AySA, el agua de millones, a manos privadas: Milei oficializa la licitación

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó el jueves los pliegos de la licitación a través de su cuenta en la red social X. «La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos», sostuvo el funcionario.

Y agregó: «Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento.»

La retórica de Caputo reproduce el mismo argumento que, en los años noventa, justificó las privatizaciones masivas de la era menemista: la ineficiencia estatal como pecado original y el capital privado como única redención posible. La historia, sin embargo, ya ofreció un veredicto sobre esa promesa aplicada específicamente al agua.

La empresa que Kirchner recuperó del fracaso privado

AySA no siempre fue una empresa del Estado. Durante la década del noventa, el servicio de agua y saneamiento del área metropolitana fue concesionado a Aguas Argentinas, un consorcio de capitales privados liderado por la francesa Suez. La concesión terminó en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato tras años de conflictos por incumplimientos en las metas de inversión, deterioro de la calidad del servicio y aumentos de tarifas que el Estado debió arbitrar sin obtener resultados. AySA nació ese mismo año como empresa estatal para recuperar el control de un servicio esencial que el mercado no había sabido garantizar.

Veinte años después, el gobierno de Javier Milei repite la operación inversa: lo que fue estatizado como respuesta al fracaso privado vuelve a ser entregado al mercado bajo el mismo argumento que originó aquel fracaso.

El modelo de la privatización en dos etapas

Según lo publicado en el Boletín Oficial y lo adelantado por el ministro Caputo, la estructura de la operación prevé que el 51% de las acciones quede en manos de un operador estratégico, seleccionado mediante licitación pública nacional e internacional. En una segunda etapa, el 39% restante será ofertado al mercado bursátil a través de una oferta pública inicial. El 10% remanente permanecerá en poder de los trabajadores de la empresa.

El contrato de concesión, aprobado por el Ejecutivo a fines de abril, tendrá una vigencia de 30 años y establece derechos y obligaciones tanto para el concedente, que es el Estado, como para el futuro concesionario privado. El Gobierno describe el esquema como una «reorganización integral del servicio» destinada a dotarlo de «mayor claridad normativa y previsibilidad.»

Lo que el Ejecutivo no explica con la misma claridad es quién regulará efectivamente el cumplimiento de esas obligaciones en un contexto donde el Estado, según las propias cifras del Foro Economía y Trabajo publicadas en mayo de 2026, redujo su gasto de capital en un 86% desde diciembre de 2023 y recortó los programas de control y planificación de manera sistemática.

Plazos y mecanismos: la cuenta regresiva

Los operadores interesados en adquirir el paquete accionario tendrán tiempo hasta el 27 de agosto para presentar sus ofertas a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre las bases y condiciones de la licitación podrán realizarse hasta el 12 de agosto.

Un patrón coherente: desguace con manual ideológico

La privatización de AySA no es un hecho aislado ni una decisión técnica. Es la primera aplicación concreta, en una empresa operativa, de la política de desmantelamiento del Estado que el Gobierno viene ejecutando desde diciembre de 2023 al amparo de la Ley Bases (N° 27742), que habilitó el listado de empresas públicas susceptibles de privatización.

En ese marco, el ajuste fiscal que financia los compromisos con el FMI, el recorte en los fondos destinados a las provincias y la reducción del gasto social conviven con la decisión política de desprenderse de activos estratégicos, entre ellos el agua, un recurso que en cualquier definición de soberanía nacional integra el núcleo indisponible del patrimonio público.

La pregunta que el Gobierno de Milei no responde, y que la historia de las privatizaciones argentinas ya planteó antes, es qué ocurre cuando el operador privado decide que las metas de inversión son incompatibles con la rentabilidad esperada. En los años noventa, la respuesta fue AySA. Esta vez, el Estado que debería actuar como red de seguridad lleva dos años siendo desarmado pieza por pieza.