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Sin precio base y por 30 años: cómo el Gobierno entrega el agua del AMBA al mejor postor

El Ejecutivo publicó este viernes los pliegos de la Licitación Pública Nacional e Internacional para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos. La concesión será por 30 años y abarcará la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano. La licitación es «sin base», es decir, sin precio mínimo fijado por el Estado.

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El Argentino Diario-AySA.

El agua como mercancía: el Gobierno lanzó la licitación para privatizar AySA y ya hay cinco grupos en carrera

★ El Gobierno de Javier Milei dio un paso concreto este viernes hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): mediante la Resolución 704/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, se lanzó formalmente el proceso licitatorio para transferir al sector privado el 90% del paquete accionario de la empresa que provee agua potable y servicios de desagüe cloacal a millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida no sorprendió. El propio Caputo había anticipado el jueves que «mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional». Lo que quedó en claro este viernes es que el agua, un recurso estratégico y un derecho humano universalmente reconocido, está a punto de convertirse en un negocio privado que se extenderá por tres décadas.

Los que quieren el negocio del agua

Entre los grupos que pujan por adquirir el control de AySA figuran Edison Energía (integrada por la familia Neuss junto a los propietarios de Havanna y Newsan), el empresario Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.

La resolución establece que la licitación es «sin base», lo que significa que el Estado no fijó un precio mínimo de referencia para la venta de sus acciones. La empresa ganadora se quedará con al menos el 51% de las acciones en carácter de «operador estratégico», mientras el resto del paquete saldrá a la Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores de la empresa.

El contrato de concesión, aprobado por el Ejecutivo a fines de abril, fija la prestación del servicio por 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años adicionales. La cobertura abarcará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Los plazos del proceso

El proceso licitatorio se llevará adelante a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. Conforme a los términos de la Resolución 704/2026, los interesados podrán realizar consultas al pliego hasta el 12 de agosto de 2026 a las 10:00, mientras que la presentación de ofertas vence el 27 de agosto de 2026 a las 09:59. El acto de apertura de la Etapa N° 1 está fijado para el mismo día, a las 10:00.

La propia resolución advierte que «quedará a cargo exclusivo de los interesados en el presente procedimiento toda investigación y análisis diligente», eximiendo al Estado de toda responsabilidad por contingencias vinculadas a la información disponible en el portal.

Una empresa estratégica y un Estado que se retira

AySA no es una empresa cualquiera. Es la encargada de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico a una de las regiones más densamente pobladas del país. Su privatización forma parte del paquete de ocho empresas estatales que el Gobierno decidió vender al amparo de la Ley Bases (27.742): además de AySA, el listado incluye a Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

En ese marco, el Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas y especialistas vinculados al movimiento sindical integrado, entre otros, por Ricardo Aronskind, Raúl Dellatorre, Noemí Brenta, Roberto Feletti y Felisa Miceli, advirtió en documentos recientes que el esquema económico de la gestión Milei profundiza el desguace del Estado y compromete la soberanía nacional sobre recursos estratégicos. El Foro denunció también que el ajuste fiscal impuesto en el marco del acuerdo con el FMI destruye el gasto social sin tocar a los sectores más concentrados, los mismos que hoy se posicionan para quedarse con activos públicos construidos con el esfuerzo colectivo de generaciones.

Entregar AySA por 30 años a un operador privado, sin precio base y con un contrato que el Estado ya no podrá revisar libremente, no es solo una decisión económica. Es una apuesta política de hondo impacto social que condicionará el acceso al agua y al saneamiento de millones de familias del AMBA durante décadas.

Puntos clave

  • El Gobierno publicó los pliegos de licitación para privatizar el 90% de AySA mediante la Resolución 704/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.
  • La licitación es «sin base«: el Estado no fijó precio mínimo para la venta de sus acciones.
  • Cinco grupos privados compiten por la empresa: Edison Energía, Mauricio Filiberti, Grupo Roggio, Sabesp y Río+Saneamiento (estas dos últimas, firmas brasileñas).
  • La concesión abarcará la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano por 30 años, prorrogable por 10 años más.
  • El plazo de presentación de ofertas vence el 27 de agosto de 2026.

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Tras el fallo de la Corte, la oposición lleva el DNU 70/2023 al recinto junto con las deudas de las familias y la discapacidad

Treinta y dos diputados opositores pidieron a Martín Menem convocar para el jueves 15 a las 14, el mismo día de la marcha federal universitaria, a un debate sobre el DNU 70/2023, la Ley de Endeudamiento Familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. El pedido llega después del fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras.

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El DNU 70/2023, la Ley de Endeudamiento Familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad volverían al recinto de Diputados si Martín Menem convoca la sesión especial que pidió la oposición para el 15 de octubre. El pedido apunta a poner en una misma jornada tres reclamos que atraviesan la agenda legislativa.

La solicitud lleva la firma de 32 diputados de distintos bloques opositores y fija la sesión para el jueves 15 a las 14, en coincidencia con la marcha federal universitaria. Hasta el momento no se informó si el presidente de la Cámara, Martín Menem, accederá a convocarla.

Qué se pide tratar

El primer punto es el Orden del Día 433, denominado “Ley de Endeudamiento Familiar. Establecimiento”, que busca crear herramientas para atender a las familias con dificultades para afrontar sus deudas. En Diputados hay alrededor de 50 iniciativas sobre morosidad, con propuestas sobre tarjetas de crédito, intereses, cuentas sueldo y mecanismos de refinanciación y desendeudamiento, y las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor avanzaron con proyectos del tema.

El segundo es el DNU 70/2023, “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, firmado en diciembre de 2023, que modificó o derogó numerosas normas. El tercero es el Orden del Día 350, que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que hoy rige hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla un año. La ley contempla el financiamiento de pensiones no contributivas, la regularización de deudas con prestadores y la actualización de los aranceles del sistema de prestaciones básicas.

El detonante: el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras

El pedido llega después de que la Corte Suprema revocara, el 29 de septiembre, un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por falta de legitimación y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto.

La ley derogada fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, además de topes por nacionalidad y restricciones en zonas de frontera y en inmuebles con cuerpos de agua de envergadura. Con el fallo, la derogación quedó vigente sin que la Justicia analizara de fondo la constitucionalidad del artículo 154, por lo que esos límites específicos ya no rigen.

Un antecedente: la sesión del 9 de septiembre

No es la primera vez que la oposición recurre a una sesión especial para fijar agenda. El 9 de septiembre, Diputados aprobó por 249 votos afirmativos y uno negativo el emplazamiento a las comisiones para tratar los proyectos sobre morosidad y la emergencia en discapacidad. Esa vez, La Libertad Avanza decidió dar quórum después de comprobar que la oposición ya reunía los 129 diputados necesarios para abrir la sesión.

La oposición vuelve a usar la sesión especial para llevar al recinto temas que, según se informó, el oficialismo demoraba en comisiones. Para sesionar el 15 hará falta, otra vez, reunir el quórum de 129 diputados.

Lo que tenés que saber:

  • Treinta y dos diputados opositores pidieron una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14.
  • El temario incluye la Ley de Endeudamiento Familiar (OD 433), el DNU 70/2023 y la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 (OD 350).
  • El pedido llega después de que la Corte revocara, el 29 de septiembre, el fallo que declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU.
  • La Corte aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto.
  • No se informó si Martín Menem convocará la sesión.

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