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Judiciales ⚖️

Denuncian penalmente a funcionarios de Milei por el abandono de las rutas nacionales

La presentación judicial apunta contra Luis Caputo y autoridades de Transporte, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Banco Nación. Los denunciantes sostienen que la subejecución de fondos para infraestructura y la falta de controles podrían haber puesto en riesgo la vida de quienes circulan por la red vial. También reclamaron investigar un eventual abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

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El estado de las rutas nacionales volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia. Abogados de la organización Reset Republicano presentaron una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno de Javier Milei y pidieron investigar si las decisiones adoptadas en materia de infraestructura vial podrían configurar el delito de estrago, además de un eventual abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla y alcanza, entre otros funcionarios, al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; al subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, además de otros integrantes del directorio de la entidad.

Advierten por la falta de mantenimiento de las rutas

Uno de los ejes de la denuncia es la presunta subejecución de recursos destinados a la infraestructura vial. Según el escrito, el Gobierno habría recaudado alrededor de $1,5 billones destinados a rutas y obras viales, pero habría ejecutado solo una parte de esos fondos.

Los denunciantes también cuestionaron el manejo de los recursos del fideicomiso creado mediante el Decreto 976/2001, vinculado al financiamiento de obras e infraestructura vial.

Para los abogados, la falta de utilización de fondos específicamente destinados al mantenimiento de las rutas no constituye solamente una discusión presupuestaria, sino que podría tener consecuencias concretas sobre la seguridad de quienes circulan por ellas.

La presentación sostiene que la subejecución de recursos, el abandono de relevamientos sobre el estado de los caminos y la falta de aplicación específica de determinados fondos «tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera».

Una denuncia que apunta al delito de estrago

Los abogados solicitaron que se investigue si los hechos denunciados podrían encuadrar en el artículo 189 del Código Penal, que contempla el delito de estrago cuando, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, se provoca un hecho capaz de poner en peligro la vida de las personas.

En ese marco, plantearon que la eventual responsabilidad podría alcanzar a distintos funcionarios que tienen competencias sobre la infraestructura y la seguridad vial.

La denuncia también pidió investigar un posible abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en caso de que se determine que existieron omisiones deliberadas o incumplimientos en las tareas de mantenimiento y control.

Advierten por un aumento de las muertes en rutas

Otro de los puntos centrales del escrito es la evolución de los siniestros viales.

Los denunciantes citaron distintos relevamientos y publicaciones periodísticas que advierten sobre el deterioro de las rutas nacionales y un eventual incremento de los accidentes.

En particular, mencionaron declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien, sobre la base de relevamientos no oficiales, habría señalado que las muertes en rutas nacionales aumentaron un 300% en los últimos años.

La denuncia plantea que ese dato deberá ser contrastado con información oficial sobre accidentes, estado de las rutas y obras de mantenimiento para determinar si existe una relación entre el deterioro de la infraestructura y el aumento de la siniestralidad.

Qué quiere investigar la Justicia

Los denunciantes solicitaron una serie de medidas para determinar si hubo una relación entre la falta de mantenimiento, el destino de los fondos públicos y los siniestros registrados en las rutas nacionales.

Entre otras medidas, pidieron:

  • Citar a declarar a Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional.
  • Solicitar a la Secretaría de Transporte los Informes Anuales de Evaluación del Estado de Pavimentos desde 2019.
  • Requerir a la Agencia Nacional de Seguridad Vial toda la información producida desde 2019 sobre el estado de las rutas y los siniestros.
  • Pedir información a compañías de seguros sobre accidentes registrados en rutas nacionales durante 2024, 2025 y 2026.
  • Incorporar una causa del Juzgado Federal de Venado Tuerto, que ordenó al Estado nacional y a Vialidad Nacional reparar de manera urgente las rutas nacionales 7, 8 y 33.

El Estado, bajo la lupa por la seguridad vial

La presentación también desarrolla argumentos vinculados con las obligaciones del Estado de proteger la vida y la integridad física de quienes utilizan la red vial.

En ese sentido, los denunciantes sostienen que el deterioro de las rutas no debería ser analizado únicamente como una cuestión administrativa o presupuestaria cuando las condiciones de infraestructura podrían generar un riesgo concreto para la población.

Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación penal y establecer si las decisiones u omisiones de los funcionarios denunciados tuvieron alguna relación con el estado actual de las rutas nacionales y la eventual evolución de los siniestros viales.

Investigación 🔎

Radiografía del delito en el Oeste: Morón encabeza la cantidad de robos y hurtos por habitante

El informe provincial del SNIC ubica a Morón con la tasa de robos más alta de la zona oeste, 76% por encima de la media bonaerense, aun después de la mayor caída de la región. En homicidios y violencia contra las personas, el mapa se corre hacia Moreno, La Matanza y Merlo.

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El Argentino Diario-Lucas Chi.
En Morón se roba 76% más que en el promedio bonaerense: el dato oficial que incomoda a Ghi.

Por cada 100.000 habitantes, en Morón se denunciaron 1.046 robos durante 2025. Es la tasa más alta de toda la zona oeste del conurbano, por encima incluso de La Matanza (864,8), y supera en un 76% al promedio de la provincia de Buenos Aires (592,9). Aun con la mayor baja de la región, el distrito sigue siendo el lugar del Oeste donde más se roba en proporción a su población.

Los datos surgen del Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) 2025 para la provincia de Buenos Aires, publicado en septiembre de 2026 por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. El documento desagrega por partido las cifras de 2024 y 2025. Para esta nota, El Argentino Diario analizó las tablas correspondientes a ocho distritos del Oeste: Morón, La Matanza, Merlo, Moreno, Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero y General Rodríguez.

Robos y hurtos: Morón, muy lejos del resto

En la tasa de robos de 2025, detrás de Morón (1.046,5) y La Matanza (864,8) se ubicaron Tres de Febrero (808,0), Ituzaingó (742,7), General Rodríguez (705,9), Merlo (586,1), Moreno (564,1) y Hurlingham (465,9). Solo Hurlingham, Moreno y Merlo quedaron por debajo del promedio provincial.

El patrón se repite en los hurtos, es decir, las sustracciones sin violencia. Morón registró 736,7 hechos cada 100.000 habitantes, un 70% más que la media bonaerense (432,4) y bastante por encima del segundo distrito de la región, Ituzaingó (582,8). En el otro extremo aparecen Hurlingham (266,0), Merlo (273,6) y Moreno (277,5).

El municipio puede exhibir un dato a su favor: fue el distrito del Oeste con la caída más pronunciada en robos, que pasaron de 5.209 a 3.449 hechos (33,8% menos), frente a una baja provincial del 17%. Los hurtos también descendieron, de 2.962 a 2.428. Pero la baja no alcanzó para sacar a Morón del primer lugar: el piso desde el que partía era mucho más alto que el de sus vecinos.

El Argentino Diario-Cardoso-Seguridad Morón.
Damián Cardoso, secretario de Seguridad del Municipio de Morón.

Menos robos, más violencia en toda la región

Los robos agravados por lesiones o muertes crecieron en los ocho distritos analizados. En toda la provincia pasaron de 4.131 a 6.439 hechos, un aumento del 55,8%. En Morón se duplicaron, de 44 a 87, la suba porcentual más alta del Oeste; sin embargo, su tasa (26,4 cada 100.000 habitantes) quedó por debajo de la provincial (36,9) y entre las más bajas de la región.

Las tasas más altas de robos violentos se registraron en Merlo (56,0), General Rodríguez (50,1), Ituzaingó (46,7) y La Matanza (38,9), donde los hechos pasaron de 518 a 712. El fenómeno no es exclusivo de un municipio: en todo el Oeste hubo menos robos, pero una proporción mayor terminó con personas heridas o muertas.

Homicidios: el mapa se corre hacia Moreno y La Matanza

En los delitos contra las personas, el cuadro cambia. Las tasas más altas de víctimas de homicidios dolosos en 2025 correspondieron a Moreno (8,4), donde las víctimas subieron de 40 a 48, y a La Matanza (8,1), con 149 víctimas. Luego se ubicaron Merlo (5,7), Morón (4,9), Tres de Febrero (4,7), General Rodríguez (4,2), Hurlingham (3,8) e Ituzaingó (3,4). La media provincial fue de 4,4.

Las lesiones dolosas muestran otro dato llamativo: los ocho distritos quedaron por debajo del promedio bonaerense (434,6 víctimas cada 100.000 habitantes). Hurlingham encabezó la región con 423,6, mientras Morón (273,7) y La Matanza (242,4) registraron las tasas más bajas. En delitos contra la integridad sexual, Morón presentó la tasa más baja del Oeste (37,0, frente a 84,8 en la provincia), y Moreno la más alta (116,7). En amenazas, Moreno también lideró (512,6), con una suba del 19,7%, mientras Morón se ubicó entre los valores más bajos (246,7).

Estupefacientes: saltos que abren preguntas

Todos los distritos del Oeste registraron tasas de infracciones a la Ley 23.737 inferiores a la media provincial (230,4). Tres de Febrero encabezó la región (197,9), seguido por Moreno (159,8), General Rodríguez (142,7) y Morón (135,9); La Matanza tuvo la más baja (49,6). Las variaciones interanuales fueron extremas: Moreno duplicó los hechos de tenencia para uso personal (de 265 a 540) y Morón los aumentó un 53,2% (de 201 a 308), mientras Ituzaingó los redujo un 67,6% y Merlo un 62,6%. En comercialización, La Matanza casi duplicó sus registros, de 131 a 255.

Oscilaciones de esa magnitud en un solo año, en distritos vecinos y en direcciones opuestas, abren preguntas sobre los criterios de intervención en cada jurisdicción, un aspecto que el informe no analiza.

La letra chica que nadie cita

El propio informe advierte que la comparación entre años exige cautela. Según el documento, la actualización de los sistemas de carga bonaerenses, los convenios de cruce de datos con la Procuración General y la articulación entre ministerios «han incrementado de manera sustantiva la cobertura, la completitud y la calidad de la clasificación de los registros». Por eso, el SNIC señaló que en las categorías afectadas se configura «una ruptura de la serie estadística» y que no se recomiendan comparaciones interanuales; entre ellas mencionó los delitos contra las personas, contra la integridad sexual y la libertad, y contra la propiedad.

El informe agregó que las variaciones porcentuales calculadas sobre menos de 20 hechos deben interpretarse con cautela, como ocurre con los homicidios de Morón, que pasaron de 15 a 16 víctimas. Las subas y bajas de un año a otro pueden reflejar tanto cambios reales como una mejor registración, y ningún gobierno, municipal ni nacional, puede usarlas como trofeo sin esa aclaración.

Lo que sí permite el documento es comparar distritos dentro de un mismo año, con la misma metodología. Y en esa foto de 2025, Morón aparece al tope de los delitos contra la propiedad del Oeste. Para una gestión que defiende su política de seguridad con estadísticas propias, el dato comparable más sólido del informe oficial es también el más incómodo.

Lo que tenés que saber:

  • Morón registró en 2025 la tasa de robos más alta del Oeste (1.046,5 cada 100.000 habitantes), un 76% por encima de la media bonaerense.
  • También lideró los hurtos de la región, con 736,7 hechos cada 100.000 habitantes, pese a la mayor baja de robos del Oeste (33,8%).
  • Los robos con lesiones o muertes crecieron en los ocho distritos analizados; las tasas más altas fueron las de Merlo, General Rodríguez e Ituzaingó.
  • Moreno y La Matanza encabezaron la tasa de víctimas de homicidios dolosos del Oeste, con 8,4 y 8,1 cada 100.000 habitantes.
  • El SNIC advirtió que los cambios en la registración bonaerense rompen la serie estadística y desaconsejó comparar años en varias categorías.
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