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Apuntan a tener un piso de adhesión al canje de deuda de al menos el 50%

Es por un monto cercano a los $ 7 billones que vencen en el segundo trimestre del año.

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El Ministerio de Economía abrió este jueves la suscripción al canje de títulos del Tesoro por un monto cercano a los $ 7 billones que vencen en el segundo trimestre del año, con el objetivo de despejar los vencimientos y estirar los plazos de pago hasta 2024 y 2025, una operación con la que esperan canjear «más de 3,5 billones» a partir del apoyo de bancos y entidades públicas, lo que implica un piso de adhesión cercano al 50%.

En ese sentido, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, afirmó que el canje que cerrará el próximo lunes «es prioridad máxima de esta gestión», ya que sus resultados «contribuirán a garantizar mayor confianza, previsibilidad y estabilidad» y a «preservar la sostenibilidad de la deuda».

«Estamos iniciando la operación de conversión de los instrumentos de deuda del Tesoro que permitirán despejar del horizonte cortoplacista más de 3,5 billones de pesos», señaló Setti en un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que este proceso permitirá un «reordenamiento y extensión de la curva soberana en pesos» y así «preservar la sostenibilidad de la deuda».

«Esta operación de gran relevancia es prioridad máxima de esta gestión, cuyos resultados contribuirán a garantizar mayor confianza, previsibilidad y estabilidad», concluyó el secretario de Finanzas.

El canje incluye a una decena de títulos en pesos con rendimientos a tasa fija y variable (inflación, tipo de cambio o ambas) con vencimiento en el segundo trimestre de este año por dos canastas de bonos, una que incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación (CER) y otra con una combinación del 70% ajustados por CER y 30% de bonos duales -que ajustan por inflación o tipo de cambio-, con vencimientos en 2024 y 2025.

El anuncio del canje estuvo a cargo del ministro de Economía, Sergio Massa, quien el martes oficializó la convocatoria luego de una reunión con los principales directivos de bancos del país como una forma de afrontar la abultada deuda en pesos de los próximos meses, en un contexto de año electoral y elevados índices de inflación y brecha cambiaria, que ponen en riesgo la estabilidad financiera.

Para Javier Timerman, director del grupo financiero AdCap, el canje de deuda «es la mejor opción que tiene a disposición el Gobierno porque está focalizada en entidades financieras, que tienen mayor tenencia de los bonos a canjear, ya que se trata de un canje positivo porque es voluntario y estaría convalidando tasas de mercado».

«¿Cuál sería la opción mejor? ¿Pagar todo con emisión? Hoy en día nadie va a comprar nada que no sea o dólar linked o inflation link, y no hacer el canje sería empujar a que el mercado te fuerce una devaluación», dijo Timerman en diálogo con Télam.

Por su parte, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, señaló esta tarde que el Gobierno espera que el canje «sea muy exitoso y que nos permita despejar algunas incertidumbres que había y volver a tranquilizar la macroeconomía, para continuar en el sendero que nos habíamos planteado de descenso de la inflación».

Economistas de distintas tendencias destacaron las bondades de la operación en dicho contexto, y criticaron la conducta de la oposición de poner «chicanas» y, por el contrario, no traer soluciones a una carga pesada de deuda que recaerá en la próxima administración.

El expresidente del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, Carlos Melconian, fue una de las voces defensoras del canje al sostener que “es un instrumento genuino que se va a utilizar 500 veces” y que hay que “salir de la chicana”, expresó en declaraciones televisivas.

“La actitud patriótica en este momento pasa por juntarse y ver cómo se va a resolver esto. El tema no es el canje de deuda”, afirmó Melconian, quien buscó diferenciarse así de las declaraciones de otros exfuncionarios de la gestión previa, como el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, quienes aseguraron que el intercambio de títulos implicaba una posición «vil y ruinosa» para el Estado, ya que incluye una opción de venta de los títulos a precio de mercado a cuenta del BCRA.

Por su parte, Miguel Kiguel, exsubsecretario de Finanzas durante la presidencia de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, analizó que «el canje de deuda no representa ningún peligro, ya que sólo ordena hacia adelante los perfiles de los vencimientos».

Ayer, los bancos públicos y privados nacionales nucleados en la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) -entre los que se destaca el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad y el Banco Credicoop, entre otros- se pronunciaron con que «acompañarán el canje con el 100% de sus tenencias», de acuerdo con los instrumentos elegibles incluidos en la operación.

Para incentivar que esta sea la línea en el resto de entidades, el Banco Central emitió hoy una nueva reglamentación (Comunicación «A» 7717) con la que habilita a usar los títulos que se darán en el canje para integrar una porción de los encajes de los depósitos bancarios.

Si bien la opción ya existía con otros títulos con vencimiento en 2027, ahora se abrió esta opción para los que se emitirán la próxima semana con vencimiento en 2024 y 2025.

Fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron a Télam que, dada la fecha de vencimiento de los nuevos títulos (2024 y 205) y la necesidad de liquidez que tengan tanto organismos estatales como empresas, podría considerarse una operación «exitosa» si participara buena parte del sector público y «entre un 45 y 50% de los bancos».

En ese sentido, descuentan que serán los bancos los que ingresen con mayor proporción de títulos al canje entre los privados, ya que ni los fondos de inversión ni las aseguradoras suelen buscar cobertura en títulos con vencimientos mayores a un año de plazo, aunque aclararon que hay reuniones programadas con estos últimos actores, para encontrar una canasta de títulos que se adecúen mejor a sus necesidades financieras.

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La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó

El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.

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Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.

Un proceso cuestionado desde el inicio

La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.

El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.

La trama Neuss-Caputo-Servimagnus

El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.

El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.

Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».

Las cifras de la entrega

Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.

Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.

El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.

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