El timing fue todo un mensaje político. Mientras Kristalina Georgieva anunciaba en sus redes sociales que aterrizaba en Buenos Aires, el diputado nacional Máximo Kirchner ingresaba al Palacio Legislativo un proyecto de ley para redefinir de raíz la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa, denominada Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente a los organismos financieros internacionales y reforma del convenio constitutivo del FMI, está firmada por 16 diputados del bloque de Unión por la Patria y cuenta con 22 artículos.

La propuesta apunta directamente al corazón del modelo de endeudamiento libertario: deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más estricto que impone la aprobación del Congreso para cualquier operación de crédito público con organismos financieros internacionales, con indicación obligatoria del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento.

El DNU 179/2025, en el banquillo

El texto del proyecto coloca en el banquillo al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Javier Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones, equivalentes a aproximadamente 20.000 millones de dólares, sin pasar por el Congreso. La iniciativa opositora establece expresamente que queda prohibido el uso de DNU en estas materias y que los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a «nulidad absoluta e inoponibilidad internacional». Los funcionarios que intervengan en esas operaciones también quedarán expuestos a responsabilidades legales.

Además, el proyecto busca declarar «nulos de nulidad absoluta» los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina, en una referencia directa a las restricciones que el FMI exigió y que el gobierno de Milei aceptó como parte del programa vigente.

La cuota y el «excedente político»: 30.000 millones en disputa

El núcleo de la propuesta gira en torno a una distinción que el kirchnerismo viene instalando en el debate público: la diferencia entre la cuota que el país está obligado a pagar y el «excedente político» que se originó en el préstamo otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. «Frente a la situación actual de endeudamiento que atraviesa la Argentina se hace necesario distinguir lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente)», explicaron desde el entorno del legislador.

La deuda con el organismo equivale actualmente a 13 veces la cuota argentina, por lo que el tramo en discusión alcanza entre 30.000 y 37.800 millones de dólares, según los impulsores de la iniciativa. El proyecto propone renegociar ese excedente mediante una extensión de los plazos de pago, la eliminación de sobrecargos y un esquema de pagos atado al crecimiento de la economía argentina, sin descargar el peso del ajuste sobre la distribución del ingreso.

El proyecto también establece un techo legal al endeudamiento externo: el stock de deuda pública no podrá superar el 200% del promedio de las exportaciones de bienes y servicios de los últimos tres años. Cualquier excepción requerirá mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso.

Corresponsabilidad acreedor-deudor y reforma del convenio del FMI

El proyecto introduce también el concepto de «corresponsabilidad acreedor-deudor», basado en los propios informes de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI y de la Auditoría General de la Nación, que documentaron cómo el Fondo incumplió sus procedimientos de gobernanza técnica al aprobar el crédito de 2018. «El caso argentino es un ejemplo paradigmático de falla institucional y su corrección beneficiará al conjunto del sistema», argumentaron los impulsores de la iniciativa.

Desde esa perspectiva, el proyecto instruye al Poder Ejecutivo a reclamar al FMI una revisión del artículo VI de su convenio constitutivo, con el fin de convertir la capacidad discrecional de controlar la fuga de capitales en una obligación explícita. La propuesta también plantea ampliar las facultades de la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa.

Georgieva aplaudió a Milei mientras la oposición legislaba

La visita de Georgieva al país, la primera en ocho años, tuvo como escenario principal el Palacio de Hacienda, donde compartió una conferencia con el ministro Luis Caputo. «La Argentina se encuentra en una posición mucho más sólida y esto es resultado del arduo trabajo del Gobierno», declaró la titular del organismo. Caputo, por su parte, celebró el vínculo con el Fondo y aseguró que «la relación con el FMI es excelente».

El contraste con el proyecto de Kirchner fue inmediato. Mientras el oficialismo exhibía los avances del programa de ajuste como un logro de gestión, el bloque opositor recordaba que ese mismo programa fue habilitado por un decreto, sin debate parlamentario, y que sus consecuencias sociales recaen sobre los sectores con menos capacidad de absorber el impacto. El proyecto kirchnerista suma las firmas de, entre otros, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Agustín Rossi, Julia Strada y Sergio Palazzo.

Puntos clave

• Máximo Kirchner presentó un proyecto de 22 artículos para que todo nuevo acuerdo con el FMI requiera una ley especial del Congreso y prohíbe el uso de DNU en la materia.
• El texto apunta directamente al DNU 179/2025, con el que Milei firmó el acuerdo por USD 20.000 millones sin pasar por el Parlamento.
• Propone distinguir entre la cuota obligatoria y el «excedente político» del préstamo de 2018, y renegociar entre 30.000 y 37.800 millones de dólares con plazos atados al crecimiento.
• Establece un tope legal: el stock de deuda externa no podrá superar el 200% del promedio de las exportaciones de los últimos tres años.
• La iniciativa fue presentada mientras Georgieva recorría el Palacio de Hacienda junto a Caputo, quien celebró el vínculo con el FMI como un «éxito» de gestión.