— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Gobierno de Javier Milei prepara para 2026 una transformación profunda del sistema de asistencia social argentino. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, pondrá en marcha el 6 de enero un programa piloto que marca el inicio de esta reconversión: el reemplazo de transferencias monetarias directas por un esquema de vouchers educativos destinados a capacitación laboral.

La iniciativa apunta centralmente al programa Volver al Trabajo (VAT), que alcanza a más de 900.000 personas que actualmente reciben $78.000 mensuales. El objetivo oficial es que, en lugar de percibir dinero de manera permanente, los beneficiarios accedan a formación profesional que mejore su «empleabilidad» mediante títulos avalados por el sector productivo.

El plan piloto: pintura de obra para 20 beneficiarios

El primer ensayo del nuevo modelo será acotado pero simbólico. Según informó el Ministerio de Capital Humano, 20 beneficiarios del VAT participarán de un curso de pintura de obra que se extenderá durante dos meses, con dos módulos de ocho clases cada uno. Los participantes cursarán en el Centro de Formación Capital Humano del Predio Garrigós, en La Paternal, y recibirán materiales de estudio y trabajo provistos por Sinteplast, una de las primeras empresas privadas en sumarse al proyecto.

En esta etapa inicial, los beneficiarios no dejarán de percibir su haber mensual. Sin embargo, la lógica del programa apunta claramente hacia una sustitución: capacitación en lugar de asistencia monetaria. Para obtener la certificación, deberán cumplir con al menos el 70% de asistencia, según especificó la cartera que conduce Pettovello.

La pregunta que sobrevuela el diseño de la política es qué sucederá cuando el esquema se amplíe. ¿Los beneficiarios que accedan a la formación mantendrán sus ingresos o deberán elegir entre capacitarse y cobrar? La respuesta determinará si se trata de una política complementaria o de un recorte encubierto.

El trasfondo: unificar asignaciones y centralizar datos

Más allá del programa piloto, el Gobierno evalúa una reorganización integral de las asignaciones sociales. Entre las alternativas en estudio figura la unificación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo, el Plan Mil Días y la Tarjeta Alimentar en una denominada «AUH Familiar». El argumento oficial apunta a simplificar el sistema y mejorar el control del gasto social, aunque organizaciones sociales advierten que podría tratarse de una estrategia para reducir la cantidad de transferencias.

En paralelo, el Ministerio avanza en el desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que permitirá centralizar indicadores del área social y conocer cuántas asignaciones recibe cada hogar. La Secretaría de Innovación trabaja en una nube segura para alojar datos sensibles que se cruzarán con información de ANSES, Renaper, ARCA, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Energía.

Los subproductos más relevantes de este nuevo esquema son el Registro Único de Beneficiarios (RUB) y el Registro Social de Hogares (RSH), herramientas que el Gobierno presenta como mecanismos para «mejorar la focalización» de la asistencia, pero que también habilitan un control exhaustivo sobre quiénes acceden a qué programas y bajo qué condiciones.

El antecedente: la reconversión del Potenciar Trabajo

Durante 2024, el Gobierno ya ejecutó una primera fase de esta transformación al reconvertir el programa Potenciar Trabajo, que concentraba cerca de 1.300.000 beneficiarios. El esquema fue dividido en Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social, y se eliminó la contraprestación laboral obligatoria.

La medida fue presentada como una iniciativa para reducir «la intermediación de los movimientos sociales» y avanzar hacia un sistema de asistencia directa. Sin embargo, organizaciones territoriales denunciaron que la eliminación de la contraprestación implicó también el desmantelamiento de espacios comunitarios y cooperativas que funcionaban en barrios populares, donde los beneficiarios realizaban tareas de mantenimiento, limpieza, cuidado y asistencia.

Las preguntas sin respuesta

El nuevo modelo plantea interrogantes que el Gobierno aún no ha respondido con claridad. ¿Qué sucederá con quienes no puedan acceder a la capacitación por limitaciones geográficas, de cuidado o de salud? ¿Existe realmente demanda laboral para absorber a casi un millón de personas capacitadas en un mercado de trabajo precarizado y con tasas de desempleo en aumento? ¿Qué pasará con los beneficiarios que completen la formación pero no consigan empleo formal?

Además, la ausencia de convenios con sindicatos o cámaras empresariales que garanticen la inserción laboral efectiva de los capacitados genera dudas sobre si el programa apunta genuinamente a mejorar la empleabilidad o si constituye una estrategia para justificar la reducción progresiva de las transferencias monetarias.

Desde el Ministerio de Capital Humano confían en que la experiencia piloto sirva como modelo para extender la iniciativa a municipios y provincias durante 2026. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que, en un contexto de ajuste y recesión, la reconversión de los planes sociales podría profundizar la vulnerabilidad de los sectores más postergados.

Puntos clave:

• El Gobierno pondrá en marcha el 6 de enero un programa piloto para reconvertir planes sociales en vouchers de capacitación laboral
• El programa Volver al Trabajo, que alcanza a más de 900.000 beneficiarios, será el principal foco de la transformación prevista para 2026
• Se evalúa unificar AUH, asignación por embarazo, Plan Mil Días y Tarjeta Alimentar en una «AUH Familiar»
• El Ministerio de Capital Humano avanza en la creación de un Sistema Integrado de Información Social para centralizar datos de beneficiarios
• Organizaciones sociales cuestionan la viabilidad del modelo ante la falta de garantías de inserción laboral efectiva