El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y el grupo Corporación América de Eduardo Eurnekian por el futuro de la concesión de los 35 principales aeropuertos del país llegó a un punto de tensión que exige una resolución política de alto voltaje. La negociación por la renovación del contrato de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), que data de 1998 y vence en 2028, lleva más de un año sin respuesta formal del Estado y arrastra una historia personal que lo vuelve todo más incómodo: Milei trabajó para Eurnekian durante 21 años antes de ingresar a la política.

El propio empresario lo sintetizó con una ironía que quedó grabada en el imaginario político: «Tengo 3.700 empleados, uno me salió fallado». Hoy, con las posiciones invertidas, el ex empleado tiene en sus manos la decisión sobre el negocio de quien fue su patrón. Y la ecuación no cierra para ninguno de los dos lados.

El preacuerdo que quedó en la nada

El primer antecedente relevante fue la prórroga de 2020, acordada durante la gestión de Alberto Fernández, que amplió el contrato hasta 2038 a cambio de un compromiso de inversión de US$ 2.500 millones. Ese marco legal vigente se convirtió, paradójicamente, en el piso de la disputa actual.

Según reveló Infobae, en 2025 el entonces titular del ORSNA, Facundo Leal, firmó con representantes de AA2000 un preacuerdo que preveía una nueva prórroga de la concesión hasta 2056, con posibilidad de extenderla diez años más, hasta 2066. El documento también contemplaba la incorporación de la empresa al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la privatización del 15% que el Estado mantiene en AA2000 mediante una oferta pública de acciones. Pero ese preacuerdo nunca fue ratificado por el Ejecutivo, y el derrumbe judicial de Leal, detenido en mayo de 2026 con más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas y equipos de espionaje en su departamento, hundió cualquier posibilidad de continuidad en ese carril.

Hoy, desde el oficialismo sostienen que las conversaciones continúan «bajo criterios técnicos», mientras que desde la empresa acusan al Estado de incumplimiento y de frenar las negociaciones de manera unilateral. El resultado concreto: más de US$ 600 millones en obras frenadas.

El nudo financiero: obras sin contrato, contrato sin obras

El plan de infraestructura que AA2000 tiene proyectado incluye la ampliación y modernización de Ezeiza y Aeroparque, las dos terminales de mayor tráfico del país. El problema es estructural: sin una extensión del contrato que garantice un horizonte de retorno a la inversión, la empresa no puede acceder al financiamiento externo necesario para ejecutar las obras.

El Estado, por su parte, reclama que la concesionaria cumpla con los compromisos de inversión ya pactados antes de discutir cualquier beneficio regulatorio adicional. Y llegó a advertir sobre posibles sanciones e incluso la rescisión del contrato ante incumplimientos. En términos comparados, el preacuerdo de Milei con los Eurnekian resultaba llamativamente generoso: mientras en Brasil las concesiones aeroportuarias duran entre 20 y 30 años, en Chile entre 15 y 30, y en Japón 30 con opción a diez más, la extensión negociada localmente alcanzaba los 58 o 68 años.

La disputa por la rentabilidad: quién fija el techo

Otro eje de la negociación es la tasa de rentabilidad del 16,45% que mantiene actualmente la concesionaria. AA2000 sostiene que ese margen es insuficiente para cubrir sus costos operativos y de inversión. El Gobierno, en cambio, lo califica de «exorbitante» y pretende establecer un techo que, en su criterio, garantice la viabilidad del servicio sin asegurar una renta fija determinada, es decir, sin comprometer al Estado en un esquema de rentabilidad garantizada.

La tensión sobre este punto no es menor: si el Gobierno logra reducir la tasa de rentabilidad sin extender el plazo de la concesión, la empresa perdería incentivos para invertir. Si cede en ambos frentes, el acuerdo resultaría más favorable para el grupo Eurnekian que cualquier contrato similar en la región. Y si las negociaciones se prolongan sin resolución, el riesgo concreto es el deterioro de la infraestructura aeroportuaria y el posible incremento de tarifas para compensar los desequilibrios, lo que impactaría directamente en el precio de los pasajes.

El ORSNA: un organismo regulador bajo sospecha

La negociación se desarrolla en un escenario institucional particularmente deteriorado. Facundo Leal, quien acumuló simultáneamente las presidencias de ARSAT y del ORSNA durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, renunció a principios de 2026 y fue detenido el 27 de mayo por orden del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. En los allanamientos de sus domicilios en Palermo y Mendoza se secuestraron más de 2,5 millones de dólares, drogas sintéticas, ketamina, cocaína y al menos 19 dispositivos profesionales de espionaje.

Las causas judiciales que lo involucran son tres: presuntas maniobras de corrupción en contratos de ARSAT, tenencia de estupefacientes con fines de tráfico, y un expediente por irregularidades en la administración del ORSNA. En este último, el fiscal Ramiro González investiga un presunto esquema de retornos del 10% del valor de cada contrato a cambio de adjudicaciones y aprobación de certificaciones de obra. Al cierre de esta edición, Leal cumple arresto domiciliario.

La denuncia que abrió el expediente del ORSNA sostiene que «el esquema de poder que rodeó a Leal no se habría disuelto con su salida, sino que se habría reconfigurado y profundizado bajo la nueva conducción», a cargo de Noelia Ruiz. La fiscalía pidió informes patrimoniales sobre los actuales directivos del organismo y sobre las empresas constructoras beneficiadas con contratos en aeropuertos de todo el país.

El conflicto de interés que nadie quiere nombrar

La ley de ética pública establecía que Milei debía esperar tres años desde su renuncia a Corporación América antes de intervenir en decisiones que afectaran a su ex empleador. Ese plazo venció el 9 de diciembre de 2024, cuando el presidente ya cumplía un año en el cargo. Desde entonces, el Ejecutivo quedó habilitado formalmente para negociar con AA2000, pero el historial de 21 años de vínculo laboral no se disuelve con un plazo legal.

La paradoja es evidente: el presidente que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de los grupos concentrados debe ahora decidir si extiende por décadas la concesión de uno de los negocios más rentables del país a manos de quien fue su patrón, en un marco regulatorio donde el organismo de control acaba de quedar bajo investigación judicial por corrupción. Cualquier solución que adopte el Ejecutivo, tanto la prórroga generosa como la ruptura contractual, tendrá consecuencias económicas, tarifarias y de infraestructura que el país tardará años en absorber.

Puntos clave

• AA2000 tiene listo un plan de obras por US$ 600 millones para Ezeiza y Aeroparque que no puede ejecutar por falta de certeza contractual.
• El preacuerdo firmado en 2025 entre el ORSNA y la empresa preveía extender la concesión hasta 2056 con opción a 2066, pero nunca fue ratificado por el Ejecutivo.
• Milei trabajó 21 años para Corporación América antes de ingresar a la politica; el plazo de inhibicion legal vencio en diciembre de 2024.
• El ex titular del ORSNA, Facundo Leal, fue detenido con mas de 2,5 millones de dolares, drogas y equipos de espionaje, y enfrenta tres causas judiciales activas.
• La investigacion judicial sobre el ORSNA incluye un presunto esquema de retornos del 10% del valor de cada contrato a cambio de adjudicaciones de obra.