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Nueva Vicentin promete invertir US$ 100 millones, pero los números son propios

La compañía que conduce el Grupo Grassi proyecta invertir US$ 100 millones y reporta más empleo y pagos a acreedores. Son cifras propias, sin verificación independiente, y el récord de producción es solo una proyección.

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La Nueva Vicentin Argentina anunció un plan de inversiones de unos 100 millones de dólares entre 2026 y 2027, pero todas las cifras con las que presentó su recuperación provienen del balance difundido por la propia compañía.

La empresa está conducida por el Grupo Grassi desde que se concretó el cambio de control, en diciembre de 2025. Su presidente, Mariano Grassi, sostuvo que asumieron “el desafío de recuperar una compañía con un enorme potencial industrial y humano”.

Inversión y producción: promesas y metas

El programa apunta a modernizar instalaciones, recuperar tareas de mantenimiento postergadas y mejorar la confiabilidad, la seguridad y la eficiencia de las plantas. La compañía proyecta que cada planta cierre 2026 con su mayor volumen de producción desde la campaña 2017/18, una previsión empresarial y no un resultado anual cerrado. Grassi afirmó que hoy todas las plantas están operativas y que en San Lorenzo esperan superar los cuatro millones de toneladas procesadas en 2026, frente a unos dos millones del año pasado y a unos 3,8 millones previos a la crisis.

Empleo y salarios, según la empresa

La dotación efectiva del conjunto de empresas, incluidas las incorporadas con la adquisición de Vicentin, pasó de 1.201 personas en diciembre de 2025 a 1.319 en octubre de 2026, un aumento del 9,8%. La firma también informó que regularizó 650 millones de pesos en cuotas sindicales e intereses, que pagó 60 millones por diferencias de gratificaciones de 2024 y 2025 y que el ausentismo bajó del 9,38% en 2025 al 5% en 2026 en las cuatro plantas relevadas. Son datos de la propia empresa, cuya verificación independiente todavía está pendiente.

Acreedores: el cramdown en números

En el marco del acuerdo de cramdown, la compañía dijo que a fines de octubre había cancelado acreencias por más de 40 millones de dólares y que espera llegar a 75 millones al cierre de 2026. Además informó entregas por 2,9 millones de toneladas de soja de productores y fideicomisos en la llamada Opción A, que permite cancelar hasta el 200% de los créditos. El cramdown fue la propuesta de Grassi S.A. para quedarse con la agroexportadora tras el concurso que Vicentin atravesaba desde 2020; al abrirse el proceso, en septiembre de 2025, la oferta alcanzaba a unos 1.300 millones de dólares de deuda no garantizada.

Un anuncio de inversión no mide por sí solo la sostenibilidad financiera de la compañía. Habrá que seguir si las obras se ejecutan, si la producción prevista se concreta y cómo avanza el cumplimiento con los acreedores.

Lo que tenés que saber

  • Nueva Vicentin proyecta invertir unos USD 100 millones entre 2026 y 2027.
  • La dotación pasó de 1.201 personas en diciembre de 2025 a 1.319 en octubre de 2026, según la empresa.
  • Informó acreencias canceladas por más de USD 40 millones y proyecta USD 75 millones para fin de año.
  • La producción récord es una previsión, no un resultado cerrado.
  • Todas las cifras provienen del balance de la propia compañía.

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AySA no podrá cortar el agua de un hogar sin 60 días de restricción previa

El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA: antes de cortar el servicio por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos, y no podrá hacerlo con beneficiarios de Tarifa Social, hospitales ni cárceles. La norma llega antes de que los nuevos dueños tomen el control.

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Cortes de agua: el nuevo reglamento llega antes de la privatización plena y deja afuera el régimen de mora.

AySA ya no podrá cortarle el agua a un hogar por una deuda sin antes reducirle el caudal durante al menos 60 días corridos. Es la principal novedad del nuevo reglamento que fija las reglas del vínculo entre la empresa y sus usuarios, justo cuando la compañía se encamina a manos privadas.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Reglamento del Usuario de los servicios de agua potable y desagües cloacales que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes 20 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma rige desde el día siguiente a su publicación y detalla en qué casos la concesionaria puede restringir o cortar el suministro.

Qué cambia antes de un corte por deuda

Para los usuarios residenciales, la empresa deberá aplicar primero una restricción temporal del servicio, con un caudal limitado por unidad funcional, durante un mínimo de 60 días corridos. Recién cumplido ese plazo, y si la deuda sigue impaga, AySA podrá mantener la restricción o avanzar con el corte, siempre que el usuario no tenga Tarifa Social ni un plan de pagos vigente.

Toda restricción o corte debe estar precedido por una intimación fehaciente, que puede enviarse por medios electrónicos y debe informar al usuario sobre la existencia de la Tarifa Social. Si la notificación es digital, no puede cobrarse cargo alguno por el aviso de corte.

El marco regulatorio vigente (Ley 26.221 y sus modificatorias, con texto ordenado por el Decreto 805/2025) fija que el corte procede con una mora mínima de 60 días para usuarios residenciales y de 15 días para los no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura, y exige una intimación de pago con al menos siete días hábiles de anticipación.

Quiénes quedan protegidos

El reglamento prohíbe restringir o cortar el servicio a los beneficiarios de la Tarifa Social y a los usuarios sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles. Tampoco se puede avanzar mientras exista un plan de pagos vigente o una orden expresa del ERAS en sentido contrario.

Para las cloacas la regla es más estricta: AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS, que deberá pronunciarse antes. Si se comprueba que una restricción o un corte fue improcedente, la empresa tendrá 48 horas para restablecer el servicio y deberá pagarle al usuario el 3% de la última factura por cada día de atraso.

Otras causales de corte

Según detalló la prensa local, el texto no se limita a la mora. También habilita medidas previa intimación ante fallas en las instalaciones sanitarias internas que perjudiquen a terceros, anomalías en las redes causadas por obras sin factibilidad técnica o manipulación de la red, y vertidos de efluentes industriales fuera de norma. En los casos de cianuro o reincidencia, el corte es directo.

Reclamos, plazos y atención presencial

El reglamento fija plazos máximos de respuesta: 24 horas ante riesgo inminente para las personas, 48 horas para reconectar tras un pago, 10 días hábiles para los pedidos de reconexión y 30 días para los reclamos generales. Si la empresa no responde a tiempo o la respuesta no conforma al usuario, este puede recurrir al ERAS, y toda contestación debe ser fundada y mencionar ese derecho.

Mientras se resuelve un reclamo por una factura, el servicio continúa si el usuario pagó la última que no impugnó, y no pueden aplicarse intereses ni recargos por la demora en responder. Las facturas deben enviarse al menos 10 días antes del vencimiento e incluir la línea gratuita del ERAS, y la Oficina Virtual debe conservar las copias de los últimos 12 meses.

En materia de atención presencial, AySA deberá mantener su oficina central y, en cada una de las cinco regiones (Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad de Buenos Aires), una oficina fija y una unidad móvil diaria, con cronograma publicado con un mes de anticipación.

Lo que quedó afuera y el contexto de la privatización

El ERAS dejó fuera del reglamento el régimen de mora, la prescripción y la ejecución fiscal de deudas, que considera materias del marco regulatorio o del contrato de concesión. La facturación durante cortes prolongados quedó pendiente de una norma específica, que según el organismo incluiría descuentos para los usuarios afectados.

El proyecto había sido presentado por AySA ante el ERAS en enero de 2026. La Defensoría del Pueblo de la Nación inició de oficio un trámite el 18 de marzo para analizarlo y recomendó a la empresa y al directorio del ERAS adoptar medidas que garanticen el acceso universal al agua potable y a las cloacas.

El reglamento llega en medio de la venta del 90% de AySA. El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1818/2026, adjudicó ese paquete por 340,2 millones de dólares a un consorcio integrado por Rowing, Arcos, PHX Aqua y Transclor, y fijó el 13 de noviembre como plazo para firmar el contrato de compraventa; el 10% restante queda en manos de los trabajadores. Según trascendió, el cierre de la operación se postergó hasta el 17 de diciembre, de modo que los nuevos dueños todavía no asumieron el control de la compañía.

Lo que tenés que saber

  • El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA mediante la Resolución 46/2026, publicada el 20 de noviembre en el Boletín Oficial.
  • Antes de cortar el agua a un hogar por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos y enviar una intimación fehaciente.
  • No se puede restringir ni cortar a beneficiarios de Tarifa Social, hospitales, sanatorios y cárceles, ni con un plan de pagos vigente.
  • Si un corte resulta improcedente, AySA tiene 48 horas para reponer el servicio y debe pagar el 3% de la última factura por cada día de atraso.
  • Las cloacas de usuarios residenciales no pueden cortarse sin intervención previa del ERAS.
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