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Terremoto en Colombia: 181 muertos, más de 1.300 heridos y cientos de edificios colapsados

Un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió el lunes por la mañana el centro-occidente colombiano y se convirtió en el más destructivo del país en la última década. Las cifras de víctimas no dejan de crecer: al mediodía del martes, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) confirmó 181 muertos, más de 1.310 heridos y alrededor de 2.000 desaparecidos, mientras los equipos de rescate trabajan contra el reloj entre los escombros de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

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Cientos de edificios colapsados, hospitales destruidos y miles de desaparecidos: Colombia enfrenta su mayor catástrofe sísmica en décadas.

El terremoto se produjo el lunes 10 de agosto a las 7:34 hora local (12:34 GMT), a una profundidad de 82 kilómetros. El movimiento se sintió con intensidad en Bogotá, Medellín, Armenia, Ibagué y Cúcuta, y alcanzó incluso territorio panameño, donde se evacuaron hospitales en La Chorrera. El Servicio Geológico Colombiano confirmó 21 réplicas hasta la noche del lunes, con advertencias de que los temblores adicionales eran probables en los días siguientes. La magnitud del sismo, la mayor registrada en Colombia en lo que va del siglo según diversas fuentes, situó al país ante una emergencia de escala nacional que desbordó la capacidad de respuesta inicial.

Las cifras que no paran de crecer

El balance provisorio entregado por Asocapitales el martes 11 de agosto registró 181 fallecidos y más de 1.310 heridos en todo el territorio nacional. Las ciudades más golpeadas fueron Cali, con al menos 85 muertos y 188 desaparecidos según el propio alcalde Alejandro Eder; Pereira, capital de Risaralda, con 66 fallecidos; Quibdó, con 9; y Manizales, con 5. La cifra de desaparecidos a nivel nacional rondaba las 2.000 personas según el último parte oficial del presidente Abelardo de la Espriella. Al menos 165 edificaciones colapsaron en las ciudades capitales, entre ellas hospitales, colegios, iglesias y edificios públicos, incluida la catedral de Manizales, cuya torre resultó gravemente dañada.

En Pereira, las escenas eran demoledoras: el socorrista Nelson Moreno describió la situación en uno de los barrios más afectados. «Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos», declaró, mientras buscaba a una amiga bajo los escombros de dos torres de cinco pisos que colapsaron. Los equipos de emergencia pedían silencio periódicamente para intentar escuchar señales de vida de personas atrapadas bajo los derrumbes.

Emergencia nacional y respuesta oficial

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien había asumido el cargo apenas tres días antes, el 7 de agosto en Cali, declaró el desastre de carácter nacional e instaló un Puesto de Mando Unificado en Bogotá para coordinar las labores de rescate. El mandatario recorrió personalmente Quibdó y luego Cali, donde informó que había más de 5.000 viviendas afectadas, tres hospitales «completamente colapsados», 18 centros de salud con daños en su infraestructura y 39 centros educativos comprometidos. «Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad», afirmó de la Espriella. También anunció subsidios de vivienda para quienes perdieron sus hogares y la aplicación de un plan de choque para canalizar recursos a las zonas damnificadas.

En Cali se desplegaron 228 rescatistas y equipos caninos para buscar a los desaparecidos, además de 105 ingenieros militares para evaluar las estructuras afectadas, según confirmó el propio presidente. El alcalde Alejandro Eder decretó toque de queda desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana siguiente para evitar saqueos, mientras el Ejército Nacional envió binomios caninos, drones con capacidad térmica y equipos especializados. En Pereira, el gobernador Mauricio Salazar Peláez adoptó una medida similar. Cinco ciudades, Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia, permanecieron en alerta roja.

Infraestructura destruida y aeropuertos fuera de servicio

El sismo dejó un tendido de destrucción que va más allá del número de víctimas. Seis aeropuertos, entre ellos los de Cali, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Cartagena, suspendieron operaciones para vuelos comerciales por daños en su infraestructura. En Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas estimó que la ciudad podría necesitar entre 400 y 500 ingenieros estructurales para evaluar más de 2.000 inmuebles, de los cuales unos 60 resultaron total o parcialmente colapsados, incluyendo más de 30 edificios de varios pisos. Los daños en hospitales, escuelas y vías generaron una crisis logística adicional para los servicios de emergencia.

La Red Cruz Roja activó en Cali a 500 voluntarios y 300 empleados para atender la emergencia. La Asociación Nacional de Industriales (Andi) convocó una jornada de solidaridad empresarial para movilizar donaciones y recursos hacia las zonas más afectadas. La cantante colombiana Karol G informó que su fundación Con Cora trabaja para brindar apoyo a las familias damnificadas. Desde España, el Ministerio de Exteriores reportó 164 ciudadanos en paradero desconocido, sin confirmación de heridos ni fallecidos entre ellos. Air Europa flexibilizó cambios de vuelo para pasajeros con billetes hacia y desde las ciudades afectadas.

El Cinturón de Fuego y la vulnerabilidad estructural

Colombia forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, el arco sísmico que concentra aproximadamente una quinta parte de los grandes terremotos del mundo. El país registra miles de temblores por mes, en su mayoría de baja intensidad, pero la magnitud del sismo del 10 de agosto lo colocó en una categoría de excepción. Las imágenes de edificios de varios pisos reducidos a escombros, sobre todo en Pereira y Cali, volvieron a poner en cuestión la calidad de la construcción en zonas de alta peligrosidad sísmica y los mecanismos de control estructural vigentes. El papa León XIV expresó el martes su profunda conmoción ante la tragedia y encomendó a las víctimas a través del cardenal Pietro Parolin en un telegrama enviado a la Conferencia Episcopal Colombiana.

Puntos clave

  • Un sismo de magnitud 7,4 golpeó Colombia el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), a 82 km de profundidad.
  • El balance del martes 11 de agosto registra 181 muertos, más de 1.310 heridos y cerca de 2.000 desaparecidos, según Asocapitales y la administración de De la Espriella.
  • Cali concentra la mayor cantidad de desaparecidos (188), mientras Pereira lidera los fallecidos (66).
  • 165 edificaciones colapsaron en las ciudades capitales, incluidos hospitales, escuelas y aeropuertos que suspendieron operaciones.
  • El presidente declaró el desastre nacional y desplegó fuerzas de seguridad, rescatistas e ingenieros militares en las zonas más afectadas.

Elecciones

Lula promulgó la jornada de 40 horas y la Argentina de Milei la estira a 12

Con 75 votos contra 1, el Senado brasileño aprobó la enmienda que reduce la jornada de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial. Lula la promulgó este viernes, a nueve días del balotaje contra Flávio Bolsonaro.

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Seis días de trabajo y uno solo de descanso: ese fue durante décadas el régimen de millones de trabajadoras y trabajadores brasileños. Desde este viernes, es historia constitucional. El Congreso de Brasil promulgó la Enmienda Constitucional N° 141 de 2026, que elimina la escala 6×1, garantiza dos días de descanso remunerado por semana y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas, sin rebaja de salarios. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Argentina de Javier Milei recorrió el camino exactamente inverso.

La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 221/2019 fue aprobada el miércoles 14 de octubre por el plenario del Senado Federal en dos turnos, con 75 votos a favor y uno solo en contra, el del exvicepresidente y senador Hamilton Mourão (Republicanos). Como los senadores mantuvieron la misma redacción aprobada por la Cámara de Diputados, el texto no volvió a la cámara baja y fue promulgado este viernes 16 en una sesión solemne encabezada por el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre (União), y el titular de Diputados, Hugo Motta (Republicanos), con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Qué cambia y cuándo

La enmienda modifica el artículo 7° de la Constitución brasileña y establece una transición en dos etapas. Sesenta días después de la promulgación, las empresas deberán adoptar la escala 5×2 y la jornada máxima bajará a 42 horas semanales. Doce meses más tarde, el tope quedará fijado de manera definitiva en 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias. El texto prohíbe expresamente que la reducción de horas se traduzca en una baja salarial y preserva los pisos de cada categoría.

Según un relevamiento del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), elaborado con datos de la encuesta nacional de hogares de 2025, la medida podría beneficiar a 26,8 millones de personas que hoy trabajan más de 40 horas semanales. Datos del Ministerio de Trabajo y del IBGE citados durante la votación indican que 36,2 millones de vínculos formales tienen una jornada contratada superior a ese límite.

En la ceremonia, Lula calificó la enmienda como una «victoria de la sociedad brasileña» y la comparó con la Constitución de 1988. Alcolumbre, por su parte, sostuvo que al aprobar el fin de la escala 6×1 «el Legislativo brasileño eligió el camino correcto, no el camino fácil», y afirmó que los impactos de la medida «son incalculables».

Una bandera que nació en la calle

La reducción de la jornada fue durante años una demanda histórica del movimiento sindical brasileño. El senador Paulo Paim (PT), que presentó a lo largo de su carrera diversos proyectos para llevar la jornada a 40 horas, estuvo entre los firmantes de la promulgación. El tema recobró fuerza a fines de 2024, cuando la diputada federal Erika Hilton (PSOL) lo instaló nuevamente en la agenda pública, y el gobierno lo convirtió en prioridad legislativa a partir del discurso de Lula del 1° de mayo de 2025.

La Central Única de los Trabajadores (CUT) celebró el fin de la «masacrante escala 6×1» como una victoria «mayúscula de la lucha, del sudor y de la organización de la clase trabajadora brasileña». En un comunicado, la central sostuvo que la aprobación marca un punto de quiebre en la superación de «un modelo arcaico y cruel que succiona las energías de quien realmente trabaja y produce la riqueza de esta nación». La Força Sindical, a través de su presidente Miguel Torres, destacó que la medida dará a millones de personas más tiempo para la salud, la familia, la formación y el ocio.

El lobby empresario ya pide marcha atrás

La reacción patronal no tardó. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) calificó la enmienda como un «retroceso» y su presidente, Ricardo Alban, pidió al Congreso que revise la medida «tras la constatación, por ejemplo, de la pérdida de competitividad y de la alta inflacionaria». La entidad estimó que la reducción de la jornada elevaría los costos de producción hasta en 267.000 millones de reales, con una caída de 0,7% del PIB. La Confederación Nacional del Comercio (CNC) lamentó que el tema se discutiera «en pleno período electoral».

Las proyecciones catastróficas, sin embargo, no son unánimes. Un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) estimó que el impacto sobre el costo total de las empresas rondaría el 1% en sectores como el comercio y la industria, con un máximo de 6,6% en vigilancia y seguridad. Una vez más, el argumento de la competitividad aparece como escudo para defender jornadas extenuantes que el propio mundo desarrollado abandonó hace décadas.

El bolsonarismo, entre el voto a favor y la letra chica

La oposición bolsonarista, que resistía la enmienda e intentó frenar su tratamiento esta semana, terminó liberando a su bancada cuando Alcolumbre puso el tema en el orden del día, y votó mayoritariamente a favor. El propio Flávio Bolsonaro anticipó que acompañaría el fin de la escala 6×1, una propuesta que se convirtió en una de las principales banderas de la campaña de Lula para el balotaje.

Pero el doble discurso quedó expuesto pocas horas después. En una entrevista con el canal de noticias Jovem Pan, el líder del Partido Liberal (PL) en Diputados, Sóstenes Cavalcante, afirmó que, si Flávio Bolsonaro gana la presidencia, debería impulsar la PEC 12/2026, que prevé un contrato «por hora trabajada». El voto favorable del bolsonarismo en el recinto convive así con una agenda de precarización que espera su turno en el cajón. El senador Randolfe Rodrigues reclamó a los legisladores contrarios al fin de la 6×1 que retiren sus firmas de esa iniciativa para permitir su archivo.

Un balotaje abierto a nueve días de las urnas

La promulgación llega en el momento más delicado de la campaña. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos contra el 45,16% de Lula. Las encuestas difundidas este viernes muestran, sin embargo, un escenario de empate técnico: la de la Confederación Nacional del Transporte con el instituto MDA ubica a Flávio con 50,5% y a Lula con 49,5%, mientras que PoderData/AYA registra 48% contra 46%, una diferencia dentro del margen de error. En su medición anterior, PoderData había dado a Flávio una ventaja de 53% a 47%.

El segundo turno se celebrará el 25 de octubre. Lula llega a la recta final con una conquista concreta para el bolsillo y el tiempo de vida de la clase trabajadora, y con la ultraderecha obligada a votar una medida que combatió hasta último momento.

El espejo argentino: 12 horas y banco de horas

El contraste con la Argentina es brutal. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la llamada Ley de Modernización Laboral impulsada por Javier Milei, que en el Senado obtuvo 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, con Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza al frente de las negociaciones. La norma habilita extender la jornada diaria de 8 a 12 horas sin pago de horas extras, compensadas mediante un «banco de horas»; reduce las indemnizaciones por despido y restringe el derecho a huelga en sectores considerados esenciales, con prestaciones mínimas de entre el 50% y el 75%.

La CGT definió esa reforma como «regresiva e inconstitucional». Mientras Brasil discute cómo devolverle tiempo de vida a quienes trabajan, el gobierno libertario legisló para que ese tiempo quede a disposición del empleador. Dos modelos de país, dos ideas opuestas sobre quién debe pagar el costo del desarrollo.

Lo que tenés que saber:

  • El Senado de Brasil aprobó el 14 de octubre, por 75 votos contra 1, la PEC 221/2019 que elimina la escala 6×1.
  • La jornada máxima baja de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, con dos días de descanso remunerado por semana.
  • La transición fija 42 horas a los 60 días de la promulgación y 40 horas doce meses después.
  • Lula participó este viernes de la promulgación, a nueve días del balotaje del 25 de octubre contra Flávio Bolsonaro.
  • En la Argentina, la reforma laboral de Milei aprobada en febrero de 2026 habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas.

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