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Seguridad 🚨

Más armas, menos control: nuevas flexibilizaciones de Milei en seguridad

La medida fue tomada por la ANMAC en el marco de una política de “desburocratización”. Organizaciones sociales y de derechos humanos advierten sobre el debilitamiento del control estatal.

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El régimen libertario de Milei dispuso una nueva flexibilización en el régimen de control de armas al eliminar la tasa anual obligatoria para usuarios de armas de fuego y extender a cinco años el plazo de vigencia de las inscripciones.

La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 77/2025 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), publicada en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Juan Pablo Allan.

Menos control, más armas

La resolución elimina el pago de la tasa anual para los usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro. También extiende de uno a cinco años el vencimiento de las inscripciones en rubros como fabricación de armas, talleres de blindaje y recarga de municiones. Los usuarios sólo deberán informar cambios en los requisitos en un plazo de 30 días, sin necesidad de renovación ni reinscripción anual.

Un nuevo paso en la flexibilización

El Gobierno justificó la medida como parte de un plan de “simplificación y desburocratización de los trámites”, un argumento que ya fue utilizado para reducir controles sobre agrotóxicos, importaciones de material bélico y registros sanitarios.

Desde ANMAC indicaron que los únicos rubros no alcanzados por esta desregulación son importadores y transportistas, que seguirán sujetos a normativas más estrictas por fuera de la competencia del organismo.

Alerta por descontrol de armas

Referentes de organizaciones de derechos humanos y especialistas en políticas de seguridad manifestaron su preocupación. La medida se da en un contexto de creciente circulación de armas en el país, incremento del narcotráfico y ausencia de planes de control y desarme.

El exdirector del organismo, Eugenio Burzaco, criticó la resolución: “Están desmantelando el sistema de trazabilidad de armas. Esto no es desburocratizar, es descontrolar”.

La resolución en detalle

Artículo 1: establece en cinco años el vencimiento de inscripciones comerciales (fabricantes, talleres de blindaje, recargadores de munición). Artículo 2: elimina la tasa anual para usuarios comerciales, colectivos y entidades de tiro. Artículo 3: mantiene la obligación de informar modificaciones de requisitos dentro de los 30 días. Artículo 4 y 5: instruye a las Direcciones Nacionales a adecuar instructivos y tramitaciones.

Gremiales

PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.

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El Argentino Diario-Médicos-Residencias médicas-Hospital público-Salud Pública.

El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.

Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema

El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.

  • Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
  • Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
  • Jornadas completas con alta carga administrativa

Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.

Sobrecarga y precarización

El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.

Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.

Riesgo de éxodo y deterioro de la atención

El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.

El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.

Deudas y falta dde medicamentos

A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.

En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.

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