La justicia federal profundizó la ejecución patrimonial derivada de la condena en la causa Vialidad y avanzó con el embargo preventivo de una serie de propiedades vinculadas a la familia Kirchner. La medida más significativa, tanto en términos jurídicos como simbólicos, es la que recayó sobre el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente su condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El inmueble pertenece a la sociedad Los Sauces SA, empresa de la familia Kirchner, y fue incluido en el proceso de recuperación de activos impulsado por el fiscal Diego Luciani, quien en febrero de 2026 solicitó al TOF 2 su incorporación al listado de bienes a decomisar para cubrir el monto fijado por la sentencia, cercano a los 685.000 millones de pesos en concepto de supuesto perjuicio económico al Estado.

Los jueces del fallo proscriptivo, a cargo de la ejecución

No es un detalle menor que la resolución de embargo lleve las firmas de Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los mismos magistrados que dictaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, un fallo que organismos internacionales y sectores del campo jurídico crítico han cuestionado por la debilidad probatoria de su argumentación central.

Con sus firmas, el TOF 2 sostuvo que «corresponde adoptar los resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados y asegurar que la jurisdicción conserve aptitud real» para hacer efectivo el decomiso, una decisión que ya había sido convalidada por la Cámara de Casación pero que la defensa de Cristina Kirchner objetó ante la Corte Suprema de Justicia.

El detalle de los bienes embargados

Además del departamento de Constitución, la medida alcanza una serie de propiedades en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires quedaron comprendidos varios inmuebles del complejo Madero Center, en Puerto Madero, incluyendo departamentos, cocheras y una baulera. En la Patagonia, el embargo recayó sobre propiedades en El Calafate y Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, entre ellas el chalet de la expresidenta sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, viviendas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo, y el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.

Dado que el monto total del decomiso supera con creces el valor de los bienes registrados exclusivamente a nombre de Cristina Kirchner, la medida se extendió también a Máximo y Florencia Kirchner. En el caso de Florencia, el fiscal Luciani había pedido incorporar al proceso fondos por 4.664.000 dólares alojados en una caja de seguridad bancaria y 992.134 dólares en cuenta bancaria, ambos ya embargados previamente. La resolución también ordenó un informe bancario sobre las cuentas y cajas de seguridad de ambos hijos.

Sin remate inmediato: la defensa tiene margen para actuar

El embargo preventivo no implica el decomiso definitivo ni la subasta inmediata de los bienes. Se trata de una medida cautelar destinada a mantener los inmuebles disponibles e inmovilizados mientras el proceso de ejecución avanza y las partes tienen oportunidad de intervenir. La defensa de Cristina Kirchner cuenta con la posibilidad de apelar la resolución, en un expediente que podría volver a llegar a la Corte Suprema de Justicia, cuyo rol resultará clave para determinar el destino final de los activos afectados: su administración, eventual asignación institucional o subasta.

El proceso se inscribe en un contexto judicial más amplio: la causa Vialidad se encuentra bajo análisis del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ante quien la defensa de la expresidenta presentó una medida cautelar cuyo desenlace podría tener consecuencias sobre la revisabilidad del fallo. Un dictamen favorable del organismo internacional habilitaría, según especialistas, invocar el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal para solicitar la revisión de la sentencia firme.

Persecución judicial sin tregua

Para el kirchnerismo y amplios sectores del campo jurídico crítico, la escalada patrimonial representa un nuevo capítulo de persecución judicial contra Cristina Kirchner. El encadenamiento de medidas, que incluyen la condena proscriptiva, el tobillera electrónica, la restricción de visitas y ahora el embargo del propio domicilio donde cumple su arresto, configura un cuadro de hostigamiento sistemático que, sostienen sus defensores, no tiene parangón en la historia judicial argentina reciente.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, continúa presentando recursos para frenar la ejecución patrimonial en distintas instancias del Poder Judicial, mientras la causa aguarda definiciones tanto en la Corte Suprema local como en el plano internacional, ante el organismo de Naciones Unidas.

Puntos clave

• El TOF 2 firmado por Gorini, Giménez Uriburu y Basso ordenó el embargo preventivo del departamento de San José 1111, donde CFK cumple su arresto domiciliario.
• El monto del decomiso fijado por la sentencia asciende a 685.000 millones de pesos.
• Los bienes embargados incluyen inmuebles en Puerto Madero, El Calafate, Río Gallegos y hoteles en Santa Cruz.
• La medida se extendió a Máximo y Florencia Kirchner; sobre ella pesan fondos en divisas por más de 5,6 millones de dólares.
• No habrá remate inmediato: el embargo es cautelar y la defensa puede apelar hasta la Corte Suprema.