Los analistas Martín Burgos y Agustín Auzmendi evaluaron que el progreso del acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dependerá de la aprobación de la denominada ley ómnibus en el Congreso y que, aun de prosperar, puede que no se cumpla con las metas acordadas por los efectos recesivos del ajuste fiscal.

El acuerdo sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo del Programa de Facilidades Extendidas (SAF) le permitirá al país tener acceso a un desembolso de US$4.700 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió anoche en conferencia de prensa que, si la ley no es aprobada, “las medidas van a ser más duras” para poder cumplir con las metas.

“Se le propuso al FMI un plan de ajuste muy fuerte por el cual el Gobierno pretende llegar rápidamente. Esto implica la aprobación de la ley y del DNU porque allí hay una parte importante del paquete de ajuste, incluyendo las privatizaciones y el cambio con la movilidad jubilatoria”, indicó a Télam el economista y docente Martín Burgos.

No obstante, advirtió que, incluso con el ajuste aprobado, “es posible que no se llegue a las metas debido a que una fuerte recesión podría hacer caer la recaudación y, por lo tanto, retroalimentar el déficit».

Burgos recordó que se trata del mismo acuerdo formalizado en 2022, el cual el año pasado “se había complicado porque Argentina incumplió las metas debido a la sequía”.

“El FMI no convalidó (a la sequía como una causa de incumplimiento) y eso fue lo que generó tantas rispideces con (el exministro de Economía, Sergio) Massa”, agregó.

Agustín Auzmedi, analista económico del Centro de Economía Política (CEPA), enfatizó que el FMI “recibe obviamente de la mejor forma a gobiernos que están predispuestos a hacer ajuste” y que, por ende, “era de esperar que se pongan de acuerdo”.

“La gran pregunta que me haría es que el Gobierno está jugando todos los porotos y fichas a que el Congreso apruebe un programa que me parece que le entrega la suma del poder público al Poder Ejecutivo, abriéndole la puerta a que pueda disponer de todo el sistema normativo, político y económico sin ningún tipo de restricciones”, opinó.

Consideró que el FMI “está a la expectativa de lo que pase” con la ley ómnibus y si el presidente, Javier Milei, “logra los acuerdos políticos” para que tanto el DNU 70/2023 como dicha ley logren pasar el Congreso.

“El Fondo había planteado con el Gobierno anterior un acuerdo en el que el déficit era del 0,9% del PBI. El actual Gobierno viene a plantear un esquema de ajuste muy fuerte con un superávit fiscal de 2 puntos, lo cual el Fondo lo recibe de la mejor manera”, evaluó Auzmedi.

Más allá de este punto, señaló que “no hay grandes novedades” en el acuerdo y que el objetivo de acumulación de reservas de US$ 10.000 millones para este año “era similar al que estaba planteado”.

“La cuestión del desembolso tampoco es nada demasiado rupturista. No es que le consiguieron sacar US$ 4.700 millones al Fondo, sino que es lo que estaba planteado en el acuerdo original. Lo que hace el Fondo es adelantar desembolsos de acá a marzo para tener cubierto el pago de los vencimientos”, explicó.

Al igual que Burgos, el analista del CEPA consideró que la aplicación del ajuste posee “un problema estructural”, pues implicará ir hacia un “esquema de recesión” con “menos recaudación” y un “desplome en la actividad”.

Esto implicará –señaló Auzmedi- que “para poder sostener el objetivo de equilibrio y superávit fiscal será necesario ajustar cada vez más”.

Del mismo modo, expresó sus dudas sobre cómo funcionará la política cambiaria en el corto plazo.

“Se propone un ´crawling peg´ del 2%. Si se sigue en ese ritmo, el tipo de cambio, en términos de competitividad, estará muy parecido en atraso a como estaba en noviembre o diciembre. Entonces se deberá elegir entre dejar otra vez atrasado al tipo de cambio o hacer otra devaluación”, concluyó el analista.