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El juicio al “Pity” Álvarez avanza: la testigo que lo complicó pidió que vaya preso

El Tribunal Oral en lo Criminal N°29 rechazó un nuevo intento de la defensa por suspender el proceso y el debate continuó este miércoles con la declaración de Verónica Román, última pareja de Cristian Maximiliano Díaz, la víctima. «No veo que se arrepienta de lo que hizo», sostuvo la mujer, y reclamó prisión para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. El músico enfrenta una pena de entre 8 y 25 años por el crimen ocurrido en Villa Lugano en julio de 2018.

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"A mi hija la dejó sin padre": la frase de la testigo que sacudió el juicio al "Pity" Álvarez.

El juicio oral y público contra Cristián «Pity» Álvarez siguió su curso este miércoles con una jornada que profundizó la acusación en su contra. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, rechazó el pedido de la defensa para suspender nuevamente el proceso y habilitó la continuidad del debate, que acumula ya ocho años desde el hecho que lo originó.

La testigo que lo puso contra las cuerdas

La primera en declarar en esta jornada fue Verónica Román, última pareja de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como «Gringo», y madre de su segunda hija. La mujer respondió las preguntas del fiscal Sandro Abraldes y aportó un testimonio que golpeó con fuerza en la sala.

Román describió que entre el músico y la víctima existía una especie de relación de amistad, y que al momento del crimen ella y Díaz estaban separados. Su hija tenía entonces 8 años. «Espero que se haga justicia por él. No veo que la otra parte se arrepienta de lo que hizo, como que no le importa», sostuvo sobre Álvarez. Y fue directa al pedir lo que considera una reparación mínima: «Tiene que ir preso, a mi hija la dejó sin padre».

La mujer también relató el impacto que el asesinato de Díaz tuvo en su hija, quien debió comenzar tratamiento psicológico. «Todo fue muy duro para ella», describió ante el tribunal.

El crimen de Villa Lugano: ocho años de espera judicial

El hecho que llevó a Álvarez al banquillo ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano. Según la acusación, Díaz se cruzó con el músico y le recriminó haberlo acusado de robarle pertenencias de una mochila. La discusión escaló de manera violenta.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, Álvarez extrajo del bolsillo de su campera una pistola calibre .25 y disparó cuatro veces contra Díaz. El primer proyectil impactó en el rostro de la víctima cuando aún estaba de pie; los tres restantes fueron efectuados cuando Díaz ya se encontraba gravemente herido en el suelo. Las lesiones cefálicas y la hemorragia interna provocaron su muerte.

Tras el ataque, Álvarez huyó del lugar junto a su pareja en un vehículo, que luego abandonaron en Ramos Mejía. Finalmente se entregó en la Comisaría N°52 de Lugano, donde admitió el hecho aunque alegó defensa propia. La causa llegó por primera vez a instancia de juicio oral en noviembre de 2018, pero padeció sucesivas postergaciones vinculadas al estado de salud mental del imputado.

Los intentos de frenar el debate y el dictamen médico forense

En 2021 y nuevamente en marzo de 2023, informes del Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental del músico impidieron el avance del proceso. La historia se repitió incluso esta semana: la defensa volvió a solicitar la suspensión del debate alegando recursos pendientes y el estado del acusado, después de que Álvarez se quedara dormido durante momentos de la primera audiencia, realizada el lunes 10 de agosto.

Sin embargo, el tribunal no cedió. Los jueces fundamentaron el rechazo en las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, que determinó que Álvarez cuenta actualmente con una «reserva cognitiva» suficiente para afrontar las distintas instancias del proceso penal. El músico indicó, en la primera jornada, que necesita que le recuerden a diario la medicación que debe tomar y mencionó a su hermana y a su padre César como quienes se ocupan de esa tarea. Optó por no declarar sobre los hechos, y anunció que lo hará «más adelante».

El debate prevé once audiencias de aproximadamente tres horas durante agosto y septiembre, una modalidad adoptada teniendo en cuenta el estado de salud del acusado. Si es condenado por homicidio, Álvarez podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión, además de los cargos por portación ilegítima de arma de uso civil.

Puntos clave

  • El Tribunal Oral en lo Criminal N°29 rechazó el pedido de la defensa para suspender el juicio y el debate continuó este miércoles.
  • Verónica Román, última pareja de la víctima, declaró que su hija «quedó sin padre» y reclamó prisión efectiva para Álvarez.
  • El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano; la acusación sostiene que Álvarez disparó cuatro veces con una pistola calibre .25.
  • El proceso sufrió sucesivas postergaciones desde 2018 por el estado de salud mental del músico; el Cuerpo Médico Forense habilitó finalmente el juicio oral.
  • Si es condenado, Álvarez enfrentaría una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

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Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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