La causa judicial que enfrenta a Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) con su ex distribuidora Quilbeb Sur S.A. escaló un peldaño decisivo. Eduardo David Gómez y Juan Manuel Mazzacane, socios de la empresa perjudicada y reconocidos como particulares damnificados, presentaron un nuevo escrito ante la Fiscalía interviniente del Departamento Judicial de La Plata en el que exigen medidas de coerción personal contra los máximos responsables de la cervecera: el presidente Martín Ticinese y el vicepresidente Tomás Eloy Fracchia. El patrocinio letrado está encabezado por Fernando Burlando, junto a los letrados Germán Francone y Javier Baños.

La presentación, según pudo averiguar El Argentino, no es un paso menor, implica que los denunciantes consideran agotada la etapa de impulso fiscal ordinario y reclaman que el Ministerio Público Fiscal requiera ante el Juzgado de Garantías competente la detención cautelar de ambos directivos, o subsidiariamente la prohibición de salida del país con retención de pasaportes. El escrito llega luego de que el juzgado hiciera lugar a la recusación del anterior agente fiscal, reconociendo que la causa había avanzado con una «reiterada respuesta fiscal consistente en tener presentes las medidas solicitadas sin impulsarlas efectivamente», según consta en las actuaciones.

Un operativo en Berazategui como punto de partida

El conflicto se originó el 26 de mayo de 2025, cuando un operativo encabezado por Miguel Ángel Staropoli y Carlos Pérez irrumpió en el depósito que Quilbeb Sur tenía en el Parque Industrial Plátanos, en Berazategui. Según la denuncia, el ingreso de los empleados fue bloqueado, un chofer de la firma fue retenido ilegalmente, y se sustrajeron bienes, documentación, vehículos, mercadería y dinero en efectivo. El operativo, de acuerdo con la hipótesis de la parte damnificada, contó con apoyo policial y derivó en el ingreso del Grupo Veneroni como operador sustituto en la zona de distribución que durante años había desarrollado Quilbeb Sur. Staropoli y Pérez fueron notificados de su imputación, pero los directivos de mayor jerarquía aún no afrontaron ninguna medida procesal concreta.

La denuncia original fue admitida por el juez de Garantías N° 4 de Quilmes, Damián Vendola, y quedó caratulada como «Toranzo, Analía y otros s/ Asociación ilícita, Coacción agravada, Defraudación por desbaratamiento de derechos acordados». Causas conexas tramitan además en La Plata y en Berazategui, donde se investigan delitos de desbaratamiento de empresas y posible evasión fiscal, y donde la parte damnificada denunció también una eventual colaboración irregular de personal policial provincial.

La lupa sobre Ticinese y Fracchia

El escrito presentado por Burlando y su equipo sostiene que Ticinese y Fracchia, en razón de su posición funcional como presidente y vicepresidente de CMQ, habrían tenido la capacidad de «intervenir, conocer, autorizar, tolerar o controlar» las decisiones comerciales, logísticas y legales que derivaron en el desplazamiento de Quilbeb Sur. La solicitud de detención se apoya en cinco argumentos centrales: la gravedad institucional y económica de los hechos; la posición jerárquica de los imputados y su capacidad de incidir sobre prueba documental y testimonial; el tiempo transcurrido sin medidas eficaces; el riesgo de fuga, especialmente en el caso de Ticinese, respecto de quien la defensa de los damnificados advirtió sobre una posible vinculación o radicación en los Estados Unidos; y la necesidad de encauzar formalmente la investigación mediante las notificaciones previstas en el artículo 60 del Código Procesal Penal.

En cuanto a la posible fuga, el escrito solicita expresamente que se libre oficio a la Embajada de los Estados Unidos, o que se arbitren los mecanismos institucionales pertinentes, para verificar las circunstancias denunciadas en relación con eventuales movimientos migratorios de Ticinese hacia ese país. Esta circunstancia, de confirmarse, elevaría el riesgo procesal y justificaría, en los términos de la presentación, una medida cautelar inmediata.

La magnitud del caso: de Berazategui a AB InBev global

Lo que comenzó como un conflicto entre una distribuidora del conurbano bonaerense y una cervecera fue adquiriendo dimensiones que exceden ampliamente la controversia inicial. En el expediente aparecen mencionados, además de Ticinese y Fracchia, directivos de la matriz internacional AB InBev, entre ellos Fabio Baracho Martinelli, Gonzalo Fagioli (VP de Asuntos Corporativos, Legales y Compliance) y el propio Michel Doukeris, CEO global de la multinacional. La defensa de los damnificados ya anunció que impulsará exhortos internacionales para que ejecutivos radicados en Brasil sean convocados a declarar ante la Justicia argentina.

El escrito presentado también reclama medidas de prueba pendientes de producción: pericias contables y económicas para determinar el perjuicio sufrido por Quilbeb Sur, pericias informáticas para preservar evidencia digital antes de que pueda ser alterada, testimoniales de empleados, clientes y proveedores afectados, y documentación interna de CMQ vinculada a la ruptura de la relación comercial con la distribuidora. En todos los casos, la parte damnificada exige que las diligencias que requieran auxilio de fuerza pública sean realizadas por la Policía Federal Argentina y no por dependencias policiales provinciales, dado que la posible intervención irregular de efectivos bonaerenses forma parte de la denuncia en la causa conexa de Berazategui.

Un cambio fiscal que la defensa exige no desperdiciar

El nuevo escrito llega en un momento procesal significativo. La recusación del anterior fiscal fue admitida por el Juzgado, lo que abrió la puerta a una nueva intervención del Ministerio Público. La parte damnificada aprovecha esa circunstancia para reclamar que el nuevo agente fiscal imprima a la investigación el impulso que, según denuncia, le fue negado durante más de un año. «La investigación no puede seguir en un estado meramente formal», señala el escrito, con reserva expresa de acudir ante los órganos superiores del Ministerio Público Fiscal si la respuesta volviera a ser insuficiente.

El abogado Burlando calificó el conflicto como «un atropello institucional que busca eliminar a un distribuidor histórico para favorecer a otros actores cercanos a la empresa», y adelantó que impulsará todas las medidas disponibles, incluyendo allanamientos y exhortos internacionales. Por su parte, el Dr. Javier Baños, en diálogo con El Argentino, sostuvo que «no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática de exclusión que violenta los principios de competencia leal y el respeto a las resoluciones judiciales».

Puntos clave

• La defensa de Quilbeb Sur pidió la detención cautelar de Martín Ticinese y Tomás Fracchia, presidente y vicepresidente de Cervecería y Maltería Quilmes.
• La causa investiga asociación ilícita, coacción agravada, usurpación y desbaratamiento de derechos acordados, y tramita en el Departamento Judicial de La Plata.
• El juzgado admitió previamente la recusación del fiscal anterior por falta de impulso real en la investigación durante más de un año.
• En el expediente figuran también directivos de AB InBev a nivel global, incluido el CEO Michel Doukeris.
• La defensa solicitó que las medidas de campo sean ejecutadas por la Policía Federal, por la presunta complicidad de personal policial bonaerense en los hechos conexos de Berazategui.