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El Gobierno apeló fallo que ordena entregar el 51% de YPF a fondos buitre

Argentina presentó la apelación al controvertido fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que obliga al país a entregar el control mayoritario de la petrolera estatal a los fondos demandantes Burford y Eton Park, en el marco del litigio por la expropiación de 2012.

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El Argentino Diario-YPF.

El Estado argentino desafió formalmente la decisión judicial que amenaza con despojar al país del control de YPF, la empresa energética más importante del territorio nacional. La apelación busca frenar una medida que podría redefinir el mapa energético argentino y entregar activos estratégicos a capitales especulativos extranjeros.

El fallo que sacudió al sector energético

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la empresa. La medida establece un plazo perentorio: «transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden».

El mecanismo diseñado por Preska es expeditivo: el Banco de Nueva York Mellon (BNYM) debe transferir las acciones «a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta».

Los fondos buitre tras el control de YPF

Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización iniciado en 2012. El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF tras comprárselas a la empresa española Repsol hace más de una década.

En abril de 2024, el fondo le pidió a la jueza Preska que autorice la transferencia a su favor de todas las acciones de YPF que posee el Estado argentino. El reclamo se sustentó en el incumplimiento de un fallo de 2023 que obliga al país a abonar 16.100 millones de dólares.

Una ofensiva judicial integral

El fallo de Preska no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia judicial más amplia. La medida va en línea con la exigencia elevada a principios de este año para que la Argentina brinde información sobre distintos activos, incluido el oro del Banco Central y acciones de otras empresas estatales.

La decisión judicial pone en jaque la soberanía energética argentina al tiempo que expone al país a una nueva oleada de presiones de fondos especulativos. El precedente que podría sentar este caso trasciende el sector petrolero y amenaza con extenderse a otros activos estratégicos del Estado.

El contexto de la nacionalización

La estatización de YPF fue decidida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, tras considerar que la gestión privada de Repsol había llevado a un deterioro en la exploración y producción energética nacional. La medida buscaba recuperar el control sobre recursos estratégicos en un momento crítico para el abastecimiento energético del país.

Ahora, más de una década después, la decisión de nacionalizar la petrolera vuelve a estar en el centro del debate, pero esta vez desde los tribunales estadounidenses, donde fondos especulativos buscan apropiarse de activos que fueron considerados estratégicos para la soberanía nacional.

Puntos clave:

  • La jueza Loretta Preska ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park
  • Argentina presentó una apelación para frenar la medida que amenaza el control estatal de la petrolera
  • Los fondos reclaman 16.100 millones de dólares por la expropiación realizada en 2012
  • El fallo forma parte de una estrategia más amplia para acceder a activos argentinos, incluyendo reservas del Banco Central
  • El caso podría sentar precedentes para otros reclamos sobre empresas estatales argentinas

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Bullrich le escupe en la cara a Adorni: “Es una omisión ética”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza disparó contra el jefe de Gabinete tras la presentación de la declaración jurada que reconoció más de 506.000 dólares no declarados. La ruptura interna se hizo pública en el mismo día del cumpleaños de la senadora y horas antes de una tensa reunión en la mesa política del oficialismo.

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El Argentino Diario-La pelea oculta en LLA: Bullrich vs. Adorni por la Ciudad, con Karina como árbitro final.
Bullrich calificó de "omisión ética" la declaración jurada de Adorni con 506.000 dólares no declarados.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a marcar distancia con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en términos que difícilmente pueden interpretarse como una diferencia menor de estilo. «Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado», fustigó la senadora. La frase cayó como un explosivo en el corazón del oficialismo, a pocas horas de que ambos confluyeran en la misma mesa política en la sede de la Presidencia.

La declaración jurada que abrió la caja de Pandora

La presentación que Adorni concretó este miércoles ante ARCA y la Oficina Anticorrupción (OA) lejos de calmar las aguas encendió un nuevo capítulo del escándalo. El funcionario reconoció en declaraciones juradas rectificativas que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, habían mantenido por años 506.000 dólares no declarados ante las autoridades tributarias. La explicación que el propio Adorni ofreció públicamente fue tan reveladora como el dato: «Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar». Atribuyó parte importante de ese patrimonio a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

La presentación rectificó declaraciones correspondientes a los períodos 2023 y 2024, y la documentación fue cargada durante horas de trabajo de un equipo de asesores legales y contables. El patrimonio total reconocido para el período analizado asciende a aproximadamente 530.000 dólares, un universo que aún dista del que investiga la Justicia.

La «Ley de Inocencia Fiscal» como escudo, y sus límites

Un día antes de presentar la declaración ante la OA, trascendió que Adorni y su esposa se habían adherido al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, aprobada en diciembre de 2025. La coincidencia temporal generó un nuevo vendaval político. El propio Adorni había sido uno de los más entusiastas voceros de esa normativa: cuando se reglamentó el régimen, escribió en redes sociales que la norma «devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie». Ahora él y su esposa fueron los primeros en beneficiarse de esa libertad.

Sin embargo, especialistas en derecho tributario fueron tajantes en señalar que la adhesión al régimen simplificado no exime al funcionario de sus obligaciones ante la OA ni lo protege de la investigación penal en curso. «Si se impugna la declaración jurada por una discrepancia significativa, cae la presunción de exactitud y cae el tapón fiscal», advirtieron fuentes del sector tributario. Desde la Oficina Anticorrupción se aclaró, a su vez, que la inscripción de Angeletti y el propio Adorni en ese régimen «no implica que puedan comprar un inmueble con fondos no declarados» ni que queden eximidos de informar la totalidad del patrimonio conyugal.

La causa judicial sigue su curso

La presentación ante la OA no frena el expediente que tramita en Comodoro Py en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan a Adorni y a Angeletti por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal solicitó a la OA que le remitiera «de forma urgente» la nueva declaración de bienes para incorporarla al expediente.

La investigación judicial tiene ramificaciones que van bastante más allá de los fondos ahora reconocidos. El contratista Matías Tabar declaró bajo juramento haber recibido 245.000 dólares en efectivo y sin factura por refacciones en la casa del matrimonio en el country Golf Club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Las vendedoras de un departamento en Caballito, dos jubiladas, declararon que Adorni aún les debe 70.000 dólares de esa operación. Y se investigan además las triangulaciones con contratos en la Televisión Pública y los vínculos con la denominada causa $Libra.

Bullrich, sola pero en público

La reacción de Bullrich no fue una improvisación. La senadora lleva semanas marcando territorio en este asunto. Fue ella quien, el 7 de mayo, le pidió públicamente en una reunión de gabinete que presentara la declaración «de inmediato». Ante el silencio de Adorni, presentó días después su propia declaración jurada, dejando aún más expuesto al ministro. El jueves anterior al cruce de este miércoles, en la sesión de la Cámara de Diputados, Bullrich se abstuvo de votar el pliego de María Verónica Michelli, en otra señal de distancia con la conducción del espacio.

Frente a cada cuestionamiento, la Casa Rosada le bajó el tono. «Todo pasa. Tira pero no termina de romper», confió un integrante de la mesa política a la agencia de noticias que difundió la declaración de Bullrich. Milei, por su parte, respaldó públicamente a Adorni y sostuvo que «quedó claro que no mintió». El contraste entre ambas posiciones dentro del mismo espacio político define el mapa de las grietas internas del oficialismo.

El día culminó con una postal que condensó la tensión: a las 13.30, Bullrich y Adorni volvieron a confluir en las oficinas del Ministerio del Interior, donde el oficialismo le festejó el cumpleaños número 70 a la senadora.

Puntos clave

  • Bullrich calificó la situación de Adorni como «una omisión ética», diferenciándose abiertamente del Jefe de Gabinete.
  • Adorni reconoció en declaraciones juradas rectificativas ante ARCA y la Oficina Anticorrupción 506.000 dólares que no habían sido declarados ante el fisco.
  • El funcionario atribuyó el origen de esos fondos a ahorros en negro y a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.
  • La adhesión de Adorni y Angeletti al Régimen Simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal no cierra la investigación judicial por enriquecimiento ilícito.
  • La causa en manos del juez Lijo y el fiscal Pollicita sigue abierta e incorporará la nueva declaración de bienes.
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