América Latina
Venezuela: 6.438 muertos por los sismos y 29.521 desaparecidos
En paralelo, en Argentina, un diputado exigió al Ejecutivo que precise el estado de implementación del sistema AlertAR, ante la vulnerabilidad sísmica del país.
La catástrofe sísmica que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio continúa revelando la magnitud de su devastación semanas después. El gobierno presidido de manera interina por Delcy Rodríguez difundió este lunes un nuevo balance oficial que eleva a 6.438 la cantidad de personas fallecidas, 137 más que en el parte anterior. La plataforma Desaparecidos terremoto Venezuela contabilizó, en simultáneo, 29.521 personas aún sin paradero conocido, una cifra que convierte esta tragedia en una de las peores de la historia reciente de América Latina.
La magnitud de la crisis humanitaria
Más allá del número de fallecidos, el informe oficial expone la extensión del daño social y habitacional. Las autoridades venezolanas inspeccionaron 59.109 edificaciones para determinar su habitabilidad. El resultado es alarmante: solo 34.680 resultaron habitables, mientras que 13.733 presentan restricciones y 10.696 fueron declaradas en alto riesgo. Ese dato implica que decenas de miles de familias no pueden regresar a sus hogares, aun cuando sobrevivieron a los sismos.
En el plano sanitario, más de 86.000 personas recibieron atención médica tras los terremotos. La emergencia no se agotó con el rescate de sobrevivientes: entre quienes lograron salir de los edificios colapsados hay personas que requieren intervenciones quirúrgicas, rehabilitación prolongada y dispositivos para recuperar movilidad. La presión sobre un sistema de salud ya deteriorado por años de ajuste y escasez se volvió estructural.
Rodríguez entregó este lunes 48 nuevos apartamentos en Caracas como parte de una política habitacional de emergencia que, según el Ejecutivo, combina construcción de viviendas, alquileres en el mercado secundario, financiamiento y reparaciones de edificaciones para las familias afectadas. La cifra, sin embargo, es apenas simbólica frente a la escala del desplazamiento registrado. En total, el Gobierno venezolano entregó 335 viviendas a las familias afectadas desde que comenzó la crisis.
El interrogante argentino: ¿qué pasaría si el sismo ocurriera aquí?
La tragedia venezolana disparó un debate doméstico en Argentina sobre el nivel de preparación ante riesgos sísmicos. El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno nacional informe el estado de implementación del Sistema de Alerta Temprana AlertAR, los plazos previstos para alcanzar cobertura nacional y las capacidades técnicas disponibles para detectar, medir y alertar a la población frente a terremotos y otras catástrofes.
«Una catástrofe no siempre puede evitarse, pero podemos reducir sus consecuencias si logramos anticiparnos. Argentina necesita un sistema capaz de detectar una amenaza y alertar, en el menor tiempo técnicamente posible, a la mayor cantidad de argentinos que puedan estar en peligro«, sostuvo Gutiérrez. El proyecto busca conocer cuándo AlertAR estará efectivamente operativo y con alcance nacional, qué grado de avance presenta su implementación, qué empresas de telefonía móvil estarán integradas al sistema y cuánto tiempo transcurrirá desde que un organismo detecte una amenaza hasta que el mensaje llegue a los teléfonos en la zona de riesgo.
La iniciativa no es caprichosa. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el país clasifica su territorio en cinco zonas de peligrosidad sísmica, de la 0 a la 4. El sur de San Juan y el norte de Mendoza se ubican en el área de mayor peligrosidad, que alcanza a sectores urbanos densamente poblados. Argentina comparte con Venezuela, Colombia y Chile el riesgo de pertenecer a una de las regiones tectónicamente más activas del planeta.
La pregunta que el legislador formula no es retórica. Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio y el sismo de magnitud 7,4 que golpeó Colombia días después renovaron la urgencia de que los países latinoamericanos cuenten con sistemas de alerta eficaces, con cobertura real y tiempos de respuesta mínimos. En Argentina, esa infraestructura de protección civil sigue siendo una promesa pendiente.
América Latina
Brasil activa la Ley de Reciprocidad y notifica a Washington por los aranceles de Trump
El gobierno de Lula inició formalmente el proceso previsto en la Ley de Reciprocidad Económica aprobada en 2025, en respuesta a los aranceles del 25% y el 12,5% que la administración Trump impuso sobre productos brasileños. La Cancillería notificó a Washington y solicitó consultas diplomáticas, mientras Brasil mantiene activo un recurso paralelo ante la OMC.
El gobierno de Brasil activó este jueves el mecanismo formal de contramedidas previsto en la Ley de Reciprocidad Económica, sancionada por el Congreso Nacional en 2025, en respuesta a los aranceles unilaterales que la administración de Donald Trump impuso sobre exportaciones brasileñas. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó el inicio del proceso y notificó de manera oficial al gobierno de Washington, solicitando la apertura de consultas diplomáticas.
«El Gobierno brasileño informa que dio inicio al análisis de solicitud ordinaria de encuadramiento, bajo la Ley de Reciprocidad Económica, de las medidas unilaterales adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos en el ámbito de la Sección 301 de la Ley de Comercio de ese país», indicó la Cancillería brasileña en un comunicado oficial.
Aranceles «injustificados y arbitrarios»
Las tarifas cuestionadas son dos. La primera, del 25%, fue justificada por Washington bajo el argumento de supuestas prácticas comerciales desleales; la segunda, del 12,5%, está vinculada a la fiscalización de mercancías producidas con trabajo forzoso. El gobierno de Lula rechazó ambas calificaciones y las definió como «injustificadas y arbitrarias».
La decisión de activar la Ley de Reciprocidad se suma a un recurso previo: Brasil ya había iniciado el mecanismo de consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar los dos aranceles. Según **Agencia NA**, Estados Unidos respondió a ese pedido manifestando su disposición al diálogo: «Estados Unidos acepta el pedido de Brasil de realización de consultas. Estamos a disposición para reunirnos con los representantes de su misión en una fecha mutuamente conveniente», señaló la respuesta estadounidense.
Diálogo y presión simultáneos
La Cancillería subrayó que la activación del mecanismo interno «refuerza la disposición del gobierno brasileño de privilegiar el diálogo y la negociación en sus relaciones internacionales», una frase que define con precisión la estrategia dual de Brasilia: presión legal e institucional combinada con apertura diplomática. No se trata de una ruptura, sino de una escalada ordenada dentro de los marcos jurídicos disponibles.
La movida de Lula se inscribe en un contexto de creciente cuestionamiento global al uso unilateral de aranceles por parte de Washington. Varios países han adoptado posiciones similares, recurriendo a la OMC y a legislaciones internas para blindar sus economías frente a lo que describen como prácticas proteccionistas disfrazadas de argumentos técnicos o de seguridad nacional. Brasil, con este paso, se posiciona como uno de los actores del Sur Global con mayor disposición a confrontar institucionalmente con la Casa Blanca sin romper los canales de negociación.
Antecedentes de tensión bilateral
Este nuevo episodio se monta sobre una relación bilateral que viene deteriorándose desde la asunción del segundo mandato de Trump. El presidente brasileño ya acusó públicamente a Washington de intentar interferir en el proceso electoral brasileño de cara a los comicios de octubre, en particular a través de vínculos entre el Partido Republicano y sectores del bolsonarismo. La respuesta del secretario de Estado Marco Rubio, que responsabilizó directamente a Lula por las nuevas tarifas en una publicación en X, recrudeció la tensión retórica entre ambos gobiernos.
En ese marco, la activación de la Ley de Reciprocidad no es solo una medida comercial: es también una declaración política. Lula opta por responder con las herramientas del Estado de derecho allí donde Trump recurre a la imposición unilateral. El desenlace de este diferendo tensará las relaciones hemisféricas en un año electoral clave para el principal socio económico de la Argentina en el Mercosur.
Puntos clave
- Brasil activó la Ley de Reciprocidad Económica (aprobada en 2025) contra los aranceles de Trump del 25% y el 12,5%.
- La Cancillería notificó formalmente a Washington y solicitó consultas diplomáticas.
- Brasil mantiene activo en paralelo un recurso ante la OMC, al que Estados Unidos respondió aceptando dialogar.
- El gobierno de Lula calificó los aranceles estadounidenses de «injustificados y arbitrarios».
- La medida combina presión legal interna e internacional con apertura al diálogo diplomático.
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