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Pericia reveló que Pachelo estuvo en la zona del Carmel hasta pasadas las 19.30

Se trata del comisario inspector Christian Blanco, quien presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro un informe especial elaborado para este tercer debate por el crimen de la socióloga de 50 años, el cual sitúa al principal acusado en la zona del Carmel, a pesar de que el propio Pachelo afirmó que se retiró del lugar antes de las 19 para dirigirse a Capital Federal a encontrarse con su madre.

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Un policía especialista en comunicaciones aseguró hoy que dos informes suministrados por la empresa de telefonía celular señalaron que el acusado Nicolás Pachelo «se encontraba a las 19.32 en la zona de Carmel» el 27 de octubre del 2002, día en que fue asesinada María Marta García Belsunce.

Se trata del comisario inspector Christian Blanco, quien presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro un informe especial elaborado para este tercer debate por el crimen de la socióloga de 50 años, el cual sitúa al principal acusado en la zona del Carmel, a pesar de que el propio Pachelo afirmó que se retiró del lugar antes de las 19 para dirigirse a Capital Federal a encontrarse con su madre.

Según expresó el especialista en comunicaciones, “Pachelo estaba 19.32 en la zona de Carmel” según el registro de una de las tres antenas que estaban en la zona de Pilar, al norte del Gran Buenos Aires.

“Fueron dos llamadas, a las 19 horas 10 segundos y 19 horas, 32 minutos y 45 segundos. Son tres antenas que tienen cobertura en Carmel, ambas comunicaciones impactaron en una sola. Eso significa que a las 19.32 Pachelo estaba en la zona del Carmel”, reveló el perito.

Blanco, quien hace más de 15 años se desempeña en la policía bonaerense en la tarea del análisis de las comunicaciones de distintos delitos, relató que para comenzar a investigar las llamadas de ese día se solicitó a las distintas empresas prestadoras de telefonía celular los registros de todas las personas que estuvieron en la zona del hecho.

“Había más de 194 mil comunicaciones ese día y hubo entre 30 y 40 teléfonos investigados. Movistar -Movicom en ese momento- informó que, en ese paquete de comunicaciones de clientes que estuvieron en la zona, había dos comunicaciones vinculadas al teléfono de Pachelo que impactaron en la antena”, sostuvo.

El especialista fue firme cuando indicó que “la información que se pidió de las llamadas entradas y salientes de Pachelo coinciden con lo que impactó en la antena 394, ubicada en la calle Chacabuco”.

“A las 19 hay una comunicación del teléfono de Pachelo que llamó a la madre. La duración de la llamada fue 120 segundos. A las 19.32 recibe una comunicación desde un teléfono fijo por parte del padre de Inés Dávalos Cornejo (esposa de Pachelo) que también dura 120 segundos”, detalló.

El dato del horario es relevante, ya que según la autopsia al cuerpo de la víctima, María Marta fue asesinada entre las 18.30 y las 19 cuando Pachelo aún estaba dentro de country.

Si bien el propio Pachelo dijo que se retiró del lugar cerca de las 19 para irse a Capital Federal y las cámaras de vigilancia del country registraron su salida a las 18.59, este peritaje demuestra que el hombre permaneció en la zona hasta media hora más tarde.

El perito Blanco, además, sostuvo que entre la antena que captó el teléfono y el shopping Paseo Alcorta, donde Pachelo dijo que había ido con su madre a comprar un juguete para su hijo, hay 48 kilómetros y que “es imposible” que estando en Capital Federal haya captado la antena en Pilar.

En el inicio de la decimocuarta jornada del tercer juicio por el crimen de García Belsunce, el fiscal Andrés Quintana hizo referencia nuevamente al dato que aportó un preso -ya fallecido- al que supuestamente Pachelo le confesó el crimen de la socióloga.

Quintana explicó que se trató de un llamado realizado por Marcelo Maradei, un hombre que estuvo detenido junto a Pachelo en 2005 en la División de Investigación Penal y Administrativa (DIPA) que posee la Prefectura Naval Argentina (PNA) en el barrio porteño de Retiro y que falleció el año pasado.

Según el fiscal Quintana, Maradei llamó por teléfono el 8 de agosto de 2019 a la fiscalía de Pilar y dijo tener “información de la causa que investigaba el homicidio de María Marta García Belsunce”.

“Dijo ser Maradei, estar detenido en la Unidad 9 por disposición del juzgado de Mercedes. Dijo que estuvo detenido entre 2003 y 2006 con Nicolás Pachelo y que tuvo varias charlas con él. En una oportunidad hablaron porque se había enterado de una enfermedad de uno de sus hijos y por eso estaba vulnerable. Ahí le contó cuestiones relativas a la muerte de la madre y del padre y le reconoció que había matado a María Marta y que había arrojado el arma en una alcantarilla de la Panamericana cercana al Carmel”, relató Quintana.

Mientras el fiscal introducía la información, Pachelo escuchaba con atención y firmeza cada dato aportado por la parte acusadora.

En su relato, el fiscal Quintana intentó desacreditar las palabras del propio Pachelo en la audiencia anterior, cuando dijo que no conocía a Maradei y que había estado detenido en una celda solo y ubicada en el sótano de la DIPA.

Según el fiscal Quintana, Pachelo y otros detenidos fueron víctimas de extorsión por parte de José Fabio González Véliz, un interno que, según los expedientes aportados por la fiscalía, los amenazaba de muerte pidiéndoles dinero, comida y tarjetas telefónicas.

Para ahondar en su versión, Quintana expuso una resolución del 16 de mayo de 2007 del juicio contra González Veliz, en el cual el mismo imputado declaró: “Cuando ingresó a DIPA, (Pachelo) dijo que estaba por una causa pesada y que era un pesado de la causa García Belsunce”.

Tras la exposición, la abogada Raquel Pérez Iglesias, defensora de Pachelo, pidió al tribunal la nulidad de la indagatoria de su asistido durante el juicio ya que, según su entender, el fiscal Quintana «tuvo pérdida de objetividad», algo que el juez Federico Ecke no hizo lugar.

Luego de la decisión del tribunal, declaró la hermana de Maradei, quien había pedido brindar testimonio sin la presencia de Pachelo pero el tribunal no dio a lugar al decirle que “enfrente la situación” ya que “iba a estar cuidada”.

La mujer agregó que su hermano le confesó los dichos de Pachelo “porque buscaba tener algún beneficio” y le encomendó que se lo comunicara al abogado de Carlos Carrascosa, algo que finalmente no hizo.

La jornada continuó con el testimonio de Nicanor Cetra, una de las víctimas de los robos de Pachelo perpetrados en Capital Federal entre agosto de 2004 y abril de 2004.

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Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma

La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal.

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Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma

★ La Justicia de Mendoza ordenó la detención preventiva de la madre de un adolescente de 17 años que ingresó a una escuela del Gran Mendoza con una réplica de arma de fuego. La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal, agravado por la participación de un menor según el artículo 41 quater del mismo cuerpo normativo. La pena prevista oscila entre tres y ocho años de prisión.

El argumento que la llevó presa

Según el escrito del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la mujer reconoció haberle recomendado a su hijo que llevara la réplica «para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco», de acuerdo a fuentes judiciales. El fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, ordenó la detención preventiva y el traslado de la imputada a la Penitenciaría Provincial.

El escrito fiscal subrayó que al momento del hecho «ya era de público y notorio conocimiento, no solo en las comunidades educativas sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando», en referencia a la ola de amenazas de tiroteos que sacude al sistema educativo argentino desde el crimen de Ian Cabrera en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo de 2026, caso que este medio cubrió desde su inicio.

Para los fiscales, la condición de progenitora agrava la responsabilidad: instó directamente a un menor bajo su cuidado a cometer un hecho intimidatorio en el marco de un contexto de pánico social que ella misma contribuyó a alimentar. Ese razonamiento fue determinante para elevar la calificación del delito y fundamentar el encierro preventivo.

50 denuncias en días en Mendoza

El caso de esta madre y su hijo no es un hecho aislado dentro de la provincia. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que, entre el miércoles 16 y el viernes 18 de abril, se recepcionaron más de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos mendocinos. Las intimidaciones se manifestaron a través de carteles pegados en los baños, inscripciones sobre las paredes y publicaciones en redes sociales que anunciaban fechas específicas para supuestos ataques.

El mismo viernes en que se ordenó la detención de la madre, el fiscal de la Fiscalía Penal Juvenil, Gustavo Farmache, ya había imputado a un adolescente de 16 años por publicar en redes sociales la fotografía de una réplica de arma acompañada de un mensaje intimidante. Otros tres menores no imputables, todos menores de 16 años, prestaron declaración informativa, y un adolescente de 15 años fue notificado por portar un objeto similar en su escuela. Vale destacar que la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, aún no está en vigencia (su artículo 52 establece un período de implementación de 180 días desde su promulgación), por lo que los menores de 16 años continúan siendo inimputables.

Un fenómeno que se expande por el país

La ola de amenazas no se circunscribe a Mendoza. Como informó este medio en su cobertura del 18 de abril, el fenómeno se extendió a al menos cinco provincias en el marco de lo que las autoridades educativas sospechan que comenzó como un reto viral en plataformas digitales.

En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil acumula ocho adolescentes imputados por «amenaza agravada por anonimato» e investiga más de 100 episodios en la capital provincial, con actuaciones adicionales en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

En Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un adolescente de 16 años en el departamento Rosario tras una serie de amenazas, con allanamiento y secuestro de elementos incluidos.

En Santiago del Estero, una pintada en la Escuela Normal Manuel Belgrano amenazó: «20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos».

En Buenos Aires, un adolescente de 16 años fue identificado en San Miguel tras publicar en redes un mensaje donde anunciaba una «masacre» en su colegio.

Ante la proliferación de casos, la secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, fue tajante: realizar este tipo de amenazas «no es una broma, es un delito de intimidación que tiene consecuencias», según declaró a medios provinciales.

El Estado ausente, otra vez

Lo que estos hechos vuelven a exponer es la ausencia de una respuesta estructural del Estado nacional ante una crisis que desbordó a las jurisdicciones provinciales. El gobierno de Javier Milei no articuló hasta el momento ninguna política educativa de emergencia frente a la proliferación de amenazas que mantiene en vilo a miles de familias. La respuesta se limitó a reuniones interministeriales y declaraciones aisladas, mientras los fiscales provinciales debían procesar una avalancha de denuncias sin recursos adicionales.

La imputación y detención de una madre que mandó a su hijo al colegio con un arma de réplica por miedo a que le pasara algo es, también, el síntoma de un sistema educativo y de contención social que no está dando respuestas. El pánico que la llevó a tomar esa decisión equivocada fue, en parte, el mismo pánico que el Estado no supo desactivar.

Puntos clave:

  • La madre de un adolescente de 17 años fue detenida preventivamente y trasladada a la Penitenciaría Provincial de Mendoza por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez
  • La imputación se encuadra en el artículo 211 del Código Penal (intimidación pública) agravado por participación de menor (artículo 41 quater), con una escala penal de tres a ocho años
  • La mujer había recomendado a su hijo llevar una réplica de arma al colegio «para amedrentar a los compañeros» en el contexto de la ola de amenazas de tiroteos
  • El Ministerio Público Fiscal de Mendoza registró más de 50 denuncias por amenazas escolares entre el miércoles y el viernes de la semana pasada
  • El fenómeno se extendió a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires, con imputados y detenidos en múltiples jurisdicciones

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