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Milei y Caputo apuran el pago de u$s 171 millones a los fondos buitre
El oficialismo busca dictamen este miércoles en el Senado para autorizar el desembolso a dos grupos de bonistas que no aceptaron el canje de 2016. Caputo se reunió con los bloques dialoguistas un día antes del plenario de comisiones.
Caputo lobby y presión: el Gobierno cede ante los fondos buitre que litigaron 25 años
★ Javier Milei aceleró esta semana los tiempos parlamentarios para obtener la autorización legislativa que le permita pagar 171 millones de dólares a dos fondos buitre con sentencias firmes contra la Argentina en tribunales de Nueva York: Bainbridge Ltd. (u$s 67 millones) y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP (u$s 104 millones). La Libertad Avanza buscará emitir dictamen este miércoles 30 de abril en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación.
La urgencia no es casual: los acuerdos de conciliación establecen el 30 de abril de 2026 como fecha límite («Outside Date») para cerrar la operación. El propio Poder Ejecutivo advirtió en el proyecto de ley enviado al Senado que, si no se obtiene la aprobación parlamentaria antes de esa fecha, «se produciría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas».
El lobby de Caputo en el Senado
Un día antes del plenario de comisiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en su cartera a los senadores de La Libertad Avanza y a los bloques que integran el denominado «grupo de los 44», el conglomerado de legisladores dialoguistas que le garantiza al oficialismo quórum y votos en el Senado. El encuentro fue organizado por la titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich.
Asistieron al cónclave el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el titular del bloque de la UCR, Eduardo Vischi; y los jefes de los bloques de Provincias Unidas de Interbloque PRO, Carlos Mauricio Espínola; Frente Renovador Social, Carlos Arce; Despierta Chubut, Edith Terenzi; Independencia, Beatriz Avila; Primero los Salteños, Flavia Royon; y La Neuquinidad, Julieta Corroza.
Bullrich presentó la reunión como un ejercicio de «coordinación» sobre obras pendientes y economías regionales. «Coincidimos en la importancia de sostener el equilibrio fiscal», proclamó. El senador radical Vischi la calificó de «positiva» y se enfocó en reclamar avance de obras en Corrientes.
Una deuda con historia
Los bonistas que ahora cobran forman parte de los llamados «holdouts» o fondos buitre: tenedores de títulos de deuda argentina que iniciaron demandas a partir del default de 2001 y que, a diferencia de la mayoría de los acreedores, rechazaron el acuerdo de reestructuración firmado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri. Llevan más de dos décadas litigando en jurisdicción estadounidense contra el Estado argentino.
El Gobierno de Milei argumenta que el acuerdo resulta «ventajoso» porque implicaría una quita superior al 30% sobre los montos remanentes y pondría fin a los embargos sobre activos argentinos en el exterior. Sin embargo, la operación se inscribe en un patrón ya conocido: el del Estado argentino cediendo ante la presión judicial de fondos especulativos internacionales con el argumento de evitar un mal mayor.
El Senado que «hace historia» para los buitres
Bullrich no escatimó en autoelogios. «Este Senado de la Nación está haciendo historia: aprobamos leyes que durante años se debatieron y nunca avanzaron», declaró, en un tono que resultó llamativo considerando que la «historia» en cuestión incluye habilitar pagos millonarios a fondos que especularon durante décadas con la deuda soberana de un país empobrecido.
El plenario de comisiones quedó previsto para este miércoles a las 15. La comisión de Economía Nacional e Inversiones estará conducida por el libertario Bartolomé Abdala, mientras que la de Presupuesto y Hacienda está presidida por el porteño libertario Agustín Monteverde. Si el dictamen se aprueba, la sesión para votar el proyecto se realizaría en la primera semana de mayo, según fuentes parlamentarias.
Puntos clave
- El Gobierno de Milei busca autorización parlamentaria para pagar u$s 171 millones a dos fondos buitre: Bainbridge Ltd. (u$s 67 millones) y el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP (u$s 104 millones).
- La fecha límite para cerrar el acuerdo es el 30 de abril de 2026; sin aprobación, los acuerdos se caen y la Argentina retoma litigios en peores condiciones.
- Caputo se reunió el martes con los bloques dialoguistas del Senado, en un encuentro organizado por Patricia Bullrich, un día antes del plenario de comisiones.
- Los fondos buitre involucrados son holdouts que no ingresaron al canje firmado por Macri en 2016 y llevan litigando desde el default de 2001.
- El Ejecutivo alega una quita de más del 30% sobre los montos adeudados y el fin de embargos sobre activos argentinos como ventajas del acuerdo.
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Demanda explosiva contra Globant en EE.UU.: inversores denuncian engaños y crece el conflicto laboral
Una acción colectiva en Estados Unidos apunta a presuntas irregularidades en la comunicación financiera de la empresa tecnológica. En paralelo, en el país, gremios informáticos vinculan el caso con reclamos laborales sostenidos desde hace años.
Lo que tenés que saber
- Demanda colectiva contra Globant en Nueva York
- Inversores denuncian información “engañosa” al mercado
- El caso abarca el período entre 2024 y 2025
- Sindicatos en Argentina vinculan la causa con reclamos laborales
- Denuncian congelamiento salarial y falta de convenio colectivo
- El conflicto abre un frente judicial y otro sindical
Demanda en Estados Unidos y foco en la información al mercado
Una acción colectiva presentada en Nueva York apunta contra la empresa tecnológica Globant por presunta difusión de información “materialmente falsa o engañosa” sobre su desempeño, especialmente en América Latina.
La causa se tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y pone el foco en la comunicación de resultados en un período donde, según la denuncia, la compañía enfrentaba dificultades operativas y caída en la demanda.
Reclamos sindicales en Argentina
En paralelo, la Asociación Gremial de Computación (AGC) relacionó la demanda con denuncias que el sector viene realizando a nivel local. Su secretario general afirmó: “Globant niega la negociación colectiva, congela salarios y le oculta información a sus inversores. Ahora tendrán que dar explicaciones en la Justicia de Nueva York. Exigimos también respuestas para los trabajadores de Argentina que todavía seguimos sin convenio colectivo de trabajo”.
Según el gremio, los conflictos laborales incluyen congelamiento salarial en distintos países, impacto de la inflación en los ingresos y malestar entre trabajadores.
El eje de la demanda
La acción judicial fue impulsada por el fondo Ohio Carpenters’ Pension Fund contra la empresa y sus directivos, incluido su CEO. El planteo sostiene que la compañía habría mantenido una narrativa de crecimiento mientras ocultaba problemas estructurales.
De acuerdo con la presentación, esta situación derivó en caídas en el valor de las acciones cuando comenzaron a conocerse las dificultades.
Condiciones laborales y organización interna
En Argentina, el sindicato informático señala que el conflicto se originó por el congelamiento de salarios durante más de un año en un contexto inflacionario.
El informe gremial también describe procesos de organización interna de empleados, intercambio de información sobre condiciones laborales y reclamos por mejoras salariales, libertad sindical y apertura de diálogo.
Entre los episodios mencionados, se incluye el despido de un trabajador vinculado a la creación de un grupo interno de discusión, interpretado por el gremio como una represalia.
Un doble frente: judicial y sindical
El caso expone dos dimensiones simultáneas: por un lado, el proceso judicial en Estados Unidos vinculado a la información financiera; por otro, los reclamos laborales en Argentina.
Desde el ámbito sindical sostienen que la situación refleja una problemática más amplia del sector tecnológico, vinculada a la ausencia de convenios colectivos y predominio de acuerdos individuales.
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