Judiciales ⚖️
Denuncian penalmente a funcionarios de Milei por el abandono de las rutas nacionales
La presentación judicial apunta contra Luis Caputo y autoridades de Transporte, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Banco Nación. Los denunciantes sostienen que la subejecución de fondos para infraestructura y la falta de controles podrían haber puesto en riesgo la vida de quienes circulan por la red vial. También reclamaron investigar un eventual abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El estado de las rutas nacionales volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia. Abogados de la organización Reset Republicano presentaron una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno de Javier Milei y pidieron investigar si las decisiones adoptadas en materia de infraestructura vial podrían configurar el delito de estrago, además de un eventual abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla y alcanza, entre otros funcionarios, al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; al subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, además de otros integrantes del directorio de la entidad.
Advierten por la falta de mantenimiento de las rutas
Uno de los ejes de la denuncia es la presunta subejecución de recursos destinados a la infraestructura vial. Según el escrito, el Gobierno habría recaudado alrededor de $1,5 billones destinados a rutas y obras viales, pero habría ejecutado solo una parte de esos fondos.
Los denunciantes también cuestionaron el manejo de los recursos del fideicomiso creado mediante el Decreto 976/2001, vinculado al financiamiento de obras e infraestructura vial.
Para los abogados, la falta de utilización de fondos específicamente destinados al mantenimiento de las rutas no constituye solamente una discusión presupuestaria, sino que podría tener consecuencias concretas sobre la seguridad de quienes circulan por ellas.
La presentación sostiene que la subejecución de recursos, el abandono de relevamientos sobre el estado de los caminos y la falta de aplicación específica de determinados fondos «tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera».
Una denuncia que apunta al delito de estrago
Los abogados solicitaron que se investigue si los hechos denunciados podrían encuadrar en el artículo 189 del Código Penal, que contempla el delito de estrago cuando, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, se provoca un hecho capaz de poner en peligro la vida de las personas.
En ese marco, plantearon que la eventual responsabilidad podría alcanzar a distintos funcionarios que tienen competencias sobre la infraestructura y la seguridad vial.
La denuncia también pidió investigar un posible abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en caso de que se determine que existieron omisiones deliberadas o incumplimientos en las tareas de mantenimiento y control.
Advierten por un aumento de las muertes en rutas
Otro de los puntos centrales del escrito es la evolución de los siniestros viales.
Los denunciantes citaron distintos relevamientos y publicaciones periodísticas que advierten sobre el deterioro de las rutas nacionales y un eventual incremento de los accidentes.
En particular, mencionaron declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien, sobre la base de relevamientos no oficiales, habría señalado que las muertes en rutas nacionales aumentaron un 300% en los últimos años.
La denuncia plantea que ese dato deberá ser contrastado con información oficial sobre accidentes, estado de las rutas y obras de mantenimiento para determinar si existe una relación entre el deterioro de la infraestructura y el aumento de la siniestralidad.
Qué quiere investigar la Justicia
Los denunciantes solicitaron una serie de medidas para determinar si hubo una relación entre la falta de mantenimiento, el destino de los fondos públicos y los siniestros registrados en las rutas nacionales.
Entre otras medidas, pidieron:
- Citar a declarar a Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional.
- Solicitar a la Secretaría de Transporte los Informes Anuales de Evaluación del Estado de Pavimentos desde 2019.
- Requerir a la Agencia Nacional de Seguridad Vial toda la información producida desde 2019 sobre el estado de las rutas y los siniestros.
- Pedir información a compañías de seguros sobre accidentes registrados en rutas nacionales durante 2024, 2025 y 2026.
- Incorporar una causa del Juzgado Federal de Venado Tuerto, que ordenó al Estado nacional y a Vialidad Nacional reparar de manera urgente las rutas nacionales 7, 8 y 33.
El Estado, bajo la lupa por la seguridad vial
La presentación también desarrolla argumentos vinculados con las obligaciones del Estado de proteger la vida y la integridad física de quienes utilizan la red vial.
En ese sentido, los denunciantes sostienen que el deterioro de las rutas no debería ser analizado únicamente como una cuestión administrativa o presupuestaria cuando las condiciones de infraestructura podrían generar un riesgo concreto para la población.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación penal y establecer si las decisiones u omisiones de los funcionarios denunciados tuvieron alguna relación con el estado actual de las rutas nacionales y la eventual evolución de los siniestros viales.
Judiciales ⚖️
Condenaron al Pity Álvarez a 12 años, pero con domiciliaria y tobillera
El Tribunal Oral 29 lo consideró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero dispuso un arresto domiciliario provisional. Álvarez no escuchó el veredicto y la defensa de Javier Baños, que había calificado el juicio de ilegal, deberá designar el domicilio donde cumplirá la pena.
Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz, aunque por ahora la cumplirá bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica. Lo resolvió este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, más de ocho años después del hecho.
Los jueces Gustavo Goerner (presidente), Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro consideraron a Cristian “Pity” Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz lo mataron el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré, de Villa Lugano. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer más adelante.
Domiciliaria, tobillera y un domicilio por definir
Según se informó durante la lectura del veredicto, la defensa, encabezada por el abogado y ex fiscal Javier Baños, debe designar el domicilio donde Álvarez cumplirá la pena, bajo la modalidad de arresto domiciliario provisional y con tobillera electrónica. Si se registra una violación de la prisión domiciliaria, la condena puede hacerse efectiva en una cárcel.
La tobillera no es una novedad en el expediente: en marzo de 2023, cuando ratificó la suspensión del debate, el propio Tribunal había ordenado retirarle la que tenía colocada y dispuso que la Justicia civil supervisara su tratamiento de rehabilitación.
Una silla vacía en la lectura
Álvarez, que permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, de Castelar, iba a presenciar el veredicto por videoconferencia, pero la transmisión solo mostró una silla vacía: no se conectó para escuchar la sentencia. Antes de que los jueces deliberaran había hablado por Zoom para sus últimas palabras: dijo que “me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal” y agregó que no tenía nada más para decir.
Una pena a la medida de la querella
La condena quedó a solo 10 meses del pedido de la querella y a 6 años y 6 meses del que formuló la Fiscalía. El fiscal Sandro Abraldes había reclamado 18 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que el abogado Fabián Améndola, que representa a la familia de la víctima junto a Fernando Burlando, pidió 11 años y 2 meses con arresto domiciliario. Burlando había asegurado que Álvarez sería condenado.
La defensa había pedido la absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, una condena por exceso en la legítima defensa. Baños, que actúa junto a Sebastián Queijeiro, calificó el proceso de “un juicio en ausencia, ilegal al 100%” y planteó la nulidad, y durante las réplicas tuvo un fuerte cruce con el Tribunal, cuyo presidente, Goerner, lo interrumpió.
Lo que tenés que saber
- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 condenó a Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio agravado por arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018.
- La pena se cumplirá bajo arresto domiciliario provisional y con tobillera electrónica, en un domicilio que debe designar la defensa de Javier Baños; si se viola, la condena puede hacerse efectiva en una cárcel.
- Álvarez no escuchó el veredicto: la transmisión por videoconferencia solo mostró una silla vacía.
- El fiscal Abraldes había pedido 18 años y 6 meses de prisión; la querella, 11 años y 2 meses.
- Los fundamentos de la sentencia se conocerán más adelante.
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