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Sin precio base y por 30 años: cómo el Gobierno entrega el agua del AMBA al mejor postor
El Ejecutivo publicó este viernes los pliegos de la Licitación Pública Nacional e Internacional para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos. La concesión será por 30 años y abarcará la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano. La licitación es «sin base», es decir, sin precio mínimo fijado por el Estado.
El agua como mercancía: el Gobierno lanzó la licitación para privatizar AySA y ya hay cinco grupos en carrera
★ El Gobierno de Javier Milei dio un paso concreto este viernes hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): mediante la Resolución 704/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, se lanzó formalmente el proceso licitatorio para transferir al sector privado el 90% del paquete accionario de la empresa que provee agua potable y servicios de desagüe cloacal a millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida no sorprendió. El propio Caputo había anticipado el jueves que «mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional». Lo que quedó en claro este viernes es que el agua, un recurso estratégico y un derecho humano universalmente reconocido, está a punto de convertirse en un negocio privado que se extenderá por tres décadas.
Los que quieren el negocio del agua
Entre los grupos que pujan por adquirir el control de AySA figuran Edison Energía (integrada por la familia Neuss junto a los propietarios de Havanna y Newsan), el empresario Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.
La resolución establece que la licitación es «sin base», lo que significa que el Estado no fijó un precio mínimo de referencia para la venta de sus acciones. La empresa ganadora se quedará con al menos el 51% de las acciones en carácter de «operador estratégico», mientras el resto del paquete saldrá a la Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores de la empresa.
El contrato de concesión, aprobado por el Ejecutivo a fines de abril, fija la prestación del servicio por 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años adicionales. La cobertura abarcará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Los plazos del proceso
El proceso licitatorio se llevará adelante a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. Conforme a los términos de la Resolución 704/2026, los interesados podrán realizar consultas al pliego hasta el 12 de agosto de 2026 a las 10:00, mientras que la presentación de ofertas vence el 27 de agosto de 2026 a las 09:59. El acto de apertura de la Etapa N° 1 está fijado para el mismo día, a las 10:00.
La propia resolución advierte que «quedará a cargo exclusivo de los interesados en el presente procedimiento toda investigación y análisis diligente», eximiendo al Estado de toda responsabilidad por contingencias vinculadas a la información disponible en el portal.
Una empresa estratégica y un Estado que se retira
AySA no es una empresa cualquiera. Es la encargada de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico a una de las regiones más densamente pobladas del país. Su privatización forma parte del paquete de ocho empresas estatales que el Gobierno decidió vender al amparo de la Ley Bases (27.742): además de AySA, el listado incluye a Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En ese marco, el Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas y especialistas vinculados al movimiento sindical integrado, entre otros, por Ricardo Aronskind, Raúl Dellatorre, Noemí Brenta, Roberto Feletti y Felisa Miceli, advirtió en documentos recientes que el esquema económico de la gestión Milei profundiza el desguace del Estado y compromete la soberanía nacional sobre recursos estratégicos. El Foro denunció también que el ajuste fiscal impuesto en el marco del acuerdo con el FMI destruye el gasto social sin tocar a los sectores más concentrados, los mismos que hoy se posicionan para quedarse con activos públicos construidos con el esfuerzo colectivo de generaciones.
Entregar AySA por 30 años a un operador privado, sin precio base y con un contrato que el Estado ya no podrá revisar libremente, no es solo una decisión económica. Es una apuesta política de hondo impacto social que condicionará el acceso al agua y al saneamiento de millones de familias del AMBA durante décadas.
Puntos clave
- El Gobierno publicó los pliegos de licitación para privatizar el 90% de AySA mediante la Resolución 704/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.
- La licitación es «sin base«: el Estado no fijó precio mínimo para la venta de sus acciones.
- Cinco grupos privados compiten por la empresa: Edison Energía, Mauricio Filiberti, Grupo Roggio, Sabesp y Río+Saneamiento (estas dos últimas, firmas brasileñas).
- La concesión abarcará la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano por 30 años, prorrogable por 10 años más.
- El plazo de presentación de ofertas vence el 27 de agosto de 2026.
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La inflación interanual sin tregua: 33% golpea el costo de vida
El INDEC confirmó este jueves una inflación del 2,1% en mayo, con una acumulación del 14,7% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 33,2%. El gobierno libertario festeja la desaceleración mensual, pero la fotografía completa revela que una familia tipo necesita casi un millón y medio de pesos para no ser pobre, mientras Comunicación, Salud y Alimentos encabezan las subas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2026. El dato oficial confirmó una suba mensual del 2,1%, levemente por debajo del 2,6% registrado en abril. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año trepó al 14,7%, mientras que la variación interanual cerró en 33,2%, mostrando un leve incremento respecto al 32,4% de abril, dado que un año atrás los precios habían subido menos.
El número mensual fue recibido con alivio en los despachos oficiales, donde el ministro de Economía Luis Caputo viene prometiendo un anclaje inflacionario como eje central de la gestión libertaria. Sin embargo, la lectura crítica de los datos obliga a mirar más allá del índice mensual: una desaceleración que se apoya sobre una base ya devastada por el ajuste tarifario, los recortes al gasto social y el peso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no equivale a recuperación del poder adquisitivo de los sectores populares.
Los rubros que más presionaron en mayo
Según los datos oficiales del INDEC, la división de Comunicación lideró los aumentos del mes con un 3,4%, impulsada principalmente por subas en telefonía e internet. La siguió Educación con un 2,9% de incremento, traccionada por los ajustes en cuotas de colegios privados. El rubro Salud también se ubicó por encima del promedio general, con un 2,6%, empujado por la aceleración de los medicamentos y las cuotas de las prepagas.
Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,5%, por encima del índice general. El principal motor alcista dentro del rubro fue el precio de las verduras, con un salto del 27% de fuerte carácter estacional. Los productos panificados avanzaron alrededor del 2,5% y los lácteos un 3%, según la consultora privada C&T Asesores Económicos. En sentido contrario, la carne actúo como amortiguador, con un incremento de apenas el 1%, sosteniendo levemente el bolsillo de los sectores que más la consumen.
En el otro extremo de la tabla, los rubros de menor suba fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y Calzado (0,3%), este último influido por las campañas de descuentos del Hot Sale de fin de mes. Transporte registró un 2%, también por debajo del promedio general, tras los fuertes aumentos de combustibles de meses previos.
La brecha regional: el Noreste paga más, la Patagonia menos
El dato nacional oculta una distribución desigual del impacto inflacionario según la región del país. El Noreste fue la zona con la mayor variación del mes (2,6%), traccionada por subas en el gas en garrafa y los alquileres, dos rubros que golpean con especial dureza a los sectores más vulnerables de esas provincias. En el extremo opuesto, la Patagonia registró el menor incremento mensual, con un 1,7%.
La canasta que el dato mensual no puede tapar
El mismo jueves que el INDEC publicó el IPC, también actualizó los valores de las canastas básicas. Según los datos oficiales, en mayo una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó $1.500.000 aproximadamente para no caer bajo la línea de pobreza, de acuerdo con el informe de la Canasta Básica Total (CBT). Para no caer en la indigencia, ese mismo hogar requirió cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cuyo valor para el mes se situó en torno a los $665.000.
Estos números ponen en evidencia la brecha estructural que la narrativa oficial sobre la «desinflación» no puede cerrar: los aumentos mensuales de entre 2% y 3% se acumulan sobre una base de precios que, desde diciembre de 2023, ya destruyó décadas de conquistas en materia de poder adquisitivo. Según informes del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumulan una suba superior al 525% desde el inicio de la gestión libertaria, con el transporte bordeando el 900%.
El relato oficial versus la persistencia del 33% interanual
El gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su capital político sobre la idea del control inflacionario como prueba de gestión. El dato de mayo, levemente mejor que el de abril, alimentará ese argumento en los próximos días. Pero la variación interanual del 33,2% expone la trampa del relato: una inflación que se desacelera mes a mes pero que acumula, en doce meses, el equivalente a un tercio de los ingresos de cualquier familia trabajadora que llegó a diciembre de 2025 con el bolsillo intacto, es decir, ninguna.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que la inflación interanual cerrará 2026 en torno al 30,5%. Esa cifra, de cumplirse, seguirá siendo una de las más altas de América Latina y muy superior a los compromisos asumidos con el FMI en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025, que estipuló metas de desinflación mucho más agresivas a cambio de un desembolso de USD 20.000 millones.
En ese contexto, el dato mensual más bajo en meses no es una victoria: es el piso mínimo que el ajuste permanente debe ofrecer para mantener la ficción de que el modelo funciona, mientras millones de argentinas y argentinos siguen sin poder cubrir la canasta básica de alimentos.
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