Buenos Aires
Milei les debe el almuerzo escolar a los chicos bonaerenses y los intendentes salen al cruce
Funcionarios e intendentes del PJ bonaerense encabezarán este martes una movilización al Ministerio de Capital Humano para reclamar 220.000 millones de pesos que el Gobierno nacional adeuda a la Provincia por el Servicio Alimentario Escolar.
El ajuste de Milei golpea a los más chicos: la Nación solo giró la mitad de lo prometido para el SAE
★ El Partido Justicialista bonaerense pasó de las palabras a la acción. Tras la reunión del viernes pasado en La Plata, intendentes y funcionarios provinciales decidieron movilizarse este martes hasta la sede del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, para exigir que la Nación salde una deuda millonaria que afecta directamente el acceso a la alimentación de miles de estudiantes en la provincia de Buenos Aires.
La decisión de salir a la calle fue tomada en el último plenario del PJ bonaerense, donde también se acordó actualizar y ampliar el padrón de afiliados del partido.
Una deuda de 220.000 millones
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés «Cuervo» Larroque, puso los números sobre la mesa durante el cónclave partidario: la deuda del Estado nacional con la Provincia asciende a 220.000 millones de pesos correspondientes al Servicio Alimentario Escolar (SAE), el programa que garantiza el desayuno y el almuerzo en las escuelas públicas.
Según precisó el funcionario del gabinete de Axel Kicillof, el Gobierno de Javier Milei se había comprometido a financiar el 20% del SAE, pero hasta ahora solo giró poco más del 10%, es decir, apenas la mitad de lo prometido.
«Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con una parte mínima de lo que históricamente aportaba el Estado nacional», reclamó Larroque, en declaraciones a la prensa.
El ajuste que llega al plato
La situación no es nueva, pero se agrava con cada mes que pasa sin que la Nación transfiera los fondos comprometidos. El SAE es uno de los programas más sensibles del sistema educativo bonaerense: alcanza a más de un millón y medio de alumnos en situación de vulnerabilidad social, para quienes el comedor escolar representa, en muchos casos, la única comida garantizada del día.
La negativa del Gobierno libertario a cumplir con los compromisos de cofinanciamiento reproduce un patrón ya documentado durante la gestión de Milei: el recorte sistemático de las transferencias a las provincias como parte de la estrategia de ajuste fiscal, que tiene como contrapartida el deterioro de los servicios públicos esenciales y el aumento de la pobreza infantil.
El peronismo bonaerense en pie de marcha
La movilización de este martes tendrá un carácter político y social a la vez. Los intendentes del conurbano y del interior provincial que se sumarán a la marcha llevan en sus municipios el impacto cotidiano del recorte: comedores con menos insumos, cooperadoras escolares que financian lo que el Estado no cubre, y familias que dependen de esos platos para llegar a fin de mes.
La medida de fuerza representa además una señal de articulación interna del peronismo bonaerense, que busca reactivar su presencia territorial y consolidar una agenda de oposición concreta frente al ajuste del Gobierno nacional.
Puntos clave
- Intendentes y funcionarios del PJ bonaerense marchan este martes al Ministerio de Capital Humano.
- El reclamo es por 220.000 millones de pesos adeudados por la Nación a la Provincia en concepto de Servicio Alimentario Escolar.
- El Gobierno de Milei comprometió financiar el 20% del SAE pero solo giró poco más del 10%.
- La decisión surgió en la reunión del PJ bonaerense del viernes pasado en La Plata.
- El ministro Andrés Larroque encabezó el planteo en el cónclave partidario.
Buenos Aires
Usaba otro nombre y se escondía en Lima: así cayó «Papá», el tío de Pequeño J
Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima mientras usaba una identidad falsa, más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela. La Justicia federal le embargó bienes por 1.000 millones de pesos y ahora comienza la carrera por su extradición.
Circulaba por Huachipa, en las afueras de Lima, con documentos a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Pero detrás de esa identidad prestada estaba Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá«, el hombre que la Justicia federal argentina señala como el máximo jefe de la organización narco que secuestró, torturó y asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela, cayó la pieza que los investigadores ubican en la cima de la estructura criminal.
Valverde Rodríguez, ciudadano peruano de 40 años, también conocido como «Serranasho«, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el imputado más visible de la causa. Fue detenido el lunes 12 de octubre, cerca de las 15, por la Policía Nacional del Perú en un operativo coordinado con Interpol. Tenía un pedido de captura nacional e internacional dispuesto el mes pasado por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien además ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.
El anuncio oficial y la promesa de extradición
La noticia la difundió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X: «Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga».
El eslogan oficial choca con los tiempos reales de la causa. El antecedente inmediato es el de su propio sobrino: «Pequeño J» fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, el gobierno peruano oficializó su extradición recién el 31 de enero de 2026 y llegó a la Argentina el 4 de mayo. Entre la captura y el traslado pasaron más de siete meses, un plazo que las familias de las víctimas conocen de memoria y que anticipa un camino largo antes de que «Papá» se siente frente a un juez argentino.
Un clan familiar en la cima de la estructura
Los investigadores sostienen que Valverde Rodríguez ocupaba un rol de liderazgo dentro de la organización, a la que la causa denomina «Clan Valverde». El uso de documentación falsa para moverse en Lima refuerza la hipótesis de una red con recursos y logística suficientes para mantener prófugos a sus integrantes durante meses.
En el caso de su sobrino, el auto de procesamiento sostuvo que Valverde Victoriano «ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas». Tras su llegada al país, «Pequeño J» declaró desde la cárcel de Marcos Paz, negó haber participado en los asesinatos y no respondió preguntas. Su defensa anunció que apelará el procesamiento.
Si la acusación ubica a «Pequeño J» como el ejecutor operativo de la trama, la captura de su tío abre la posibilidad de reconstruir quién daba las órdenes. Ese es el punto que la causa todavía debe probar.
La noche que se llevaron a Brenda, Morena y Lara
El 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada con la promesa de una fiesta en la que cobrarían dinero. Terminaron en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas para que revelaran el paradero de una droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Tenían entre 15 y 20 años; Lara, la más chica, era adolescente.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en su momento que las torturas fueron transmitidas en directo por una red social a un grupo cerrado de 45 personas. Las autopsias revelaron que las primeras lesiones se produjeron mientras las víctimas estaban con vida. No fue un ajuste de cuentas entre bandas: fue el sometimiento planificado de tres mujeres jóvenes, usadas como mensaje por una organización que creyó que podía matarlas sin pagar el costo.
Una causa que avanza a cuentagotas
La investigación pasó al fuero federal en noviembre de 2025 y acumula una larga lista de imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, entre otros delitos vinculados al narcotráfico. El 5 de septiembre de este año, a días del primer aniversario, se concretaron otras cuatro detenciones. En el camino también quedó el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J», que fue investigado, beneficiado con la falta de mérito y finalmente extraditado a Perú.
Al cumplirse un año del crimen, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, resumió el reclamo de las familias: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La detención de «Papá» es un avance concreto, pero la verdad que reclaman los familiares sigue dependiendo de que la extradición no se convierta en otra espera interminable.
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