El Estado argentino desafió formalmente la decisión judicial que amenaza con despojar al país del control de YPF, la empresa energética más importante del territorio nacional. La apelación busca frenar una medida que podría redefinir el mapa energético argentino y entregar activos estratégicos a capitales especulativos extranjeros.

El fallo que sacudió al sector energético

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la empresa. La medida establece un plazo perentorio: «transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden».

El mecanismo diseñado por Preska es expeditivo: el Banco de Nueva York Mellon (BNYM) debe transferir las acciones «a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta».

Los fondos buitre tras el control de YPF

Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización iniciado en 2012. El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF tras comprárselas a la empresa española Repsol hace más de una década.

En abril de 2024, el fondo le pidió a la jueza Preska que autorice la transferencia a su favor de todas las acciones de YPF que posee el Estado argentino. El reclamo se sustentó en el incumplimiento de un fallo de 2023 que obliga al país a abonar 16.100 millones de dólares.

Una ofensiva judicial integral

El fallo de Preska no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia judicial más amplia. La medida va en línea con la exigencia elevada a principios de este año para que la Argentina brinde información sobre distintos activos, incluido el oro del Banco Central y acciones de otras empresas estatales.

La decisión judicial pone en jaque la soberanía energética argentina al tiempo que expone al país a una nueva oleada de presiones de fondos especulativos. El precedente que podría sentar este caso trasciende el sector petrolero y amenaza con extenderse a otros activos estratégicos del Estado.

El contexto de la nacionalización

La estatización de YPF fue decidida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, tras considerar que la gestión privada de Repsol había llevado a un deterioro en la exploración y producción energética nacional. La medida buscaba recuperar el control sobre recursos estratégicos en un momento crítico para el abastecimiento energético del país.

Ahora, más de una década después, la decisión de nacionalizar la petrolera vuelve a estar en el centro del debate, pero esta vez desde los tribunales estadounidenses, donde fondos especulativos buscan apropiarse de activos que fueron considerados estratégicos para la soberanía nacional.

Puntos clave:

• La jueza Loretta Preska ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park
• Argentina presentó una apelación para frenar la medida que amenaza el control estatal de la petrolera
• Los fondos reclaman 16.100 millones de dólares por la expropiación realizada en 2012
• El fallo forma parte de una estrategia más amplia para acceder a activos argentinos, incluyendo reservas del Banco Central
• El caso podría sentar precedentes para otros reclamos sobre empresas estatales argentinas