fijada de forma permanente en 40 horas semanales. Todo el proceso se hará sin reducción salarial, una condición que el Gobierno brasileño puso como innegociable.
El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, explicó que el decreto ofrece orientaciones a los distintos sectores de la economía y contempla a las categorías con jornadas especiales. El Gobierno realizó cerca de 70 reuniones con representantes de distintas ramas productivas antes de cerrar el texto, cuya firma se postergó dos veces por la agenda internacional de Lula.
El camino de la enmienda
El Senado brasileño aprobó el fin de la escala 6×1 el 14 de octubre, por 75 votos contra 1, y el Congreso promulgó la Enmienda Constitucional 141 dos días después. La norma modifica las reglas sobre la jornada laboral vigentes desde la Constitución de 1988. Una decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Flávio Dino flexibilizó luego las reglas para la distribución de los días de descanso, sin alterar el calendario de entrada en vigencia.
La reducción de la jornada fue una de las banderas de Lula en la campaña por su cuarto mandato. En abril, el presidente ya había firmado un decreto que redujo de 44 a 40 horas semanales la jornada de más de 40.000 trabajadores tercerizados de la administración pública federal.
El contraste regional
Mientras la mayor economía de la región reduce horas de trabajo sin tocar salarios, en la Argentina el debate laboral giró en torno a la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei, orientada a flexibilizar condiciones de contratación. Ese proyecto avanzó en el Senado con Patricia Bullrich al frente de la comisión de Trabajo, en medio de denuncias de la oposición por la forma en que se conformaron las comisiones.
Lo que tenés que saber
- Lula firmó el decreto que reglamenta el fin de la escala 6×1 en Brasil.
- Desde el 16 de diciembre de 2026 el tope semanal baja de 44 a 42 horas, con dos días de descanso.
- En diciembre de 2027 la jornada máxima quedará en 40 horas semanales.
- La transición dura 14 meses y no incluye reducción salarial.
- La Enmienda Constitucional 141 se aprobó en el Senado por 75 votos contra 1.
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