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Massa: el canje es «absolutamente beneficioso» para la Anses

El ministro le ordenó a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA “un dictamen para aquellos que todavía tengan dudas respecto a si es beneficioso o perjudicial para la Anses”.

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El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este sábado que el canje de deuda de organismos públicos será “absolutamente beneficioso” para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que “ganará un poco más de US$ 2.000 millones” con la operación, monto que será utilizado para un programa de créditos a lanzarse la semana próxima.

Massa anunció, no obstante, que solicitó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) un dictamen sobre la participación del organismo de seguridad social en el esquema de canje dispuesto esta semana, y aseguró que «si diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá» en la medida.

“El canje es un ordenamiento del manejo de la deuda pública dentro del Estado. Teníamos 113 organismos del Estado público nacional que, de manera desordenada y descoordinada, muchas veces generaron incluso prejuicios al propio Estado al administrar en el mercado secundario la compra y la venta de títulos públicos”, explicó Massa en diálogo radial.

El ministro señaló que esta situación “es un problema para una economía que necesita orden en sus cuentas públicas” y que le quitaba “capacidad de acción y de estabilización al Estado”, por lo cual la medida permitirá “garantizar certidumbre” y ganar “transparencia”.

A partir de la medida los organismos no podrán comprar y vender bonos a discreción en el mercado secundario”, detalló.

Del mismo modo, el canje apuntará a reducir la presión sobre los dólares financieros, cuyas subas en enero -indicó Massa- tuvieron un correlato en la inflación, algo que considera clave para dar “garantía y certezas” en una economía “culturalmente bimonetaria”.

En ese marco, indicó que se trata de una decisión que ya estaba contemplada desde el inicio de su gestión, al igual que en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En agosto cuando empezamos esta tarea con el equipo económico planteamos el tema del ordenamiento de la deuda intraestado y en el documento de prospectiva del año 2023 del FMI, donde se elogió el sobrecumplimiento de las metas del programa, también está planteado el tema”, recordó el titular del Palacio de Hacienda.

De todos modos, aclaró que “quién toma las decisiones de política económica es el gobierno argentino”, y que bajo el “compromiso de principios y metas” que posee el país, “el Fondo puede estar de acuerdo con algunas medidas y con otras no”.

Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda respondió los cuestionamientos a la oposición respecto del presunto prejuicio que le generaría la medida a la Anses.

“La Anses gana un poco más de US$ 2,000 millones con esta operación porque lo que hace es mantener la dolarización de cartera y, por otro lado, le da la posibilidad en el bono al momento de venderlo de elegir entre liquidarlo por inflación o en dólares”, precisó Massa.

Tras lo cual, apuntó que en lugar de presentar una pérdida, implicará una ganancia de “más de $ 400.000 millones” en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGyS) “que serán asignados a créditos a jubilados y créditos productivos”, lo cual será anunciado por la entidad previsional “la próxima semana”.

De todos modos, el ministro le ordenó a la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA “un dictamen para aquellos que todavía tengan dudas respecto a si es beneficioso o perjudicial para la Anses”.

“SI el dictamen diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá en el canje, pero tenemos la certeza que es absolutamente beneficioso”, enfatizó Massa.

El funcionario consideró que las críticas partieron de “opiniones anticipadas” que habían sido vertidas antes de publicarse el decreto y su anexo, y recordó que el FGS tuvo “un crecimiento en el valor patrimonial de casi el «40% en los últimos tres años».

Por su parte, tras destacar el crecimiento interanual y mensual que registró en febrero la economía -de 0,7% y 0,3%, respectivamente- y un nivel de desempleo que se encuentra “en los niveles más bajos de los últimos 20 años”, Massa reconoció que la inflación continúa representando “el principal problema de la economía argentina”.

Además de la sequia que afecta el valor de algunos alimentos, responsabilizó la suba de precios a “la dificultad que tuvo la Argentina en acceder al mercado de capitales en 2020 y 2021”, lo cual la obligó a financiar “su enorme déficit” con emisión.

“Fue una enorme bola de pesos que no tenía correlato en la economía real porque además recordemos que la economía cayó 10 puntos”, señaló el ministro.

En ese sentido, desestimó los señalamientos de una presunta corrida bancaria porque precisamente “no faltan pesos para que la gente pueda retirarlos sino que sobran”.

“La verdadera bomba que tuvo la economía argentina fue que por una sequia que fue la mitad de la que está enfrentando este Gobierno, se decidiera salir corriendo al fondo, lo que nos quitó financiamiento externo, el acceso al mercado de capitales y reperfilar, como nombre coqueto del default, a la deuda en pesos”, añadió.

Por último, Massa buscó brindar tranquilidad sobre el nivel de reservas y el tema cambiario.

Indicó que se reducirán las obligaciones externas en US$ 3.800 millones en ahorro de importaciones de gas a partir de haber realizado una compra anticipada para el año de GNL aprovechando «los precios bajos en los mercados internacionales», y a través de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner a fines de junio pròximo.

Del mismo modo, calculó que, en concepto de desembolsos de organismos multilaterales, habrán “US$ 1.700 millones a US$ 2.400 millones” más de los previstos en las arcas.

Pero además de ahorro y desembolsos, el ministro consideró como clave tener un resultado positivo en la balanza comercial para “hacer fuerte a la moneda”.

En ese sentido, adelantó que “entre abril y agosto” se espera un récord de exportaciones tanto en la industria automotriz como en la minera, y que, respecto a la energía, “en mayo va a estar listo el oleoducto para exportar curdo a Chile y se trabajará para exportar gas en septiembre a Brasil por el gasoducto Paraná-Uruguayana”.

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Sin precio base y por 30 años: cómo el Gobierno entrega el agua del AMBA al mejor postor

El Ejecutivo publicó este viernes los pliegos de la Licitación Pública Nacional e Internacional para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos. La concesión será por 30 años y abarcará la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano. La licitación es «sin base», es decir, sin precio mínimo fijado por el Estado.

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El Argentino Diario-AySA.

El agua como mercancía: el Gobierno lanzó la licitación para privatizar AySA y ya hay cinco grupos en carrera

★ El Gobierno de Javier Milei dio un paso concreto este viernes hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): mediante la Resolución 704/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, se lanzó formalmente el proceso licitatorio para transferir al sector privado el 90% del paquete accionario de la empresa que provee agua potable y servicios de desagüe cloacal a millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida no sorprendió. El propio Caputo había anticipado el jueves que «mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional». Lo que quedó en claro este viernes es que el agua, un recurso estratégico y un derecho humano universalmente reconocido, está a punto de convertirse en un negocio privado que se extenderá por tres décadas.

Los que quieren el negocio del agua

Entre los grupos que pujan por adquirir el control de AySA figuran Edison Energía (integrada por la familia Neuss junto a los propietarios de Havanna y Newsan), el empresario Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.

La resolución establece que la licitación es «sin base», lo que significa que el Estado no fijó un precio mínimo de referencia para la venta de sus acciones. La empresa ganadora se quedará con al menos el 51% de las acciones en carácter de «operador estratégico», mientras el resto del paquete saldrá a la Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores de la empresa.

El contrato de concesión, aprobado por el Ejecutivo a fines de abril, fija la prestación del servicio por 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años adicionales. La cobertura abarcará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Los plazos del proceso

El proceso licitatorio se llevará adelante a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. Conforme a los términos de la Resolución 704/2026, los interesados podrán realizar consultas al pliego hasta el 12 de agosto de 2026 a las 10:00, mientras que la presentación de ofertas vence el 27 de agosto de 2026 a las 09:59. El acto de apertura de la Etapa N° 1 está fijado para el mismo día, a las 10:00.

La propia resolución advierte que «quedará a cargo exclusivo de los interesados en el presente procedimiento toda investigación y análisis diligente», eximiendo al Estado de toda responsabilidad por contingencias vinculadas a la información disponible en el portal.

Una empresa estratégica y un Estado que se retira

AySA no es una empresa cualquiera. Es la encargada de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico a una de las regiones más densamente pobladas del país. Su privatización forma parte del paquete de ocho empresas estatales que el Gobierno decidió vender al amparo de la Ley Bases (27.742): además de AySA, el listado incluye a Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

En ese marco, el Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas y especialistas vinculados al movimiento sindical integrado, entre otros, por Ricardo Aronskind, Raúl Dellatorre, Noemí Brenta, Roberto Feletti y Felisa Miceli, advirtió en documentos recientes que el esquema económico de la gestión Milei profundiza el desguace del Estado y compromete la soberanía nacional sobre recursos estratégicos. El Foro denunció también que el ajuste fiscal impuesto en el marco del acuerdo con el FMI destruye el gasto social sin tocar a los sectores más concentrados, los mismos que hoy se posicionan para quedarse con activos públicos construidos con el esfuerzo colectivo de generaciones.

Entregar AySA por 30 años a un operador privado, sin precio base y con un contrato que el Estado ya no podrá revisar libremente, no es solo una decisión económica. Es una apuesta política de hondo impacto social que condicionará el acceso al agua y al saneamiento de millones de familias del AMBA durante décadas.

Puntos clave

  • El Gobierno publicó los pliegos de licitación para privatizar el 90% de AySA mediante la Resolución 704/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.
  • La licitación es «sin base«: el Estado no fijó precio mínimo para la venta de sus acciones.
  • Cinco grupos privados compiten por la empresa: Edison Energía, Mauricio Filiberti, Grupo Roggio, Sabesp y Río+Saneamiento (estas dos últimas, firmas brasileñas).
  • La concesión abarcará la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano por 30 años, prorrogable por 10 años más.
  • El plazo de presentación de ofertas vence el 27 de agosto de 2026.
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