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Milei y Caputo apuran el pago de u$s 171 millones a los fondos buitre

El oficialismo busca dictamen este miércoles en el Senado para autorizar el desembolso a dos grupos de bonistas que no aceptaron el canje de 2016. Caputo se reunió con los bloques dialoguistas un día antes del plenario de comisiones.

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Caputo haciendo lobby y ejerciendo presión en reunión con legisladores “dialoguistas”.

Caputo lobby y presión: el Gobierno cede ante los fondos buitre que litigaron 25 años

Javier Milei aceleró esta semana los tiempos parlamentarios para obtener la autorización legislativa que le permita pagar 171 millones de dólares a dos fondos buitre con sentencias firmes contra la Argentina en tribunales de Nueva York: Bainbridge Ltd. (u$s 67 millones) y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP (u$s 104 millones). La Libertad Avanza buscará emitir dictamen este miércoles 30 de abril en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación.

La urgencia no es casual: los acuerdos de conciliación establecen el 30 de abril de 2026 como fecha límite («Outside Date») para cerrar la operación. El propio Poder Ejecutivo advirtió en el proyecto de ley enviado al Senado que, si no se obtiene la aprobación parlamentaria antes de esa fecha, «se produciría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas».

El lobby de Caputo en el Senado

Un día antes del plenario de comisiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en su cartera a los senadores de La Libertad Avanza y a los bloques que integran el denominado «grupo de los 44», el conglomerado de legisladores dialoguistas que le garantiza al oficialismo quórum y votos en el Senado. El encuentro fue organizado por la titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Asistieron al cónclave el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el titular del bloque de la UCR, Eduardo Vischi; y los jefes de los bloques de Provincias Unidas de Interbloque PRO, Carlos Mauricio Espínola; Frente Renovador Social, Carlos Arce; Despierta Chubut, Edith Terenzi; Independencia, Beatriz Avila; Primero los Salteños, Flavia Royon; y La Neuquinidad, Julieta Corroza.

Bullrich presentó la reunión como un ejercicio de «coordinación» sobre obras pendientes y economías regionales. «Coincidimos en la importancia de sostener el equilibrio fiscal», proclamó. El senador radical Vischi la calificó de «positiva» y se enfocó en reclamar avance de obras en Corrientes.

Una deuda con historia

Los bonistas que ahora cobran forman parte de los llamados «holdouts» o fondos buitre: tenedores de títulos de deuda argentina que iniciaron demandas a partir del default de 2001 y que, a diferencia de la mayoría de los acreedores, rechazaron el acuerdo de reestructuración firmado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri. Llevan más de dos décadas litigando en jurisdicción estadounidense contra el Estado argentino.

El Gobierno de Milei argumenta que el acuerdo resulta «ventajoso» porque implicaría una quita superior al 30% sobre los montos remanentes y pondría fin a los embargos sobre activos argentinos en el exterior. Sin embargo, la operación se inscribe en un patrón ya conocido: el del Estado argentino cediendo ante la presión judicial de fondos especulativos internacionales con el argumento de evitar un mal mayor.

El Senado que «hace historia» para los buitres

Bullrich no escatimó en autoelogios. «Este Senado de la Nación está haciendo historia: aprobamos leyes que durante años se debatieron y nunca avanzaron», declaró, en un tono que resultó llamativo considerando que la «historia» en cuestión incluye habilitar pagos millonarios a fondos que especularon durante décadas con la deuda soberana de un país empobrecido.

El plenario de comisiones quedó previsto para este miércoles a las 15. La comisión de Economía Nacional e Inversiones estará conducida por el libertario Bartolomé Abdala, mientras que la de Presupuesto y Hacienda está presidida por el porteño libertario Agustín Monteverde. Si el dictamen se aprueba, la sesión para votar el proyecto se realizaría en la primera semana de mayo, según fuentes parlamentarias.

Puntos clave

  • El Gobierno de Milei busca autorización parlamentaria para pagar u$s 171 millones a dos fondos buitre: Bainbridge Ltd. (u$s 67 millones) y el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP (u$s 104 millones).
  • La fecha límite para cerrar el acuerdo es el 30 de abril de 2026; sin aprobación, los acuerdos se caen y la Argentina retoma litigios en peores condiciones.
  • Caputo se reunió el martes con los bloques dialoguistas del Senado, en un encuentro organizado por Patricia Bullrich, un día antes del plenario de comisiones.
  • Los fondos buitre involucrados son holdouts que no ingresaron al canje firmado por Macri en 2016 y llevan litigando desde el default de 2001.
  • El Ejecutivo alega una quita de más del 30% sobre los montos adeudados y el fin de embargos sobre activos argentinos como ventajas del acuerdo.

Seguridad social

Aguinaldo para jubilados: el alivio de junio que no alcanza para tapar el ajuste

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el Sueldo Anual Complementario se abonará automáticamente junto con la jubilación de junio, con un ajuste por movilidad del 2,58%. Para quienes cobran la mínima, el aguinaldo rondará los $200.000, sobre haberes que acumulan una pérdida de más del 27% desde el inicio de la gestión libertaria.

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El Argentino Diario-Anses.

ANSES paga el aguinaldo en junio: un alivio momentáneo sobre haberes que perdieron el 27% de poder adquisitivo

En junio de 2026, millones de jubilados y pensionados recibirán un cobro reforzado: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el Sueldo Anual Complementario (SAC), junto con el haber mensual ajustado y el bono extraordinario para los ingresos más bajos, se acreditará de manera automática durante el mes en curso.

El cronograma de pagos comienza el 8 de junio para quienes cobran el haber mínimo. Sin embargo, ese alivio puntual no logra ocultar la dimensión de un deterioro que, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), acumula una pérdida superior al 27% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

Cuánto cobran y cuándo

La jubilación mínima de junio 2026 ascenderá a $403.317, producto de un aumento del 2,58% derivado de la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $322.654 y las Pensiones No Contributivas llegarán a $282.322.

A ese haber se sumará el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos. Los beneficiarios que cobran la jubilación mínima recibirán el monto completo; quienes superan ese umbral accederán a un complemento proporcional. Por su parte, el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber cobrado durante el primer semestre: en el caso de la jubilación mínima, el SAC rondará los $200.000; en haberes superiores, el monto variará según el ingreso registrado por cada beneficiario.

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, los pagos se distribuirán así:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

No será necesario realizar ningún trámite para cobrar el aguinaldo ni el bono. El aumento por movilidad puede consultarse en la plataforma Mi ANSES ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El contexto que el Gobierno prefiere no nombrar

El cobro del aguinaldo llega en un escenario previsional devastado. Según un informe del CEPA, los haberes jubilatorios acumulan una pérdida del 27,4% desde que el gobierno de Javier Milei modificó el sistema de actualización en diciembre de 2023. El impacto más severo recae sobre quienes cobran la jubilación mínima con bono: mientras los haberes básicos crecieron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la mínima con bono incluido solo se incrementó un 101%, dado que el refuerzo permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Para conservar su poder de compra original, ese bono debería haber alcanzado los $177.485 en diciembre de 2025.

El organismo Chequeado confirmó que en 2025 los jubilados que cobran la mínima perdieron un 4,6% de poder de compra frente a la inflación, y que en el último año de la gestión anterior el acumulado de caída llegó al 7,6%. En la última década, la pérdida total para los haberes mínimos alcanza el 34%.

Ese deterioro se monta sobre el impacto del tarifazo que, según datos del IIEP (UBA-CONICET), acumuló una suba del 912% en transporte, 748% en gas y 339% en electricidad desde diciembre de 2023. El resultado es un universo de adultos mayores que destina una proporción creciente de sus ingresos fijos a cubrir gastos de servicios básicos, a expensas de la alimentación y la salud.

El veto que borró lo que el Congreso había aprobado

El deterioro no es solo producto de la fórmula de movilidad. En agosto de 2025, el Poder Ejecutivo anuló mediante veto presidencial una ley que contemplaba un aumento excepcional del 7,2% para compensar la inflación de enero de 2024 y elevaba el bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono habría alcanzado los $446.935, recuperando una parte significativa del poder adquisitivo perdido desde la asunción de Milei. El Congreso lo aprobó; el Gobierno lo frenó.

Además, el informe del CEPA advierte que la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 profundiza la crisis del sistema, al dejar fuera del acceso a la jubilación a sectores que históricamente la moratoria permitía incluir.

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