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La UBA finalizó el informe del canje: no afecta a los jubilados y la ANSES gana

El análisis se centra en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y concluye que las operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de su realización. Además, se destaca que estas operaciones no tienen un impacto en el régimen previsional público ni en la deuda total del sector público consolidado.

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La Universidad de Buenos Aires ha emitido un dictamen sobre las operaciones de venta y canje de títulos públicos que involucran a entidades públicas nacionales.

El informe se enfoca principalmente en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que es el mayor tenedor de los títulos involucrados. Se destaca que las operaciones analizadas no tienen un impacto directo en los haberes a percibir por los beneficiarios de ANSES, ya que el FGS es un stock y no un flujo de pago periódico de haberes.

El informe concluye que tanto la venta como el canje de títulos públicos no implicarían una pérdida patrimonial para los organismos públicos involucrados, sino que supondrían revalorizaciones patrimoniales al momento de la realización.

En el caso de la venta de títulos ley argentina (Bonares), la ganancia patrimonial sería de casi un 46%, y en el caso del canje de bonos globales, la revalorización promedio de las carteras de los organismos públicos sería de alrededor del 104%.

Es importante destacar que estas operaciones no tienen un impacto en la deuda total del sector público consolidado, ya que solo implican un cambio de activo al interior de los organismos que lo conforman.

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Dos de cada tres argentinos se quedan sin plata antes del día 20: quiénes están peor

Un informe de Zentrix Consultora revela que cuatro de cada diez hogares no superan la primera quincena con sus recursos. La alimentación, la salud y las tarifas concentran buena parte del crédito, mientras crece el reclamo de regulación estatal ante la morosidad.

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Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20, mientras casi cuatro de cada diez hogares agotan sus recursos durante la primera quincena. Solo el 34% logra cubrir todo el mes y apenas el 9,8% consigue ahorrar, según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora.

El relevamiento también indica que el 56,2% de la población tomó deuda en los últimos seis meses y que el 81,8% considera que sus ingresos no le ganan a la inflación. Entre quienes recurrieron al crédito, el 55,1% lo destinó a alimentación y salud, el 21,3% a tarifas y servicios públicos y el 11,8% a bienes durables.

Clase baja, media y jóvenes: los sectores más afectados

  • Clase baja: el 59,6% agota sus ingresos antes del día 15 y el 83,3% antes del día 20. Solo el 0,9% logra ahorrar y el 68,1% tomó deuda; de ese grupo, el 65,5% la destinó a necesidades básicas.
  • Clase media: el 51,4% se queda sin dinero antes de fin de mes y el 47,1% se endeudó. El 45,6% utilizó el crédito para gastos primarios y el 29% para tarifas y servicios.
  • Clase alta: el 20% agota sus recursos antes de fin de mes y el 61,9% puede ahorrar. El 36,5% tomó deuda y, entre ellos, el 63,4% la destinó a bienes durables.
  • Menores de 40 años: el 72% se queda sin dinero antes del día 20, el 60,9% se endeudó y apenas el 3% logra ahorrar. Además, el 69,1% evalúa negativamente la situación económica del país.

En cuanto a la percepción salarial, desde marzo más del 81% de los encuestados sostiene que sus ingresos pierden frente a la inflación. El indicador llegó al 87,4% en julio.

Qué hacen los argentinos con el crédito y qué reclaman

Zentrix advirtió que financiar las deudas de un mes con los ingresos del siguiente alimenta un circuito de dificultades económicas. El informe señaló que “el ciclo se retroalimenta y la morosidad deja de ser un episodio para convertirse en un riesgo estructural de los hogares que usan la deuda como puente”.

Ante este panorama, el 67% considera que el Estado debe intervenir. El 36,1% entiende que se trata de un problema social general y el 30,9% cree que corresponde actuar incluso cuando se trata de una relación entre privados.

Sobre las posibles medidas, el 61,3% prefiere regular las condiciones de los créditos, el 23,6% propone refinanciar deudas a través del Banco Central y el 7,5% apoya la condonación por ley.

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