El Gobierno nacional modificó los índices que determinan el cálculo del haber inicial de los futuros jubilados. La medida, establecida por la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, actualiza los coeficientes que se aplican sobre los salarios históricos de los trabajadores en relación de dependencia para determinar el monto con el que ingresarán al sistema previsional. El cambio no alcanza a quienes ya cobran jubilaciones y pensiones.

Qué establece la Disposición 10/2026

La norma fija un nuevo «índice combinado» para actualizar las remuneraciones mensuales de los trabajadores en relación de dependencia, según el mecanismo previsto en el artículo 2° de la Ley 26.417, modificado por la Ley 27.609, cuya metodología fue establecida por la Resolución 3/2021. El procedimiento ya existía y forma parte de la actualización periódica que realiza la Secretaría de Seguridad Social, tal como lo dispone el Decreto 104/2021.

La medida entra en vigencia para quienes cesen en su actividad laboral desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio previsional desde el 1° de septiembre. Para todos los demás, la fórmula de movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa vigente sin modificaciones, en el marco del Decreto 274/2024.

El salario histórico: la clave que el debate previsional ignora

Para comprender el impacto real de la disposición es necesario comprender un mecanismo que rara vez se explica en el debate público: el haber inicial no surge del último sueldo percibido antes del retiro. El sistema previsional toma en cuenta las remuneraciones sujetas a aportes a lo largo de la trayectoria laboral del trabajador. Como esos salarios fueron percibidos en momentos distintos y bajo niveles de precios diferentes, deben actualizarse mediante coeficientes antes de calcular el promedio que incide sobre el beneficio final, junto con los años de aportes y los demás componentes del régimen.

Es justamente en ese procedimiento donde opera el índice combinado que acaba de actualizar la Subsecretaría de Seguridad Social. Los nuevos coeficientes permiten llevar los valores salariales de distintos años a una referencia común, lo que determina, en última instancia, el punto de partida del haber de cada futuro jubilado. La magnitud concreta del efecto sobre cada trabajador dependerá de los coeficientes incluidos en el anexo de la disposición y de la historia salarial individual.

Sin aumentos para quienes ya cobran: la distinción que importa

La precisión técnica es central para evitar una lectura errónea de la medida. La Disposición 10/2026 no modifica la fórmula de movilidad que rige para los cerca de 7 millones de jubilados y pensionados que ya perciben sus haberes mensualmente. Ese mecanismo, atado a la inflación del IPC con un mes de rezago, continuó su curso en agosto: las jubilaciones y pensiones aumentaron un 1,89% como consecuencia de la inflación registrada en junio, lo que llevó la jubilación mínima a aproximadamente $419.775 y el ingreso total, sumado el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene renovando sin actualizar desde marzo de 2024, a unos $489.775.

La distinción entre la actualización de salarios históricos y la movilidad de los haberes ya otorgados resulta estructural: la primera afecta el punto de entrada al sistema; la segunda regula las prestaciones ya en curso. Confundir ambas puede generar expectativas de mejora que la medida no contempla y que, en el actual contexto de erosión acumulada del poder adquisitivo previsional, resultaría engañoso instalar.

El contexto: un sistema previsional bajo ajuste permanente

La Disposición 10/2026 se inscribe en un sistema previsional que acumula tensiones profundas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El bono extraordinario de $70.000, instrumento creado durante la gestión anterior para compensar el rezago de la fórmula de movilidad trimestral entonces vigente, no recibió ninguna actualización desde su creación, a pesar de que la inflación acumulada desde marzo de 2024 hasta la fecha superó ampliamente el 100%. En términos reales, ese bono equivale hoy a menos de la mitad de lo que representaba cuando se instrumentó, lo que implica una reducción silenciosa del ingreso total de quienes cobran el haber mínimo, la PUAM y las pensiones no contributivas, es decir, los sectores más vulnerables del sistema.

A eso se suma el recorte real acumulado en el gasto previsional y social bajo la gestión libertaria, documentado por el Foro Economía y Trabajo: los programas sociales sufrieron una reducción real del 61% desde 2023, en el marco de las metas de ajuste fiscal acordadas con el FMI. En ese cuadro, cualquier modificación técnica al índice de cálculo del haber inicial debe leerse también como parte de un sistema donde las reglas previsionales se ajustan mientras el Estado recorta y la inflación acumulada devora el poder de compra de los sectores más afectados.