El estado de las rutas nacionales volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia. Abogados de la organización Reset Republicano presentaron una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno de Javier Milei y pidieron investigar si las decisiones adoptadas en materia de infraestructura vial podrían configurar el delito de estrago, además de un eventual abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla y alcanza, entre otros funcionarios, al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; al subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, además de otros integrantes del directorio de la entidad.

Advierten por la falta de mantenimiento de las rutas

Uno de los ejes de la denuncia es la presunta subejecución de recursos destinados a la infraestructura vial. Según el escrito, el Gobierno habría recaudado alrededor de $1,5 billones destinados a rutas y obras viales, pero habría ejecutado solo una parte de esos fondos.

Los denunciantes también cuestionaron el manejo de los recursos del fideicomiso creado mediante el Decreto 976/2001, vinculado al financiamiento de obras e infraestructura vial.

Para los abogados, la falta de utilización de fondos específicamente destinados al mantenimiento de las rutas no constituye solamente una discusión presupuestaria, sino que podría tener consecuencias concretas sobre la seguridad de quienes circulan por ellas.

La presentación sostiene que la subejecución de recursos, el abandono de relevamientos sobre el estado de los caminos y la falta de aplicación específica de determinados fondos «tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera».

Una denuncia que apunta al delito de estrago

Los abogados solicitaron que se investigue si los hechos denunciados podrían encuadrar en el artículo 189 del Código Penal, que contempla el delito de estrago cuando, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, se provoca un hecho capaz de poner en peligro la vida de las personas.

En ese marco, plantearon que la eventual responsabilidad podría alcanzar a distintos funcionarios que tienen competencias sobre la infraestructura y la seguridad vial.

La denuncia también pidió investigar un posible abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en caso de que se determine que existieron omisiones deliberadas o incumplimientos en las tareas de mantenimiento y control.

Advierten por un aumento de las muertes en rutas

Otro de los puntos centrales del escrito es la evolución de los siniestros viales.

Los denunciantes citaron distintos relevamientos y publicaciones periodísticas que advierten sobre el deterioro de las rutas nacionales y un eventual incremento de los accidentes.

En particular, mencionaron declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien, sobre la base de relevamientos no oficiales, habría señalado que las muertes en rutas nacionales aumentaron un 300% en los últimos años.

La denuncia plantea que ese dato deberá ser contrastado con información oficial sobre accidentes, estado de las rutas y obras de mantenimiento para determinar si existe una relación entre el deterioro de la infraestructura y el aumento de la siniestralidad.

Qué quiere investigar la Justicia

Los denunciantes solicitaron una serie de medidas para determinar si hubo una relación entre la falta de mantenimiento, el destino de los fondos públicos y los siniestros registrados en las rutas nacionales.

Entre otras medidas, pidieron:

• Citar a declarar a Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional.
• Solicitar a la Secretaría de Transporte los Informes Anuales de Evaluación del Estado de Pavimentos desde 2019.
• Requerir a la Agencia Nacional de Seguridad Vial toda la información producida desde 2019 sobre el estado de las rutas y los siniestros.
• Pedir información a compañías de seguros sobre accidentes registrados en rutas nacionales durante 2024, 2025 y 2026.
• Incorporar una causa del Juzgado Federal de Venado Tuerto, que ordenó al Estado nacional y a Vialidad Nacional reparar de manera urgente las rutas nacionales 7, 8 y 33.

El Estado, bajo la lupa por la seguridad vial

La presentación también desarrolla argumentos vinculados con las obligaciones del Estado de proteger la vida y la integridad física de quienes utilizan la red vial.

En ese sentido, los denunciantes sostienen que el deterioro de las rutas no debería ser analizado únicamente como una cuestión administrativa o presupuestaria cuando las condiciones de infraestructura podrían generar un riesgo concreto para la población.

Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación penal y establecer si las decisiones u omisiones de los funcionarios denunciados tuvieron alguna relación con el estado actual de las rutas nacionales y la eventual evolución de los siniestros viales.