Judiciales ⚖️
El Gobierno apeló fallo que ordena entregar el 51% de YPF a fondos buitre
Argentina presentó la apelación al controvertido fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que obliga al país a entregar el control mayoritario de la petrolera estatal a los fondos demandantes Burford y Eton Park, en el marco del litigio por la expropiación de 2012.
El Estado argentino desafió formalmente la decisión judicial que amenaza con despojar al país del control de YPF, la empresa energética más importante del territorio nacional. La apelación busca frenar una medida que podría redefinir el mapa energético argentino y entregar activos estratégicos a capitales especulativos extranjeros.
El fallo que sacudió al sector energético
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la empresa. La medida establece un plazo perentorio: «transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden».
El mecanismo diseñado por Preska es expeditivo: el Banco de Nueva York Mellon (BNYM) debe transferir las acciones «a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta».
Los fondos buitre tras el control de YPF
Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización iniciado en 2012. El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF tras comprárselas a la empresa española Repsol hace más de una década.
En abril de 2024, el fondo le pidió a la jueza Preska que autorice la transferencia a su favor de todas las acciones de YPF que posee el Estado argentino. El reclamo se sustentó en el incumplimiento de un fallo de 2023 que obliga al país a abonar 16.100 millones de dólares.
Una ofensiva judicial integral
El fallo de Preska no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia judicial más amplia. La medida va en línea con la exigencia elevada a principios de este año para que la Argentina brinde información sobre distintos activos, incluido el oro del Banco Central y acciones de otras empresas estatales.
La decisión judicial pone en jaque la soberanía energética argentina al tiempo que expone al país a una nueva oleada de presiones de fondos especulativos. El precedente que podría sentar este caso trasciende el sector petrolero y amenaza con extenderse a otros activos estratégicos del Estado.
El contexto de la nacionalización
La estatización de YPF fue decidida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, tras considerar que la gestión privada de Repsol había llevado a un deterioro en la exploración y producción energética nacional. La medida buscaba recuperar el control sobre recursos estratégicos en un momento crítico para el abastecimiento energético del país.
Ahora, más de una década después, la decisión de nacionalizar la petrolera vuelve a estar en el centro del debate, pero esta vez desde los tribunales estadounidenses, donde fondos especulativos buscan apropiarse de activos que fueron considerados estratégicos para la soberanía nacional.
Puntos clave:
- La jueza Loretta Preska ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park
- Argentina presentó una apelación para frenar la medida que amenaza el control estatal de la petrolera
- Los fondos reclaman 16.100 millones de dólares por la expropiación realizada en 2012
- El fallo forma parte de una estrategia más amplia para acceder a activos argentinos, incluyendo reservas del Banco Central
- El caso podría sentar precedentes para otros reclamos sobre empresas estatales argentinas
Elecciones
«Es vergonzoso»: Lula calificó la fuga de Bolsonaro de Brasil
El senador salió el martes con su familia hacia Estados Unidos, un día después de que el Supremo le ordenara entregar sus pasaportes por una investigación por presunto lavado de dinero; la Policía Federal anuló los documentos. Lula recordó que él se quedó y se entregó cuando lo acusaron.
Un día después de que el Supremo le ordenara entregar sus pasaportes, Flávio Bolsonaro dejó Brasil con su esposa y sus dos hijas rumbo a Estados Unidos. El presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la salida de “vergonzosa” y recordó que él, cuando fue acusado, decidió quedarse y entregarse a la Policía Federal.
El lunes, dos días después de perder el balotaje, el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó al senador del Partido Liberal entregar en 24 horas sus pasaportes, el común y el diplomático, y le prohibió salir del país, a pedido de la Policía Federal y en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas. Flávio no cumplió el plazo y partió el martes. La Policía Federal canceló ambos documentos y anunció que informará lo ocurrido a Moraes.
Lo que dijo Lula en su cumpleaños 81
Lula habló durante un acto por su cumpleaños en el Palacio de la Alvorada. Dijo que se enteraba recién de la partida y que no tenía información precisa. “Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, sostuvo. Afirmó que Flávio podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas y se preguntó qué culpa siente en su conciencia quien pierde unas elecciones y huye del país.
El presidente repasó que perdió elecciones frente a Fernando Collor y dos veces frente a Fernando Henrique Cardoso, y que tanto Geraldo Alckmin como José Serra perdieron contra él, y que todos se quedaron en Brasil. Evocó además su propia situación en la causa Lava Jato: recibió invitaciones para irse del país o refugiarse en una embajada, pero decidió quedarse y entregarse a la Policía Federal. Sus condenas fueron anuladas por el Supremo en 2021. “Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer”, dijo, y aseguró que intentó que Flávio demostrara su honestidad entregando su documentación, pero que no lo hizo.
La versión de Flávio y el respaldo de Estados Unidos
Flávio había sostenido que recibió la orden de entregar los pasaportes cuando se iba de la casa de su padre, Jair Bolsonaro, y que la Policía Federal fue a buscarlo; su entorno presenta el viaje como una persecución política y afirma que, desde Estados Unidos, “libre y a salvo”, liderará la oposición a Lula. Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el organismo otorgará visas al senador y a su familia, según informó la CNN. Allegados a la familia aseguraron a medios brasileños que el gobierno de Donald Trump le concedería asilo, algo que no fue confirmado.
Un diputado aliado a los Bolsonaro afirmó que habría viajado “a través de Venezuela o de la Argentina”, una versión que no fue confirmada oficialmente.
Una salida que contradice su discurso
Semanas antes, cuando se conoció la investigación sobre su vínculo con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, Flávio había dicho que quería “total transparencia” y que no había “absolutamente nada irregular”. El candidato que pedía transparencia dejó el país cuando la Justicia le ordenó entregar su documentación de viaje. El PL reconoció el lunes la victoria de Lula, aunque Flávio no lo hizo oficialmente y había anticipado que pediría anular el balotaje. Ahora la decisión sobre cómo seguir la causa en su ausencia queda en manos de Moraes.
Lo que tenés que saber:
- Moraes ordenó el lunes a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes en 24 horas y le prohibió salir de Brasil, por una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas.
- El senador viajó el martes a Estados Unidos con su familia; la Policía Federal canceló sus pasaportes.
- Lula calificó la salida de “vergonzosa” y recordó que se quedó en Brasil cuando fue acusado.
- Estados Unidos otorgará visas al senador y su familia; el supuesto asilo no fue confirmado.
- Flávio había dicho que quería “total transparencia” sobre la investigación en su contra.
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