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Judiciales ⚖️

El Gobierno apeló fallo que ordena entregar el 51% de YPF a fondos buitre

Argentina presentó la apelación al controvertido fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que obliga al país a entregar el control mayoritario de la petrolera estatal a los fondos demandantes Burford y Eton Park, en el marco del litigio por la expropiación de 2012.

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El Argentino Diario-YPF.

El Estado argentino desafió formalmente la decisión judicial que amenaza con despojar al país del control de YPF, la empresa energética más importante del territorio nacional. La apelación busca frenar una medida que podría redefinir el mapa energético argentino y entregar activos estratégicos a capitales especulativos extranjeros.

El fallo que sacudió al sector energético

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la empresa. La medida establece un plazo perentorio: «transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden».

El mecanismo diseñado por Preska es expeditivo: el Banco de Nueva York Mellon (BNYM) debe transferir las acciones «a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta».

Los fondos buitre tras el control de YPF

Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización iniciado en 2012. El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF tras comprárselas a la empresa española Repsol hace más de una década.

En abril de 2024, el fondo le pidió a la jueza Preska que autorice la transferencia a su favor de todas las acciones de YPF que posee el Estado argentino. El reclamo se sustentó en el incumplimiento de un fallo de 2023 que obliga al país a abonar 16.100 millones de dólares.

Una ofensiva judicial integral

El fallo de Preska no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia judicial más amplia. La medida va en línea con la exigencia elevada a principios de este año para que la Argentina brinde información sobre distintos activos, incluido el oro del Banco Central y acciones de otras empresas estatales.

La decisión judicial pone en jaque la soberanía energética argentina al tiempo que expone al país a una nueva oleada de presiones de fondos especulativos. El precedente que podría sentar este caso trasciende el sector petrolero y amenaza con extenderse a otros activos estratégicos del Estado.

El contexto de la nacionalización

La estatización de YPF fue decidida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, tras considerar que la gestión privada de Repsol había llevado a un deterioro en la exploración y producción energética nacional. La medida buscaba recuperar el control sobre recursos estratégicos en un momento crítico para el abastecimiento energético del país.

Ahora, más de una década después, la decisión de nacionalizar la petrolera vuelve a estar en el centro del debate, pero esta vez desde los tribunales estadounidenses, donde fondos especulativos buscan apropiarse de activos que fueron considerados estratégicos para la soberanía nacional.

Puntos clave:

  • La jueza Loretta Preska ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park
  • Argentina presentó una apelación para frenar la medida que amenaza el control estatal de la petrolera
  • Los fondos reclaman 16.100 millones de dólares por la expropiación realizada en 2012
  • El fallo forma parte de una estrategia más amplia para acceder a activos argentinos, incluyendo reservas del Banco Central
  • El caso podría sentar precedentes para otros reclamos sobre empresas estatales argentinas

DDHH

20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

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Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

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