La Fiscalía sostiene que Lázaro Báez, condenado a 15 años de prisión, siguió manejando desde su celda de Ezeiza bienes que la Justicia había embargado o decomisado. Por esa hipótesis fue imputado como cabecilla de una organización dedicada al lavado de activos, en una causa que, según la información judicial difundida, involucra a 16 personas divididas en dos expedientes conexos. El primero investiga un flujo de dinero estimado en 390.880.000 pesos.

La acusación se presentó en audiencias realizadas en Santa Cruz; la de formalización fue el jueves 12 de noviembre ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez. Intervinieron la Unidad Fiscal de Río Gallegos, que conduce el fiscal federal Julio Zárate, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte.

Vázquez convalidó doce detenciones con prisión preventiva, fijó medidas de coerción para los cuatro imputados restantes, estableció un plazo de dos años de instrucción, ordenó el embargo de los vehículos secuestrados y levantó el secreto financiero. Se trata de una etapa de investigación: no hay procesamiento ni condena en esta causa y los imputados gozan de presunción de inocencia.

Cómo habría funcionado la red

La calificación provisoria incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. Según la acusación, la organización reinsertaba ganancias irregulares en el circuito legal con transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales. Los fiscales sostienen que Báez dirigía las maniobras por teléfono, pese a las restricciones que le impone el artículo 12 del Código Penal.

La investigación se apoya en comunicaciones que el empresario mantuvo desde su celda con su hombre de confianza en Río Gallegos, Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, según reveló la prensa local. Ibáñez es el principal imputado en una investigación anterior por transporte de cocaína en camiones. Según la investigación, en uno de los audios Báez advirtió que iba a llamar “al que tengo que llamar” para echarlos a todos si no cumplían sus órdenes.

Ibáñez y la pareja de Báez, Claudia Insaurralde, fueron detenidos tras llegar a Buenos Aires desde Río Gallegos, ante la sospecha de un intento de fuga. Durante la semana se realizaron 27 allanamientos, entre ellos el de la celda de Báez, el martes.

Los bienes en disputa

En el edificio Koonek, de la calle Zapiola 55 de Río Gallegos, hay cuatro departamentos de Báez cuyos derechos de propiedad fueron decomisados y transferidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de sus condenas. Sobre la estancia La Entrerriana, la investigación indica que Ibáñez tenía un contrato de arrendamiento por 2.000.000 de pesos mensuales que nunca pagó, con una deuda acumulada de 12.000.000. La estancia Alquinta figura entre los bienes a decomisar en la causa Vialidad.

La segunda causa conexa investiga una presunta red narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la región, con nueve acusados y puntos de contacto logísticos con el entorno del empresario. Báez cumple una pena unificada de 15 años por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K, fijada en julio de 2025 por el Tribunal Oral Federal 4.

Lo que tenés que saber

• Báez fue imputado como cabecilla de una organización de lavado que habría operado desde el penal de Ezeiza, donde cumple una pena unificada de 15 años.
• La causa involucra a 16 personas en dos expedientes conexos; el primero investiga un flujo estimado en 390.880.000 pesos.
• El juez Claudio Marcelo Vázquez convalidó doce detenciones con prisión preventiva y fijó dos años de instrucción.
• Las imputaciones incluyen lavado agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
• Es una etapa de investigación: no hay procesamiento ni condena en esta causa.

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