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El Estado no garantiza derechos pero sí castigo: entra en vigencia el Régimen Penal Juvenil

Con la Ley 27.801 a punto de entrar en vigencia en septiembre, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, un informe del Ciclo Básico Común de la UBA revela que casi la mitad de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad. La pregunta que el Gobierno no responde es cuántas políticas públicas acompañan al castigo.

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Septiembre se acerca y con él la implementación plena del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), sancionado en febrero de 2026 y promulgado mediante el decreto 138/2026. La norma impulsada por el Gobierno de Javier Milei baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fue celebrada por la Oficina del Presidente como «un acto de justicia hacia la sociedad». Sin embargo, mientras el Estado nacional afinaba el instrumento del castigo, otro documento producido por una de las instituciones académicas más importantes del país revelaba la magnitud del abandono que ese mismo Estado ejerce sobre la población juvenil.

El informe «Jóvenes vulnerables en la Argentina: condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro», elaborado por investigadores del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA) en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA) y coordinado por el investigador del CONICET Juan Cruz Esquivel y el Director del CBC Felipe Vega Terra, arroja una conclusión que interpela directamente a quienes diseñan las políticas de seguridad: el 48,9% de los jóvenes de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad social. La vulnerabilidad dejó de ser un fenómeno de los márgenes. Es la norma.

El régimen que llega sin infraestructura ni debate

La Ley 27.801 fijó un plazo de seis meses para que el sistema judicial y los organismos involucrados adaptaran sus estructuras antes de la implementación plena. Ese plazo vence en septiembre. Sin embargo, no hay discusiones públicas de cara a la sociedad, no se han saldado las falencias del sistema anterior, y muchas de ellas seguirán vigentes con el nuevo régimen. La Defensoría del Pueblo de la Nación (La Defensa), en un documento de análisis publicado en abril de 2026, advirtió que la norma «lesiona principios, garantías y derechos reconocidos convencional y constitucionalmente» y que podría colocar a la Argentina en condiciones de recibir una nueva condena internacional.

Desde el sistema judicial, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina emitió una carta abierta calificando la baja de la edad de punibilidad como un «efecto placebo» que «genera la apariencia de acción estatal sin producir mejoras reales en la seguridad pública». Los magistrados advirtieron que la reforma implica una «renuncia del Estado a diseñar políticas públicas complejas» y cuestionaron que se responda con penas de adultos a «subjetividades en proceso de formación».

El Triple Ni-Ni: sin trabajo, sin estudio, sin horizonte

El estudio del CBC-UBA, basado en 1.002 encuestas presenciales realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a jóvenes de los principales aglomerados urbanos del país, describe con precisión el terreno sobre el que operará la nueva ley penal. Dos de cada diez jóvenes vulnerables no trabajan ni estudian. Y dentro de ese grupo, la investigación detecta lo que sus coordinadores denominaron el fenómeno del «Triple Ni»: un tercio de quienes no tienen empleo y no estudian tampoco busca trabajo.

«Esta desconexión refleja una ruptura de las expectativas de progreso, donde el mercado laboral ya no es percibido como un espacio de inclusión accesible», explicó Juan Cruz Esquivel. Entre los jóvenes que no tienen trabajo (30,6%), la búsqueda reciente de empleo alcanza solo a cuatro de cada diez, lo que, según el informe, evidencia «procesos de desánimo profundamente arraigados y la magnitud de la crisis social juvenil en Argentina».

Quienes sí logran insertarse en el mercado laboral lo hacen en condiciones que el propio sistema no reconoce como trabajo pleno. El 75,9% de los jóvenes que trabaja lo hace en condiciones de informalidad total, changas, venta ambulante o por internet, mientras que apenas el 18,9% cuenta con un empleo registrado o parcialmente registrado. Para el 57% de ellos, los ingresos del hogar no alcanzan para llegar a fin de mes. El 78% carece de obra social o prepaga y depende exclusivamente del sistema público de salud.

La salud mental como variable invisible

El informe de la UBA incorpora una dimensión que las políticas de seguridad sistemáticamente eluden: más del 70% de los jóvenes relevados manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, mientras que el 50% reconoce síntomas compatibles con la depresión. Un 30% reconoce dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco o sustancias, con mayor incidencia en los sectores con menores niveles de instrucción. La crisis de salud mental no es un dato colateral: es parte constitutiva del cuadro de vulnerabilidad que el Estado eligió responder con un código penal.

Educación: el deseo que el sistema bloquea

Contra el sentido común punitivista, el estudio rescata que el 85,7% de los jóvenes vulnerables considera que estudiar le permitiría mejorar su calidad de vida. La educación no es un valor ajeno a estos sectores, sino una aspiración bloqueada por obstáculos estructurales: la falta de dinero y la ausencia de oportunidades reales operan como barreras que el Estado no remueve. «La vulnerabilidad social opera como un eje estructurante de desigualdades materiales y subjetivas, cuya complejidad demanda intervenciones coordinadas e integrales», concluye el informe del CBC-UBA.

El castigo como política de Estado

La Ley 27.801 fue presentada por el Gobierno de Milei como el cierre de «un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa». El argumento oficial omite, sin embargo, la pregunta que el informe de la UBA instala con datos: ¿cuántas décadas de inacción en políticas educativas, laborales y de salud mental precedieron al castigo? El nuevo régimen penal juvenil no creó la situación de los pibes y pibas pobres de las ciudades argentinas. Solo decidió formalizarla como problema de orden público en lugar de reconocerla como fracaso del Estado.

Mientras la implementación de la ley avanza sin debate público ni infraestructura consolidada, y mientras la Ciudad de Buenos Aires tampoco ha dado señales claras sobre cómo adecuará su legislación procesal, el dato más incómodo lo aporta la propia academia: los jóvenes que el sistema penal se apresta a procesar son, en su mayoría, los mismos que el sistema educativo, laboral y de salud mental ya expulsó antes.

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Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto

El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.

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Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.
El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.

Un ataque registrado en video

El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.

El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.

La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.

Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.

La defensa dice que no la vio

Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.

Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.

Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.

Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado

La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.

Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.

La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

El reglamento y la mínima fuerza necesaria

Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

Qué se juzga y qué queda afuera

El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.

Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.

Lo que tenés que saber

  • El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
  • Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
  • El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
  • La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
  • La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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