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¿El acuerdo con el FMI está atado a la aprobación de la ley ómnibus?

La revisión del Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional le permitirá a la Argentina tener acceso a un desembolso de US$4.700 millones. Sin embargo, los analistas creen que una de las pretenciones impuestas por el organismo es que se apruebe el proyecto.

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El-Argentino-Fondo Monetario Deuda Externa.

Los analistas Martín Burgos y Agustín Auzmendi evaluaron que el progreso del acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dependerá de la aprobación de la denominada ley ómnibus en el Congreso y que, aun de prosperar, puede que no se cumpla con las metas acordadas por los efectos recesivos del ajuste fiscal.

El acuerdo sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo del Programa de Facilidades Extendidas (SAF) le permitirá al país tener acceso a un desembolso de US$4.700 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió anoche en conferencia de prensa que, si la ley no es aprobada, “las medidas van a ser más duras” para poder cumplir con las metas.

“Se le propuso al FMI un plan de ajuste muy fuerte por el cual el Gobierno pretende llegar rápidamente. Esto implica la aprobación de la ley y del DNU porque allí hay una parte importante del paquete de ajuste, incluyendo las privatizaciones y el cambio con la movilidad jubilatoria”, indicó a Télam el economista y docente Martín Burgos.

No obstante, advirtió que, incluso con el ajuste aprobado, “es posible que no se llegue a las metas debido a que una fuerte recesión podría hacer caer la recaudación y, por lo tanto, retroalimentar el déficit».

Burgos recordó que se trata del mismo acuerdo formalizado en 2022, el cual el año pasado “se había complicado porque Argentina incumplió las metas debido a la sequía”.

“El FMI no convalidó (a la sequía como una causa de incumplimiento) y eso fue lo que generó tantas rispideces con (el exministro de Economía, Sergio) Massa”, agregó.

Agustín Auzmedi, analista económico del Centro de Economía Política (CEPA), enfatizó que el FMI “recibe obviamente de la mejor forma a gobiernos que están predispuestos a hacer ajuste” y que, por ende, “era de esperar que se pongan de acuerdo”.

“La gran pregunta que me haría es que el Gobierno está jugando todos los porotos y fichas a que el Congreso apruebe un programa que me parece que le entrega la suma del poder público al Poder Ejecutivo, abriéndole la puerta a que pueda disponer de todo el sistema normativo, político y económico sin ningún tipo de restricciones”, opinó.

Consideró que el FMI “está a la expectativa de lo que pase” con la ley ómnibus y si el presidente, Javier Milei, “logra los acuerdos políticos” para que tanto el DNU 70/2023 como dicha ley logren pasar el Congreso.

“El Fondo había planteado con el Gobierno anterior un acuerdo en el que el déficit era del 0,9% del PBI. El actual Gobierno viene a plantear un esquema de ajuste muy fuerte con un superávit fiscal de 2 puntos, lo cual el Fondo lo recibe de la mejor manera”, evaluó Auzmedi.

Más allá de este punto, señaló que “no hay grandes novedades” en el acuerdo y que el objetivo de acumulación de reservas de US$ 10.000 millones para este año “era similar al que estaba planteado”.

“La cuestión del desembolso tampoco es nada demasiado rupturista. No es que le consiguieron sacar US$ 4.700 millones al Fondo, sino que es lo que estaba planteado en el acuerdo original. Lo que hace el Fondo es adelantar desembolsos de acá a marzo para tener cubierto el pago de los vencimientos”, explicó.

Al igual que Burgos, el analista del CEPA consideró que la aplicación del ajuste posee “un problema estructural”, pues implicará ir hacia un “esquema de recesión” con “menos recaudación” y un “desplome en la actividad”.

Esto implicará –señaló Auzmedi- que “para poder sostener el objetivo de equilibrio y superávit fiscal será necesario ajustar cada vez más”.

Del mismo modo, expresó sus dudas sobre cómo funcionará la política cambiaria en el corto plazo.

“Se propone un ´crawling peg´ del 2%. Si se sigue en ese ritmo, el tipo de cambio, en términos de competitividad, estará muy parecido en atraso a como estaba en noviembre o diciembre. Entonces se deberá elegir entre dejar otra vez atrasado al tipo de cambio o hacer otra devaluación”, concluyó el analista.

Gremiales

Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.

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920 puestos de trabajo, siete meses de resistencia y un fallo que el sindicato llama "disparate jurídico".

Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.

«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.

El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.

Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal

El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.

El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.

La CGT y el reclamo de paro general activo

El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.

El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.

Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.

Lo que tenés que saber

  • La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
  • El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
  • 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
  • El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
  • Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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